NICARAGUA ES RESPONSABLE INTERNACIONALMENTE POR LA FALTA DE DEBIDA
DILIGENCIA REFORZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE UNA MUERTE POTENCIALMENTE ILÍCITA
CON INDICIOS DE FEMINICIDIO
San José, Costa Rica, marzo 4 de 2025. En la sentencia del caso Carrión González y
otros Vs. Nicaragua, notificada el día de hoy, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos declaró al Estado de Nicaragua responsable internacionalmente
por la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la investigación
penal de la muerte potencialmente ilícita con indicios de feminicidio de la
señora Dina Alexandra Carrión González; la falta de debida diligencia en los
procesos relativos al contacto entre el hijo de Dina Alexandra Carrión González
y sus abuelos maternos; la falta de investigación de las amenazas recibidas por
una de las hermanas de Dina Alexandra, presuntamente relacionadas con su
impulso a la investigación de lo ocurrido; y por los impactos de la impunidad
en los familiares de la señora Carrión González.
El
resumen oficial y el texto íntegro de la sentencia pueden consultarse aquí.
Dina
Alexandra Carrión González estaba casada con JCSS con quien tenía una relación
marcada por la violencia. Para la fecha de los hechos, aunque la relación de la
pareja había finalizado y habían iniciado los trámites de divorcio, Dina
Alexandra continuaba compartiendo el domicilio familiar con JCSS. La noche del
3 de abril de 2010 Dina Alexandra Carrión González fue encontrada muerta en el
patio de su casa con un disparo en el pecho.
La
Corte observó que, tras la muerte potencialmente ilícita de Dina Alexandra
Carrión González, las autoridades iniciaron una investigación de oficio viciada
por irregularidades en la recolección y valoración de la prueba, en la
determinación de líneas de investigación y en la conducción del proceso
judicial con garantías de imparcialidad. A juicio de la Corte, esto no solo
implicó un incumplimiento del deber de debida diligencia reforzada en la investigación
de la muerte potencialmente ilícita de Dina Alexandra, sino que impidió que se
estableciera la verdad de lo ocurrido.
En
la sentencia, la Corte destacó que una investigación con perspectiva de género,
que satisfaga el estándar de debida diligencia reforzada y la garantía de no
discriminación e igualdad ante la ley, no debe basarse en estereotipos
negativos de género o juicios de valor sobre la vida privada de la víctima, y
mucho menos utilizarlos como criterio para definir o descartar las líneas de
investigación. Además, reiteró que el silencio, la omisión y la negligencia
judicial frente a la violencia contra las mujeres propicia un ambiente de
impunidad que se traduce en el mensaje de que estos hechos son tolerados y, a
su vez, legitima un ciclo de violencia de gran repercusión a nivel social que
los Estados tienen la obligación de erradicar.
Por
otra parte, la Corte recordó que los procedimientos administrativos y
judiciales que involucran la protección de los derechos de la niñez, deben
tramitarse con diligencia y celeridad excepcional, para evitar que situaciones
de incertidumbre se prolonguen, y recordó que, en este tipo de procesos, el
paso del tiempo puede convertirse en un elemento definitorio de los vínculos
afectivos y de las relaciones familiares, así como en el fundamento principal
para no adoptar decisiones que impliquen cambios para la situación del niño o
la niña.
La
Corte ordenó como medidas de reparación integral: (i) investigar la muerte de
la señora Dina Alexandra Carrión González y las amenazas sufridas por su
hermana y, de ser el caso, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables;
(ii) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; (iii)
implementar un programa o curso obligatorio dirigido a operadores vinculados a
la administración de justicia en casos de muertes potencialmente ilícitas de
mujeres, que contemple estándares internacionales en materia de debida
diligencia reforzada con perspectiva de género; (iv) implementar un programa o
curso obligatorio dirigido a las personas encargadas de recibir las denuncias
por violencia de género, en el que se ofrezca capacitación sobre la ruta de
atención y denuncia de este tipo de delitos, con perspectiva de género; (v)
implementar un programa de sensibilización y capacitación con protocolos de
actuación para jueces en asuntos relativos a la situación de niños, niñas y
adolescentes afectados por la muerte potencialmente ilícita de su madre en
posibles casos de femicidio; (vi) crear un observatorio que incluya una base de
datos para la recopilación sistemática y periódica de información estadística
sobre violencia de género; (vii) reestablecer los mecanismos de denuncias sobre
violencia contra la mujer; (viii) crear centros de resguardo y atención
especializada que reciban y acojan a las víctimas de violencia de género que se
encuentren en necesidad de protección; (ix) adoptar y dar difusión a un
protocolo de atención e investigación de hechos constitutivos de violencia de
género; (x) realizar las adecuaciones normativas necesarias para garantizar la
investigación con perspectiva de género de muertes potencialmente ilícitas de
mujeres que puedan involucrar feminicidios; (xi) adoptar las medidas
legislativas necesarias para adaptar el tipo penal de feminicidio, de manera
que su configuración legal refleje la naturaleza de la conducta; (xii) adoptar
las medidas necesarias para eliminar o restringir los procedimientos de
mediación y conciliación en todos los delitos que involucren violencia contra
la mujer; (xiii) adoptar las medidas pertinentes para asegurar que los procesos
relacionados con la situación de niños, niñas y adolescentes afectados por el
posible feminicidio de su madre sean tramitados con diligencia y celeridad
excepcionales, y se les proporcionen medidas adecuadas de acuerdo al interés
superior del niño; (xiv) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por
concepto de medidas de rehabilitación, indemnizaciones compensatorias, costas y
gastos, y (xv) el reintegro por parte del Estado al Fondo de Asistencia Legal
de Víctimas de la Corte.
La
Jueza Nancy Hernández López, el Juez Humberto A. Sierra Porto y la Jueza
Patricia Pérez Goldberg dieron a conocer su voto conjunto parcialmente
disidente. El Juez Rodrigo Mudrovitsch dio a conocer su voto concurrente.
La
composición de la Corte para la emisión de la presente sentencia fue la
siguiente: Jueza Nancy Hernández López, Presidenta (Costa Rica); Juez Rodrigo
Mudrovitsch, Vicepresidente (Brasil); Juez Humberto A. Sierra Porto (Colombia);
Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Juez Ricardo C. Pérez Manrique
(Uruguay); Jueza Verónica Gómez (Argentina), y Jueza Patricia Pérez Goldberg
(Chile).
El
presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva
de la misma.
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte
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envíe un correo electrónico a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, a corteidh@corteidh.or.cr.
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