viernes, 30 de septiembre de 2011

TIPNIS: ONU condena abuso excesivo e indiscriminado contra pueblos indígenas



ONU condena uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra indígenas

29/09/2011 - 13:07:20

La Paz.- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) condena el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía en contra de los indígenas del TIPNIS.

Una nota enviada a Hoybolivia, dice que OACNUDH-Bolivia cuestiona que en el operativo para dispersar a aproximadamente 1000 miembros de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, incluyendo alrededor de 400 mujeres y 120 niños y niñas, cuando se encontraban descansando  en su campamento en la tarde del domingo 25 de septiembre en San Lorenzo, Yucumo se haya usado la violencia.

La intervención policial, según informaciones todavía preliminares, dejó un saldo de más de un centenar de personas heridas que recibieron atención médica, de las cuales cuatro fueron hospitalizadas, y más de 200 inicialmente detenidas, que recobraron su libertad 17 horas después, y además provocó que varios niños y niñas fueran temporalmente separados de sus progenitores.

Esta intervención se produjo después de que el día anterior, el Canciller del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, fuera retenido por un grupo de marchistas para traspasar el cordón policial de interposición y obligado a caminar con ellos por más de siete kilómetros hasta el grupo de personas pertenecientes a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.

Dicho grupo mantenía bloqueada la carretera hacia Yucumo desde hacía más de tres semanas con el propósito de impedir el tránsito de la marcha hacia La Paz. También resultaron heridos en estos incidentes cuatro miembros de la Policía.

Respecto a esos acontecimientos, OACNUDH-Bolivia saluda las recientes declaraciones del Presidente Evo Morales, quien repudió  los excesos y los abusos de la Policía en contra de los miembros de los pueblos indígenas integrantes de la marcha y convocó a realizar una investigación exhaustiva que conduzca a la identificación y sanción de los responsables.

Asimismo, el Presidente dispuso suspender la realización de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, cuyo proyecto prevé atravesar el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), hasta reanudar el diálogo y realizar consultas amplias. Saluda además que el Presidente pidió disculpas y perdón a las víctimas  a nombre de su gobierno.

Una vez más, la Oficina resalta la importancia del respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, conducida de buena fe y por medio de sus organizaciones representativas, y a dar su consentimiento libre, previo e informado, antes de la aprobación y la aplicación de medidas legislativas o administrativas que los afecten o de proyectos que afecten a sus tierras o territorios y otros recursos, como lo establecen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, recogidos en el Artículo 30.15 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Oficina recuerda otra vez a las autoridades su obligación de proteger a toda persona de cualquier forma de violencia y de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho de manifestarse libremente de forma pacífica.

La Oficina reitera a las autoridades competentes y a los líderes de los pueblos indígenas su llamado al diálogo para encontrar bases de acuerdos duraderos y ofrece su disponibilidad para proveerles asistencia técnica con el objeto de que logren consensuar los procedimientos más idóneos para hacer efectivos los derechos humanos de los pueblos indígenas.


A CONTINUACIÓN, UN ENLACE A DOCUMENTO IMPORTANTE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO (haz click ahí):



¿LLEGÓ LA HORA DEL ABORTO LEGAL EN BOLIVIA...?

Cuatro de cada 10 personas están a favor del aborto legal

En Bolivia 4 de cada 10, están a favor de legalizar el aborto


Encuesta. Se realizó a varones y mujeres en 15 ciudades del país

La Razón - Wilma Pérez - La Paz – 30 de septiembre de 2011
Pamela fue violada y producto del hecho nació una niña que, al igual que la madre, tiene el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) transmitido por el agresor. La ley impidió que la madre se someta a un aborto y ella se convirtió en activista.

El pedido de Pamela, de que el aborto se legalice en Bolivia, se suma al de otras mujeres y varones en el país. Esta situación fue reflejada en una encuesta a más de seis mil personas; el 40% dice que debería ser legal y el 59% lo rechaza.
Sin embargo, el último grupo afirma que lo aceptaría en algunas circunstancias. Entre las causales estarían si el embarazo es producto de una violación, si hay malformación fetal, si la mujer vive con VIH o existe riesgo para la vida o la salud  de la madre. Sólo 9% de este grupo contestó estar en total desacuerdo con el aborto.
A pedido de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, en julio del año pasado se realizó la encuesta Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Abortos en un universo de 6.178 personas, en 15 ciudades de los nueve departamentos de Bolivia (nueve urbes capitales, más El Alto y cinco intermedias).
Según el informe de Católicas por el Derecho a Decidir, la empresa contratada se responsabilizó por que el trabajo tenga representatividad en las ciudades.
“Los resultados son importantes, porque nos permiten comprender lo que la ciudadanía urbana del país está pensando respecto a temáticas como educación para la sexualidad, anticoncepción y acceso al aborto legal y seguro, entre otros”, reseña el documento entregado a La Razón.

