Pacto de Bogotá sustenta la demanda marítima
EL CAMBIO – La cámara baja debe ratificar el tratado de soluciones pacíficas
El pleno de la Cámara de Diputados inició anoche el tratamiento de ratificación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre-Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá”, del 30 de abril de 1948, que faculta a los países miembros de la Organización de Estados Americanos a recurrir a “buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y el procedimiento judicial” para superar conflictos, como la demanda marítima boliviana.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, luego de la lectura de los 58 artículos del Pacto y las intervenciones de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), declaró cuarto intermedio de la sesión hasta las nueve de la mañana de hoy. El análisis de este documento se da tras el pedido del presidente Evo Morales, el miércoles, de llevar ante tribunales internacionales la demanda por una salida soberana al océano Pacífico.
“La aprobación de este pacto no debería ser objetada por ningún boliviano, porque es uno de los instrumentos legales” que hará justicia al pedido boliviano, exhortó Arce en la plenaria en alusión a las críticas de algunos sectores de la oposición en sentido de que la decisión del gobierno de Bolivia “truncará” el pedido boliviano de salida al mar.
La autoridad legislativa, en ese marco, demandó a los bolivianos respaldar la iniciativa del Gobierno de recurrir a instancias de solución pacífica de controversias, como establece el Pacto de Bogotá, suscrito por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de Chile y Bolivia.
Arce citó el artículo 53 del Pacto de Bogotá, que señala: “El Tratado entrará en vigencia entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones” ante la Secretaría de la OEA.
Aseguró que el tratamiento de este documento por parte del Legislativo forma parte de ese procedimiento establecido en el documento de 1948.
INFORME DE COMISIÓN
En atención a ésas y otras consideraciones, como los 132 años de infructuosas intenciones de Bolivia de resolver el conflicto por la vía del diálogo, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Lucio Marca, recomendó al pleno camaral: “…la ratificación del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá”.
El informe en cuestión aclara que Bolivia incluyó en la citada Declaración de Bogotá una redacción con relación al artículo VI, referido a que el Pacto no podrá aplicarse “en asuntos ya resueltos por arreglos de Partes o por laudo arbitral (…), o que se hallan regidos por acuerdos o tratados en vigencia, en la fecha de la celebración del presente Pacto”.
La referida redacción insertada en la Declaración por la delegación boliviana de entonces, sin embargo, señala que: “los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las Partes cuando dicho arreglo afecta intereses vitales del Estado”.
En este caso, a decir de Marca, el enclaustramiento marítimo boliviano no sólo afecta la soberanía, sino impide el desarrollo nacional.
Por otro lado, el diputado del opositor UN Antonio Franco pidió que se convoque al canciller David Choquehuanca para que explique los motivos para el retraso en el tratamiento del Pacto de Bogotá.
Cuando realizaba esas declaraciones fue insultado por algunos asambleístas del MAS. Inclusive denunció que él fue agredido físicamente.
TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS
"PACTO DE BOGOTÁ"
Suscrito en Bogotá el 30 de abril de 1948
"PACTO DE BOGOTÁ"
Suscrito en Bogotá el 30 de abril de 1948
En nombre de sus pueblos, los Gobiernos representados en la IX Conferencia Internacional Americana, han resuelto, en cumplimiento del artículo XXIII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, celebrar el siguiente Tratado:
CAPITULO PRIMERO
OBLIGACIÓN GENERAL DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS POR MEDIOS PACÍFICOS
ARTICULO I. Las Altas Partes Contratantes, reafirmando solemnemente sus compromisos contraídos por anteriores convenciones y declaraciones internacionales así como por la Carta de las Naciones Unidas, convienen en abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos.
ARTICULO II. Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de resolver las controversias internacionales por los procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En consecuencia, en caso de que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en este Tratado en la forma y condiciones previstas en los artículos siguientes, o bien de los procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución.
ARTICULO III. El orden de los procedimientos pacíficos establecido en el presente Tratado no significa que las partes no puedan recurrir al que consideren más apropiado en cada caso, ni que deban seguirlos todos, ni que exista, salvo disposición expresa al respecto, prelación entre ellos.
ARTICULO IV. Iniciado uno de los procedimientos pacíficos, sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél.
