LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: LUCES Y SOMBRAS A 16 AÑOS DE SU VIGENCIA
Hugo
Ramiro Sánchez Morales
La Constitución Política
del Estado (CPE) de Bolivia, promulgada en 2009, representa un hito histórico
en la evolución del constitucionalismo boliviano. Su contenido incorpora
principios fundamentales de inclusión social, pluralismo jurídico,
participación ciudadana y soberanía estatal sobre los recursos naturales. Desde
una perspectiva del derecho constitucional y política, esta Constitución redefine
el modelo de Estado y la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Sin
embargo, su aplicación ha generado debates sobre su efectividad y los desafíos
que enfrenta en la práctica.
1.
Reconocimiento del Estado Plurinacional
Uno de los avances más significativos
de la CPE es el reconocimiento de Bolivia como un Estado Plurinacional, lo que
implica la inclusión de 36 naciones y pueblos indígenas en el tejido estatal.
Este cambio refleja una transición desde un modelo homogéneo hacia uno que
valora la diversidad cultural, lingüística y jurídica del país. Así, el Artículo
1 señala: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías." El Artículo
2 reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas, lo que incluye la autonomía, el autogobierno y la gestión de sus
instituciones.
Desde el punto de vista
del derecho constitucional, este reconocimiento representa un avance
significativo en la construcción de un Estado inclusivo y respetuoso de las
identidades indígenas. Sin embargo, la implementación de este principio ha
enfrentado desafíos, como la falta de coordinación entre la justicia ordinaria
y la justicia indígena originaria campesina, lo que ha generado tensiones y
vacíos en la aplicación de la ley.
2.
Derechos Fundamentales y Justicia Social
La CPE expande el catálogo
de derechos fundamentales, incorporando derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales dentro del Bloque de Constitucionalidad. Se destaca la
prohibición de toda forma de discriminación. Se garantiza el acceso universal
al agua y a la alimentación como derechos humanos. También establece el derecho
a la salud universal y gratuita, así como el derecho a la educación gratuita y
de calidad (Arts. 14, 16, 18, 19 y 20 de la CPE).
No obstante, materialmente
persisten problemas en la garantía efectiva de estos derechos, especialmente en
las regiones rurales, donde la desigualdad sigue siendo un obstáculo para su
materialización. Desde el derecho constitucional, esto evidencia una brecha
entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectiva realización, lo
que plantea la necesidad de políticas públicas más robustas y mecanismos de
exigibilidad jurídica.
3.
Modelo Económico y Recursos Naturales
La CPE refuerza la
soberanía económica del Estado, estableciendo un modelo económico social
comunitario y productivo, donde el Estado desempeña un rol central en la
gestión de recursos estratégicos. Se declara que los recursos naturales
pertenecen al pueblo boliviano y deben ser administrados por el Estado. Prohíbe
la privatización de los recursos naturales y garantiza su explotación en
beneficio del desarrollo nacional (Arts. 306, 349 y 351 de la CPE).
A pesar de estas
disposiciones, la gestión estatal de los recursos ha sido objeto de críticas
por ineficiencia, corrupción, conflictos sociales y falta de transparencia en
la administración. Además, la crisis económica actual, marcada por la escasez
de dólares y combustible, ha puesto en evidencia los límites del modelo
económico del Movimiento al Socialismo (MAS), que ha dependido en gran medida
de los ingresos por exportación de recursos naturales sin generar una
diversificación productiva sostenible.
4.
Participación Ciudadana y Democracia Directa
Uno de los aspectos
innovadores de la CPE es la incorporación de mecanismos de participación
ciudadana, fortaleciendo la democracia directa. Así, se reconoce la democracia
representativa, participativa y comunitaria. También establece el derecho de la
ciudadanía a participar en la toma de decisiones políticas y regula la
revocatoria de mandato como mecanismo de control ciudadano (Arts. 11, 26 y
240).