ABORTO. El aborto en Bolivia es considerado un problema de salud pública, debido a la incidencia que tiene como causa de muerte materna, especialmente en adolescentes.
Según datos del 2008 (del Parlamento, hoy Asamblea), Bolivia registra entre 30.000 y 40.000 casos de aborto por año. Las mujeres que llegan a fallecer a causa de la mala práctica, por lo general, provienen de los sectores más empobrecidos.
La legislación tipifica como delito el aborto provocado, salvo que el embarazo sea producto de violación, estupro, incesto o rapto no seguido de matrimonio, y que el embarazo constituya un riesgo inminente para la vida de la madre (artículo 266 del Código Penal). En estos supuestos casos, la orden para que se practique el aborto de manera legal la emite el juez.
La encuesta de Católicas por el Derecho a Decidir también devela que al menos un tercio de las personas encuestadas (33%) conoce a una mujer que interrumpió su embarazo. En Bolivia el aborto está penalizado, pero eso no impide que se practique de manera ilegal.
Respecto a la percepción sobre si las mujeres tienen derecho a interrumpir la gestación, el 68% de los encuestados afirma que sí; frente a un 30,5 por ciento que se opone y el 1,5% no supo responder o se negó a hacerlo.
En cambio, en cuanto a la percepción de quién debe decidir el aborto, un 40% de los consultados indicó que es la pareja, el 38% le da la potestad a la mujer, el 6% a los médicos y el 16% dijo no tener una respuesta al caso.
Otra de las consultas realizadas por los encuestadores fue sobre el derecho a acceder al aborto sin riesgo de perder la vida. La población opina que en Bolivia se deben dar las condiciones para que se practiquen abortos seguros en un 80%, que sean legales 65% y gratuitos un 50%.
Pamela (nombre ficticio) está confiada en que la situación cambie en el país. Quién sabe, dice, si el aborto hubiera sido permitido, hace años, ella ahora tendría una mayor esperanza de vida.



MAYOR INFORMACIÓN Y ENLACES RELACIONADOS CON ESTA PROBLEMÁTICA PUEDES ENCONTRARLOS EN:








CÓDIGO PENAL BOLIVIANO


LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

(…)

TÍTULO VII
DELITOS CONTRA LA FAMILIA

CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR

ARTÍCULO 250.- (ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA).- El que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años.

La pena será de privación de libertad de uno a cinco años, si a consecuencia del abandono la mujer cometiere un delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o se suicidare.

(…)


TÍTULO VIII
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL

CAPÍTULO II
ABORTO

ARTÍCULO 263.- (ABORTO): El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado:
1.      Con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de diez y seis años.
2.    Con privación de libertad de uno a tres años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer.
3.    Con reclusión de uno a tres años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento.
La tentativa de la mujer no es punible.
 
ARTÍCULO 264.- (ABORTO SEGUIDO DE LESIÓN O MUERTE).- Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años: y si sobreviniere la muerte, la sanción será agravada en una mitad.

Cuando del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena de privación de libertad de uno a siete años: si ocurriere la muerte, se aplicará la de privación de libertad de dos a nueve años.
 
ARTÍCULO 265.- (ABORTO HONORIS CAUSA): Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con consentimiento de aquélla, se impondrá reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte.
 
ARTÍCULO 266.- (ABORTO IMPUNE).- Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios.

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.
 
ARTÍCULO 267.- (ABORTO PRETERINTENCIONAL): El que mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de tres meses a tres años.
 
ARTÍCULO 268.- (ABORTO CULPOSO): El que por culpa causare un aborto, incurrirá en prestación de trabajo hasta un año.
 
ARTÍCULO 269.- (PRÁCTICA HABITUAL DEL ABORTO).- El que se dedicare habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años(*).




(*) FUENTE: GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Edición Nº0179. La Paz (Bolivia), 8 de octubre de 2010. Decreto Supremo Nº0667 de fecha 8 de octubre de 2010 – TEXTO ORDENADO DEL CÓDIGO PENAL.

lunes, 26 de septiembre de 2011

Un tema pendiente: Ley de Límites y/o de Unidades Territoriales...

Ley de Límites, nueva ‘papa caliente’ de las autonomías

Ley de Límites es tema de la agenda autonómica

Hace cinco meses una comisión del senado aprobó el proyecto

La Razón – ANIMAL POLÍTICO – 25 de septiembre de 2011
Así como la Ley de Clasificación de Impuestos levantó polvareda a su paso, lo mismo, al parecer, pasará con la nueva Ley de Unidades Territoriales, o Ley de Límites. Tema difícil si hay: el proyecto, presentado por el Ministerio de Autonomía, fue aprobado por una comisión del Senado hace más de cinco meses; desde entonces, espera ser considerado en plenario.

Para resolver el lío de los límites entre municipios y entre departamentos, el año 2000 se creó la Ley de Unidades Político Administrativas (UPA’s). Ciertamente no funcionó: el 93% de los municipios no ha resuelto sus límites. Por esta razón, en los primeros meses del 2011 se propusieron al menos dos anteproyectos de una nueva Ley de Unidades Territoriales (LUT, su nuevo nombre): el del Ministerio de Autonomía y el presentado por el diputado Fabián Yaksic.
El proyecto aprobado en la correspondiente comisión de la Cámara de Senadores fue el del Ministerio de Autonomía, el 14 de abril del 2011. Hasta la fecha, más de cinco meses después, todavía no se lo considera en plenario.
Hasta el cierre de esta edición (viernes 23), la Presidencia del Órgano Legislativo no había respondido al cuestionario en relación a la causa de la demora enviado por La Razón. Quien sí da una pauta de esto es Yaksic, que afirma que cuando se reunió con el vicepresidente Álvaro García Linera, éste le dijo que no sería razonable aprobar ninguna de estas leyes “en puertas del Censo” previsto para 2012.
Si fue así, piensa lo mismo la presidenta de la Comisión de Autonomías del Senado, Mirtha da Costa, para quien incluso la consideración de esta Ley de Límites debe ser postergada hasta después del Censo, por el esclarecimiento poblacional y territorial que traerá dicho proceso.
Contraria a este criterio es la ministra de Autonomías, Claudia Peña, quien insiste en la independencia de la Ley de Unidades Territoriales respecto al Censo: la LUT es para destrabar los procesos administrativos sobre límites, cosa urgente hoy. Hay que despejar la idea —afirma— de que la definición de los límites necesariamente derive en una “ganancia” para encarar el Censo.