ARTICULO V. Dichos procedimientos no podrán aplicarse a las materias que por su esencia son de la jurisdicción interna del Estado. Si las partes no estuvieren de acuerdo en que la controversia se refiere a un asunto de jurisdicción interna, a solicitud de cualquiera de ellas esta cuestión previa será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
ARTICULO VI. Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto
ARTICULO VII. Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales, ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional, cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo
ARTICULO VIII. El recurso a los medios pacíficos de solución de las controversias, o la recomendación de su empleo, no podrán ser motivo, en caso de ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, previsto en la Carta de las Naciones Unidas.
CAPITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS DE BUENOS OFICIOS Y DE MEDIACIÓN
ARTICULO IX. El procedimiento de los Buenos Oficios consiste en la gestión de uno o más Gobiernos Americanos o de uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano, ajenos a la controversia, en el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada.
ARTICULO X. Una vez que se haya logrado el acercamiento de las partes y que éstas hayan reanudado las negociaciones directas quedará terminada la gestión del Estado o del ciudadano que hubiere ofrecido sus Buenos Oficios o aceptado la invitación a interponerlos; sin embargo, por acuerdo de las partes, podrán aquéllos estar presentes en las negociaciones.
ARTICULO XI. El procedimiento de mediación consiste en someter la controversia a uno o más gobiernos americanos, o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano extraños a la controversia. En uno y otro caso el mediador o los mediadores serán escogidos de común acuerdo por las partes.
ARTICULO XII. Las funciones del mediador o mediadores consistirán en asistir a las partes en el arreglo de las controversias de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y procurando hallar una solución aceptable. El mediador se abstendrá de hacer informe alguno y, en lo que a él atañe, los procedimientos serán absolutamente confidenciales.
ARTICULO XIII. En el caso de que las Altas Partes Contratantes hayan acordado el procedimiento de mediación y no pudieren ponerse de acuerdo en el plazo de dos meses sobre la elección del mediador o mediadores; o si iniciada la mediación transcurrieren hasta cinco meses sin llegar a la solución de la controversia, recurrirán sin demora a cualquiera de los otros procedimientos de arreglo pacífico establecidos en este Tratado.
ARTICULO XIV. Las Altas Partes Contratantes podrán ofrecer su mediación, bien sea individual o conjuntamente; pero convienen en no hacerlo mientras la controversia esté sujeta a otro de los procedimientos establecidos en el presente Tratado.
CAPITULO TERCERO
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONCILIACIÓN
ARTICULO XV. El procedimiento de investigación y conciliación consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en los subsecuentes artículos del presente Tratado, y que funcionará dentro de las limitaciones en él señaladas.
ARTICULO XVI. La parte que promueva el procedimiento de investigación y conciliación pedirá al Consejo de la Organización de los Estados Americanos que convoque la Comisión de Investigación y Conciliación. El Consejo, por su parte, tomará las providencias inmediatas para convocarla.
Recibida la solicitud para que se convoque la Comisión quedará inmediatamente suspendida la controversia entre las partes y éstas se abstendrán de todo acto que pueda dificultar la conciliación. Con este fin, el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, podrá, a petición de parte mientras esté en trámite la convocatoria de la Comisión, hacerles recomendaciones en dicho sentido.
ARTICULO XVII. Las Altas Partes Contratantes podrán nombrar por medio de un acuerdo bilateral que se hará constar en un simple cambio de notas con cada uno de los otros signatarios, dos miembros de la Comisión de Investigación y Conciliación, de los cuales uno solo podrá ser de su propia nacionalidad. El quinto será elegido inmediatamente de común acuerdo por los ya designados y desempeñará las funciones de Presidente.
Cualquiera de las Partes Contratantes podrá reemplazar a los miembros que hubiere designado, sean éstos nacionales o extranjeros; y en el mismo acto deberá nombrar al sustituto. En caso de no hacerlo la remoción se tendrá por no formulada. Los nombramientos y sustituciones deberán registrarse en la Unión Panamericana que velará porque las Comisiones de cinco miembros estén siempre integradas.
