lunes, 26 de mayo de 2014

La Demanda Marítima y el contraataque chileno: ‘La demanda toca el Tratado de 1904’












Al principio, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que la demanda no tenía nada que ver con el Tratado de 1904. Ahora el Gobierno chileno se empeña en reiterar que el
objetivo boliviano es este Tratado.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz
00:07 / 25 de mayo de 2014

De los errores cometidos por los jefes de Estado chilenos con respecto a la
reivindicación marítima boliviana no debe haber muchos como el del expresidente
Ricardo Lagos: “Cuando Bolivia nació a la vida independiente eran más de dos
millones de kilómetros cuadrados de territorio. Hoy tiene la mitad. Solo el 10%
de lo que ha perdido Bolivia está en poder de Chile. El otro 90% es parte de
Brasil, Perú, Paraguay y Argentina hoy. En consecuencia colocar el enfoque
exclusivamente en Chile no me parece”.

Lagos visitó a todos los presidentes en La Paz, Hugo Banzer, Jorge Quiroga,
Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Evo Morales, recuerda el diplomático e
historiador Ramiro Prudencio; por esto, le extraña mucho su declaración.
En realidad, acaso se trate del nuevo estado de ánimo posdemanda en Chile. “Una
persona que estaba tan ligada al país, ahora está resentida, eso es lo malo;
está molesta y por eso ha hecho una declaración muy poco feliz”.

Para la investigadora en derecho internacional Karen Longaric, en cambio,
las expresiones de Lagos no son otra cosa que la persistencia de un hábito
arraigado en Chile: “El reconocimiento que hace Lagos, en el fondo expresa el
espíritu expansionista de Chile, que se ha sellado con la firma, bajo coacción
y presión del Tratado de 1904. Es mentira que Bolivia hubiese solicitado firmar
el Tratado, hubo mucha presión para que Bolivia firme el Tratado reconociendo
la apropiación de territorio boliviano por parte de Chile”.

El tema es que mal que bien la demanda marítima boliviana presentada ante
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al parecer ha logrado alinear a muchos
sectores políticos y sociales tras la posición dura de no tocar el tema del mar
en tanto esté en La Haya, coinciden los analistas.

Lo peor de esto es que con este ambiente enrarecido, insiste Prudencio,
“difícil que luego haya un proceso de negociación entre ambos países; de modo
que lo mejor es callar, que el litigio con Chile esté en La Haya y sacarlo de
la agenda mediática”.

Y es que el actual alineamiento chileno tiene mucho que ver con la
“hipersensibilidad”, apunta el excanciller Armando Loaiza, que en ese país se
tiene sobre el Tratado de 1904, sobre su intangibilidad. “Eso está en el ADN de
los chilenos; Chile ha hecho la santidad de los tratados, tanto con Perú como
con Bolivia, es la base de su actual estructura territorial; de ninguna manera
van a admitir que se pueda mover; es casi una paranoia”.   Ahora, esto no
impide que el Gobierno chileno se contradiga.

Después de una reunión con el agente chileno en La Haya, Felipe Bulnes, y
el coagente Claudio Grossman, el 13 de marzo, el canciller Heraldo Muñoz
declaró enfático: “La posición de Chile es muy clara: esta demanda no tiene
nada que ver con cuestiones de límites, esta demanda tiene diferencias
sustantivas con la de Perú (litigio por límites marítimos) (...). Aquí no está
en juego el desconocimiento de tratados (en referencia al Tratado de 1904),
aquí lo que está en juego es una demanda que plantea la obligación que
pretendería Bolivia de que Chile negocie una salida soberana de Bolivia al
Pacífico”, señaló Muñoz.

Pero una vez que el presidente Evo Morales, el 15 de abril presentó la
memoria ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda, la cual,
según reglamento, derivó inmediatamente el documento al Gobierno chileno, fue
evidente el giro del discurso de sus autoridades.

“Sin duda, ha quedado clara la intangibilidad del Tratado de 1904”, fue uno
de los primeros anuncios de la presidenta Michelle Bachelet el 14 de mayo,
luego de reunirse con los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo
Lagos y Sebastián Piñera. Reiteró este punto de vista en su última rendición de
cuentas anual ante el Congreso chileno (21 de mayo): “Debo señalar que la
política exterior del país continuará basándose en el respeto del derecho
internacional, y que para Chile el Tratado de 1904, que definió las fronteras
chileno-bolivianas, debe ser respetado”.

