A UN AÑO DE LA PROMULGACIÓN DE LA POLÉMICA NORMA
Alcances de la Ley contra el Racismo son escasos y su aplicación aún no convence
La Razón – 9 de octubre de 2011
En esta gestión se registraron 110 denuncias por actos racistas y de discriminación. De esa cifra, ocho fueron trasladadas al Ministerio Público, donde aún no se dictó una sentencia. La mayoría de las denuncias, un 18%, es por agresiones verbales discriminatorias y con contenido racista.
Hace un año, el presidente Evo Morales promulgaba la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación en medio de protestas de las organizaciones de la prensa, que pedían la eliminación de los artículos 16 y 23 de la norma, que, según su análisis, conculcaría la libertad de prensa y de expresión en Bolivia.
La Asamblea Legislativa aprobó el 7 de octubre la polémica ley. Un día después, Morales la promulgó en el Palacio de Gobierno ante asambleístas nacionales y dirigentes de movimientos sociales. “Se acabó el racismo y la discriminación”, sentenció el Mandatario tras estampar su firma en el documento en cuestión.
Jornadas tensas y de movilizaciones antecedieron al día de la promulgación. Una huelga de hambre y portadas en blanco en algunos periódicos fueron las medidas de protesta de las organizaciones de la prensa en contra de los artículos señalados.
El Artículo 16 establece sanción económica y suspensión de licencias de funcionamiento a medios que difundan contenidos racistas y discriminadores. Mientras que el 23 indica que cuando el hecho es cometido por un trabajador del medio, éste no podrá alegar inmunidad ni fuero.
“Como nunca la prensa se movilizó en todo el país bajo una misma causa. La razón estaba de nuestro lado, esperamos voluntad política del Gobierno para asumir los cambios que eran necesarios en la ley”, recuerda Pablo Zenteno, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa.
Para el diputado del pueblo afroboliviano Jorge Medina, del Movimiento Al Socialismo (MAS), la ley ayudó a eliminar, en gran medida, acciones racistas y discriminatorias entre bolivianos. “Ahora se respetan las etnias, la condición social y económica. La esencia es buscar la igualdad en la diversidad”, destaca el impulsor de la norma.
Ahora, a un año de su promulgación (el 8 de octubre del 2010), en esferas del Órgano Ejecutivo existen versiones contradictorias sobre la aplicación de la norma. Un sector se inclina a un balance negativo, con el argumento de que existe poco avance en cuanto a materia de la lucha contra el racismo y la discriminación. Otro —y se incluyen legisladores del MAS— aplaude el número de denuncias interpuestas por parte de la ciudadanía.
En el primer grupo se encuentra el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien admite que “se avanzó poco” desde la promulgación de la norma. “Nos falta mucho para aplicar la ley, por ejemplo, en los centros educativos vimos que hay mayor proliferación de actos racistas y discriminatorios”.
Además, critica la labor de socialización de los medios de comunicación, y apunta que es un 70% del sector el que no aplica la ley.
Para la socióloga María Teresa Zegada existe aún la carencia del ejercicio de debate para conocer los aspectos positivos que trajo la aplicación de la norma. Si bien admite que desde la promulgación de la ley existe más valentía del ciudadano para elevar denuncias, todavía —dice— existen actos racistas, sobre todo en centros educativos.
Según el titular de la Dirección General de Lucha contra el Racismo, Mario Machicado, hasta el 3 de octubre del 2011 el Viceministerio de Descolonización atendió 110 casos, concluyendo un promedio de 11 denuncias por mes. Esta cifra de casos es realmente alta con relación a pasadas gestiones, cuando, por ejemplo, el 2009 se reportó 13 denuncias y el 2010 sólo se registró 19.
En su mayoría, estas denuncias proceden del área rural, ya que de los 110 casos, el 80% ocurre en el campo, y sólo el 20% proviene del área rural.
“Si contrastamos el ámbito público y el privado, vemos que en general, de los 142 casos, el 54% sucede en el ámbito público y el 46%, en los ámbitos privados, lo que es una llamada de atención a la administración pública”, revela Machicado.
