El Mar Boliviano en organismos internacionales
La Razón – 13 de abril de 2011
Con el fin de impulsar una política multilateral en la cuestión marítima, el Gobierno nacional ha determinado crear la Dirección Estratégica Marítima del Estado. Esto es muy loable, pero habría sido mucho mejor que primeramente se hubiese constituido dicha entidad antes de haber determinado cambiar el curso de nuestra política marítima.
Lamentablemente, con este viraje del plano bilateral al multilateral, se pone en peligro la estrecha relación existente entre los gobiernos de Evo Morales y de Sebastián Piñera, la cual estaba dando buenos frutos, ya que Chile había reconocido y estaba dispuesto a solucionar la cuestión del Silala, del río Lauca, del ferrocarril de Arica a La Paz y, sobre todo, del problema marítimo boliviano.
En verdad, ¿qué espera nuestro Gobierno de los organismos internacionales? Es menester señalar que el Pacto de Bogotá, es decir, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, aprobado en 1948, ha sido ratificado en el congreso por unanimidad. Pero ningún congresista tuvo la curiosidad por preguntar, ¿por qué no se lo había ratificado antes, ya que habían pasado más de sesenta años de su suscripción? La respuesta les sorprendería; pues no se lo hizo porque su artículo 6º libera a Chile de obligarse por este tratado en lo referente a nuestra reintegración marítima.
Éste dice: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes…. o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”. La delegación nacional que concurrió a la suscripción de este tratado quedó tan molesta que incluyó en él una Reserva que dice: “La Delegación de Bolivia formula reserva al Artículo 6º, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las Partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado”.
Si el Pacto de Bogotá no obliga a Chile, entonces ni los medios políticos ni los medios jurídicos contemplados en él, como la Corte Internacional de Justicia, pueden tratar el tema marítimo. Sólo quedaría como recurso el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya (TPA), ya que éste, por el Protocolo de 16 de abril de 1907, fue designado por Bolivia y Chile como árbitro del Tratado de Paz de 1904, “en todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución de dicho Pacto”. Nótese bien: según este protocolo adicional, el TPA sólo puede intervenir en la interpretación o aplicación del Tratado de Paz, no en su modificación o revisión.
Creado en 1899, el TPA es un tribunal “sui géneris” porque no tiene jueces permanentes. Consta sólo de una Oficina Internacional que desempeña las funciones de Secretaría, y de una lista de jueces. Y los Estados que desean llevar a esta entidad alguna controversia deben conformar un tribunal, eligiendo jueces de esa lista, lo cual representa un gran trabajo burocrático.
Cabe recordar al respecto, que cuando se instauró la Liga de las Naciones, en 1920, se presentó una demanda de revisión del Tratado de Paz. La Liga decidió conformar una comisión de tres juristas para que atendiera la factibilidad o no de la misma. Esa comisión emitió un dictamen en septiembre de 1921, manifestando que “tal como ha sido presentada, la demanda de Bolivia es inadmisible, pues la Asamblea de la Liga de las Naciones no puede modificar por sí misma ningún pacto y porque la revisión de los Tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes”.
Con el tiempo, la situación jurídica nacional fue perdiendo más potestades. Tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 consagraron aún más la intangibilidad de los tratados, sobre todo los de límites.
En consecuencia, sólo los organismos políticos como la OEA y la ONU podrían atender nuestra demanda. La OEA ya lo hizo aprobando once resoluciones a favor de ella. En la última resolución además se determinó que el problema marítimo se mantendría en forma permanente en la organización. Pero ellas sólo exhortaban a las partes a que reinicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una salida al océano Pacífico.
Ahora bien, si las dos partes, Bolivia y Chile, ya se encuentran negociando dicha salida al mar, ¿para qué insistir entonces en buscar apoyos de organismos internacionales que sólo tienen facultad para instar a las partes a reunirse y negociar el tema en cuestión?
Ramiro Prudencio Lizón
es diplomático e historiador.
Sobre éste tema véase también: ¿El Pacto de Bogotá es la solución...?
Puede consultarse el texto completo del Pacto de Bogotá en: PACTO DE BOGOTÁ - Tratado Americano para la Solución Pacífica de Controversias
La Cancillería de Chile instruyó al abogado Enrique Barros preparar un informe jurídico para contrarrestar la estrategia marítima de Bolivia ante tribunales internacionales
La Razón – 13 de abril de 2011
A 20 días de que la administración de Evo Morales anunciara la demanda a Chile ante tribunales internacionales para lograr una salida soberana al mar, el Gobierno de Sebastián Piñera encargó al abogado chileno Enrique Barros un informe jurídico para contrarrestar la estrategia boliviana.
El anuncio fue revelado a La Razón por una fuente del Poder Legislativo chileno, que en contacto telefónico pidió no publicar su identidad para no interferir las “labores estratégicas” del Poder Ejecutivo de su país.
Según la información, Barros, quien integra el equipo jurídico de Chile en la fase oral del litigio marítimo con Perú en la Corte Internacional de La Haya, recibió el fin de semana la instrucción del canciller Alfredo Moreno de recopilar datos históricos y jurídicos para una defensa ante una eventual denuncia boliviana en cortes internacionales.
“Se pidió al abogado (Enrique) Barros para que revise todos los escenarios jurídicos que se abren tras el anuncio del presidente Evo Morales. Me imagino que se revisará los tratados históricos con Bolivia y también se analizarán los argumentos de la demanda boliviana”, dijo.
