La CIDH exhorta a los Estados Miembros de la OEA
a abolir la pena de muerte
10 de octubre de 2014
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Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)
Tel. (1) 202 370 9000
cidhdenuncias@oas.org
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En ocasión del Día Internacional contra la Pena
de Muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tienen
la pena de muerte a abolirla o a imponer una moratoria a su aplicación como
paso hacia la abolición. Asimismo, exhorta a garantizar el pleno cumplimiento
de las decisiones de la CIDH en casos relativos a pena de muerte.
Los países de las Américas tienen una larga
tradición abolicionista. Venezuela fue el primer país del mundo en abolir la
pena de muerte para todos los delitos en 1863, seguido por Costa Rica en tercer
lugar en 1877. El sistema interamericano de derechos humanos ha desempeñado un
importante rol en el establecimiento de normas internacionales relativas a la
aplicación de la pena de muerte. La CIDH fue el primer órgano internacional de
derechos humanos en evaluar las consecuencias de la aplicación obligatoria de
la pena de muerte en el goce de los derechos humanos, concluyendo que la misma
es incompatible con los derechos a la vida, al trato humano y al debido
proceso. La Comisión se basó en estándares desarrollados por tribunales
nacionales y en principios fundamentales de derechos humanos. Las decisiones de
la CIDH y de la Corte Interamericana se han convertido en una guía decisiva en
las reformas legales. Tras las decisiones del sistema, la mayoría de los países
del Caribe anglófono abolió la pena de muerte obligatoria. Existe una necesidad
urgente de que Trinidad y Tobago y Barbados, los dos únicos países de la región
que mantienen la pena de muerte obligatoria, la abolan.
Aunque la mayoría de los Estados Miembros de la
OEA han abolido la pena capital, una minoría importante la mantiene. Estados
Unidos es actualmente el único país de las Américas donde se llevan a cabo
ejecuciones a la pena de muerte. No obstante, la CIDH observa que la aplicación
de la pena capital en Estados Unidos ha disminuido gradualmente. En 2013 se
llevaron a cabo 39 ejecuciones, en comparación con 43 en 2012, y el número de
ejecuciones se ha reducido a la mitad en los últimos diez años. Asimismo, en
2013 el apoyo público a la pena capital en Estados Unidos habría alcanzado su
nivel más bajo. La Comisión destaca que, tras la abolición de la pena de muerte
en Michigan en 1847, diecisiete estados y el Distrito de Columbia han seguido
en dicha dirección. Maryland fue el decimoctavo estado en abolir la pena
capital en 2013. Otros, como Colorado, Delaware, Oregón y Nueva Hampshire,
están dando pasos hacia la abolición. Por otra parte, la inclusión de actos de
terrorismo en la lista de delitos pasibles de la pena de muerte en el estado de
Misisipi en 2013 constituye un retroceso en la desaparición gradual de la pena
de muerte en el país.
Como parte de su mandato de dar seguimiento a la
situación de los derechos humanos en Estados Unidos y por medio de su sistema
de casos individuales, la CIDH ha recibido preocupante información sobre
numerosos defectos en la aplicación de la pena de muerte. Algunos de los
problemas más recurrentes son la discriminación racial, la violación del
derecho a la notificación y la asistencia consular, la aplicación de la pena de
muerte a personas con discapacidades mentales e intelectuales, las condiciones
de detención en el corredor de la muerte, defectos en los métodos de inyección
letal y la defensa letrada ineficaz. Con respecto a este último punto, la jueza
Ruth Bader Ginsburg de la Corte Suprema de Estados Unidos expresó: “Todavía no
he visto ningún caso de pena de muerte entre las decenas que llegan a la Corte
Suprema solicitando la suspensión de la condena en la víspera de la ejecución,
en el cual el acusado haya estado bien representado en el juicio”.
El 2 de mayo de 2014, el Presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, planteó importantes cuestionamientos sobre la aplicación
de la pena de muerte: “Hay grandes problemas con la aplicación de la pena de
muerte en este país: sesgo racial, aplicación desigual, casos de personas que
estaban en el corredor de la muerte y que posteriormente se determinó que eran
inocentes al encontrarse pruebas exculpatorias”. La CIDH observa que 145
condenados a muerte han sido exonerados en Estados Unidos. La última
exoneración tuvo lugar en septiembre de 2014 en Carolina del Norte, cuando
Henry Lee McCollum, un afroestadounidense con discapacidad intelectual, fue
puesto en libertad después de pasar 31 años, esto es, toda su vida adulta, en
el corredor de la muerte por un delito que no cometió. Como indicó el
gobernador de Connecticut, Dannel Malloy, al promulgar la ley mediante la cual
se abolió la pena de muerte en su estado, “abolir la pena de muerte [es] la
única forma de que no sea impuesta injustamente”.
La Comisión Interamericana reitera la
recomendación formulada en su informe titulado “La pena de muerte en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición”, publicado en
2012, de que los Estados impongan una moratoria de las ejecuciones como paso
hacia la gradual desaparición de esta pena. La CIDH celebra la abolición de la
pena de muerte en dieciocho estados y en el Distrito de Columbia y la moratoria
impuesta en algunos estados por el gobernador o los tribunales. La Comisión
espera que los demás estados sigan estos ejemplos de abolición o moratoria y
exhorta a los Estados Miembros de la OEA donde aún existe la pena de muerte a
abolirla y a garantizar el pleno cumplimiento de las decisiones de la CIDH
relativas a casos de pena de muerte. La CIDH celebra la presentación en la
Asamblea Nacional de Suriname de un proyecto de ley para abolir la pena de
muerte y espera que el mismo sea aprobado con prontitud. Esto representa una
oportunidad única para que los países del Caribe anglófono den un paso
importante hacia la abolición de la pena de muerte.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos
humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La
CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la
Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de
origen o residencia.
Comunicado
No. 115/14
Enlaces
Relacionados
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