Dos exmandatarios, un excanciller, un diplomático y un diputado desestiman que un fallo favorable a Chile o a Perú, en la corte de La Haya, vaya a perjudicar a las aspiraciones marítimas de Bolivia
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont
00:04 / 16 de diciembre de 2012
Habiendo culminado el viernes la fase de los alegatos orales realizados tanto por los abogados de Perú como por los de Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda) y habiendo sido notoria la atención que prestaron autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a esta etapa del juicio, queda preguntarse en qué aspectos un posible fallo a favor de un país u otro puede acarrear algún perjuicio o beneficio para las aspiraciones marítimas bolivianas, o el eventual juicio que se plantea iniciar contra Chile en ese mismo tribunal y qué importancia práctica puede tener para el país el proceso legal entre esos países. Una primera conclusión es que ninguna de las posibilidades dañaría la reivindicación marítima del país.
“El fallo, sea a favor de Perú o de Chile, no nos afecta”, dice Carlos Mesa, expresidente de Bolivia (2003-2005) e historiador. Su razonamiento es que en una hipotética negociación futura que haga Bolivia con Chile (lo cual requiere la aprobación del Perú, pues se estaría hablando de una franja territorial que fue territorio peruano), “es obvio” que se tendría que establecer una prolongación de aguas marítimas del territorio siguiendo el criterio de las millas náuticas internacionales y nacionales, de tal modo que “la proyección de éstas sea en dirección perpendicular o en ángulo o en cualquier dirección que finalmente se determine con el fallo de la corte”.
El expresidente de la República y extitular de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez (2005-2006) cree que un fallo que beneficie al Perú o a Chile no afectará a Bolivia en la polémica marítima. Recuerda que el país no es parte de ese conflicto y resalta que “la demarcación que surja del litigio” podrá establecer las fronteras del “mar territorial” al que Bolivia pueda acceder en el futuro.
Chile y Perú concluyeron el viernes la fase de alegatos orales sobre el diferendo marítimo bilateral. Chile sostiene que los límites “fueron fijados hace 60 años mediante los tratados de 1952 y 1954, que Chile, Perú y Ecuador firmaron”, según palabras del presidente chileno Sebastián Piñera (esta aseveración se refiere a que la línea de separación sea el paralelo). Mientras que Perú desconoce que los tratados de 1952 y 1954 establezcan esa frontera, abogando por una solución “equitativa” a la controversia; además, se atribuye el derecho sobre el triángulo exterior marítimo que Chile considera como zona de alta mar (esta versión dice que la línea de separación sea equidistante entre ambos países, ver infografía e información detallada sobre el diferendo).
En 2011, Bolivia presentó un documento en el que se pedía a la CIJ que el fallo no perjudique la demanda marítima histórica. Adicionalmente, se conformó una comisión de alto nivel encabezada por el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa; el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde; el embajador de Bolivia en los Países Bajos, Roberto Calzadilla; el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, y el procurador general del Estado, Hugo Montero. Este grupo de autoridades permaneció hasta el final de los alegatos “con la finalidad de evaluar los fundamentos que ambas partes expusieron”, según dijo la anterior semana Arce, miembro de la delegación que estuvo en Holanda.
Al igual que Mesa y Rodríguez, el excanciller Javier Murillo de la Rocha considera que el fallo que salga de la CIJ es importante en la medida en que va a definir la delimitación marítima entre Chile y Perú. El matiz que se deduce en esta afirmación es que dice que una sentencia que beneficie al país que sea seguirá siendo positiva para Bolivia, pues así se sabrá “cuál será la orientación que va a proyectarse para una futura negociación que Bolivia enfrente”.
“Tiene que haber certidumbre en este aspecto, lo cual es importante para que en las discusiones futuras, que tengan la base de un territorio costero al norte de Arica (como franja para Bolivia), se sepa que hay una delimitación clara. Desde ese punto de vista es positivo, lo contrario es un obstáculo más”, dice Murillo, quien aclara que ésa sería la única importancia práctica de una definición de laudo internacional entre los países vecinos.
Para el diplomático y economista Andrés Guzmán, la cuestión no es diferente: el fallo afecta a Bolivia sólo en la medida en que así se podrá proyectar las perspectivas del país en una eventual negociación con Chile sobre la demanda marítima.
