Las FFAA no fueron
sujetas a un cambio institucional en la Asamblea Constituyente, por lo que se
abre el de- safío de hacer ahora dicha reforma, en las áreas educativa,
funcional, doctrinaria y normativa.
La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 04 de mayo de 2014
Las Fuerzas Armadas (FFAA), según declararon algunos de sus comandantes y
el propio presidente Evo Morales, son antiimperialistas, anticoloniales y
anticapitalistas. Este significativo cambio simbólico, sin embargo, todavía no
ha resuelto un práctico desfase entre su estructura e institucionalidad y el
nuevo marco constitucional vigente en el país desde hace casi cinco años, según
observan los expertos consultados por Animal Político.
Existen, además, temas pendientes en al menos cuatro ámbitos de la
institucionalidad militar que es necesario resolver para no quedar a la saga no
solo de la nueva Constitución sino también de algunos principios de la moderna
democracia; en lo doctrinario, lo normativo, lo educativo y lo funcional.
Al margen de la justeza o no de sus demandas, o del uso adecuado o no de
los procedimientos de reclamo, el conflicto generado en días recientes por
suboficiales y sargentos también puede ser visto como una oportunidad para
afrontar los temas pendientes de la institución armada; aunque esta agenda de
desafíos a encarar debería ser atendida aun cuando la tensión interna en las
FFAA no se hubiera producido; es un tema de latente conflictividad.
El ministro de Gobierno y exconstituyente, Carlos Romero, reconoce que en
la Asamblea Constituyente no se pudo avanzar en una reforma de las
instituciones armadas del Estado. El tratamiento de la institucionalidad de las
FFAA y de la Policía en el proceso constituyente “fue prácticamente reproducido
(en la nueva Constitución), no se quiso efectuar modificaciones porque había
una pugna entre ambas instituciones”, relata. En efecto, mientras la Policía
tenía la expectativa de atribuirse tareas de seguridad del Estado, las Fuerzas
Armadas argumentaban que esa labor solo era competencia de ellos.
“Había consenso en los constituyentes en que las FFAA debían cumplir otro
tipo de tareas, como las vinculadas al desarrollo en los emprendimientos del
Estado, además de la seguridad del Estado; pero la pugna conspiró para que (no)
haya un mejor debate. Si se analiza lo que se ha hecho, ha sido dejarlo como
estaba; si se analiza, no ha habido una actualización”, señala el ministro.
Pese a esto, Romero encuentra una diferencia con la Policía, que de todos
modos ha tenido un desarrollo legislativo de actualización. “Los nuevos roles
de las FFAA han nacido por iniciativa del Presidente, como por ejemplo
involucrarlos en las tareas del bono Juancito Pinto o la asistencia en
desastres, sin embargo el debate está en curso”.
De hecho, a pedido de Evo Morales, las FFAA colaboraron en la entrega del
Juancito Pinto y también realizaron una importante labor a la hora de mitigar
el estrago de las inundaciones en el oriente boliviano.
Cabe decir que para esta reflexión sobre las Fuerzas Armadas y la nueva
Constitución se gestionó una entrevista con el Comando en Jefe de la
institución armada; sin embargo, desde dicha comandancia se explicó que el
conflicto en curso con los suboficiales y sargentos no dejaba el tiempo
necesario para atender la solicitud, por lo menos esta semana.
La experta en seguridad Loreta Tellería apunta a que las tareas pendientes
en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas no existen solo a partir del
actual “proceso de cambio”, sino que se arrastran “desde la recuperación de la
democracia” (1982).
La reforma, dice, tendrá que ser en diferentes ámbitos: el educativo, el normativo, el doctrinario y el funcional. En alguno de
estos segmentos “hubo cambios”. Por ejemplo, en lo funcional, una variación fue
la que señalaba Romero: que Ricardo Aguilar Agramontlas FFAA han operado en
momentos de desastres naturales. Tellería añade que también han trabajado en
actividades como la seguridad ciudadana; sin embargo, estos cambios “no fueron
parte de una reforma institucional que abarque los cuatro aspectos”.
“Mientras no se hable de una reforma integral de la institución y solo se
haga reformas parciales o cambios funcionales, siempre habrá una falta de
correlación entre lo que dicta la democratización de las instituciones y las
Fuerzas Armadas con que contamos en la actualidad”, señala.