ARTICULO XVIII. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Unión Panamericana formará un Cuadro Permanente de Conciliadores Americanos que será integrado así:
a) Cada una de las Altas Partes Contratantes designará, por períodos de tres años, dos de sus nacionales que gocen de la más alta reputación por su ecuanimidad, competencia y honorabilidad.
b) La Unión Panamericana recabará la aceptación expresa de los candidatos y pondrá los nombres de las personas que le comuniquen su aceptación en el Cuadro de Conciliadores.
c) Los gobiernos podrán en cualquier momento llenar las vacantes que ocurran entre sus designados y nombrarlos nuevamente.
ARTICULO XIX. En el caso de que ocurriere una controversia entre dos o más Estados Americanos que no tuvieren constituida la Comisión a que se refiere el Artículo XVII, se observará el siguiente procedimiento:
a) Cada parte designará dos miembros elegidos del Cuadro Permanente de Conciliadores Americanos, que no pertenezcan a la nacionalidad del designante.
b) Estos cuatro miembros escogerán a su vez un quinto conciliador extraño a las partes, dentro del Cuadro Permanente.
c) Si dentro del plazo de treinta días después de haber sido notificados de su elección, los cuatro miembros no pudieren ponerse de acuerdo para escoger el quinto, cada uno de ellos formará separadamente la lista de conciliadores, tomándola del Cuadro Permanente en el orden de su preferencia; y después de comparar las listas así formadas se declarará electo aquél que primero reúna una mayoría de votos. El elegido ejercerá las funciones de Presidente de la Comisión.
ARTICULO XX. El Consejo de la Organización de los Estados Americanos al convocar la Comisión de Investigación y Conciliación determinará el lugar donde ésta haya de reunirse. Con posterioridad, la Comisión podrá determinar el lugar o lugares en donde deba funcionar, tomando en consideración las mayores facilidades para la realización de sus trabajos.
ARTICULO XXI. Cuando más de dos Estados estén implicados en la misma controversia, los Estados que sostengan iguales puntos de vista serán considerados como una sola parte. Si tuviesen intereses diversos tendrán derecho a aumentar el número de conciliadores con el objeto de que todas las partes tengan igual representación. El Presidente será elegido en la forma establecida en el artículo XIX.
ARTICULO XXII. Corresponde a la Comisión de Investigación y Conciliación esclarecer los puntos controvertidos, procurando llevar a las partes a un acuerdo en condiciones recíprocamente aceptables. La Comisión promoverá las investigaciones que estime necesarias sobre los hechos de la controversia, con el propósito de proponer bases aceptables de solución.
ARTICULO XXIII. Es deber de las partes facilitar los trabajos de la Comisión y suministrarle, de la manera más amplia posible, todos los documentos e informaciones útiles, así como también emplear los medios de que dispongan para permitirle que proceda a citar y oír testigos o peritos y practicar otras diligencias, en sus respectivos territorios y de conformidad con sus leyes.
ARTICULO XXIV. Durante los procedimientos ante la Comisión las partes serán representadas por Delegados Plenipotenciarios o por agentes que servirán de intermediarios entre ellas y la Comisión. Las partes y la Comisión podrán recurrir a los servicios de consejeros y expertos técnicos.
ARTICULO XXV. La Comisión concluirá sus trabajos dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de su constitución; pero las partes podrán, de común acuerdo, prorrogarlo.
ARTICULO XXVI. Si a juicio de las partes la controversia se concretare exclusivamente a cuestiones de hecho, la Comisión se limitará a la investigación de aquéllas y concluirá sus labores con el informe correspondiente.
ARTICULO XXVII. Si se obtuviere el acuerdo conciliatorio, el informe final de la Comisión se limitará a reproducir el texto del arreglo alcanzado y se publicará después de su entrega a las partes, salvo que éstas acuerden otra cosa. En caso contrario, el informe final contendrá un resumen de los trabajos efectuados por la Comisión; se entregará a las partes y se publicará después de un plazo de seis meses, a menos que éstas tomaren otra decisión. En ambos eventos, el informe final será adoptado por mayoría de votos.
ARTICULO XXVIII. Los informes y conclusiones de la Comisión de Investigación y Conciliación no serán obligatorios para las partes ni en lo relativo a la exposición de los hechos ni en lo concerniente a las cuestiones de derecho, y no revestirán otro carácter que el de recomendaciones sometidas a la consideración de las partes para facilitar el arreglo amistoso de la controversia.
ARTICULO XXIX. La Comisión de Investigación y Conciliación entregará a cada una de las partes, así como a la Unión Panamericana, copias certificadas de las actas de sus trabajos. Estas actas no serán publicadas sino cuando así lo decidan las partes.