Este aspecto asoma ser uno de los nudos de la controversia entre Bolivia y
Chile sobre la demanda.  En el inicio de sus actividades como delegado
internacional para la causa marítima, el expresidente Carlos Mesa Gisbert explicó
la posición boliviana al exmandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.

“Bolivia no está planteando, ni directa ni indirectamente, ni en lo central
ni en lo adjetivo, nada referido a poner en cuestión el Tratado de 1904, y lo
digo porque las autoridades de Chile en los últimos días han puesto como
referente la idea de que Bolivia estaría cuestionando el Tratado y poniendo en
cuestión el Tratado de 1904, sino la arquitectura internacional de respeto a
los tratados, lo cual puede llevar a equívocos”.

Sin duda, será el próximo debate: en qué medida la actual demanda en La
Haya se orienta hacia el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Chile razona que si bien la demanda marítima no alude directamente al
Tratado de 1904, sí deriva en el mismo: en una entrevista con La Tercera, el 17
de abril, el canciller Muñoz explicaba el argumento chileno: “Bolivia confunde
su aspiración marítima con derechos que supuestamente obligarían a Chile a
otorgarle acceso soberano al mar, producto de los diálogos que ambos países han
sostenido al respecto. Un derecho así de relevante y trascendente, que afecta
ni más ni menos que la integridad territorial de un país, no puede inferirse a
partir de supuestos y expectativas. De ser cierta la tesis boliviana, ningún
país podría entrar en tratativas con otro por el temor a que las fórmulas que
se barajen, si fracasan, se conviertan posteriormente en obligaciones para
dicho Estado. En definitiva, en las relaciones entre los Estados, lo que vale
son los tratados y el de 1904 fijó las fronteras entre ambos países y las
condiciones de acceso de Bolivia al mar. Eso es lo que cabe respetar, pues los
tratados de límites corresponde cumplirlos”.

Con respecto a la idea de que la demanda deriva hacia el Tratado de 1904,
el delegado Mesa destacó el jueves 22 de mayo: “Estamos hablando de una
vocación pacífica del país, que lo que le pide a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya es un fallo que obligue a Chile a negociar en la medida, en
el contexto de un diálogo de buena fe; un diálogo para buscar una solución a
nuestra mediterraneidad en función de nuestra soberanía”.

En el artículo 31 del texto presentado en La Haya, en la sección “IV. Bases
legales sobre las que la demanda se encuentra fundamentada”, Bolivia alega:
“31. Los hechos relatados líneas arriba muestran que, más allá de sus
obligaciones generales conforme al derecho internacional, Chile se ha
comprometido más específicamente, a través de acuerdos, práctica diplomática y
una serie de declaraciones de sus más altos representantes, a negociar una
salida soberana al mar para Bolivia. Chile no ha cumplido esta obligación y, lo
que es más, al presente Chile niega la misma existencia de su obligación”.

En lo relativo a la insistencia de las autoridades chilenas sobre que la
demanda marítima boliviana de todos modos derivará en la revisión del Tratado
de 1904, el excanciller Armando Loaiza hace notar que la primera referencia de
negociación de algo entre Bolivia y Chile no es el Tratado de 1904, sino un
hecho más cercano en la historia: Charaña.

“En la negociación de Charaña (1975 entre Hugo Banzer y Augusto Pinochet)
no se negoció el Tratado, se negoció otra hipótesis que es la salida al mar por
un corredor al norte de la ciudad de Arica; la única viable en mi concepto,
para que no se divida el territorio chileno; y eso no implicaba exactamente
negociar el Tratado de 1904; y allí hubo una actitud mucho más amplia de
Pinochet, que se anima a negociar, otorgar soberanía a Bolivia contra la
prestación de un canje territorial; antes no se había llegado tan lejos”.