Educativo. En este aspecto, la
institución armada tiene que adecuarse a “un currículo que se corresponda con
unas FFAA modernas y profesionales. Con principios básicos como la no
discriminación, el no racismo y la profesionalidad en el tema de derechos
humanos”, sugiere.
Precisamente, las actuales demandas de los suboficiales están relacionadas
con una reforma en lo educativo. Los militares movilizados aseguran que se les
restringe el ingreso a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y a los
diplomados de la Escuela de Altos Estudios Nacionales.
“No se puede negar” que en lo educativo hubo cambios, retoma Tellería.
“Pero no basta con poner en el pénsum una materia de derechos humanos cuando
toda la estructura funcional responde a una institucionalidad muy tradicional”.
El programa de igualdad de oportunidades en las FFAA, que incorporó a cadetes
indígenas para que puedan cursar la carrera militar fue otro avance; no
obstante, “no tuvo los resultados positivos” que se esperaban porque era “un
elemento accesorio a ese aparato institucional que conforman a las Fuerzas
Armadas”.
“Mientras no haya una reforma de toda la educación, de todo el currículo,
de todo su plantel docente, de cómo se selecciona al mismo, temo que en este
aspecto no se haya cambiado en todo el proceso democrático; hablamos de
reformas coyunturales y accesorias”, concluye.
Funcional. Las reformas de lo
funcional tienen que ver con los cambios en lo educacional y lo normativo. En
este sentido, se ha avanzado desde los años 90, según la académica. Las FFAA
comenzaron a efectuar labores de seguridad ciudadana, ayuda en desastres y situaciones
de conflictividad.
Sin embargo, cuestiona que estas nuevas funciones militares no se
encuentren normadas. Hay riesgos: “no podemos esperar” que militares con
formación de defensa del Estado y de “destrucción del enemigo externo” cumplan
tareas interactuando con ciudadanos que tienen derechos humanos y gozan de
ciertas libertades; el respeto a estas reglas “no condice con la actual
construcción ideológica y doctrinaria militar. La incursión tiene graves
riesgos para los derechos humanos”.
Este riesgo no solo está en Bolivia, sino en toda la región. Por ejemplo, a
causa de la militarización impulsada en el sexenio del presidente Felipe
Calderón para luchar contra el narcotráfico en México, las denuncias por
violación a los derechos humanos son incontables. En conclusión, habría que
decir que si las FFAA se van a involucrar en nuevas tareas, su educación
también tendrá que variar, así como deberá normarse el tema.
Normativo. En este segmento
entran de manera directa varias de las demandas de los suboficiales y sargentos
en conflicto, quienes tienen una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas (LOFA), la cual data de 1992, aunque no varía mucho de la
legislación al respecto hecha durante el septenio de Hugo Banzer Suárez.
Uno de los suboficiales y coautor del proyecto de ley señala que con su
propuesta la LOFA quedará “adecuada” no solo a la Constitución, sino también a
los tratados internacionales que se refieren a derechos humanos y a las leyes
promulgadas recientemente como la ley contra toda forma de Discriminación y
Racismo, así como a la Ley Avelino Siñani.
También hablan de descolonizar a las FFAA, siendo el rasgo más colonial,
según el parecer de los militares de bajo rango, el “sistema diferenciado de
clases sociales” dentro de la institución. “Esto ha cambiado en la sociedad,
pero no en las Fuerzas Armadas. Existen militares de primera y de segunda”,
insiste en interpretar.
Al respecto, el abogado constitucionalista Williams Bascopé señala que la
LOFA realmente no choca frontalmente con la
Constitución Política del Estado (CPE), pero sí las normas internas como el
Código Penal Militar (1976) y el Código de Procedimiento Penal Militar (1976),
ambos vigentes hasta hoy.
La LOFA “choca” con la Constitución, destaca Bascopé, en la medida en que
“contradice el concepto del Vivir Bien”. Otra cuestión es la del artículo 84,
por el cual se puede sentenciar a los miembros de las FFAA al retiro
obligatorio por “desacato”. “Como se sabe, el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) señaló que la figura del ‘desacato’ no es constitucional.