ARTICULO XXX. Cada uno de los miembros de la Comisión recibirá una compensación pecuniaria cuyo monto será fijado de común acuerdo por las partes. Si éstas no la acordaren, la señalará el Consejo de la Organización. Cada uno de los gobiernos pagará sus propios gastos y una parte igual de las expensas comunes de la Comisión, comprendidas en éstas las compensaciones anteriormente previstas.
CAPITULO CUARTO
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:
a) La interpretación de un Tratado;
b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;
c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional;
d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.
ARTICULO XXXII. Cuando el procedimiento de conciliación anteriormente establecido conforme a este Tratado o por voluntad de las partes, no llegare a una solución y dichas partes no hubieren convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendrá derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artículo 40 de su Estatuto. La jurisdicción de la Corte quedará obligatoriamente abierta conforme al inciso 1º del artículo 36 del mismo Estatuto.
ARTICULO XXXIII. Si las partes no se pusieren de acuerdo acerca de la competencia de la Corte sobre el litigio, la propia Corte decidirá previamente esta cuestión.
ARTICULO XXXIV. Si la Corte se declarare incompetente para conocer de la controversia por los motivos señalados en los artículos V, VI y VII de este Tratado, se declarará terminada la controversia.
ARTICULO XXXV. Si la Corte se declarase incompetente por cualquier otro motivo para conocer y decidir de la controversia, las Altas Partes Contratantes se obligan a someterla a arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo quinto de este Tratado.
ARTICULO XXXVI. En el caso de controversias sometidas al procedimiento judicial a que se refiere este Tratado, corresponderá su decisión a la Corte en pleno, o, si así lo solicitaren las partes, a una Sala Especial conforme al artículo 26 de su Estatuto. Las partes podrán convenir, asimismo, en que el conflicto se falle ex-aequo et bono.
ARTICULO XXXVII. El procedimiento a que deba ajustarse la Corte será el establecido en su Estatuto.
CAPITULO QUINTO
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE
ARTICULO XXXVIII. No obstante lo establecido en el Capítulo Cuarto de este Tratado, las Altas Partes Contratantes tendrán la facultad de someter a arbitraje, si se pusieren de acuerdo en ello, las diferencias de cualquier naturaleza, sean o no jurídicas, que hayan surgido o surgieren en lo sucesivo entre ellas.
ARTICULO XXXIX. El Tribunal de Arbitraje, al cual se someterá la controversia en los casos de los artículos XXXV y XXXVIII de este Tratado se constituirá del modo siguiente, a menos de existir acuerdo en contrario.
ARTICULO XL. (1) Dentro del plazo de dos meses, contados desde la notificación de la decisión de la Corte, en el caso previsto en el artículo XXXV, cada una de las partes designará un árbitro de reconocida competencia en las cuestiones de derecho internacional, que goce de la más alta consideración moral, y comunicará esta designación al Consejo de la Organización. Al propio tiempo presentará al mismo Consejo una lista de diez juristas escogidos entre los que forman la nómina general de los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no pertenezcan a su grupo nacional y que estén dispuestos a aceptar el cargo.
(2) El Consejo de la Organización procederá a integrar, dentro del mes siguiente a la presentación de las listas, el Tribunal de Arbitraje en la forma que a continuación se expresa:
a) Si las listas presentadas por las partes coincidieren en tres nombres, dichas personas constituirán el Tribunal de Arbitraje con las dos designadas directamente por las partes.
b) En el caso en que la coincidencia recaiga en más de tres nombres, se determinarán por sorteo los tres árbitros que hayan de completar el Tribunal.
c) En los eventos previstos en los dos incisos anteriores, los cinco árbitros designados escogerán entre ellos su presidente.
d) Si hubiere conformidad únicamente sobre dos nombres, dichos candidatos y los dos árbitros seleccionados directamente por las partes, elegirán de común acuerdo el quinto árbitro que presidirá el Tribunal. La elección deberá recaer en algún jurista de la misma nómina general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no haya sido incluido en las listas formadas por las partes.
e) Si las listas presentaren un solo nombre común, esta persona formará parte del Tribunal y se sorteará otra entre los 18 juristas restantes en las mencionadas listas. El Presidente será elegido siguiendo el procedimiento establecido en el inciso anterior.