PRINCIPIO. Si hay alguna razón práctica para tener una nueva Ley de Unidades Territoriales o Ley de Límites, es que ésta finalmente ayude a resolver los hoy innumerables problemas de límites entre las diferentes entidades autónomas. 
Sobre el asunto, es la propia Constitución Política del Estado (CPE) la que establece el principio al cual debe acomodarse la nueva ley. El Artículo 269 señala que “la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes”.
Por eso es que una de las mayores innovaciones de la nueva LUT, respecto de la actual UPA, sea la introducción del referéndum como una nueva manera de resolver los conflictos de límites —coinciden todos— en última instancia.
También es cierto —insiste Peña— que en todo el proceso de conciliación (el primer recurso) se da más espacio a la participación de la gente del lugar.
Yaksic, que aún reclama la forma en que fue dejado de lado su proyecto (toda vez que éste fue presentado un día antes del de Autonomías), señala que hay que tener mucho cuidado en la regulación de los futuros referendos dirimidores de límites: prohibir, por ejemplo, un nuevo empadronamiento electoral inmediato al plebiscito, por los muy probables desplazamientos de gente para forzar ciertos resultados.

AUTORIDAD. Pero el mayor cuestionamiento de Yaksic al proyecto de Autonomías es el referido a la “autoridad competente” que establece la norma para definir los límites territoriales. El punto es clave porque de la autonomía y capacidad técnica que tenga esta autoridad dependerá en buena medida de si resuelve o no los complejos conflictos limítrofes.
En la actual Ley de UPA (en su Reglamento, Decreto Supremo 26520) hay dos instancias de “autoridad competente”: la nacional, para conflictos de límites departamentales (el ministro de Desarrollo Sostenible de entonces y el Consejo de Asuntos Territoriales), y para lo municipal, el Prefecto como primera instancia y el Ministro de Desarrollo, como segunda.
En el proyecto de LUT aprobado por la comisión de Autonomías del Senado, el esquema es parecido: debajo de un Consejo de Coordinación de Organización Territorial (conformado por el Ministro de Autonomía y los gobernadores) están: la Dirección General de Límites y Organización Territorial, dependiente del Ministerio de Autonomía; y, las Instancias Técnicas de Límites y Organización Territorial, dependientes de cada Gobernación departamental. 
Si bien el proyecto LUT define a la Dirección de Límites como una “institución pública descentralizada del Ministerio de Autonomías con jurisdicción nacional y con independencia administrativa, legal, técnica y financiera” (Artículo 12), Yaksic desconfía de su eficacia, porque—dice— si un esquema parecido no funcionó en el pasado, difícilmente podrá hacerlo en el futuro, esto debido a la presión política de que son objeto estas instancias sólo descentralizadas.
Por el contrario (y gran parte de su proyecto consiste en esto), el diputado propone la creación de un Instituto Nacional de Unidades Territoriales (Inalut), una “institución pública autárquica con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Autonomías”, que atienda los problemas de límites de “todas” las unidades territoriales del país. Estaría formado por una Dirección Nacional y sus respectivas direcciones departamentales.

INDÍGENA. Pero si algo distingue a la futura LUT de la actual Ley de UPA es el tratamiento (obligado, además, por la Constitución) de los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) y su previsible afectación de los límites, especialmente municipales.
Si bien la ministra Peña remarca que en el caso de las futuras autonomías indígenas la nueva LUT sobre todo buscará el consenso, cuando se cree un nuevo TIOC necesariamente se modificarán los límites de los municipios que vaya a afectar, esto siempre y cuando la existencia del TIOC no deje como inviables a sus “municipios madre”. Una vez que el mecanismo básico de creación de nuevas entidades territoriales (de los TIOC, en este caso) es la consulta o referendo, en el proyecto LUT no se señala ningún porcentaje mínimo o máximo para acceder a la autonomía indígena (no es lo mismo que el Sí o el No a la autonomía indígena gane 51% a 49%, que lo haga, pongamos, 75%-25% u 80%-20%). Consultada al respecto, Peña dice que en ningún momento en el proyecto LUT se pensó en dichos porcentajes, ya que el principio establecido por la Constitución es la mayoría simple.

FUSIONES. Otro tema importante que aborda el proyecto LUT es el referido a resolver de alguna manera el problema de los denominados “municipios inviables”, aquéllos de escasa población.
La propuesta es la fusión o agregación de estos municipios pequeños.
Frente a una reciente versión de que la fusión sería obligatoria, Peña desmiente este extremo: la nueva LUT a lo más que llega es a incentivar estas agregaciones, cuando, nuevamente, el punto de partida es la consulta a los habitantes del lugar.
Un buen mecanismo para empezar la posible unificación de municipios pequeños —apunta— son las mancomunidades municipales. Si bien el proyecto LUT habla de incentivos que “contribuyan a la erradicación de la pobreza y al desarrollo económico productivo y social”, más audaz es el proyecto presentado por el diputado Yaksic.
Uno de los beneficios otorgados a un nuevo municipio producto de la fusión de varios pequeños, por ejemplo, es el premio económico: una compensación económica durante los siguientes 10 años posteriores a la vigencia de la fusión. Ahora, señala el proyecto de Yaksic, no se vale que una vez fusionados los municipios luego empiecen otra vez a separarse.