Por lo demás, ya hubo una sentencia constitucional en 2008 que señalaba que las
normas internas militares deberían ser actualizadas”.
Asimismo, existen otras contradicciones menores de forma, como el hecho de
establecer que se deba coordinar con un ministerio que ya no existe (Ministerio
de Planificación y Coordinación). “Los que están caducos y atentan a las
garantías constitucionales de todos los bolivianos son sus reglamentos
internos”. Por ejemplo, Bascopé apunta que en un reglamento de la institución
aún existe la pena de muerte. “Además, su procedimiento penal coarta el derecho
a la defensa”.
En esto coincide el constitucionalista Alan Vargas: “Su procedimiento penal
es inquisitorio y no acusatorio, como debería. Es decir que los investigadores
de un sumario tienen la posibilidad de utilizar procedimientos que no
condicen con los derechos de las personas”.
Esta normativa interna, señala Bascopé, “ni siquiera” figura en la jerarquía
de las leyes según la CPE: “Si seríamos muy legalistas, sus códigos no tendrían
ninguna validez, pues ambos se llaman ‘Decreto Ley’, categoría que no reconoce
la (actual) Constitución”.
En cuanto a un ajuste de la LOFA a la Constitución, Vargas también habla de
cuestiones menores de forma, pero lo que sí es de fondo, enfatiza, es
“establecer un régimen de garantías personales que equivalga al de la
Constitución. También se debe hacer referencia explícita a temas de
discriminación y racismo”. Para concluir, afirma que todo esto se debió ver en
la Asamblea Constituyente y no se lo hizo, por lo cual lo que corresponde “no
es ajustar las FFAA a la Constitución, sino reformarlas, ya que no se lo hizo
cuando se debió”.
Doctrinario. En los últimos años,
se ha visto unas Fuerzas Armadas que han elaborado documentos —lo que también
se observa en las declaraciones de los comandantes— en los que se adelantan
cambios. Hablan de unas FFAA anticoloniales, anticapitalistas y antiimperiales,
“sin embargo, si uno analiza cómo ese discurso se ancla en la realidad, cómo se
refleja en los cambios de la institución en cuanto a toda su base normativa, no
se ve un sustento lógico ni sólido”, juzga Tellería, para quien hay un
“rompimiento claro” entre las intenciones sobre lo que se quiere ser como
institución y lo que verdaderamente se está haciendo para hacer el cambio.
Sobre las reformas, Romero señala que quedan pendientes transformaciones,
las que se tienen que hacer permanentemente, “como en toda institución”. El
concepto de lo “plurinacional” —especifica— es transversal y “debe atravesar” a
todas las instituciones. “Si bien se avanzó en lo simbólico, de repente falta
trabajar lo plurinacional en la Policía y las Fuerzas Armadas en las carreras
profesionales de sus integrantes”, afirma aludiendo a la parte tanto educativa
como doctrinaria.
Como conclusión es pertinente destacar la apreciación de Tellería, quien
asegura que la suma de “disfuncionalidades” en las instituciones crean momentos
de “crisis”.
Ni las FFAA ni la Policía “han podido cambiar sus instituciones en el
periodo democrático y mucho menos con la nueva Constitución, ni en el proceso
de la Asamblea Constituyente”. La actual “crisis” es “una acumulación de las
disfuncionalidades que provocan el defase de lo que se dice en el discurso y lo
que en verdad se está trabajando en la institución”. No obstante, ésta es una
“gran oportunidad para hacer la reforma” y un diagnóstico serio; pero también
es un momento propicio para que “se vea desde la sociedad cómo es la
institución militar, que muchas veces es muy cerrada y no se contacta con la
sociedad”.
Entonces, lo que queda de cierto es la necesidad de reforma de las FFAA, lo
que es confirmado tanto por Romero como por el ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, quien en la emisora de radio Patria Nueva el domingo admitió
que hubo retraso en la actualización, si bien cuestionó la forma en que los
suboficiales y sargentos están pidiendo la reforma.
‘No se han adecuado a la democracia’: Loreta Tellería, experta en temas de
seguridad
Mientras no se hable de una reforma integral de la institución y solo se
haga reformas parciales, siempre habrá una falta de correlación entre lo que
dicta la democratización de las instituciones y las Fuerzas Armadas con que
contamos en la actualidad. Pues la institución no solo que no se adecuó a la
nueva Constitución, sino tampoco a la era democrática.
