ELECCIONES JUDICIALES 2011
Voto indígena y voto género, los más contundentes
La Razón – 23 de octubre de 2011
De los comicios del domingo 16 de octubre, más allá de la controversia y el debate polémico que generó, la periodista rescata los resultados que permitieron la elección de mujeres e indígenas, como respuesta a un sistema de administración de justicia, en su criterio, patriarcal y colonial. El desafío que propone es cómo se puede incidir con eso en la estructura judicial.
Todas las voces se han hecho escuchar —a través del voto— en las recientes elecciones judiciales. La pluralidad expresada en los votos blancos, nulos, indígenas y de género está mostrando en los resultados de los comicios la voluntad popular de cambiar uno de los ámbitos de mayor peso colonial y patriarcal del Estado, cual es la justicia boliviana.
Siendo así, la votación del domingo 16 se registrará en la historia no sólo como un acontecimiento “inédito para la humanidad en materia de avance de los derechos humanos”, como señaló Denis Raccicot representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, sino también como un acto en el que el voto indígena y el voto género fueron los más contundentes.
¿Cuál es la profundidad de esta elección? Para quienes peregrinaron por un juzgado cualquiera en el país, palparon en carne propia el racismo, la discriminación, la extorsión, la retardación, la impunidad y cuanta práctica antiética e inmoral ha sido posible aplicar en esos estrados, desde la fundación de Bolivia.
El derecho colonial y patriarcal. Una larga tradición marca el itinerario de la justicia boliviana constituida estructuralmente por patrones occidentales en los que se ha instalado la matriz colonial para administrar justicia al mando y designio de las élites, y a favor de éstas, para desplazar a las mayorías como benefactoras de ese servicio estatal.
La cantidad de casos sin sentencia, acumulados, la burocracia, la corrupción y la revictimización ensayada por funcionarios/as judiciales no es tan sólo el pan de cada día en los juzgados; son, ante todo, la manifestación explícita de una justicia a la que le antecede un tipo de formación en la doctrina del derecho romano.
Ese “disciplinamiento” por el que atraviesan estudiantes de Derecho —próximos a ser abogados, jueces/as, magistrados/as— revela un recorrido académico y social que deriva en actos denigrantes como el que vivió Amalia Laura Villca en la Facultad de Derecho de la estatal Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, cuando sus propios compañero/as alteraron una fotografía para cambiar sus trenzas y su pollera indígena por la típica toga y el birrete. A eso se suman las constantes agresiones verbales que soportó la estudiante, tales como que su lugar era “en la cocina, de empleada (…)” y otros apelativos peyorativos, en franca vulneración de los derechos humanos y la dignidad de su persona.
Con esos vicios incorporados, la justicia además fue objeto de los partidos políticos y de ciertas familias que se repartieron los cargos judiciales para preservar sus privilegios y apoderarse de los recursos estatales y privados, de manera tal que las autoridades elegidas a dedo en lo que fue el Congreso Nacional sirvieron para la antipatria, y así legitimar un sistema generador de magna injusticia y, por tanto, de cercenamiento y estancamiento de los derechos humanos prácticamente en todas las materias civiles y penales.
Mujeres e indígenas. “La justicia es para el que tiene plata”. Así responde la gente común cuando se le pregunta cómo anda su proceso judicial. Cierto, las principales víctimas suelen ser las mujeres y las/los indígenas, si es que no se trata de la doble o triple discriminación como en la condición de ser mujer, indígena y pobre.
Manuel Scorza, en una novela escrita acerca de la realidad andina el siglo pasado, cuenta la historia de un hombre aymara detenido sin pruebas, quien pudriéndose en la cárcel durante años se enteró de que había sido declarado muerto e inocente por un juzgado, pero nunca fue anoticiado. Tratando de entender la lógica de ese proceder se conformó en pensar, en su idioma materno, que quisieron decir “muerto en vida por estar preso. Eso debe ser”.
Así es como sucede en los tribunales judiciales, una de las herencias mayores del colonialismo y la colonialidad que ha reproducido en mentes y prácticas la exclusión social. Por ello, en la actualidad, se puede comprender el comportamiento electoral guiado no por una consigna partidaria, sino por la consigna “de los sombreritos” y de las mujeres en la papeleta, que reafirma la identidad indígena y la identidad de género, o ambas en el caso de la candidata al Consejo de la Magistratura Cristina Mamani Aguilar.
Los perfiles que repuntan en los resultados en boca de urna son desde ya una señal de que la justicia dejará de estar en manos exclusivas de los “doctorcitos wayra levas”, aquellos de los que nos hablaba Augusto Céspedes y que nos muestran las danzas que ironizan las figuras coloniales y postcoloniales que concentraron riqueza y posición de clase.
La participación de las mujeres indígenas y no indígenas en las elecciones judiciales muestra, por otra parte, que la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos jerárquicos y públicos remite apenas sí a una referencia que no constituye la finalidad de lucha de los pueblos, pues, en la medida que la conciencia de la identidad individual se articula a la identidad colectiva, se empieza a desplegar la justicia como objetivo mayor, como horizonte de emancipación, ese horizonte que reviste el suma qamaña ideado por la colectividad pone a todas y todos en las mismas condiciones, sin necesidad de establecer porcentajes ni cuotas de partida ni de llegada.
Con el voto indígena y el voto género se fortalece el andar de la pluralidad. Este comienzo por cambiar la justicia ilumina uno de los caminos trascendentales para descolonizar y despatriarcalizar el Estado en una de sus formas más perversas de poder: la administración de justicia, cuyos desafíos son tan grandes como urgentes en lo que hace a su transformación interna, en el servicio que ofrece al pueblo y en la histórica coordinación con la justicia indígena originario campesina.
Claudia Espinoza I. es periodista
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