Desde la perspectiva académica, Karen Longaric insiste en que al no aludir
al Tratado de 1904, la demanda marítima más bien “toma como referentes
fundamentales las negociaciones realizadas entre Bolivia y Chile los años 1895,
1950, 1975, 1983 y 1987 atribuyendo valor jurídico al accionar de Chile en esos
contextos históricos”.  Lo que va a analizar la Corte —recuerda Longaric—
es si en la demanda y en la memoria bolivianas el petitorio está relacionado
directamente con el Tratado de 1904, “y si no es así, pues la Corte va a tomar
conocimiento del juicio; en ese sentido, lo que venga después, ya se analizará;
si Bolivia y Chile llegaran a retomar las negociaciones sobre una salida al
mar, el Tratado de 1904 perfectamente puede modificarse si ambas partes del
Tratado así lo decidieren; los tratados no son intangibles; aquí es necesario
que haya voluntad política, lo que nunca precisamente ha tenido
Chile”.  

Los expresidentes chilenos que hace dos semanas se reunieron con Bachelet
también aconsejaron a la Mandataria que Chile impugne la competencia de la
Corte Internacional de Justicia de La Haya. La base de ello está en la supuesta
falta de fundamento jurídico de la demanda: “Yo estoy convencido de que la
demanda boliviana no tiene fundamentos ni jurídicos ni de hechos, y por eso
pienso que la Corte no tiene competencia jurídica para este caso”, aseguró
entonces el expresidente Sebastián Piñera, según reporte del diario chileno La
Tercera.

El viernes 23, este mismo medio chileno informó que el grupo de asesores
jurídicos extranjeros de Chile aconsejó a Bachelet no presentar la impugnación
de la competencia de La Haya en el primer plazo que tiene ese país, hasta el 15
de julio, sino hacerlo hasta febrero de 2015, junto con la presentación de la
contramemoria. “Aunque hubo distintas opiniones, la mayoría de los expertos
internacionales y los representantes chilenos concluyeron la inconveniencia de
esgrimir la excepción de jurisdicción del tribunal en forma separada al tema de
fondo del caso”, describió la situación La Tercera.

Para Mesa, en declaraciones a Cadena A el jueves 22, luego de reunirse con
Lula, afirma que la CIJ es competente porque este es el máximo tribunal de la
Organización de Naciones Unidas, que se lo reconoce solo por ser país miembro
del ente internacional. “En términos generales, ese tipo de pedidos (de
incompetencia) ha sido de carácter parcial sobre algunos aspectos específicos
del juicio, pero no suele hacerse una excepción de incompetencia sobre todo el
juicio; Chile ha de tener que pensarlo dos veces antes de resolver ir a la
excepción de incompetencia; aunque esto no ha ocurrido todavía”, destacó el
exmandatario boliviano.

Lo del Pacto de Bogotá está fuera de discusión: Carlos Mesa, delegado para
la demanda

Los elementos (históricos)que Bolivia colocó en la demanda son
antecedentes anteriores a 1948 y dos o tres compromisos concretos más varios
convenios e inicios de negociación posteriores a 1948; por lo tanto, no es
evidente que Bolivia esté planteando algo (como el Tratado de 1904) anterior al
Pacto de Bogotá; el punto de partida que le da competencia a la Corte es éste.

Chile es un país poco integracionista: Karen Longaric, experta en derecho
internacional

Chile es un país poco integracionista; no está en la comunidad andina,
nunca ha pretendido ser miembro permanente del Mercosur (Mercado Común del
Sur); no es un país que se distinga por un espíritu integracionista o
solidario; entonces, sus políticos, de izquierda y de derecha, tienen el mismo
discurso en función de intereses recalcitrantemente nacionalistas.

Tampoco descuidar la agenda bilateral: Armando Loaiza, excanciller de
Bolivia

Si hay alguna agenda bilateral con amplios contenidos de gestión, es la que
tiene Bolivia con Chile; y la mayoría de los temas interesan a Bolivia, al
usuario del comercio y tránsito. En el tiempo de Evo Morales curiosamente se ha
quintuplicado el comercio de exportación e importación por el puerto de Arica;
una realidad económica que supera las situaciones políticas.

Lo malo es que crece el mutuo resentimiento: Ramiro Prudencio, diplomático
e historiador

En este momento hay un enfriamiento muy grande, además que hay políticas
muy agresivas de los dos gobiernos, uno más que el otro, y eso no conduce a
nada positivo, más para nuestras aspiraciones para llegar al mar, porque nunca
vamos a poder negociar con Chile; esto es negativo también porque crea
resentimientos en los pueblos, esa es la parte más peligrosa.

