El paso a las autonomías será largo y complejo
ENTREVISTA: ‘Es difícil el tránsito de la Participación Popular a las autonomías’
La Razón – Domingo 17 de abril de 2011
Es posible hablar todavía del 20 de abril como la fecha del aniversario de la Participación Popular? El ministro de Autonomías, Carlos Romero, no se anima a declararle el réquiem, pero admite que el modelo fue un “primer intento de fortalecimiento estatal”.
Es que el régimen de las autonomías en el país, especialmente en el municipio y los pueblos indígenas, tiene su base en ese paradigma de descentralización que rige desde 1994, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada presidía el país.
Tiene virtud en haber “volcado la mirada del Estado hacia el ámbito territorial, haber fortalecido las competencias y jurisdicciones municipales, haber transferido recursos fiscales hacia los municipios y haber incorporado la participación ciudadana en la gestión local a través de la planificación participativa y los comités de vigilancia”, dice Romero, quien impulsa ahora el proceso autonómico en el país.
Sin embargo, encuentra al menos tres defectos en ese ahora viejo proceso: ha promovido una fragmentación excesiva del territorio, no logró el tránsito al desarrollo productivo y no ha podido resolver plenamente la yuxtaposición de estructuras organizativas y normativas en el ámbito local.
Aún así, es la base de las autonomías municipal e indígena.
— ¿Es complicado el tránsito a las autonomías, considerando que hay una base de la Participación Popular muy arraigada?
— Sí, es un tránsito complicado porque nuestro país tiene en la fragmentación social una condición estructural que no es fácil de resolver, por su alto nivel de diversidad. Entonces, la reconfiguración de la institucionalidad municipal, la redefinición del modelo de gestión pública local, implica muchos acuerdos entre actores heterogéneos. Este proceso de acuerdos no necesariamente es un proceso muy ágil y dinámico, sino complejo porque los actores suelen corporativizar sus visiones y sus acciones y sobreponerlas muchas veces a los factores comunes. Va a ser todavía un proceso largo.
Este año se ha previsto que 140 municipios van a avanzar en el proceso de construcción participativa de sus cartas orgánicas. Hay el desafío de que estos trabajos no sean producto de unos consultores expertos, sino verdaderos procesos de construcción social, con las características de rediseño institucional y de democracia, y de definición de políticas estratégicas de desarrollo. Puede ser una oportunidad inmejorable para el fortalecimiento institucional, pero mucho va a depender de la iniciativa, del liderazgo y de la visión estratégica de los líderes locales.
— ¿Ese carácter complicado tiene consecuencias más nefastas en las autonomías indígenas incipientes?
— Sí, pero lo significativo es que las autonomías indígenas tampoco se van a estructurar de cero. Es decir, varios autores coinciden con la caracterización de los pueblos indígenas como estructuras organizativas desarrolladas en campos de semiautonomía. De alguna manera, desde la Colonia y la República, los pueblos indígenas han tenido la capacidad de adoptar la institucionalidad impuesta por el Estado, que muchas veces ha tendido a yuxtaponerse a sus propias estructuras organizativas, adoptando su nomenclatura, pero reformulando su esencia y su naturaleza, y acomodándola a las lógicas organizativas indígenas. Así es como los cabildos, corregimientos y capitanías, si bien son instituciones heredadas desde la colonización, han sido reelaborados en función de los referentes culturales indígenas. En la región andina del país, los sindicatos, marcas y ayllus tienen componentes de identidad cultural independientemente de que también acojan estructuras clasistas.
Entre los pueblos indígenas hay una base organizativa que va a servir significativamente en la proyección de la autonomía indígena, pero tal vez en todos los casos también nos encontremos con dualidad normativa institucional, incluso entre las propias comunidades indígenas, algunas que en esencia han mantenido sus estructuras culturales y otras que se han funcionalizado más a las estructuras estatales ordinarias. El proceso de Participación Popular ha jugado un rol significativo en esto.
Entonces, ese diseño institucional también tiene que ser flexible. No creo que ni siquiera en una autonomía indígena tengamos un diseño institucional “absolutamente puro” en términos culturales.
— Pero hay fundamentalismos que señalan que la autonomía indígena tiene que partir de cero, en la reconstitución territorial y la restitución de autoridades.
— Sí, pero yo creo que ese discurso fundamentalista no ha alcanzado el nivel de solidez que podría esperarse entre una población y las mismas bases comunitarias, porque en algunos casos nos ha planteado la idea de reconstitución territorial, lo que significaría un reordenamiento territorial muy profundo. Pero cuando uno percibe las expectativas de las poblaciones locales, más bien hay fragmentación. Es decir, el discurso de la reconstitución se “sobreideologiza” frente a la realidad social.
Hay que encontrar un justo equilibrio. Los postulados indianistas son absolutamente legítimos y válidos, hacen parte de la realidad social y forman parte de los hitos históricos, que no se los puede negar, que son sólidos y legítimos; pero también existe otra institucionalidad con la que tienen que interlocutar. Hay que hacer una traducción cultural; la formulación de los estatutos indígenas debe hacer una traducción cultural con una mirada intercultural.
— ¿La práctica está logrando sobreponerse al discurso de las autonomías indígenas?
— En las autonomías indígenas vamos a tener novedades muy significativas, que tal vez sean la mayor particularidad del diseño autonómico boliviano. Hay 11 municipios que están transitando a la autonomía indígena y algunos que potencialmente se están impulsando desde las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), como Raqhaipampa, que puede ser vanguardia en esta categoría.
