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| Fuente: Periódico Los Tiempos |
El retorno de las clases
virtuales en las Unidades Educativas
¿reabre el debate sobre el
derecho a la conectividad educativa?
Por: Gimena Paola Burgos
Maizares
Abogada especializada en
Derechos Humanos e investigación jurídica.
La escasez de combustible y la crisis económica que enfrenta
nuestro país en la actualidad han generado diversas consecuencias, entre las
que destacan el aumento de precios y la afectación a las cadenas de suministro.
Aunque este escenario no es distinto al de la gestión anterior, la situación
parece agudizarse, ya que el gobierno actual se ha visto obligado a implementar
diez medidas para mitigar la crisis. Entre estas, se encuentra la disposición
que aprueba el retorno de las clases virtuales. En respaldo a las decisiones
anunciadas por el presidente, el Ministro de Educación, Ómar Veliz, confirmó el
jueves 13 de marzo que ya se emitió el instructivo para adoptar este cambio de
modalidad.
En un contexto marcado por la inestabilidad no solo económica,
sino también política, resulta imperativo abrir espacios de análisis jurídico
para debatir el binomio clases virtuales y derecho a la conectividad educativa.
Este debate debe partir de la premisa de que el derecho a la conectividad
educativa, entendido como una dimensión intrínseca del derecho a la educación,
garantiza el acceso equitativo a las tecnologías digitales y a los recursos en
línea.
Sin embargo, surge la pregunta: ¿cuáles son las condiciones
básicas que debe cumplir el acceso digital para ser efectivo en el campo de la
educación?
En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en su informe titulado: “El estado de la
conectividad educativa en América Latina: Desafíos y oportunidades estratégicas”, establece cuatro dimensiones fundamentales para definir lo
que se considera una conectividad significativa con fines educativos:
1. Velocidad suficiente: La conexión debe tener un mínimo de 10
MBPS o ser equivalente a una red móvil 4G.
2. Regularidad y accesibilidad: La conectividad debe estar
disponible de manera regular y accesible para su uso diario.
3. Suficiencia de datos: Se requiere una conexión fija, ya sea
en la escuela, el hogar o el lugar de trabajo.
4. Dispositivos adecuados: Es indispensable contar con un
dispositivo inteligente y funcional, como mínimo, un smartphone asequible.
Estas condiciones no solo delinean los requisitos técnicos,
sino que también subrayan la necesidad de políticas públicas que aseguren su
cumplimiento, garantizando así el derecho a la educación.
A partir de lo referido se puede establecer que la
digitalización de las aulas, no se puede contemplar de forma aislada a la
diversidad humana, más aún en contextos como el de Bolivia que se caracterizan
por presentar diversidad demográfica que no solo se limita a la existencia de
una amplia variedad de grupos poblacionales con características distintas en
términos culturales, sino también sociales y económicos. Un ejemplo de ello es
la población que habita en los barrios de las áreas periurbanas de la ciudad de
Sucre, ya que un número significativo de estas personas enfrenta barreras que
van más allá de lo cultural, como la pobreza y la vulnerabilidad.
En este contexto, surge la pregunta de si el gobierno ha
analizado el escenario del derecho a la conectividad educativa o si simplemente
se ha limitado a interpretar la materialización del derecho a la educación a
partir del estándar global mínimo que exige la educación gratuita. En el caso
de Bolivia, la accesibilidad puede ser examinada a través del estudio titulado
“No hay señal para la educación”, el cual, en su contenido, señala que:
La infraestructura de conectividad de internet, aunque había
tenido algunos avances positivos hasta antes de la pandemia, es todavía
insuficiente. Más aún, los costos de conexión son inaccesibles para poblaciones
con menos ingresos, la calidad es baja y hay carencias en cuanto a
dispositivos. La falta de una política de inclusión digital constituye una de
las principales falencias estructurales del Estado boliviano (León et. al.,
2022).
El abordaje de un análisis comparativo de la realidad
boliviana y los estándares mínimos establecidos por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para calificar la necesidad de contar con un rango de
conectividad significativa en el área educativa. La ausencia de una
conectividad educativa que cumpla con los estándares de accesibilidad acarrea
diversas dificultades, generando un ambiente en el cual los estudiantes no
cuenten con acceso a internet, lo que conlleva a problemas para obtener
información digital, la no elaboración de actividades en línea desde el hogar
y, finalmente, la afectación del proceso de aprendizaje escolar (Gonzales,
2021).
La disparidad en el acceso a equipos de telecomunicaciones se
convierte en una barrera para el uso de la conectividad con fines educativos,
un escenario que, a mediano y largo plazo, no solo perpetúa la brecha digital,
sino también la brecha educativa y socioeconómica (Ávila, 2024). El escenario
pospandemia ha normalizado el uso de internet como una herramienta esencial
para el desarrollo de actividades académicas. Los profesores asumen
implícitamente que los estudiantes tienen acceso pleno y equitativo a la
conectividad. Sin embargo, los hallazgos reflejan una realidad contraria: la
mayoría de los niños solo acceden a internet de manera ocasional y limitada,
principalmente a través de datos móviles y dispositivos de baja calidad.
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