Barros es presidente del Colegio de Abogados de Chile y en su país es considerado un destacado jurista. “Tiene una trayectoria respetada y llena de éxitos. Ahora también trabaja acá (Chile) en la defensa jurídica de la demanda peruana en cortes internacionales”, agregó la fuente.
Además, un periodista chileno informó a este medio que el equipo jurídico de la Cancillería de Chile prepara antecedentes jurídicos para contrarrestar una posible demanda internacional boliviana.
Sobre la demanda boliviana, legisladores chilenos, en más de una oportunidad, pidieron al Gobierno de Evo Morales reanudar el diálogo bilateral y afirmaron que si Bolivia recurre a instancias internacionales entraría a un “camino sin salida” y no tendrá un “buen resultado”.
Postura. En Bolivia, la designación de Barros en Chile para el Gobierno de Evo Morales no mereció comentario alguno.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, prefirió no emitir un pronunciamiento hasta que el Gobierno de Chile emita un anuncio oficial sobre la designación de Barros.
“No amerita comentarios porque no es algo oficial; cuando haya algo oficial seguro comentaremos sobre el tema, pero a mi entender el que pertenezca a un Colegio de Abogados, que es una entidad privada, no tiene una posición oficial”, afirmó.
Morales, el 23 de marzo, anunció que Bolivia recurrirá a instancias internacionales para volver a las costas del océano Pacífico. Ahora define una estrategia con abogados expertos, historiadores y ex mandatarios.
Por su parte, el presidente chileno Sebastián Piñera consideró que el pedido de soberanía que impulsa Morales es “imposible” de atender. Rechazó la iniciativa de llevar el problema a tribunales internacionales y acusó a Morales de dar un “giro” a las conversaciones bilaterales.
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde el 17 de marzo de 1978, fecha cuando fracasó las negociaciones de Charaña. El 2006, Morales y su par chilena Michelle Bachelet acordaron una agenda de 13 puntos, en la que se incluyó el tema marítimo.
Chile y sus abogados en La Haya
Además de Enrique Barros, el equipo chileno que enfrenta el proceso de Perú en la Corte Internacional de La Haya está conformado por los reconocidos abogados en Chile Hernán Salinas Burgos, Teodoro Ribera, Luis Winter y Fernando Zegers. El agente de Chile en La Haya es el ex viceministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Van Klaveren. Los coagentes son Juan Martabit, María Teresa Infante y Patricia Pozo. El 2010, en noviembre, Perú entregó su réplica para sustentar su demanda internacional por límites marítimos contra Chile.
Barros, abogado con respetada trayectoria en Chile
Enrique Barros Bourie es considerado en Chile como uno de los abogados más destacados. Preside desde el 2006 el Colegio de Abogados y es parte del equipo jurídico que defiende a Chile en la Corte Internacional de La Haya ante una demanda del Perú.
Según comenta la periodista chilena Magdalena Echevarría, del suplemento Economía y Negocios, dirige el conocido estudio de abogados Barros & Letelier.
Barros se recibió abogado en 1976 de la Universidad de Chile y tiene un doctorado en la Universidad de München, Alemania. Fue miembro de la Comisión de Reformas a la Constitución Política del Estado de Chile en 1989, abogado integrante de la Corte Suprema de Chile entre el 2000 y el 2005 y Árbitro del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago, entre otros cargos.
Según la revista Capital de Santiago, Barros es “uno de los abogados más influyentes del país, y pergaminos para ello tiene de sobra. Este académico, juez, árbitro y actual presidente del Colegio de Abogados... A Barros le gusta estar disponible cuando un cliente lo requiere y también ser partícipe de la formación de nuevas generaciones”, dice un artículo que aglutina a los profesionales más destacados de Chile.
También, según datos del portal WikiBello.cl, el abogado es fanático de la ópera, es dueño de una isla en Chiloé en la región de Puerto Montt (Sur de Chile) y tiene como hobbie, desde muy niño, seguir con lujo de detalles los resultados de las elecciones parlamentarias o presidenciales.
El canciller de Chile, Alfredo Moreno, pidió a Barros, en enero del 2011, que se sume al equipo jurídico para enfrentar la demanda peruana en la Corte de La Haya. El fin de semana pasado, el mismo Moreno pidió al abogado un informe jurídico para enfrentar la posible demanda boliviana.
Humala reclama de Chile una disculpa
El líder del Partido Nacionalista peruano, Ollanta Humala, ganador de las elecciones presidenciales, consideró que sería positivo que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, “pida perdón” a Perú.
Afirmó que Chile debería pedir perdón a Perú por su actitud durante la Guerra del Pacífico en 1870, por practicar el espionaje en Perú “al menos en dos ocasiones, la última de ellas el año pasado”, y por vender armas a Ecuador durante el conflicto del Cenepa entre los dos países andinos, siendo Chile en aquel momento un país garante.
Ésa sería “una actitud correcta para dar un buen mensaje y para el mejoramiento de las relaciones bilaterales”, dijo Humala en una entrevista con la cadena Radio Programas del Perú (RPP).
Recordó que estas mismas ideas ya “se las hemos señalado” a Piñera o a su entorno, pero dejó claro que no son en absoluto condiciones para mantener unas buenas relaciones bilaterales en caso de que llegue al Palacio Presidencial tras la segunda vuelta electoral del 5 de junio.
El fin de semana, en la última rueda de prensa realizada antes de las votaciones, el izquierdista Ollanta Humala dejó claro que piensa respetar el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre el conflicto por los límites marítimos con Chile, aun si es adverso para la República del Perú.
Al respecto puede verse también: ESTRATEGIAS POSIBLES PARA LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA
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