El Convenio 169 de la OIT
América Latina arrastra una deuda social de discriminación y falta de oportunidades con los pueblos indígenas y tribales, que se refleja en situaciones de pobreza, marginación y escasa participación en los procesos de desarrollo. Los debates en torno a la aplicación del Convenio 169 de la OIT constituyen una señal política positiva de que en la región ha llegado el momento de enfrentar una asignatura pendiente.
Consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio 169. La mayor parte de las discusiones en diversos países de la región están relacionadas con la naturaleza de la consulta, y en definitiva apuntan a lograr la correcta aplicación de las disposiciones del Convenio, que establece una carta de derechos mínima para los pueblos indígenas y tribales en el mundo.
La consulta previa prevista en el Convenio se refiere principalmente a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, o a aquellas relacionadas con la exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan. Este último ha sido el tema más debatido en la región. Pero estos debates tienen la virtud de que apuntan a lograr soluciones.
No es raro que el Convenio 169 de la OIT tenga tantas repercusiones en América Latina, una región donde los pueblos indígenas presentan los peores indicadores socioeconómicos y laborales, un hecho que sin duda afecta las aspiraciones de desarrollo y cuestiona los beneficios del crecimiento económico reciente. La consulta y participación de los pueblos indígenas son mecanismos contra la persistente desigualdad para favorecer la inclusión social.
Nuestra región es rica en recursos naturales y atrae numerosas inversiones. Uno de los objetivos del Convenio es propiciar reglas claras para llevar a cabo proyectos en cooperación con los pueblos indígenas, que impliquen un desarrollo inclusivo y de este modo prevenga eventuales conflictos.
De los 22 países que han ratificado esta norma internacional, 14 son latinoamericanos. Se trata de una proporción significativa de países que, nuevamente, debe entenderse como una señal de la voluntad por hacer frente al reto de mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones en nuestra región. El Estado Plurinacional de Bolivia ratificó el Convenio en 1991, y la Constitución Política Boliviana señala el derecho de los pueblos indígenas “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.
Una de las preocupaciones expresadas tanto en medios políticos como empresariales tiene que ver con una interpretación equivocada del Convenio, según la cual el resultado de estos procesos de consulta podría ser el de vetar proyectos. La Comisión de Expertos de la OIT fue categórica al plantear que “dichas consultas no implican un derecho de veto ni su resultado será necesariamente alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento”.
Las consultas con los pueblos indígenas y tribales deberán ser formales, plenas y efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con el objetivo de llegar a acuerdos, o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas. Las Consultas de mera forma o la simple información no cumplen con los requisitos del Convenio, debiéndose realizar los esfuerzos necesarios para encontrar soluciones conjuntas. La potencia del Convenio reside en que es un instrumento a través del cual los pueblos interesados pueden participar libremente en un diálogo con el Estado, exponer sus puntos de vista y, si es posible, influir en las decisiones adoptadas. Pero es el Estado, en última instancia, quien deberá tomar una decisión, salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
El Convenio 169 presenta otros desafíos, como por ejemplo la representatividad de los pueblos y la institucionalidad del Estado, la territorialidad, el traslado de los pueblos de lugares donde viven (que en principio, sólo puede ocurrir con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa), o la educación. El Convenio también trata temas relacionados con la contratación y condiciones de empleo, formación profesional y seguridad social. Cabe destacar que al momento de su elaboración, este Convenio fue objeto de intensas deliberaciones entre los gobiernos y los representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores en la OIT. En este proceso también participaron representantes de pueblos indígenas y tribales.
El Convenio 169 es el único instrumento internacional legalmente vinculante que se encuentra abierto a la ratificación y que trata específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Es importante recordar en todo momento que se trata de un instrumento de diálogo y participación. La historia reciente de muchos países nos enseña que sin diálogo no hay consensos y se hace imposible lograr sociedades armónicas, prósperas e inclusivas.
Elizabeth Tinoco es directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
Colonialismo interno y TIPNIS
Estos últimos días vivimos el debate sobre el TIPNIS. Por un lado, la defensa del TIPNIS no es sólo de los pueblos indígenas afectados, sino también de sectores sociales urbanos conscientes del peligro que representa la construcción de la carretera a través del eje central del Parque Nacional. Aunque habría que exceptuar de esta discusión a los sectores derechistas, conservadores y algunos oportunistas que sólo pretenden re-configurarse en esta coyuntura, y que jamás defendieron los intereses de los pueblos ancestrales.
Llama a la reflexión la actitud hostil de “los colonizadores” (ahora llamados “interculturales”), con el problema de sus hermanos amazónicos. Los últimos días han bloqueado la carretera en Yucumo, abrieron zanjas, amenazan a los marchistas con no dejarles pasar en su caminata hacia la sede de gobierno. En fin, demasiada soberbia y desprecio con los hermanos que defienden el TIPNIS.
Los colonizadores son migrantes aymaras, quechuas y urus de las tierras andinas que se adscribieron en diferentes momentos a las políticas de colonización o “la marcha al oriente” emprendidas por el “Estado del 52”, que les permitió el asentamiento en las tierras bajas, como los Yungas, Alto Beni, Palos Blancos, Santa Cruz y muchos otros lugares.
Uno se pregunta ¿Cuál ha sido la práctica de estos compatriotas en los últimos 60 años? ¿Cuál su experiencia de haber ocupado regiones amazónicas y del oriente? ¿En estos sesenta años de colonización interna, a cuántos pueblos indígenas de la amazonía, el oriente y el chaco han debilitado o fortalecido? Pero sobre todo nos interesa saber ¿Cuál es la mentalidad actual de estos colonizadores? Sabemos que la forma de posesión de sus tierras es individual, aunque se denominen cooperativas e incluso comunidades. Pero en varios departamentos, estos colonizadores ya son empresarios capitalistas, por ejemplo el caso de Anapo en Santa Cruz, o el Ceibo en La Paz. Es decir, que este sector se ha convertido en capitalista. ¿Cuál es su nueva meta? ¿Tomar territorios indígenas con la justificación de la integración y el desarrollo? En fin, uno seguiría con un montón de preguntas.
También llama la atención la declaración de la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de su ejecutivo, Roberto Coraite, afirmando que con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos la vida de los indígenas del TIPNIS mejorará, pues “dejarán de tener una vida de salvajes”. Esto es seguir pensando que en pleno siglo XXI hay que seguir civilizando a los “salvajes” indígenas del TIPNIS, ¿cómo es posible que un indígena quechua llame “salvajes” a sus hermanos amazónicos?
Cuando sabemos que los únicos y verdaderos salvajes son los capitalistas en su accionar de convertir todo en mercancía.
El “Estado del 52” fue el gran propugnador del eje capitalista y liberal y creó este sector social llamado “colonizadores”, y éstos agentes pro-capitalistas han desarrollado en su accionar líneas de copamiento paulatino físico-territoriales (legal e ilegalmente). Pero también acciones de deforestación, usando para ello el discurso de la integración nacional, el desarrollo nacional y regional.
¿Cuánto se ha deforestado en los últimos 60 años en la amazonía, el oriente y el chaco? Cabe formular una pregunta crucial en esta etapa de cambios: ¿El inicial Estado Plurinacional boliviano seguirá apostando a la política de “colonización interna” depredadora y desarrollista sin límites, re-iniciada por el Estado republicano?
Jiwas papcha jaqinakawa khaysa ch’umi manqhana jakasirinakararuxa jisk’achana qalltapxi, ukaxa janiwa walikiti. Kawkhankañanisa qhanstayaskakiñaniwa jan walt’awi sartawinakxa.
Esteban Ticona es aymara boliviano.
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