‘Sus códigos internos son atentatorios’: Alan Vargas, abogado
constitucionalista
Una cosa es la LOFA y otra sus códigos judiciales. La LOFA requiere algunos
ajustes de forma menores, lo que sí le falta es establecer un régimen de
derechos y garantías para los militares. Tampoco hace referencia a los temas de
discriminación y racismo. En cuanto a los códigos internos, éstos deben ser readecuados
pues son atentatorios a los derechos constitucionales.
‘Principios y valores deben ser ajustados’: William Bascopé, abogado
constitucionalista
Los principios y valores de las Fuerzas Armadas deberían ser sujetos a un
ajuste a la nueva Constitución, sobre todo en los temas de justicia social, en
el Vivir Bien y en el principio de igualdad y dignidad de las personas. Esos
aspectos precisamente apuntan al tema de la descolonización. En el tema
normativo, lo que se tiene que ajustar son sus códigos internos.
‘Como en cualquier entidad, hay pendientes’: Carlos Romero, ministro de
Gobierno
Como en toda institución, en las Fuerzas Armadas quedan pendientes
transformaciones que se tienen que dar permanentemente. El concepto de lo
“plurinacional” es transversal y debe atravesar a todas las instituciones. Si
bien se avanzó en lo simbólico, de repente falta trabajar lo plurinacional en
las carreras profesionales de los integrantes de la Policía y las Fuerzas
Armadas.
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Momentos de tensión en las Fuerzas Armadas
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En la
historia de las Fuerzas Armadas (FFAA), desde su creación el 7 de agosto de
1825, se puede identificar siete momentos de mayor tensión institucional: el
inestable siglo XIX, la Guerra Federal (1898-99), la etapa posterior a la
Guerra del Chaco (1932-1935), la revolución de 1952, la tensión estatal entre
1969 y 1970, el fin de las dictaduras (1982); y el reciente conflicto
institucional de suboficiales y sargentos (2014); esto último por una sencilla
razón: nunca se había dado una huelga ni numerosas marchas de protesta
protagonizadas por los propios militares.
A continuación
se hace un breve repaso de la vida de las FFAA sobre la base del libro Orígenes
del poder militar. Bolivia 1879-1935 del historiador inglés James Dunkerley. En
el siglo XIX, los militares se disputaron el poder incontables veces: de 1826 a
1903, Nicanor Aranzaes cuenta 185 “revoluciones”, según cita el inglés; es
decir, a razón de más de dos revueltas por año.
De
este primer periodo republicano, Aranzaes describe: “(...) La insubordinación se hacía contagiosa”, tan es así que
parecía que esa actitud “formaba parte de su estructura. (...) Los oficiales
que han alcanzado el rango de coronel, no solo se plantean la posibilidad de
convertirse en presidente o dictador, sino que piensan tener derecho a tales
cargos”.
Siguiendo
este razonamiento, se puede decir que la institución en formación de las FFAA
en el siglo XIX es un caos. Los gobiernos militares lucran de la nación sin
disimulo de distintos modos: “A nada se han dedicado sino (...) a latrocinios
de la hacienda pública, extorsiones al tributo indigenal (...) sin ningún
objetivo nacional”, escribió en 1843 Frederick Masterton, encargado de Negocios
británico, de acuerdo con Dunkerley.
Todo
este lapso puede considerarse como una continuidad de momentos críticos de la
institución en que unos militares confabulan y conspiran contra otros. El
segundo momento, según el periodista Carlos Soria Galvarro, fue durante la
Guerra Federal.
Entre
1898 y 1899 en que se vivió el conflicto que enfrentó a Sucre y La Paz, las
Fuerzas Armadas oficiales respondían al mando de los unitaristas de la capital
de Chuquisaca, mientras que el ejército formado por los liberales paceños
sería, desde este enfoque, irregular. “José Manuel Pando y otros militares
improvisan un ejército y se alían con los aymaras comandados por Zárate
Willka”, destaca. Como se sabe, los unitaristas fueron aniquilados y el
ejército irregular devino en el oficial.