f) No presentándose ninguna concordancia en las listas, se sortearán sendos árbitros en cada una de ellas; y el quinto árbitro, que actuará como Presidente, será elegido de la manera señalada anteriormente.
g) Si los cuatro árbitros no pudieren ponerse de acuerdo sobre el quinto árbitro dentro del término de un mes contado desde la fecha en que el Consejo de la Organización les comunique su nombramiento, cada uno de ellos acomodará separadamente la lista de juristas en el orden de su preferencia y después de comparar las listas así formadas, se declarará elegido aquél que reúna primero una mayoría de votos.
ARTICULO XLI. Las partes podrán de común acuerdo constituir el Tribunal en la forma que consideren más conveniente, y aun elegir un árbitro único, designando en tal caso al Jefe de un Estado, a un jurista eminente o a cualquier tribunal de justicia en quien tengan mutua confianza.
ARTICULO XLII. Cuando más de dos Estados estén implicados en la misma controversia, los Estados que defiendan iguales intereses serán considerados como una sola parte. Si tuvieren intereses opuestos tendrán derecho a aumentar el número de árbitros para que todas las partes tengan igual representación. El Presidente se elegirá en la forma establecida en el artículo XL.
ARTICULO XLIII. Las partes celebrarán en cada caso el compromiso que defina claramente la materia específica objeto de la controversia, la sede del Tribunal, las reglas que hayan de observarse en el procedimiento, el plazo dentro del cual haya de pronunciarse el laudo y las demás condiciones que convengan entre sí.
Si no se llegare a un acuerdo sobre el compromiso dentro de tres meses contados desde la fecha de la instalación del Tribunal, el compromiso será formulado, con carácter obligatorio para las partes, por la Corte Internacional de Justicia, mediante el procedimiento sumario.
ARTICULO XLIV. Las partes podrán hacerse representar ante el Tribunal Arbitral por las personas que juzguen conveniente designar.
ARTICULO XLV. Si una de las partes no hiciere la designación de su árbitro y la presentación de su lista de candidatos, dentro del término previsto en el artículo XL, la otra parte tendrá el derecho de pedir al Consejo de la Organización que constituya el Tribunal de Arbitraje. El Consejo inmediatamente instará a la parte remisa para que cumpla esas obligaciones dentro de un término adicional de quince días, pasado el cual, el propio Consejo integrará el Tribunal en la siguiente forma:
a) Sorteará un nombre de la lista presentada por la parte requiriente;
b) Escogerá por mayoría absoluta de votos dos juristas de la nómina general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no pertenezcan al grupo nacional de ninguna de las partes;
c) Las tres personas así designadas, en unión de la seleccionada directamente por la parte requiriente, elegirán de la manera prevista en el artículo XL al quinto árbitro que actuará como Presidente;
d) Instalado el Tribunal se seguirá el procedimiento organizado en el artículo XLIII.
ARTICULO XLVI. El laudo será motivado, adoptado por mayoría de votos y publicado después de su notificación a las partes. El árbitro o árbitros disidentes podrán dejar testimonio de los fundamentos de su disidencia.
El laudo, debidamente pronunciado y notificado a las partes, decidirá la controversia definitivamente y sin apelación, y recibirá inmediata ejecución.
ARTICULO XLVII. Las diferencias que se susciten sobre la interpretación o ejecución del laudo, serán sometidas a la decisión del Tribunal Arbitral que lo dictó.
ARTICULO XLVIII. Dentro del año siguiente a su notificación, el laudo será susceptible de revisión ante el mismo Tribunal, a pedido de una de las partes, siempre que se descubriere un hecho anterior a la decisión ignorado del Tribunal y de la parte que solicita la revisión, y además siempre que, a juicio del Tribunal, ese hecho sea capaz de ejercer una influencia decisiva sobre el laudo.
ARTICULO XLIX. Cada uno de los miembros del Tribunal recibirá una compensación pecuniaria cuyo monto será fijado de común acuerdo por las partes. Si éstas no la convinieren la señalará el Consejo de la Organización. Cada uno de los gobiernos pagará sus propios gastos y una parte igual de las expensas comunes del Tribunal, comprendidas en éstas las compensaciones anteriormente previstas
CAPITULO SEXTO
CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES
ARTICULO L. Si una de las Altas Partes Contratantes dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia o un laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas, antes de recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promoverá una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a fin de que acuerde las medidas que convenga tomar para que se ejecute la decisión judicial o arbitral.