Pese a la tensión, se espera normalidad: Michelle Bachelet, presidenta de
Chile

Respecto de la demanda contra Chile que ha interpuesto Bolivia ante la
Corte Internacional de Justicia, esperamos que nuestros países sean capaces de
mantener la normalidad en el resto de los ámbitos de la relación bilateral. La
política exterior del país continuará basándose en el respeto del derecho
internacional, que para Chile el Tratado de 1904 debe ser respetado. AFP

El Tratado de 1904 fue a pedido de Bolivia: Ricardo Lagos, expresidente de Chile

La razón, el derecho, están de nuestra parte y también los esfuerzos que
hemos hecho a lo largo de nuestra historia para que Bolivia pueda tener un
resultado favorable.  Hay que entender que el Tratado de 1904 se hizo a
petición de Bolivia. Ese Tratado no fue impuesto, fue a solicitud de Bolivia y
eso hay que hacerlo ver en la comunidad internacional. La Tercera





miércoles, 21 de mayo de 2014

Día Mundial de Internet y regulación de su acceso en La Paz








Apunte legal
Alan Vargas Lima
00:00 / 20 de mayo de 2014

El 17 de mayo se celebró el Día Mundial de Internet. Algunos antecedentes sobre este día, según los datos proporcionados por infobae, indican que hace bastante tiempo, en 2005, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) decidió conceder un día para celebrar las posibilidades que brinda la red a los habitantes alrededor del mundo. Fue así que la primera celebración del que llamaron Día de Internet se realizó el 25 de octubre de ese año, con más de 400 eventos en comunidades de España.

En aquella oportunidad AUI consiguió que entidades públicas y privadas firmaran la Declaración de Principios para construir la Sociedad de la Información, en representación de más de un millón de ciudadanos.

Sin embargo, el hito más importante llegó el 27 de marzo de 2006, en razón de que las Naciones Unidas, en ocasión de la II Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información aprobaron designar el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, considerando que:

“Es necesario contribuir a que se conozca mejor internet para que se convierta en un recurso mundial verdaderamente accesible al público. El 17 de mayo, Día Mundial de la Sociedad de la Información, se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial, en especial las posibilidades que pueden ofrecer las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital”.

Desde entonces, esta efeméride mundial sirve para divulgar más las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos.

En el caso de Bolivia, recientemente se ha informado que el número de conexiones por el servicio de internet en el país casi se ha duplicado entre 2012 y 2013 y que de 1,96 millones subió a 3,56 millones, representando un crecimiento del 81%, de acuerdo con información oficial de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Esta entidad también hizo conocer que, curiosamente, la mayor parte de las conexiones son “enlaces móviles” (a través de un módem o teléfono inteligente) que reducen los requisitos de acceso a este servicio. Asimismo, la mayor cantidad de conexiones se concentra en el eje troncal del país, siendo Santa Cruz la que ocupa el primer lugar, con 1,19 millones de conexiones, a la que le sigue La Paz con 980.938 y Cochabamba con 619.902. Las restantes 760.416 conexiones se distribuyen en el resto de los departamentos.

A nivel local, recientemente, el 31 de marzo de 2014, se ha puesto en vigencia la Ley Municipal Autonómica Nº 067 del Internet en el Municipio de La Paz, que tiene por objeto normar (regular) el funcionamiento de los establecimientos y locales de acceso público al servicio de internet en la jurisdicción (delimitando así su ámbito de aplicación) e incentivar el uso responsable de dicha herramienta tecnológica por la población.

En este sentido, las finalidades que persigue la nueva ley municipal son, precisamente, proteger a niños, niñas y adolescentes en su acceso al internet, así como incentivar el uso de la red en el Municipio de La Paz y sensibilizar sobre su utilización responsable, promocionando los establecimientos y locales de acceso público al sistema como espacios educativos.

Para los fines de dicha norma local, se entiende que el servicio de internet se otorga a través de: a) establecimientos prestadores del servicio de internet, que tienen como actividad principal la otorgación de dicho servicio (cafés internet); b) locales de acceso público a internet, que son aquellos que adicionalmente brindan el servicio de conexión a internet, y c) espacios públicos con acceso a internet.