Mejorar la capacidad del Estado para mapear
En la “exposición de motivos” de la propuesta del Ministerio de Autonomías, los proyectistas señalan que el caos de los actuales límites también se debe a incapacidades más o menos estructurales del Estado para ordenar el tema. No existe, dicen, “una instancia de responsabilidad técnica nacional que rija la atención de los límites de las Unidades Territoriales”.
“La cartografía oficial a cargo del Instituto Geográfico Militar data de la década de 1958 a 1970, siendo a la fecha obsoleta y desactualizada”. Y, claro, esta falta de actualidad cartográfica lo único que genera es incertidumbre a la hora de tomar decisiones.
La falta de una única cartografía oficial también derivó en que cada unidad territorial maneje su propia cartografía: cada quien “genera su propia versión de lo que ‘debería’ ser el límite de tal o cual municipio, provincia o departamento”.
El ideal de la futura Ley de Unidades Territoriales es tener una “institucionalidad fuerte”, capaz de resolver todos los conflictos de límites; que toda creación o modificación se la haga de manera consensuada; que los procedimientos sean lo menos burocráticos; que se pueda construir todo un Sistema de Información de Organización Territorial; que se incentive la fusión de municipios pequeños poco viables; y que se profundice la democracia y la participación en la definición de los límites territoriales.
Mientras la Ley de UPA consta de 31 artículos y viene acompañada de un reglamento (Decreto 26520, de febrero del 2002), el proyecto LUT aprobado por una comisión del Senado, tiene 68 artículos y varias disposiciones transitorias.

Recursos naturales en plena frontera
Que una población en la frontera entre dos municipios decida irse a uno u otro lado es relativamente sencillo: en últimas lo hará mediante referéndum. Lo complicado se presenta cuando en la plena frontera existen recursos naturales de provechosa explotación.
Según la ministra de Autonomías, Claudia Peña, si hay un rasgo común en todos los conflictos de límites, éste es el interés económico concreto. “Por ejemplo, el alto precio de la quinua o que se encuentre un yacimiento mineralógico, o que la cantidad de población haga percibir al municipio más recursos, todo eso despierta los conflictos de límites”.
Al respecto, en el proyecto LUT del Ministerio de Autonomías hay una propuesta por demás interesante: en vez de línea divisoria, un área común forme de frontera.
El proyecto —afirma Peña— “introduce una cosa novedosa e interesante: el tema de que el límite no puede ser solamente una línea, sino que también puede ser un área de aprovechamiento compartido”.  Estas áreas de común beneficio incluso pueden establecerse sin contener alguna riqueza natural.
A la fecha, el Ministerio de Autonomías tiene registrados cerca de 100 procesos administrativos por problemas de límites. En la exposición de motivos de la propuesta de Ley de Unidades Territoriales, además, se menciona que sólo 25 municipios (el 7%) cuenta con una ley de creación o delimitación; el restante 93% (314 municipios) tiene “problemas limítrofes, que suponen conflictos territoriales latentes o manifiestos”.
Muchos municipios, si bien no tienen papeles, ya han resuelto verbalmente sus problemas de límites.

Las gobernaciones ya están resolviendo líos
Claudia Peña, ministra de Autonomías
Prácticamente todas las gobernaciones tienen unidades técnicas de límites, que están abordando los conflictos de límites intermunicipales por la vía de la conciliación. Hay muchos municipios que a partir de ese procedimiento ya han logrado acuerdos; esto lo han trabajado las gobernaciones; eso ha ayudado a disminuir la conflictividad de límites.
Lógicamente, esto está sujeto también a la buena voluntad de las autoridades municipales, porque muchas veces cuando se quiere llamar la atención sobre algo o se quiere debilitar a un alcalde, prácticamente brotan estos líos.

Seguimos manejando cifras del Censo 2001
Mirtha da Costa, senadora del MAS por Pando
Yo pienso que el Censo de Población y Vivienda nos va a clarificar, porque ahorita todavía estamos trabajando con el Censo del 2001, y ésta no es la realidad.
Personalmente, considero que el Censo es muy importante para considerar el proyecto de Ley de Unidades Territoriales. Pienso que el Censo nos va a clarificar, y deberíamos esperar el Censo para tratar este proyecto de ley (la LUT). La debilidad que tenemos es determinar la cantidad de habitantes que tenemos en Bolivia, por departamento, por municipio, para que cada uno de estos y las gobernaciones puedan vivir su realidad.

El referéndum hoy es perfectamente viable
Fabián Yaksic, diputado del MSM por La Paz
Lo ideal es que la Ley de Unidades Territoriales (LUT) sea aprobada, pues en ésta estará establecido el reglamento para proceder a la convocatoria del referéndum. Pero, de no haber la LUT, igual se necesitaría una ley especial para convocar a referéndum, para definir las áreas en disputa, por ejemplo.
En este caso, se requiere la Ley de Unidades Territoriales, evidentemente, para definir fundamentalmente la autoridad competente.Pero, si no es una Ley de Unidades, es perfectamente posible sacar una ley especial que regule el referéndum en algunos municipios que así lo demanden.

sábado, 24 de septiembre de 2011

ONU: Latinoamérica pide cambios profundos...

DILMA ROUSSEFF INAUGURÓ LAS SESIONES

 

 