CAPITULO SÉPTIMO
OPINIONES CONSULTIVAS
ARTICULO LI. Las partes interesadas en la solución de una controversia podrán, de común acuerdo, pedir a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que soliciten de la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica.
La petición la harán por intermedio del Consejo de la Organización de los Estados Americanos.
CAPITULO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO LII. El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El instrumento original será depositado en la Unión Panamericana, que enviará copia certificada auténtica a los gobiernos para ese fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, que notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Tal notificación será considerada como canje de ratificaciones.
ARTICULO LIII. El presente Tratado entrará en vigencia entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones.
ARTICULO LIV. Cualquier Estado Americano que no sea signatario de este Tratado o que haya hecho reservas al mismo, podrá adherir a éste o abandonar en todo o en parte sus reservas, mediante instrumento oficial dirigido a la Unión Panamericana, que notificará a las otras Altas Partes Contratantes en la forma que aquí se establece.
ARTICULO LV. Si alguna de las Altas Partes Contratantes hiciere reservas respecto del presente Tratado, tales reservas se aplicarán en relación con el Estado que las hiciera a todos los Estados signatarios, a título de reciprocidad.
ARTICULO LVI. El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes.
La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.
ARTICULO LVII. Este Tratado será registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas por medio de la Unión Panamericana.
ARTICULO LVIII. A medida que este Tratado entre en vigencia por las sucesivas ratificaciones de las Altas Partes Contratantes cesarán para ellas los efectos de los siguientes Tratados, Convenios y Protocolos:
Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos del 3 de mayo de 1923;
Convención General de Conciliación Interamericana del 5 de enero de 1929;
Tratado General de Arbitraje Interamericano y Protocolo Adicional de Arbitraje Progresivo del 5 de enero de 1929;
Protocolo Adicional a la Convención General de Conciliación Interamericana del 26 de diciembre de 1933;
Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación del 10 de octubre de 1933;
Convención para Coordinar, Ampliar y Asegurar el Cumplimiento de los Tratados Existentes entre los Estados Americanos del 23 de diciembre de 1936;
Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación del 23 de diciembre de 1936;
Tratado Relativo a la Prevención de Controversias del 23 de diciembre de 1936.
ARTICULO LIX. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los procedimientos ya iniciados o pactados conforme a alguno de los referidos instrumentos internacionales.
ARTICULO LX. Este Tratado se denominará "Pacto de Bogotá".
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depositado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, firman este Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en las fechas que aparecen al pie de sus firmas.
Hecho en la ciudad de Bogotá, en cuatro textos, respectivamente, en las lenguas española, francesa, inglesa y portuguesa, a los 30 días del mes de abril de mil novecientos cuarenta y ocho.
Pacto de Bogotá
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Pacto de Bogotá (también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas) fue un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América[1] reunidos en la IX Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá (Colombia).
Tratado
El objetivo del tratado es de imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este Pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia.
El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la ONU siete días más tarde. Entre los 21 países signatarios del tratado, solamente 15 lo han ratificado posteriormente, 8 de ellos han presentado reservas y otro presentó una denuncia sobre éste (El Salvador).[2]
PACTO DE BOGOTÁ Y DELIMITACIÓN MARÍTIMA CON CHILE
Alfredo Palacios Dongo - Perú
El 30 de abril de 1948, durante la IX Conferencia Internacional Americana, fue promulgado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas conocido como “Pacto de Bogotá”, el cual fue suscrito, ese mismo día, por Perú y Chile, siendo ratificado por ambos en mayo de 1967 y abril de 1974, respectivamente. Este tratado se fundamenta en la abstención de amenaza, fuerza o coacción y solo permite procedimientos pacíficos para el arreglo de controversias. Su artículo XXXI dispone que los Estados Parte se obligan, Ipso facto, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) en las controversias de orden jurídico que surjan entre ellos y versen –entre otras– sobre cualquier cuestión de Derecho Internacional.