“El país tiene derechos expectaticios (un derecho latente que aún no se ha perfeccionado como tal) sobre el territorio que está en disputa, pues el corredor por el que se ha negociado que Bolivia saldría al mar desde Charaña (1975) e incluso antes, es precisamente el que se está dirimiendo en la corte de La Haya”, afirma.
“Si el límite sigue el paralelo, entonces el mar para el país saldría sobre éste; en cambio, si el fallo sale a favor del Perú, entonces las aguas internacionales bolivianas tendrían que ir hacia el sudoeste: lo que más convendría —aquí hay una discrepancia con las otras fuentes de este escrito— es que se mantenga como está, es decir (que prevalezca) la propuesta de Chile”, señala Guzmán.
Pero ve un inconveniente en caso de que el fallo favorezca a Perú, que es la opción que considera más probable, pues “las sentencias de la Corte, en temas de delimitación marítima, por lo general toman en cuenta criterios de equidad, o sea, el espacio en disputa se divide en partes iguales”. De ser así, Chile saldría perdiendo y, si bien su presidente ha dicho que su país va a acatar el laudo, Sebastián Piñera va a estar en sus últimos días de mandato, por lo que habrá que esperar a ver “qué dice el próximo presidente y esperar que no renuncien al Pacto de Bogotá (1948)”. En ese caso Bolivia quedaría mal parada, pues ese tratado obliga a quienes lo firmaron a reconocer la jurisdicción de la Corte y los habilita a acudir a ella por un tiempo más. Si Chile se sale, sería muy difícil hacer la demanda”.
Cuando un país se retira del acuerdo mencionado, las obligaciones que a él se deben tienen vigencia un año más, “lo que dejaría a Bolivia con poco tiempo”, repara Guzmán. Mesa cree que Bolivia debe seguir con su estrategia de largo plazo respecto del mar, decida o no el Gobierno ir a un tribunal internacional. La Corte —dice— “es seria y actúa basada en el derecho”, por lo que no cree que una sentencia en contra de Chile vaya a afectar su decisión en un posible juicio con Bolivia.
En cuanto a las menciones a las negociaciones de Charaña (1975) —en las que ese Estado estuvo dispuesto a ceder (con compensación territorial) un corredor a Bolivia— que hizo Chile en sus argumentos, rescata la posición expresada por el canciller chileno, Alfredo, quien dijo que su país “estaba dispuesto a negociar con Bolivia una salida al mar sin tocar el Tratado de 1904, lo que quiere decir que reconoce que hay un tema pendiente. Esto es interesante, pues es la misma lógica que tuvo el encuentro en Charaña. Hay que tomar en cuenta este giro, aunque con mucho cuidado porque Chile tiene esa tendencia cuando tiene problemas y ahora lo está porque presume que podría perder en La Haya”.
La negociaciones de Charaña fracasaron porque Bolivia no consideró justo que Chile exigiera una compensación no sólo del área terrestre, sino también de un territorio correspondiente a las millas náuticas que iban a cederse. “Esta condición era abusiva, pues querían también el mar, es decir 200 millas marítimas en tierra”, dice Guzmán. Murillo, por su parte, recupera la importancia de la última declaración que hicieron los presidentes Ollanta Humala, del Perú, y Piñera en el sentido de que van a acatar el fallo, cualquiera que sea.
Para concluir, Rodríguez opina que Bolivia debe valorar la reacción de ambos países frente al fallo a emitirse. Si bien los mandatarios de Perú y Chile han manifestado el propósito de “honrarlo”, los desafortunados criterios expresados por los exmandatarios chilenos frente al reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua–Colombia y el retiro de este último país del Pacto de Bogotá, “abren la preocupación sobre la genuina voluntad política de los países en consentir la competencia de la Corte para someterse a litigios de proporciones mayores” que pueden alterar situaciones políticas internas.
En Bolivia hay expectativa por cómo termine el caso Perú-Chile. El presidente Evo Morales adelantó hace unos días que la demanda del país contra Chile en La Haya está avanzadísima. Y La Razón supo de fuentes del Gobierno que es posible que ese caso se abra después de enero, dentro el plazo —tres meses— que la CIJ se dé para emitir su fallo sobre el diferendo de los países vecinos.
El 23 de marzo de 2011, el Presidente de Bolivia anunció un juicio internacional contra Chile, país al que acusa de haber usurpado territorio en una guerra injusta, en 1879. La decisión ha dejado en suspenso la discusión de la llamada agenda de 13 puntos, incluida la demanda marítima, que Morales y su otrora colega Michelle Bachelet habían instalado.