Al respecto, la ley prevé expresamente que los locales de acceso público a internet deben contar con letreros visibles que señalen: “ACCESO DENEGADO A CONTENIDO PORNO- GRÁFICO, RACIAL, XENOFÓBICO Y MISÓGINO”, esto como una forma de concientizar a la población para el uso racional y responsable de internet, así como para erradicar la discriminación en cualquiera de las formas en que pudieran difundirse, precisamente a través de esta red.

Asimismo, y persiguiendo concretizar la finalidad de proteger a niños, niñas y adolescentes en su acceso al internet, la ley municipal establece que los propietarios de los establecimientos prestadores del servicio de internet, deberán contar con filtros informáticos que permitan a la administración del local establecer restricciones en el acceso al internet cuando se trate de niños, niñas y adolescentes.

Esto no permitiendo el ingreso virtual a contenido pornográfico y sexual explícito, contenido racial, terrorista y que incentive la piratería, contenido xenofóbico y misógino, publicidad de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y/o drogas en general, publicidad sexual, de bulimia, anorexia y otros trastornos alimenticios y aplicaciones de juegos categorizados.

Por otro lado, y respecto a las condiciones de seguridad con que deben contar estos establecimientos, la norma municipal establece que, para la protección y seguridad de los usuarios y de los propietarios de los establecimientos prestadores del servicio de internet, se deberá instalar un sistema de monitoreo y vigilancia con cámaras (cctv - Circuito Cerrado de TV) analógicos o digitales, con elementos captadores de imagen (cámaras), elementos reproductores de imagen (monitores) y elementos grabadores de imagen (con almacenamiento mínimo de tres meses), debiendo los propietarios de dichos Establecimientos conservar, por al menos tres meses, las grabaciones efectuadas con las cámaras de seguridad.

Conviene tener presente que todos(as) los(las) usuarios(as) del servicio de internet, además de los derechos reconocidos en la Constitución, tenemos derecho a una atención cordial y eficiente por parte del propietario, administrador, encargado, empleado o responsable del establecimiento que presta el servicio, así como a utilizar el servicio de internet sin ninguna otra restricción que las previstas en la Ley Municipal Autonómica Nº 067; así también, es nuestro derecho el cobro equivalente a la utilización del servicio prestado según tarifario previamente conocido por todos(as) los(las) usuarios(as).

Estas y otras disposiciones previstas en esta ley definitivamente constituyen un paso adelante en el resguardo de los derechos de los(las) usuarios(as) paceños(as), así como en la protección de los niños, niñas y adolescentes, en su cada vez más creciente uso y acceso a internet en el municipio; por lo cual, es una ley que todos(as) debemos conocer y difundir, así como exigir sanciones en caso de incumplimiento.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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El derecho humano de acceso a internet en Bolivia

 

Apunte legal
La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima
00:00 / 28 de mayo de 2013

Ha transcurrido casi dos años desde que, en junio de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a internet como un derecho humano altamente protegido, por ser inherente a las multitudes de personas que desarrollan sus actividades en un mundo cada vez más invadido por las nuevas tecnologías de información y comunicación (tic), a cuyo efecto exigió a los países miembros facilitar un servicio accesible y asequible para todos, estimando, además, como una prioridad asegurar a la ciudadanía el acceso a internet.

Esto, en razón de que ciertamente la red internet “no sólo permite a los individuos ejercer su  derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el acceso de la sociedad en su conjunto”, acceso que “debe mantenerse especialmente en momentos políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos”.

¿Por qué el acceso a la red debe ser considerado un derecho humano? Bajo los siguientes argumentos –que resultan indiscutibles–, la ONU señala que Internet es uno de los más poderosos instrumentos del siglo XXI: 1) Favorece el crecimiento y el progreso de las naciones; 2) Facilita el acceso a la información; 3) Incrementa la observancia ciudadana para que las instituciones rindan cuentas; 4) Promueve la activa participación ciudadana en la construcción democrática. El organismo mundial pone de ejemplo a los países del África del norte y a las movilizaciones sociales articuladas por la disidencia en las redes sociales.