En la ONU, países de Latinoamérica piden cambios

Por Agencias – LOS TIEMPOS - 22/09/2011


Los presidentes de Brasil, Honduras, México, Argentina, Paraguay, Guatemala, Colombia, Guyana y Bolivia hablaron ayer ante los representantes de los líderes de 193 países que participan en la 66 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y pidieron cambios.
La mayoría de los nueve líderes de Latinoamérica dejó claras algunas metas comunes. Es el caso del cambio climático, la lucha contra las drogas y el terrorismo, y además la necesidad de un cambio de visión en la misma ONU.
También habló el presidente de EEUU, Barack Obama, que centró su discurso en el conflicto entre Palestina e Israel.
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, que inauguró las sesiones de esta Asamblea, pidió mayor participación de los emergentes en el Consejo de Seguridad. En tanto, Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) solicitó que se cumplan resoluciones sobre las Islas Malvinas. Felipe Calderón (México) instó a un mayor compromiso para luchar contra el narcotráfico.
La Presidenta brasileña dedicó gran parte de su intervención a la crisis de las potencias. "Si no la superamos, será una fuente de grandes perturbaciones políticas y sociales, que causaría desbalances entre naciones. El destino del mundo está en las manos de todos. O trabajamos mancomunadamente o todos saldremos perdedores", afirmó.
Rousseff renovó el pedido de una reforma en el principal órgano de las Naciones Unidas al asegurar que el mundo necesita un Consejo de Seguridad que "refleje la realidad contemporánea y que incluya también a los Estados en desarrollo". "Brasil está preparado para asumir su responsabilidad como miembro permanente", destacó.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) apoyó el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho en la ONU y opinó que esa decisión contribuiría a un mundo "más justo y seguro". Advirtió que impedirlo puede seguir "dando coartadas a quienes ejercen el terrorismo a nivel internacional".
El presidente Evo Morales subrayó que las intervenciones armadas producidas en Irak y Libia por parte de Estados Unidos buscan el control de los recursos petroleros y se los acusa de ser "narcotraficantes y luego terroristas".
"La intervención de Libia apoyando a los rebeldes se produjo haciendo llamados a la defensa de los derechos humanos, pero no hablaron del petróleo, ahora se disputan el petróleo libio", agregó.
Otra de las participaciones latinoamericanas destacadas fue la del jefe de Estado mexicano, Felipe Calderón, quien pidió un mayor compromiso de los Estados consumidores de drogas.
"Debemos tener conciencia de que el crimen organizado está matando más gente y más jóvenes que todos los regímenes dictatoriales juntos", indicó. "El poder de la delincuencia es más fuerte que muchos gobiernos", subrayó.
Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se sumó a quienes abogan por la restitución de las conversaciones por la paz entre Israel y Palestina, "porque entre más eficaces seamos en el uso de la diplomacia preventiva, menos necesidad habrá de intervenciones", sostuvo.
Otros oradores latinoamericanos de la jornada fueron el presidente paraguayo, Fernando Lugo, y su par hondureño, Porfirio Lobo.
El primero destacó la necesidad de reformar el máximo organismo de seguridad. "La democratización del Consejo de Seguridad es una tarea que adquiere carácter de urgente y que cumpla su rol primordial de promover la paz mundial", destacó al abogar por aumentar la representatividad de los países para configurar un orden más multipolar.

México, Colombia y Honduras piden mayor ayuda

Abogan por unir esfuerzos en lucha contra las drogas

 

En la primera jornada de la 66 Asamblea General de las Naciones Unidas, los presidentes de Latinoamérica, especialmente de México, Colombia y Honduras, pidieron mayor compromiso de los países consumidores para luchar contra las drogas y el narcotráfico.

Felipe Calderón, presidente de México, lamentó que la demanda de estupefacientes continúa en aumento. "Si esas naciones no pueden reducir su consumo, o no quieren, o se resignaron (...), esos países están obligados moralmente a reducir las enormes ganancias que obtienen los criminales cortando las fuentes de financiamiento a través de todas las opciones posibles", consideró.

Calderón precedió el discurso de su similar norteamericano, Barack Obama, y aprovechó la tribuna para tratar sobre la pobreza, el cambio climático y la situación de Palestina. Sobre este último tema, dijo que los palestinos merecen un lugar como miembro de la ONU, al tiempo que recomendó llegar a un acuerdo de paz duradero.

Finalmente, el Mandatario mexicano destacó las tareas de reconstrucción del edificio de la ONU, "pero lo más importante es llevar profundas reformas al interior del organismo que terminen con el burocratismo y vuelva a ser más eficaz".

Durante su intervención, Juan Manuel Santos (Colombia) anunció que en lo referido al narcotráfico y al terrorismo, su país continuará su lucha contra estos flagelos porque "es un problema de seguridad nacional".
Duro discurso de Barack Obama

“No hay atajos para la paz en Medio Oriente”

 

Naciones Unidas | Ap
El presidente Barack Obama aseguró el miércoles que no puede haber atajos hacia una solución pacífica del conflicto entre israelíes y palestinos, en un nuevo esfuerzo por desactivar una crisis para la diplomacia en Medio Oriente y la política estadounidense en la región.

"La paz no vendrá mediante declaraciones ni resoluciones en la ONU. Si fuera tan fácil, podría lograrse ahora", dijo el Presidente estadounidense en su discurso ante la Asamblea General.

"En última instancia, son los israelíes y los palestinos quienes tienen que convivir uno al lado del otro. En definitiva, son los israelíes y los palestinos —no nosotros— quienes deben llegar a un acuerdo sobre las cuestiones que los dividen", agregó.

Obama, sin embargo, se abstuvo de pedir abiertamente a los palestinos que abandonaran sus planes de obtener el reconocimiento de la condición de Estado de parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Los funcionarios estadounidenses han estado trabajando afanosamente tras bambalinas para convencer de ello a los palestinos.

En momentos en que nunca habían estado más claros los límites de la influencia de Estados Unidos en el moribundo proceso de paz, Obama tampoco hizo nuevas peticiones a los israelíes, más allá de reiterar que ambas partes merecen su propio Estado y seguridad.

Momentos después, Obama se reunió por separado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu le agradeció a Obama por apoyar las conversaciones directas con los palestinos y hablar en contra de cualquier intento de las Naciones Unidas por declarar un Estado palestino independiente.

En declaraciones a periodistas y con Obama a su lado, Netanyahu dijo que los intentos palestinos para apelar directamente a la ONU es un atajo que "no tendrá éxito".
Brasil

Resaltan los nuevos bancos

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante su presentación ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York dijo que países con mercados emergentes son capaces y desean participar en la búsqueda de soluciones a la crisis económica global.

Brasil, una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, es parte del grupo BRIC de potencias con mercados emergentes, que también incluye a Sudáfrica, Rusia, India y China.