Hemos visto mucha heterogeneidad en algunos casos, como en Charagua (Santa Cruz), donde hay población fuerte de la región andina, instalada transitoriamente en torno a la estación del ferrocarril, que terminó asentándose para manejar el comercio local. Hay una población de Charagua Centro, de hacendados, que tiene cierto poder económico y con un rol importante en la región, y también menonitas y guaraníes.
Ahí el desafío es lograr una confluencia a partir de estos actores que son heterogéneos. Eso significa que el diseño institucional no va a ser necesariamente uniforme, sino flexible.
En el caso de Tarabuco, en Chuquisaca, hay tres tipos de actores, unos que son mayoritariamente de estructura sindical, campesinos. En esto comparto con Xabier Albó, que dice que desde el punto de vista de su actividad económica son clase social, pero que desde el punto de vista cultural, son pueblos originarios.
También tenemos ayllus, que representan en sus estructuras organizativas y patrones identitarios los referentes ético-culturales. Y también las juntas vecinales urbanas, que plantean una confluencia de actores divergentes.
En Jesús de Machaca hay otra contradicción, que obedece a pugnas de espacios de poder político locales entre las estructuras étnico-culturales y las sindicales, que son más funcionales al Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahí se presenta un desafío de reformulación del sistema político que pueda ser flexible a incorporar las estructuras comunitarias.
En el caso de Salinas de Garci Mendoza y Pampa Aullagas (Oruro) hay un conflicto entre ayllus y sindicatos. En Chayanta, Potosí, hay divergencia de intereses estratégicos entre cooperativistas y ayllus, además de comerciantes.
En todos los casos estamos ante realidades diferenciadas y diversas, pero que serán muy creativas en la construcción de institucionalidad, sistemas de administración de justicia, en el diseño de gestión territorial y económica, con muchos aspectos novedosos; en algunos casos, tal vez consustanciales a la estructura municipal y en otros, que tengan que incorporar lo originario, porque la autonomía debería trascender de un diseño estrictamente municipalista.
— No hay muestras claras de transición y hay un deficiente consenso para la validación de propuestas de estatutos. ¿Son incipientes estas autonomías?
— Incluso por la conformación dificultosa de sus entidades deliberativas, que deben formular sus estatutos, y eso implica muchos acuerdos y negociaciones. Normalmente, los que son minoritarios en representación quieren controlar más de un tercio de los votos en las entidades deliberativas, esto para forzar mejores consensos hacia adelante.
En los hechos, hay siete entidades deliberativas que vienen funcionando con alguna regularidad, hay dos que tienen dificultades de cohesionamiento y otras dos que ni siquiera fueron conformadas. Lo interesante de todo esto es que, si bien este proceso es largo porque implica mucha reflexión y debate, van a permitirnos superar este déficit histórico de estructuras normativas e institucionales superpuestas con escasos niveles de confluencia, que se han desarrollado de manera “compartimentalizada”. La gran oportunidad que se presenta ahora es generar esa convergencia y esos campos de intersección.
Cuando hay choques institucionales y normativos en el diseño del Gobierno autonómico, hay que aplicar una mirada intercultural para lograr acuerdos.
— ¿Van a conseguir transitar esos 11 municipios a las autonomías indígenas en cinco años?
— Yo creo que sí, porque probablemente hasta fin de año vamos a tener estatutos indígenas en gran parte de estos 11 municipios. Seguramente, van a tener que desarrollar también un proceso de transición. Un referente interesante es Jesús de Machaca, que ha incorporado estructuras participativas tan particulares como, por ejemplo, representaciones de ayllus que hacen control de las licitaciones públicas o las autoridades municipales que han estado rindiendo periódicamente cuentas a la asamblea de representantes de ayllus, en cogestión entre estructuras originarias y municipales.
Seguramente como éste hay varios casos. Lo que estamos viendo es cuál es el potencial institucional alcanzado en la Participación Popular en estos municipios y cuál el potencial organizativo de gestión de proyectos o iniciativas productivas por parte de organizaciones indígenas, para ver si estas potencialidades pueden combinarse para diseños futuros.
Carlos Romero. El 20 de abril, la Participación Popular cumplirá 17 años de vigencia en el país. Eso ha sido un motivo para hablar con el Ministro de Autonomías. Si bien considera que el modelo de descentralización es la base de las autonomías, el nuevo régimen otorga cualidad legislativa a los gobiernos municipales para la formulación de políticas públicas y el ejercicio de la potestad tributaria, además de la promoción de alianzas intergubernativas y fortalecimiento normativo e institucional.
Romero ante el juicio de Fabián Yaksic
Fue por un breve tiempo su colaborador en el recién creado Ministerio de Autonomías. Ahora, diputado y opositor desde el Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic se atreve a calificar la personalidad y las debilidades de Carlos Romero en un breve cuestionario.
— ¿Cuándo conoció a Carlos Romero?
— Intercambiamos criterios durante la Asamblea Constituyente, luego trabajamos cuando yo estaba en el Viceministerio de Descentralización y cuando ingresó al gabinete, impulsamos los acuerdos de Cochabamba por la nueva Constitución Política del Estado, el momento más intenso de relación con Carlos.
— ¿Cómo es como persona?
— Tiene una visión política importante, un compromiso político, conoce varios temas que contribuyeron al debate en el país. Es un hombre que tiene compromiso social.
— ¿Qué le puede cuestionar?
— Me parece que no está generando un peso específico en el gabinete con la visión autonómica. Un hombre sensible al proceso autonómico no ha logrado gravitar para que el conjunto del Gobierno entienda en qué consiste las autonomías.
Disponible en el siguiente enlace: http://www.la-razon.com/version_temp.php?ArticleId=1447&EditionId=2503&idp=42&ids=268
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