En este contexto, cuando nuestra cancillería evalúa la presentación de una demanda ante la CIJ por la controversia sobre la delimitación marítima con Chile, en este país se está iniciando una corriente de opinión para desconocer la competencia de la Corte. El diario El Mercurio, en su edición del día 16, precisa que Chile debe invocar su no jurisdicción ya que el citado Pacto excluye asuntos acordados, incluso por tratado. De igual forma, el día 18, el embajador Jaime Lagos Erazo, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha declarado que Chile, con justificada razón, sigue desconociendo la competencia de la CIJ, ya que no existe controversia alguna.
Estas opiniones carecen de fundamento ya que el Pacto, en el artículo XXXII especifica que cuando no se llegue a una solución entre Estados Parte, cualquiera de ellos tendrá derecho a recurrir a la citada Corte, quedando su jurisdicción obligatoriamente abierta. Asimismo, la razón que esgrime Chile sobre tratados de límites firmados con el Perú, refiriéndose a la Declaración de Santiago (1952) y al Convenio sobre Zona Especial Fronteriza (1954), estos no son, de modo alguno, tratados específicos de límites marítimos. Un instrumento de esta naturaleza debe contar con anexos de cartografía, coordenadas, especificaciones técnicas y derechos y obligaciones para las partes.
Considerando que existe jurisprudencia sobre casos de delimitación marítima resueltos por la CIJ –Alemania-Dinamarca (1969); Alemania-Países Bajos (1969); Reino Unido-Francia (1977); Túnez-Libia (1982); Guinea-Guinea Bissau (1985); Qatar-Bahrein (2001)–, en cuyos fallos prevalece el método de la equidistancia y, como regla normativa, el principio de equidad, nuestra cancillería, para la presentación de la demanda, debe desarrollar una estrategia integral que contemple la contratación de juristas internacionales especialistas e incluya documentación detallada sobre aspectos históricos, geográficos, oceanográficos, económicos, políticos, jurídicos y de relaciones internacionales.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de febrero de 2007
Estas opiniones carecen de fundamento ya que el Pacto, en el artículo XXXII especifica que cuando no se llegue a una solución entre Estados Parte, cualquiera de ellos tendrá derecho a recurrir a la citada Corte, quedando su jurisdicción obligatoriamente abierta. Asimismo, la razón que esgrime Chile sobre tratados de límites firmados con el Perú, refiriéndose a la Declaración de Santiago (1952) y al Convenio sobre Zona Especial Fronteriza (1954), estos no son, de modo alguno, tratados específicos de límites marítimos. Un instrumento de esta naturaleza debe contar con anexos de cartografía, coordenadas, especificaciones técnicas y derechos y obligaciones para las partes.
Considerando que existe jurisprudencia sobre casos de delimitación marítima resueltos por la CIJ –Alemania-Dinamarca (1969); Alemania-Países Bajos (1969); Reino Unido-Francia (1977); Túnez-Libia (1982); Guinea-Guinea Bissau (1985); Qatar-Bahrein (2001)–, en cuyos fallos prevalece el método de la equidistancia y, como regla normativa, el principio de equidad, nuestra cancillería, para la presentación de la demanda, debe desarrollar una estrategia integral que contemple la contratación de juristas internacionales especialistas e incluya documentación detallada sobre aspectos históricos, geográficos, oceanográficos, económicos, políticos, jurídicos y de relaciones internacionales.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de febrero de 2007
Tratado de 1948 será elevado a ley para recurrir a La Haya
LA PRENSA
La Paz - Bolivia, viernes, 25 de marzo de 2011
LEGISLACIÓN: Bolivia se guardó una reserva sobre el Pacto de Bogotá por entender que un artículo le es perjudicial.
La Cámara de Diputados inició ayer el tratamiento del proyecto que elevará a rango de ley el Pacto de Bogotá de 1948, que permitirá a Bolivia plantear una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la cuestión marítima.
El presidente Evo Morales anunció el miércoles, durante el homenaje a la memoria de Eduardo Avaroa, que la lucha por la reivindicación marítima “ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales, demandando en derecho y en justicia, una salida libre y soberana al océano Pacífico”.
EL ANÁLISIS. El mencionado proyecto comenzó a tratarse ayer, y después de ser aprobado en sus tres estaciones, pasará a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
El titular de la Cámara Baja, Héctor Arce, dijo ayer que ese acuerdo internacional “abre la posibilidad para explorar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del Sistema de Naciones Unidas como una instancia a la cual, entre otras, el Estado boliviano podría recurrir”.