"Los gobiernos y bancos centrales siguen teniendo una mayor responsabilidad en llevar el proceso hacia adelante. Sin embargo, como todos los países sufren las consecuencias, todos ellos tienen el derecho a participar en las soluciones", manifestó.
Argentina

Reclaman por Las Malvinas

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llevó a pleno de la Asamblea General de la ONU un renovado reclamo por la soberanía de su país sobre las Islas Malvinas.

En su discurso, advirtió el miércoles a Reino Unido sobre una posible "revisión de entendimientos provisorios bilaterales" si el Gobierno británico no acepta negociar el conflicto. "Vamos a esperar un tiempo razonable más, pero si no, nos vamos a ver obligados a revisar los entendimientos provisorios aún vigentes", señaló.
México

Calderón pide apoyo

El presidente de México, Felipe Calderón, lamentó que la demanda de estupefacientes continúa en aumento, en su discurso ante la 66 Asamblea General de la ONU que se realiza desde ayer.
"Si esas naciones no pueden reducir su consumo, o no quieren, o se resignaron (...), esos países están obligados moralmente a reducir las enormes ganancias que obtienen los criminales cortando las fuentes de financiamiento a través de todas las opciones posibles", consideró Calderón.

Calderón precedió el discurso de su similar norteamericano, Barack Obama, y aprovechó la tribuna para tratar sobre la pobreza.
Colombia

Renuevan su lucha

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo ayer en su discurso ante el pleno de la 66 Asamblea General de la ONU, que Colombia cumple con sus tareas de combatir el narcotráfico, pues éste ha sido una fuente de financiamiento de grupos terroristas en su país.

Habló también de las reformas que están llevando a cabo en el seno de su gobierno a fin de restituir las tierras a las víctimas de la violencia y para combatir la pobreza.

De las víctimas del conflicto armado también habló más tarde en una reunión con la comunidad colombiana residente en la zona.

 
 
 
 
 

TIPNIS Y SUS ESCENARIOS POSIBLES DE DIÁLOGO CONSTRUCTIVO...

EL PROBLEMA DEL TIPNIS


Desde la perspectiva de la conflictividad

La Gaceta Jurídica – 23 de septiembre de 2011
La Fundación UNIR Bolivia ha realizado un análisis del conflicto en torno al TIPNIS, tomando en cuenta los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y medioambientales y los intereses de los actores, con el propósito de plantear escenarios posibles y condiciones que viabilicen un diálogo constructivo para evitar violencia.

Este documento refleja un análisis del conflicto por la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), visto desde un prisma metodológico de transformación de conflictos, por lo cual desmarcamos el análisis de una visión amigo-enemigo entre los actores confrontados; al contrario, analizaremos aspectos que desde la ciencia consideramos divisores, también pretendemos aportar con aspectos que sirven como conectores, haciendo evidente la interdependencia entre todo actor involucrado en una situación conflictiva.
Aquí se plantea tres escenarios posibles en los que el conflicto podría desembocar y se adscribe al tercero, consecuente con principios y líneas de acción.

Antecedentes
El TIPNIS, ubicado entre los departamentos de Beni y Cochabamba posee doble categoría de protección: desde 1965 es un parque nacional y a partir de la “marcha por el territorio y la dignidad” de 1990 es un territorio indígena donde habitan ancestralmente los pueblos moxeño, yuracaré y chimane en 64 comunidades con una población de unos 6.000 habitantes.
El TIPNIS tiene una importancia fundamental para la conservación ambiental por su gran riqueza en biodiversidad –comprende alrededor del 40 por ciento del patrimonio biológico del país, 1.700 especies de vertebrados que corresponden a casi el 50% del total del país, 300 especies de vertebrados amenazados–, la presencia de importantes cuencas hidrográficas y la existencia de extensos bosques naturales que cumplen una función de “sumidero de carbono”, aportando a controlar el “efecto invernadero”.
Nació con una extensión de 1.225.347 hectáreas y se redujo a 1.091.656, modificación de 2009 debido a la presión de colonizadores; ha soportado también la explotación ilegal de sus recursos naturales, en especial madera. La construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari ha reavivado el debate entre las visiones conservacionistas y desarrollistas.
La idea de integración vial entre el Beni y Cochabamba surgió en los años 80; en los 90 se incluyó en el Plan de Todos como proyecto para establecer un corredor bioceánico que uniría el Atlántico con el Pacífico y que convertiría a Bolivia en articuladora de la integración del subcontinente, lo que podría paliar desventajas derivadas de su condición mediterránea.
El 1 de agosto de 2008, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó a la empresa brasileña OAS la construcción del tramo II de 306 km de longitud de la carretera por un monto de 415 millones de dólares, financiados por Brasil. El diseño del II trazo de la vía proyectada atraviesa el TIPNIS, afectando zonas de alta fragilidad, por lo que, según opinión de especialistas de diversas áreas, su impacto sobre la biodiversidad, los valores naturales del parque y los pueblos indígenas que lo habitan será irreversible.
Por estas razones, la población de los tres pueblos indígenas ha manifestado su rechazo. El Gobierno insiste en la construcción de la ruta por constituir un eje potencial de desarrollo regional, facilitar la integración nacional y ser parte del corredor bioceánico Brasil-Bolivia-Chile.

Caracterización general
Causas estructurales
Débil presencia del Estado, evidenciada en “olvido, postración, colapso y debilidad crónica del sistema de áreas protegidas y la gestión ambiental (1)” y que se puede expresar en una imposición de enfoque de desarrollo que no toma en cuenta el manejo integral del territorio por parte de los indígenas y su cosmovisión que prioriza las características culturales propias de los asentamientos humanos, la explotación sostenible de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.

Estado de situación
Definidas las posiciones de los indígenas y del gobierno, el conflicto está en etapa de medidas de presión: la marcha indígena hacia la ciudad de La Paz y los condicionamientos gubernamentales para el diálogo.

