CIDH y RELE: Bolivia debe respetar estándares interamericanos durante
protestas
2 de febrero de
2024
Washington, D.C. – En el marco de las
manifestaciones iniciadas el 22 de enero en Bolivia, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión (RELE) recuerdan al Estado su deber de respetar a los estándares
interamericanos sobre libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, así
como tomar medidas efectivas para generar diálogos y reducir la polarización
política en el país.
A causa de la decisión del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), que prorrogó sus mandatos y de otras autoridades
judiciales, distintos grupos de la sociedad organizaron demostraciones públicas
para exigir elecciones judiciales acordes a lo demandado por la constitución.
Es de resaltar que las elecciones judiciales tendrían que haber sido convocadas
por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en 2023, omisión que ha
generado una preocupante afectación a la independencia del poder judicial y descontento
social.
Las protestas, que se realizan en distintas
localidades de país, se enmarcan en un ambiente de alta polarización política
tras una reciente decisión del TCP que concluyó que la constitución boliviana
no permite la reelección presidencial indefinida.
Entre aquellas modalidades de protestas, se incluye
el cierre de carreteras en varias regiones del país, con especial concentración
en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. En este contexto, la
Policía Nacional ha dispersado algunos sitios de bloqueo con el uso de gases en
al menos una ocasión. En otros puntos se han registrado enfrentamientos entre
civiles y agentes policiales, que resultaron en al menos 32 agentes heridos. En
Potosí, el 27 de enero, tres policías fueron lesionados y al menos 9 personas
fueron detenidas. Por otra parte, se tiene el registro de la muerte de 2
personas, presuntamente como consecuencia de los bloqueos. Asimismo, se conoció
el anuncio del Estado sobre posibles investigaciones contra quienes lideran las
manifestaciones.
La CIDH registró el anuncio estatal de
garantizar rutas alternativas, vuelos solidarios y ambulancias con raciones
secas para personas varadas en los puntos de las manifestaciones. Por su parte,
el Defensor del Pueblo instó a las personas manifestantes para que se permita
el tránsito de las personas afectadas por los bloqueos.
La CIDH y su RELE recuerdan que la protesta social
es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades
democráticas y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión
pacífica y asociación. Las limitaciones a este derecho no pueden depender del
contenido, la modalidad de la reunión pacífica, o el parecer oficial sobre la
legitimidad de esta.
Toda limitación a este derecho debe acreditar
rigurosamente los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese
sentido, el Estado debe adoptar medidas para proteger a quienes ejercen su
derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, integridad, salud y
las condiciones para el abastecimiento de toda la población. Cuando la eventual
perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extiende en el
tiempo y escala a punto de comprometer gravemente la garantía de otros derechos
como por ejemplo el i) derecho a la vida; ii) aprovisionamiento de alimentos; o
iii) el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos
los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en
tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso.
En ese contexto, la CIDH insta a las autoridades a
abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes
participan de ella. La estigmatización oficial de la protesta dificulta el
diálogo y puede exacerbar violencia contra determinados sectores de la
población. Las personas con liderazgos públicos deben tomar distancia de
cualquier discurso que envíe mensajes permisivos a la violencia, incluyendo los
que activen, fomenten, acentúen o exacerben situaciones de discriminación,
hostilidad, intolerancia o animadversión.
La CIDH viene advirtiendo tensiones sociales
históricas en Bolivia que han resultado en polarización política y actos de
violencia, especialmente, en momentos de conflictividad social. En ese
contexto, es deber del Estado, por medio de toda su institucionalidad
democrática, generar un proceso de diálogo amplio, constructivo, y diverso, con
el fin de prevenir actos de discriminación y generar espacios de consenso,
crucial en la construcción de un sentido de destino común en la diversidad.
La polarización se suma a debilidades
institucionales y desafíos estructurales en el sistema de justicia que deben
ser atendidas de manera prioritaria por el Estado, obligado a garantizar la
independencia de los órganos y el debido funcionamiento del sistema de
justicia. Al respecto, se reconocen los esfuerzos de la Vicepresidencia, en su
rol de Presidencia de la ALP, para convocar a las fuerzas políticas a canalizar
en el debate parlamentario aspectos relacionados con los hechos que motivaron
las protestas, específicamente las elecciones judiciales.
En ese sentido, la CIDH reitera su llamado al Estado, en particular
a la ALP para que, en cumplimiento de su mandato, convoque y garantice las
elecciones judiciales. En esta tarea, debe tomar en cuenta que los procesos de
nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental
para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos
judiciales. Los procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión
previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso
igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con
base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la
sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación
y el desarrollo del sistema democrático.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la
materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan
sus países de origen o residencia.
No. 027/24
11:20 AM
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