El
tercer momento es el posterior a la Guerra del Chaco (que empezó en 1932 hasta
la firma de la paz en 1935), tras la derrota boliviana. La posguerra del Chaco,
con los militares David Toro, Germán Busch, Enrique Peñaranda y Gualberto
Villarroel, fue de conflicto interno en las FFAA, pues se echaban la culpa unos
a otros por el fracaso de la campaña en el Chaco Boreal.
Toro
golpea al civil republicano Daniel Salamanca, en 1936; luego es derrocado por
Busch en 1937; tras el suicidio de éste (1939), una junta militar llama a
Enrique Peñaranda como presidente para detener las reformas iniciadas por
Busch; en 1943 un grupo de militares que propugnaba una reforma institucional
de las FFAA, encabezado por Gualberto Villarroel, derrocó a Peñaranda, quien
representaba a la facción más conservadora del ejército, por lo que tenía una
alta aprobación de Washington.
Como
se ve, el reformismo en las FFAA se ensayaba con fusiles y no con marchas ni
huelgas, como es el inédito caso actual de los suboficiales y sargentos.
Siguiendo
cronológicamente, es claro que el momento de mayor crisis que hayan vivido las
FFAA fue en 1952, durante la revolución nacionalista. Éste es el cuarto
momento. Según René Zavaleta Mercado, en su texto Consideraciones generales
sobre la historia de Bolivia, 1932-1971, la disolución de las FFAA se da antes
de que se dicte oficialmente su abolición: “El ejército había sido disuelto por
la insurrección misma y el general Torres Ortiz, su comandante, tuvo que
rendirse formalmente en Laja, a unos 20 kilómetros de La Paz”. Ya en abril de
1952 se oficializa su disolución y se crean milicias de mineros, campesinos y
fabriles. Varios oficiales y cadetes militares fueron encarcelados.
Sin
embargo, el sueño no duró mucho, pues la crisis económica que vivía el país
despertó a los emenerristas. Washington ofreció “ayuda” económica a Paz
Estenssoro, quien aceptó. Por supuesto, la ayuda no era gratuita, pues
involucraba que el gobierno debía seguir lineamientos de la Casa Blanca. Una de
las condiciones que Estados Unidos impuso a cambio de otorgar ayuda económica
al gobierno de entonces, fue la reapertura del Colegio Militar y la
reorganización del Ejército. Paz lo hizo así en 1954. De este modo, las FFAA
salieron de su peor crisis hasta hoy. Paradojas de la historia: el 25 de
abril, el presidente Evo Morales celebró esta reapertura en el Colegio Militar
de Irpavi y señaló que las FFAA ahora son “anticoloniales”.
El
quinto momento de tensión institucional —que Soria Galvarro califica de
“bastante serio”— se da con Alfredo Ovando y Juan José Torres enfrentados con
René Miranda. “Hay una separación notoria de tendencias ideológicas”. En
efecto, Miranda representaba al sector más conservador de las FFAA, lo que no
coincidía con el progresismo encabezado por Ovando (que nacionalizó la Gulf
Oil) y JJ Torres.
En
estas pugnas se llega hasta la confrontación. “El punto crítico es el golpe de
René Miranda a Ovando; la renuncia del primero y la posterior acción de Torres,
apoyado por la Fuerza Aérea y los suboficiales, para derrocar a Miranda, (lo
que) descolocó al resto de las Fuerzas Armadas”. Este episodio “se cierra” con
el golpe de Banzer, concluye.
El
sexto momento de tensión interna se da con el fin de las dictaduras militares
en 1982, con Luis García Meza, lo que a su vez concluye con el retorno a la
democracia. “Los propios militares intentan derrocarlo. Las FFAA tenían una
brasa caliente en las manos y no sabían qué hacer”, señala Soria Galvarro.
Además de que a este desgaste de la política de seguridad del Estado, que venía
desde 1964, se sumó que el gobierno de García Meza estaba íntimamente
involucrado en el narcotráfico y la corrupción.
Ya
hoy en día, se puede decir que el séptimo momento de tensión institucional es
el actual, y no parece comenzar precisamente con la huelga de suboficiales y
sargentos pidiendo una reformada Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA),
sino que se viene planteando desde la reestructuración del Estado a raíz del
proceso constituyente desde 2009.