Intereses de los actores
El conflicto presenta alta complejidad (2) por la cantidad de cuestiones involucradas y los diversos intereses que lo cruzan:
-resolución del antiguo diferendo limítrofe entre los departamentos de Cochabamba y Beni en la zona del TIPNIS;
-búsqueda de expansión de la frontera agrícola al interior del área para el cultivo de coca y otros productos por los colonizadores del Chapare;
-extracción de recursos madereros, en especial mara, cedro y otras especies preciosas por empresas y actores informales;
-exploración y explotación hidrocarburífera por el Estado y trasnacionales;
-aspiración de los pueblos de la región de contar con una carretera de conexión con el occidente del país;
-políticas de integración del gobierno, sus compromisos sociopolíticos con sectores sociales y compromiso con Brasil;
-protección del territorio, aprovechamiento de sus recursos y la conservación de su modo de vida por los indígenas del TIPNIS y la CIDOB;
-conservación del TIPNIS apoyada por las ONG ambientalistas que trabajan con pueblos indígenas y en desarrollo.

Conectores y divisores
Si bien es cierto que los actores confrontados ven maximizadas sus diferencias, expresadas a través de los medios de información, además de los ruidos comunicacionales propios de toda situación conflictiva, la visión transformadora de los conflictos se cimienta en la existencia de aspectos o factores que conectan a los adversarios, es decir, más allá de que la memoria selectiva de los directos e indirectos involucrados se centre en los aspectos que dividen o confrontan, existen aspectos que unen o conectan a estos actores por ser interdependientes.
Desde esta óptica, el conflicto se deja de ver como una amenaza y se lo redirecciona como una oportunidad para trabajar aspectos que benefician tanto a los pueblos indígenas, como al gobierno y las expectativas de mejorar la calidad de vida de los sectores marginados.

Escenarios posibles a mediano plazo
En el análisis de la conflictividad, el planteamiento de posibles escenarios busca prevenir situaciones de crisis con altos niveles de violencia. En ese sentido, los posibles escenarios en torno al conflicto del TIPNIS toman en cuenta las variables ambientales, socioculturales, económicas, políticas y jurídicas, así como la evolución del conflicto, que dependerá de las estrategias y tácticas de las partes como posibilidades reales de poder y fuerza.

Escenario 1: La carretera cruza el TIPNIS
Acciones previsibles
-El trazo mantiene el enfoque de optimizar costos y generar la ruta más corta en el tramo II, lo que significaría atravesar el corazón del parque con alto impacto sobre la biodiversidad y la cultura de los pueblos indígenas.
-El Gobierno promueve el debilitamiento de la posición indígena mediante el fortalecimiento de posiciones disidentes, la deslegitimación de sus dirigentes e incluso la división de las organizaciones indígenas.
-Se genera acuerdos con indígenas disidentes y organizaciones/poblaciones interesadas en la construcción de la carretera. Los acuerdos están ligados a ofertas de medidas de compensación, indemnización, prevención, mitigación, restauración de impactos y planes desarrollistas.
-Se promueve un aparente proceso participativo de consulta con pueblos indígenas del TIPNIS afines al Gobierno.
-Se promueve manifestaciones públicas de sectores y organizaciones sociales de la línea del Gobierno (cocaleros, organizaciones campesinas, cívicos de las poblaciones beneficiadas, entre otras) para justificar su decisión y posición.
-Los Indígenas recurren a estrategias para su resistencia a la construcción de la carretera. Se produce enfrentamientos violentos entre indígenas, colonizadores, policía y fuerzas armadas.
-Los indígenas continúan movilizándose a nivel nacional e internacional para denunciar la violación de sus derechos y la destrucción del TIPNIS.
 Consecuencias del escenario 1
Los derechos de los pueblos indígenas del TIPNIS han sido vulnerados
-La población indígena ha sido afectada en su forma de vida; es desplazada a los márgenes del TIPNIS y a las ciudades; la calidad de vida de la mayoría de la población indígena empeora; se abre paso a una desintegración social y avasallamiento cultural de estos pueblos.
-La biodiversidad y valores naturales del parque son altamente impactados.
-Los líderes indígenas movilizados son sujetos de procesos judiciales; la organización indígena se debilita.
-Se incrementa la conflictividad social en torno al manejo de las áreas protegidas y territorios indígenas y se torna violenta.
-Se incrementa los avances de colonizadores más allá de la “línea roja” del TIPNIS.
-Se incrementa la explotación maderera y las exploraciones petroleras con bajo control de impactos ambientales y socioculturales por parte del Estado.
-Se amplía la frontera agrícola, incrementa el cultivo no tradicional, en especial de coca y actividades ligadas a ésta.
-Se mejora la integración oriente/occidente y la infraestructura de servicios en torno a ésta, bajo un enfoque desarrollista y no de desarrollo sostenible.
-Los intereses de empresas transnacionales y objetivos geopolíticos de otros países (Chile y Brasil) se ven favorecidos.
-Existe débil presencia del Estado, insuficiente para controlar las tendencias crecientes de contrabando y narcotráfico.
-La imagen del Gobierno se desgasta ante sectores de la sociedad boliviana y la comunidad internacional por su política contradictoria: se promulga el vivir bien, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y la madre tierra, y se ejecutan proyectos desarrollistas.

Escenario 2: sin construcción 
Acciones previsibles
-Los indígenas del TIPNIS rechazan la construcción del tramo II.
-Hay enfrentamientos esporádicos con cierta violencia entre indígenas del TIPNIS y sectores afines al gobierno y fuerzas coercitivas (policía y ejército).
-El Gobierno intenta dividir a organizaciones indígenas, pero se siguen unidas.
-Los indígenas del TIPNIS plantean demandas formales ante organismos internacionales que los respaldan.
-La conflictividad incrementa y el Gobierno paraliza obras definitivamente.