En la práctica, la
implementación de estos mecanismos ha sido limitada, debido a barreras
burocráticas y la falta de voluntad política para promover una participación
efectiva. La mayor prueba de ello fue el referéndum de 2016, en el que el
pueblo boliviano rechazó la reelección presidencial, pero la decisión fue desestimada
por el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que generó un quiebre en la
institucionalidad democrática.
5.
Igualdad de Género
La CPE garantiza la
participación equitativa de las mujeres en la vida política y social,
consolidando la igualdad de género como principio constitucional. Así, se
prohíbe la discriminación por razones de género y se establece la paridad de
género en la participación política y en cargos públicos (Arts. 11, 15, 26 y
48).
A pesar de estos avances
normativos, la violencia política de género y la brecha en el acceso a
oportunidades siguen siendo desafíos pendientes.
6.
Protección del Medio Ambiente
La CPE incorpora la
protección de la Madre Tierra como un principio fundamental. Se establece el
derecho a un medio ambiente saludable y se reconocen los derechos de la Madre
Tierra (Arts. 33 y 342).
Sin embargo, la
explotación de recursos naturales y proyectos extractivos han generado
conflictos con comunidades locales y han puesto en entredicho el compromiso del
Estado con la sostenibilidad ambiental. La explotación ilegal de minerales,
sobre todo el oro, es una debilidad del Estado que está amparada por la
corrupción y las debilidades de los organismos estatales encargados de
fiscalizar este aspecto.
7.
Excesiva Concentración de Poder en el Ejecutivo
La Constitución otorga
amplias facultades al Presidente, lo que ha debilitado el equilibrio entre los
órganos del Estado y ha favorecido tendencias autoritarias. En lo referente al
tema autonómico, si bien se consideran las autonomías en el texto
constitucional, en los hechos persiste el centralismo, lo que representa una
asignatura pendiente.
Desde el derecho
constitucional, esta concentración de poder contradice el principio de
separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de un Estado constitucional
de derecho. La falta de controles efectivos sobre el Ejecutivo ha generado un
desequilibrio institucional que afecta la gobernabilidad democrática.
8.
Reforma del Sistema de Justicia
La CPE introduce reformas
en el sistema judicial, promoviendo la justicia plural e incorporando la
justicia indígena originaria campesina. Se establece la independencia de los
órganos judiciales y se reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina
(Arts. 17 y 190).
No obstante, en los hechos
hay una falta evidente de independencia del órgano judicial y del Tribunal
Constitucional Plurinacional. La percepción de politización en la justicia
continúa siendo objeto de críticas recurrentes. La autoprórroga de los
magistrados del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial ha profundizado
la crisis institucional, generando inseguridad jurídica y desconfianza en el
sistema de justicia. A esto se suman fallos muy controvertidos y violatorios de
la propia Constitución, como en el caso TIPNIS y el arbitrario reconocimiento
de la reelección indefinida como un derecho humano, entre otros.
Reflexión
Final
Desde una perspectiva
política, la CPE de 2009 representa un esfuerzo por democratizar el poder,
otorgar mayor participación a los sectores históricamente excluidos y
consolidar un modelo de desarrollo con justicia social. Sin embargo, su
aplicación ha enfrentado desafíos significativos, especialmente en la
implementación de autonomías, la coexistencia de sistemas jurídicos y la
gestión de los recursos naturales. A esta altura, se puede señalar que hay una
gran brecha entre lo que se declara en la Constitución y lo que efectivamente
se materializa, lo que convierte a este cuerpo normativo en más semántico que
efectivo.
A pesar de sus luces,
personalmente considero que las sombras de la Constitución revelan la necesidad
urgente de su reforma, particularmente en el sistema de justicia, el modelo
económico y los mecanismos de control ciudadano. La crisis de gobernabilidad,
la inseguridad jurídica para las inversiones y la recesión económica ponen en
cuestión la viabilidad del modelo actual y abren el debate sobre la necesidad
de ajustes profundos para garantizar un verdadero Estado Constitucional de
derecho y desarrollo sostenible para Bolivia.