Si disgregamos los datos, la ciudadanía presenta sus denuncias por los siguientes motivos: un 18% por agresión verbal discriminatoria (insultos, abusos, etc.), un 11% por actos discriminatorios por ser mujer, un 16% por discriminación cultural, un 14% por discriminación por pertenencia a pueblos indígenas campesinos, un 12% por discriminación por la vestimenta, un 12% por la condición social y un 14% por agresiones de raza, entre algunos motivos.
“La mayoría de las denuncias tienen que ver con la negación de servicios, maltrato laboral, agresiones entre vecinos o propietarios de casa hacia los inquilinos, ya sea por la procedencia étnica, color de piel o condición económica, fundamentalmente”, explica Machicado.
De las 142 denuncias se remitieron ocho casos al Ministerio Público. Ninguno de éstos tiene sentencia. Estas denuncias fueron interpuestas por agresiones verbales discriminatorias y racistas.
Otro dato. Los actos de discriminación y racismo se dan en su mayor parte (un 20%) en el ámbito educativo, más que todo en unidades educativas. Otro 10% ocurre en filas de las Policía boliviana; un 9% sucede curre en los ministerios del Estado.
En el ámbito privado, los hechos denunciados corresponden a las relaciones entre particulares, que es un 17% de los casos presentados. Un 14% se da en instituciones civiles y un 7% ocurre en los pueblos indígena originario campesinos.
Otro elemento importante que destacar es la proporción de género en las denuncias. En su mayoría, en un 61%, son los hombres los que elevan los casos. “El 2011, de las 110 denuncias, 43 fueron presentadas por mujeres, lo que representa el 39%”, explica Machicado.
Como toda norma, la ciudadanía nacional aún se esfuerza por conocer a fondo su contenido; la estudia y trata de aplicarla.
Respecto al trabajo de los medios, todavía no existen denuncias contra el sector periodístico por acusaciones racistas y discriminatorias. ¿La libertad de expresión se vio afectada con la norma? Hasta el momento, no, pero a un año de la promulgación, falta un análisis y debate de la temática central. Existe el desafío de contribuir al diálogo sobre esta problemática social.
No existen denuncias contra los medios de comunicación
Si se revisa los informes de denuncias presentadas por actos discriminatorios y racistas, no existe una sola querella contra los medios de comunicación. La explicación del por qué es ambigua.
Dentro el análisis del presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, justifica que los medios de comunicación no incurren directamente en actos racistas o discriminatorios. “No puede haber denuncias porque no existirá un acto racista directo de un medio. La prensa informa y expresa lo que la población piensa”, destaca.
Para Erick Torrico, investigador de la Fundación Unir, la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación carece de precisiones sobre las funciones de los medios y la aplicación de la norma. Además, explica que se necesita incorporar mejoras en los procesos de socialización de la norma en los centros de educación y en instituciones públicas, como las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana. “Se tienen que ir adaptando a una nueva mentalidad, que reconozca al otro como diferente, pero igual al mismo tiempo”, afirma Torrico.
Sin embargo, para el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, la promulgación de la norma evitó que “algunos” medios cometan actos racistas y discriminatorios. “Ya no se escucha insultos subidos de tono o acusaciones llenas de discriminación”, considera.
El titular de la Dirección General de Lucha contra el Racismo, Marco Machicado, dice que falta un compromiso en el desarrollo de la temática. Los medios que han cumplido con la difusión de la temática lo hicieron “por cumplir y no por compromiso”.
“El falso discurso de la conculcación de la libertad de expresión se ha entremezclado con el capricho y la falta de empoderamiento de esta temática en todos los ámbitos de lo que hace a los medios”, critica Machicado.
Iván Paredes Tamayo
1 comentario:
El análisis no me parece nada objetivo, ya que es necesario no sólo analizar la Ley.. que de por sí no cambia la realidad... sin embargo, el análisis realizado, debería ser en relación al Decreto Reglamentario Nº 0762 de la ley mencionada, ya que es este el encargado de operativizar lo establecido en la norma abstracta. el próximo 05 de Enero cumplimos un año de la promulgación del mencionado decreto supremo, y es ahí donde se debe realizar el análisis... ya que dicha norma hizo posible la incorporación de conductas racistas o discriminatorias como faltas dentro las instituciones públicas y privadas... y es el que hace que dentro programas de televisión, radio y prensa escrita existan propagandas, o bien del contenido de la ley... o bien de mensajes contra el racismo y toda forma de discriminación.
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