La Defensoría del Pueblo de Bolivia
Si la independencia y la imparcialidad son condiciones necesarias e indispensables de toda autoridad, cuánto más tendrán que ser en algunas instituciones que como la Defensoría del Pueblo tienen a su cargo la atención a la ciudadanía frente al poder público, la protección de las personas que acuden para ponerse a salvo del abuso, del mal trato o de la negación de sus derechos. Bajo principios semejantes es sorprendente que ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, el más político de todos los del Poder Ejecutivo, no sólo hubieran encontrado cobijo en la Defensoría, sino que el principal de ellos se hubiera convertido en su segunda autoridad y al poco tiempo nada menos que en Defensor Departamental de La Paz, habida cuenta que Carlos Núñez del Prado tuvo a su cargo prácticamente los servicios de inteligencia de dicha Cartera y, por consiguiente, había sido estrecho colaborador del ex Ministro de Gobierno, Alfredo Rada. En tales circunstancias, no se podía dudar de su absoluta identificación con el actual Gobierno, además de un historial político de extrema radicalidad que obligan a suponer que su actuación carecería en todo momento de la debida imparcialidad y objetividad, como también ocurriría con un extremista de derecha.
No tener conocimiento de tales antecedentes -como afirma el Defensor- no le salva de culpa e implica una gran imprudencia por lo delicado de las funciones encomendadas, aunque en concepto generalizado se trataría de una retribución por los votos que le otorgó el oficialismo en la Asamblea Plurinacional para su nombramiento. Pero no sólo contemplamos esto, sino que desde el cargo de Secretario General de la institución, Núñez del Prado se rodeó de una variedad de funcionarios que le eran afines, hecho que se denomina “cuoteo” o partidización, añadido a un visible nepotismo. Situaciones como esta evidencian que, por lo menos en lo que hace a las instituciones públicas, el decantado “cambio” brilla por su ausencia.
La supuesta participación de Núñez del Prado en el soborno a un individuo que de partícipe de un grupo terrorista abatido y desbaratado en Santa Cruz, pasó a delator y “testigo” de cargo, sumada a la militancia del primero en facciones terroristas como el ELN, según confesiones de sus más íntimos allegados, y su reciente desempeño en los servicios de Inteligencia que por tradición en el país no tienen otro carecer que la represión, vendrían a revelar que más allá del indianismo propalado, la actual Administración se nutre de elementos de la extrema izquierda foquista -como se la denominó- en niveles claves de su sostenibilidad política, desde donde ha quedado lamentablemente contaminada la Defensoría del Pueblo.
Por un principio de independencia inherente a la Defensoría, se hace inexplicable que el titular hubiera sostenido reuniones en diversas ocasiones con los Ministros, si, además, por ley, esta autoridad sólo debe informar anualmente a la Asamblea Legislativa. Entonces resulta extraño el motivo de dichas conferencias, sobre las que el Defensor niega que tuvieran carácter de presión. Ante tan demoledora situación, lo cierto es que esta instancia ha perdido independencia y confiabilidad ante la ciudadanía en sus distintos estratos sociales a pocos años de lo que fuera su esperanzadora creación.
FUENTE: EL DIARIO – La Paz, 25 de enero de 2011
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