En ocasión de emitir ese mensaje, Morales solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que “apruebe a la brevedad posible todos los tratados y convenios internacionales que nos posibiliten esta misión”.
LA REACCIÓN CHILENA. Después de conocer las palabras del Primer Mandatario, el mismo miércoles por la tarde, el presidente chileno, Sebastián Piñera, se reunió con su canciller, Alfredo Moreno, y el ministro de Defensa, Andrés Allamand, según informó ayer el diario El Mercurio en su edición impresa.
Las conclusiones de ese encuentro se tradujeron en la molestia de las autoridades trasandinas, que exteriorizaron sus sentimientos públicamente.
El jefe de la diplomacia trasandina rechazó la posibilidad de continuar el diálogo bilateral mientras madura una demanda internacional sobre la causa marítima.
“El camino hacia adelante está en manos del Gobierno boliviano, que debe determinar qué camino escoger. Uno no puede transitar por todos los caminos al mismo tiempo”.
Moreno recibió ayer la visita de los integrantes de la comisión de Relaciones Internacionales del Senado de su país, cuyo presidente, Eugenio Tuma, desahució la continuidad al tratamiento de la agenda de 13 puntos en caso de que Bolivia persista en su afán de llevar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que depende de Naciones Unidas.
“Si ellos intentan hacer presentaciones en cualquier tribunal, entonces vamos a tener que suspender las conversaciones, mesas de diálogo y los 13 puntos de avance que teníamos a nivel de cancilleres y distintas comisiones, y suspender también la relación que teníamos con el Congreso boliviano”.
El senador centroizquierdista Hernán Larraín, quien se mostró partidario de apoyar la causa boliviana, sostuvo ayer que “Chile tiene voluntad de entendimiento y quien ha cambiado las reglas del juego hoy día es el presidente Evo Morales. Por tanto, más que tomar reacciones muy duras o enérgicas, lo que necesitamos es que Bolivia decida qué camino va a seguir”.
Pacto firmado hace 53 años
El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América reunidos en la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, Colombia.
El objetivo del tratado es imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Este pacto tiene en cuenta los diferentes medios de solución pacífica de conflictos, a saber, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial.
Es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la Organización de las Naciones Unidas siete días más tarde.
Entre los 21 países signatarios del tratado, solamente 15 lo han ratificado posteriormente, ocho de ellos han presentado reservas y El Salvador presentó una denuncia sobre éste.
Éste es el instrumento que el oficialismo pretende elevar a rango de ley para, si lo considerara pertinente, hacer efectiva la presentación de una demanda internacional contra Chile por la cuestión marítima, que ya lleva 132 años.
El artículo observado
El artículo VI, por el que Bolivia se reservó el derecho de ratificar el Tratado de Bogotá, señala que “tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos (los mecanismos de solución de conflictos) a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.
Esta disposición puede, en su caso, inviabilizar una demanda boliviana, pues entre La Paz y Santiago se suscribió, el 20 de octubre de 1904, el Tratado de Paz y Amistad, que determinó el fin de la Guerra del Pacífico.
Bolivia hizo una reserva
La delegación de Bolivia formuló una reserva al artículo VI, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado signatario.
Por esa razón, Bolivia no elevó este tratado internacional a rango de ley y no lo ratificó.
La Asamblea Legislativa analizará ese tratado y lo sancionará para que el presidente Evo Morales lo promulgue.
Mientras tanto, continúa en proceso la creación de la Dirección General de Reivindicación Marítima.
Para destacar
El Tratado de 1904 reconoce el derecho propietario de Chile sobre el departamento del Litoral.
Bolivia admite que ese territorio será de dominio chileno a perpetuidad.
Chile se obligó a construir el ferrocarril Arica-La Paz para permitir las exportaciones bolivianas.
Debió entregar 300.000 libras esterlinas y conceder libre tránsito a Bolivia por esa zona.
Un anterior Pacto de Tregua fue firmado entre Bolivia y Chile en 1884.
El convenio bilateral suspendió las hostilidades de la guerra desatada el 14 de febrero de 1879.
El Ejército se retiró de la contienda el 26 de mayo de 1880, por la derrota del Alto de la Alianza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario