Justicia: tiempo de rectificar
Este escenario se revela con mayor crudeza cuando, como ocurre con monótona regularidad, se pone al descubierto que el Gobierno pierde autoridad moral para acusar a nadie, dado el interminable y sucesivo rosario de escándalos que van desde el caso Catler (contrato petrolero) hasta el caso Sanabria (narcotráfico), pasando por el caso Rózsa (manipulación de testigos).
Es tiempo de que se dé un giro de timón de 180 grados si se pretende contar con un mínimo de credibilidad en la administración de justicia, uno de los pilares esenciales de cualquier proceso democrático, más aún si recordamos que una de las grandes promesas de Morales en las elecciones de 2005 y 2009 fue llevar adelante una revolución ética.
Las tareas de rectificación que quienes gobiernan deben encarar si quieren salvar este proceso son pocas pero cruciales.
Las autoridades deben comenzar por someterse a la Constitución (CPE), que reza en su artículo 140: "I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni ningún otro órgano o institución podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución. II. No podrá acumularse el poder público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna".
La Asamblea al aprobar una ley que faculta al Presidente a nombrar a dedo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional ha violado la Constitución, pues ha concedido a un órgano (el Poder Ejecutivo) y a una persona (el Presidente) facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la CPE, con lo que ha subordinado a un Poder del Estado, el Judicial, y ha vulnerado los derechos y garantías reconocidas en la CPE, que han quedado a merced del Poder Ejecutivo y del presidente Morales. Para remediar este grave atentado es imperativo hacer la convocatoria inmediata a la elección popular de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
A su vez, el Vicepresidente ha prolongado inconstitucionalmente el mandato del fiscal general del Estado. Es imperativo que la Asamblea designe por dos tercios de votos a un fiscal general que sea legítimo.
La Asamblea al aprobar la Ley Marco de Autonomías ha violado la Constitución al establecer que una autoridad electa por voto popular puede ser suspendida ante simple acusación de un fiscal de materia, pues ha concedido a una persona (un fiscal ordinario) facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la CPE, con lo que se subordina a un poder del Estado, el Electoral, y –lo más grave– desconoce lo más importante: el pilar en el que se basa la democracia, el voto, que es la voluntad soberana del pueblo, inviolable y sagrada. Es imperativo derogar todo lo referido a este tema en la Ley de Autonomías.
El municipio de Tarija debate un proyecto denominado Ley Orgánica Municipal de Garantías Democráticas, que recoge la idea de que una autoridad municipal electa (lo que vale para una autoridad departamental electa) que haya sido acusada penalmente podrá (condicional, no obligatorio) pedir licencia provisional para ejercer su defensa sin perjuicio de volver al cargo en cualquier momento. El proyecto considera que sólo una sentencia obliga a esa persona a alejarse definitivamente del cargo. Si este instrumento se aprueba en Tarija, sentará un precedente de enorme importancia para la defensa de nuestra democracia.
De lo que se trata es de recuperar uno de los derechos básicos del ciudadano: la presunción de inocencia. Ese derecho ha sido negado de modo desconsiderado e ilegal –pues vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenciones internacionales sobre la materia– por la Constitución en su artículo 123, cuando establece la retroactividad de la ley en casos de corrupción. El bien buscado, el fin de la impunidad, da lugar a un mal mayor, la aplicación arbitraria de leyes y penas aprobadas después de la comisión del delito, o la tipificación de delito de una acción que en el momento de ejecutarse no lo era, además del establecimiento de penas mayores a las establecidas cuando el delito se cometió.
Si el Gobierno no rectifica esta ruta equivocada y perniciosa, acabará deslegitimando no sólo su discurso, sino aquellos avances que quiere consolidar en una transformación para bien de las instituciones y de la sociedad. Estamos en un pantano que amenaza con hundir a quienes lo crearon.
Fuente: Los Tiempos
Fecha: 03-Abril-2011
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