Es rescatable el aporte de la Coalición Dinámica sobre Derechos y Principios en Internet  (Internet Rights and Principles Dynamic Coalition - irp), una asociación abierta de individuos y organizaciones que trabajan para defender los Derechos Humanos en el entorno online, que ha elaborado un documento que consigna los diez derechos y principios fundamentales que deben formar la base de la gobernanza en internet y que, además de estar basados en normas internacionales de derechos humanos, se derivan del proyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos y Principios de Internet (1):

1. Universalidad e igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que deben ser respetados, protegidos y cumplidos en el entorno online.

2. Derechos humanos y justicia social. Internet es un espacio para la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos y el avance de la justicia social. Toda persona tiene el deber de respetar los derechos de los demás en el entorno online.

3. Accesibilidad. Toda persona tiene igual derecho a acceder y utilizar internet de forma segura y libre.

4. Expresión y asociación. Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información libremente en internet sin censura ni interferencias. Todo el mundo tiene derecho a asociarse libremente a través de internet, con fines sociales, políticos, culturales o de otro tipo.

5. Confidencialidad y protección de datos. Toda persona tiene derecho a la privacidad online. Esto incluye el no ser vigilado, el derecho a utilizar cifrado y el derecho al anonimato. Todo el mundo tiene derecho a la protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección, almacenamiento, gestión, cesión, eliminación y divulgación de sus datos personales y pudiendo ejercer su derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos.

6. Vida, libertad y seguridad. El derecho a la vida, la libertad y la seguridad deben ser respetados, protegidos y cumplidos en internet. Estos derechos no deben ser infringidos o utilizados para vulnerar los derechos de otros.

7. Diversidad. La diversidad cultural y lingüística en internet debe ser promovida, la innovación técnica y política deben alentar y facilitar la pluralidad de expresión.

8. Igualdad. Todo el mundo tendrá acceso universal y abierto a los contenidos de internet, libre de priorizaciones discriminatorias, filtrado o control de tráfico por razones comerciales, políticas o de otra índole.

9. Normas y reglamento. La arquitectura de internet, los sistemas de comunicación y los formatos de documentos y datos se deben basar en estándares abiertos que garanticen la interoperabilidad completa, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos.

10. Gobierno. Los Derechos Humanos y la Justicia Social deben ser la base jurídica y normativa sobre la que operar en internet. Esto sucederá de manera transparente y multilateral, con un internet basado en los principios de la participación inclusiva y la rendición de cuentas.

Se debe relievar la importancia de estos principios para plantear la necesidad urgente de analizar la efectividad de su vigencia y aplicación en Bolivia, considerando que el Estado “garantiza el derecho a la comunicación y la información”; ello a propósito del Día Mundial de Internet (17 de mayo), que en nuestro país fue buena oportunidad para que muchos ciberactivistas y responsables de cerca de 60 sitios web bolivianos promovieran el “apagón virtual”, reclamando la protección de este derecho humano frente a la crítica situación de que Bolivia tenga el internet más lento y caro del continente, además del pésimo servicio de las empresas responsables de su provisión.

Afortunadamente, sobre esta problemática ya se pronunció la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) – según informó ERBOL Digital–, proponiendo tres políticas públicas para mejorar este servicio en Bolivia y así lograr que sea más accesible en costos y calidad. Una de esas políticas es promover la interconexión entre las cuatro operadoras que existen en el país (Entel, Axs, Viva y Tigo) para bajar las tarifas; otra es suscribir convenios entre Entel y empresas estatales de países vecinos, con el objetivo de mejorar la velocidad del servicio; y la referida a la importación de servidores, como Google, para resolver al menos en un 40 por ciento el tráfico virtual, que es acaparado por la descarga de videos y música de la red por los internautas.

Esperamos que éstas propuestas no se queden en “buenas intenciones”, sino que la autoridad respectiva se ponga a trabajar de manera inmediata para comenzar a solucionar estos problemas y contrarrestar las perjudiciales consecuencias de los elevados costos que impiden a los usuarios bolivianos un libre acceso a internet.

Es aconsejable no perder de vista que un país como el nuestro, por su especial situación geográfica, podría fácilmente convertirse en el epicentro perfecto para una interconexión virtual, rápida e instantánea, entre los países sudamericanos.

Nota