En
ese momento se quiso reestructurar a las FFAA, como dice el ministro de
Gobierno Carlos Romero, pero las pugnas entre la Policía y los militares
impidieron que se mueva el texto en la nueva Constitución.
De
hecho, la parte en que la nueva Carta Magna se refiere a las Fuerzas Armadas y
la Policía es prácticamente la misma de la antigua Constitución. La única
diferencia que se encuentra es que la anterior CPE dice “República”, lo cual es
sustituido por el término de “Estado”. El resto es prácticamente un copy-paste.
El
momento de tensión está en relación a un desfase de una institución de rasgos
tradicionales que en el momento de la enunciación de su discurso dice de sí
misma ser “anticolonial, anticapitalista y antiimperialista”, según nota la
experta en temas de seguridad Loreta Tellería.
Que
sargentos y suboficiales entren en huelga y hagan marchas es del todo inédito.
El conflicto es un síntoma de que el contexto de casi 34 años de democracia y
el de la nueva constitucionalidad, está interpelando a las FFAA a reajustarse a
los tiempos. En este sentido, fue el mismo ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, quien reconoció en medios estatales de que no se realizó esa
tarea y señaló que las reformas pueden darse siempre y cuando los reformistas
sigan los canales regulares y no la “insubordinación”.
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Régimen Constitucional de las Fuerzas Armadas en Bolivia
Por: Alan E. Vargas Lima
De una revisión rápida a las Constituciones Bolivianas[1], se puede observar que el régimen
constitucional de las Fuerzas Armadas, desde la Constitución Bolivariana de
1826, casi siempre ha estado destinado a establecer la existencia de una
“fuerza armada permanente”, que estaba compuesta de un “ejército de línea y de
una escuadra”; y dicha disposición, se mantuvo vigente en la mayoría de las
reformas constitucionales del siglo pasado, con el aditamento de que el número
de efectivos, debía ser determinado por el entonces “Congreso Nacional”, de
acuerdo a lo “absolutamente necesario” (según rezaban los textos
constitucionales de 1839, 1861, 1871, 1878 y 1880).
No fue sino hasta la reforma constitucional de 1961, que se estableció con
claridad, que las Fuerzas Armadas de la Nación, están compuestas por: “el
Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Fluvial y Lacustre”, cuyos efectivos
debían determinarse en cada legislatura, aunque posteriormente, en 1967 la misma
Constitución ya hacía referencia a una “Fuerza Naval”.
Asimismo, se debe destacar que la reforma constitucional de 1961 fue la que
–superando la concepción de que el Ejército únicamente debía estar encargado
del orden interno y la seguridad externa en tiempo de guerra– estableció con
bastante acierto cuál era la misión de las Fuerzas Armadas: “Art. 201.- Las
Fuerzas Armadas de la Nación están encargadas fundamentalmente de la defensa
del territorio nacional de la agresión exterior, así como la defensa del orden
legalmente constituido. Cooperarán en el incremento de la producción nacional
conforme a planes económicos, en tareas de colonización y en obras de carácter
nacional requeridas para el desarrollo y diversificación de la economía y en
todas aquellas que determine el Gobierno”.
Posteriormente, en la reforma constitucional de 1967, se estableció con
mayor precisión, que la misión de las Fuerzas Armadas comprende esencialmente
cuatro aspectos:
a) defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y
estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales;
b) asegurar el imperio de la Constitución Política[2];
c) garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y;
d) cooperar en el desarrollo integral del país.
Estas cuatro dimensiones de la misión que deben cumplir las Fuerzas Armadas
–de las cuales, la primera se ejerce en tiempo de guerra, y las siguientes tres
en tiempo de paz–, no fueron objeto de modificación alguna en las posteriores
reformas constitucionales de 1994, 2004 y 2005, habiéndose mantenido intacto el
texto constitucional en ese sentido.
Lo lamentable es, que tampoco se analizó la necesidad de reformular esta
configuración durante la Asamblea Constituyente, que ciertamente no introdujo
modificaciones sustanciales a este régimen, salvo por algunas correcciones de
forma o estilo que concuerden con las instituciones del nuevo Estado
Plurinacional, sin haber reparado en la necesidad de adecuar el régimen de las
fuerzas armadas, a los principios y valores, así como los fines y funciones
esenciales del Estado, que prevé el texto de la Constitución aprobada el año
2009.