‘A Bolivia le es indiferente el resultado’: Héctor Arce, diputado miembro de comisión especial
A Bolivia le es indiferente el resultado de este proceso, ya que cualquiera fuera el mismo no se afectan los derechos de Bolivia, que más bien quedan probados. Es bueno hacer una referencia a la desesperación de algunas autoridades legislativas y ejecutivas chilenas por pretender hacer ver una supuesta imposibilidad de una demanda marítima boliviana.
‘No creo que afecte a las aspiraciones del país’: Carlos Mesa Gisbert, expresidente de Bolivia
No creo que si el fallo favorece a Perú o a Chile se afecten las aspiraciones de Bolivia porque, de igual modo, el país tiene que proyectar su aguas con base en cualquier posibilidad. Por otro lado, no es viable que en los próximos cuatro meses —que es cuando se sabrá la sentencia— Bolivia tenga tiempo para hacer mucho, por lo que no habría por qué tomar una iniciativa al respecto.
‘El país no es parte de ese diferendo’: Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia
Estimo que un fallo que indistintamente favorezca al Perú o a Chile, no afectará a Bolivia en lo sustancial de la controversia: el límite marítimo. El país no es parte de ese diferendo y la demarcación que surja del litigio podrá fijar las pautas para establecer los límites del mar territorial al que Bolivia —potencialmente— pudiese acceder posteriormente en la zona.
‘Lo importante es que se defina esa frontera’: Javier Murillo de la Rocha, excanciller de Bolivia
Lo importante es que se defina esa frontera marítima entre Chile y Perú, sea a través del paralelo o una línea equidistante. Lo fundamental es que haya claridad, sin que importe a quién favorezca. En todo caso, cualquier demanda ante un órgano jurisdiccional futuro tiene que estar precedida de previsiones para asegurar un resultado favorable de lo que se busca.
‘Posición boliviana tiene que ser neutral’: Andrés Guzmán es diplomático y economista
En mi opinión, la posición boliviana tiene que ser neutral. Finalmente, el fallo que pueda sentenciar la corte de La Haya no nos afecta directamente, sino que tiene algunas implicaciones sobre nuestros derechos expectaticios. Hay que esperar los resultados y a partir de eso decidir las próximas políticas que se vayan a adoptar sobre el tema marítimo.
‘Lo sucedido en La Haya no es algo irrelevante’
“Lo ocurrido la semana pasada en La Haya, sede de Corte Internacional de Justicia, dentro de la etapa oral del proceso Perú-Chile, no fue un hecho intrascendente para Bolivia. Todo lo contrario, las declaraciones oficiales de cuando menos un abogado de la república de Chile, fueron reveladoras para establecer el derecho de Bolivia a una salida libre y soberana sobre el Pacífico, con continuidad territorial, en la misma y exacta línea de la Resolución 486 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Chile, en sus alegatos orales y para tratar de demostrar que ya existe una delimitación marítima con el Perú, explicó que en 1975 “ofertó” a Bolivia un corredor territorial, mar territorial y una zona económica exclusiva sobre la denominada Línea de la Concordia, demarcación fronteriza entre Chile y Perú fruto del Tratado de 1929. Asimismo, los abogados de Chile expusieron documentos y mostraron mapas en las pantallas de la sala referidos a la ‘oferta’ chilena a Bolivia.
La pregunta es: ¿por qué es importante esta revelación? La respuesta es simple: Chile siempre ha sostenido, y con mucha más fuerza en los últimos meses, que no tiene problemas de límites pendientes con Bolivia; ha sostenido que Bolivia tendría una simple “aspiración” mas no un derecho a obtener una salida soberana al Pacífico. Es más, Chile, sistemáticamente, ha negado que existan pruebas de las muchas conversaciones que hicieron con Bolivia y, por supuesto, ha negado enfáticamente que haya ofertado a Bolivia una salida soberana al mar.
Por ello, lo afirmado por Chile en La Haya, ante 17 jueces de la corte de justicia más grande y encumbrada del mundo, tiene gran relevancia para nuestro país. Más que el resultado del fallo que se vaya a dictar en el caso concreto de la delimitación marítima entre Chile y Perú, lo que a nuestro país le interesa es este tipo de revelaciones y también las consideraciones que haga el alto tribunal a tiempo de emitir su fallo”. Héctor Arce, diputado y miembro de la comisión especial enviada a La Haya.
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