Consecuencias del escenario 2
-Las protestas, movilización y demandas de los pueblos indígenas del TIPNIS tienen amplia repercusión y apoyo amplio de la ciudadanía y la comunidad internacional.
-La biodiversidad y los valores naturales del TIPNIS tienen mayores posibilidades de conservación a largo plazo.
-Pese a los acuerdos públicos firmados por la paralización de la ruta, se mantiene la tendencia creciente de incursiones colonizadoras y nuevos asentamientos, extracción maderera, incremento de caza furtiva, aumento de cultivos de coca, etcétera.
-La gestión de áreas protegidas no mejora su calidad ni la legislación al respecto sufre modificaciones.
-El Gobierno busca revertir el deterioro de su imagen construyendo un discurso que tiende a justificar la decisión tomada como parte de la política de gobernar obedeciendo al pueblo y priorizar el respeto a los derechos indígenas y de la madre tierra.
-Se ha deteriorado la relación entre indígenas y poblaciones de la región.
-Se ha fracturado la relación del movimiento indígena de tierras bajas con el Gobierno central y las organizaciones indígenas y campesinas de tierras altas.
-Las exploraciones petroleras se mantienen con tensiones y restricciones.

Escenario 3: Se posibilita la articulación vial y la conservación del TIPNIS
Ante los escenarios en los que ambas partes corren riesgos que podrían terminar en situación de pérdida, la Fundación unir Bolivia plantea un tercer escenario para explorar nuevas opciones y alternativas de negociación que beneficie a los actores a través de un diálogo amplio y constructivo, donde las partes se desarmen de posiciones endurecidas, busquen respetar las necesidades básicas de las partes y encuentren un punto de consenso para definir los intereses que propugnan.
Que el diálogo se inicie de forma inmediata sin condicionamientos de las partes. Que las mismas conformen una comisión de alto nivel y sus representantes máximos para elaborar una agenda temática y acordar la metodología y el espacio de negociación.
Representantes del gobierno y de los indígenas elaboran una agenda mínima centrada en los temas originaron el conflicto y la movilización y no en otros puntos que pueden convertirse en trabas para lograr acuerdos centrales. Una vez elaborada la agenda y aceptada la metodología se inicia el proceso de negociación de alto nivel.
Para iniciar el diálogo, por una parte, el gobierno tendría la apertura para diseñar alternativas de la carretera que no atraviese el TIPNIS y, por otra, los indígenas aceptarían la propuesta del nuevo diseño que articule oriente con occidente. Se abre un espacio entre actores directamente involucrados, dirigido a un profundo debate técnico, jurídico, social, cultural, económico y ambiental sobre la importancia y viabilidad de la vía en el marco del interés nacional de integración, conservación ambiental, respeto a los pueblos indígenas y fortalecimiento de la presencia estatal.
Las partes tratan de encontrar conectores centrados en: necesidad de desarrollo respetando cosmovisiones; preservación del medio ambiente, respeto a los derechos humanos de los involucrados; e integración vial. Se suscribe compromisos públicos con cocaleros y colonizadores para que se respete la línea roja y no se ingrese al TIPNIS. Se negocia con las organizaciones internacionales y financiadores del proyecto de la carretera los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los pueblos indígenas del TIPNIS.
Se firma un convenio entre el Gobierno y representantes de los pueblos indígenas tomando como base normativa la Constitución Política del Estado (CPE), normas ambientales y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que aseguren y garanticen su cumplimiento.

Consecuencias del escenario 3
-Se cambia el diseño de la carretera y se efectúa una revisión de costos de la misma con participación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
-Se transforma el conflicto con acuerdos que consideran los factores estructurales: gestión sostenible de áreas protegidas y territorios indígenas del país y propuesta de desarrollo humano y sostenible.
-Se conserva la biodiversidad y los valores naturales del TIPNIS, así como la cultura de los pueblos indígenas que lo habitan.
-Se fortalece la legislación y procesos de gestión de áreas protegidas y territorios indígenas, incrementando recursos económicos estatales asignados para ello.
-Se diseña un modelo de gestión del desarrollo acorde con los derechos indígenas y el respeto al medio ambiente.
-El ingreso de colonizadores al interior del TIPNIS está controlado por fuerte presencia del Estado y de la organización indígena.
-Las exploraciones petroleras en el TIPNIS se mantienen cumpliendo normas ambientales y mecanismos de consulta y control social establecidos.
-Se fortalece la integración caminera del país y se abre paso a un corredor bioceánico que desarrolla una red de servicios en poblaciones aledañas a la carretera e influye de manera positiva en las economías locales.
-Se logra un mejor relacionamiento entre campesinos-colonizadores y la población indígena del TIPNIS, y las controversias se canalizan a través de métodos alternativos de gestión de conflictos.
-Los indígenas mejoran su calidad de vida en equilibrio con sus concepciones de desarrollo y cuidado del medio ambiente.
-La organización indígena del TIPNIS y las organizaciones indígenas de tierras bajas se fortalecen.
-El Gobierno se muestra coherente ante la comunidad internacional y aprovecha la situación para construir un discurso de un modelo de desarrollo sostenible incluyente y compatible con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, lo que fortalece su legitimidad en la población boliviana.
-Se conserva el TIPNIS como área importante de captura de carbono, aportando a minimizar el efecto invernadero mundial.
NOTAS:
1. M.O. Rivera, exposición del 17 de agosto de 2011.
2. El 27 de marzo, el PIEB publicó un estudio donde afirma que en 18 años, con la carretera, se podría deforestar el 64% del TIPNIS.
Fundación UNIR Bolivia