Entonces, la gran omisión del constituyente, fue precisamente no haber
insertado específicamente en el Régimen de las Fuerzas Armadas, una disposición
que asegure que sus miembros, en servicio activo y/o pasivo, gozan de los
mismos derechos (a la vida, a la educación, a la privacidad, etc.) y garantías de
cualquier persona, en el marco de la subordinación y constancia que rige sus
actividades dentro de la institución militar, y que asimismo, en resguardo de
la dignidad de la persona humana, no pueden ser objeto de violencia o
discriminación de ningún tipo, en cuyo caso, los responsables deben ser
sancionados con el máximo rigor de las sanciones establecidas por Ley.
De esta forma, y ampliando los alcances de lo dispuesto en el artículo 245
constitucional (que únicamente se limita a señalar que: “…individualmente,
sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones
establecidas por la ley”),
se aseguraría un régimen de derechos y garantías mínimas para todos(as) los
miembros de la institución militar, evitando así muchas actitudes que
precisamente quebrantan los principios de subordinación y constancia que deben observar
en el ejercicio de sus funciones; vale decir, que a la luz de los últimos
acontecimientos, dichos principios han quedado desvirtuados ante la
preeminencia de los derechos inherentes a la dignidad humana, en cuya defensa
se han movilizado muchos miembros de la institución militar, y que lógicamente ha
derivado en destituciones arbitrarias de aquellos oficiales considerados
“insubordinados” (aunque al presente, gran parte de las destituciones, han sido
dejadas sin efecto).
En definitiva, es urgente analizar los perjuicios que ocasionan aquellas
tareas inconclusas del constituyente, al no haber abordado una temática de
tanta trascendencia, dado que es evidente que la configuración constitucional
de las Fuerzas Armadas, no concuerda con los Principios y Valores que propugna
el Estado Plurinacional en su Ley Fundamental, lo que es alarmante, más aún
cuando los propios miembros de la institución militar, no hallan resguardo
suficiente a sus derechos como personas, por la subordinación con que deben
actuar frente a sus superiores, y que muchas veces les cuesta la renuncia a sus
más elementales derechos, a fin de no pecar de “insubordinados”, y no acabar
siendo “destituidos por desacato”.
Ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de tratos crueles,
inhumanos o degradantes, y menos en una institución militar, no siendo posible
justificar los abusos y arbitrariedades, con los deberes de obediencia,
subordinación, constancia, que ciertamente derivan de la jerarquía militar, pero
que no autorizan a ejercer actos de violencia o discriminación contra los
subordinados o dependientes.
El respeto de los derechos y garantías constitucionales, constituye un
parámetro de validez de todas las actividades de las autoridades públicas,
incluyendo a quienes se encuentran en situación de mando en el ámbito militar.
[1]
Marcelo GALINDO DE UGARTE. Constituciones
Bolivianas Comparadas 1826-1967. La Paz, Cochabamba, Bolivia: Editorial Los
Amigos del Libro, 1991.
[2]
Este aspecto, comprendido entre las misiones esenciales de las FF.AA., se mantuvo
vigente después de la reforma constitucional de 1994, cuyo análisis motivó el
siguiente comentario crítico: “Cuando se
dice que las Fuerzas Armadas deben asegurar el imperio de la Constitución
Política del Estado, no obstante la buena intención de los legisladores, se
entra en un peligroso campo de conflictos, puesto que las reformas de 1994 han
creado el Tribunal Constitucional que, de hecho, es una institución encargada
de preservar la obediencia de la Constitución. Este Tribunal debe ser quien
asegure el imperio de la Constitución, de lo contrario, tal como está redactado
el texto constitucional, ha servido muchas veces de justificación para que las
Fuerzas Armadas intervengan en la toma de decisiones públicas supuestamente en
nombre de la Ley. No hay un golpe de Estado que no haya invocado este
principio.”. RIVERA S., José Antonio y otros. La Constitución Política del Estado: Comentario Crítico. La Paz,
Bolivia: Fundación Konrad Adenauer, 1998. Pág. 377.
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