La Fiscalía General investiga las denuncias por genocidio y otros delitos contra Morales, el vicepresidente Álvaro García y otras autoridades. Defensor presentó un informe
Uribe: informe del Defensor no es un ‘medio de prueba’
La Razón – 29 de noviembre de 2011
El fiscal General, Mario Uribe, explicó que tomará el informe del Defensor del Pueblo sobre la represión a indígenas como un elemento más de la investigación, porque “ni siquiera es un medio de prueba”. Además, prevé concluir esta semana la indagación que definirá si el presidente Evo Morales va o no a juicio por este caso.
Uribe recordó que la única instancia facultada por ley para investigar la comisión de delitos es la Fiscalía, por lo que la indagación y conclusión del reporte defensorial será un insumo más en el proceso que inició a partir de las denuncias de juicio contra el Presidente y otras autoridades.
La opositora Convergencia Nacional (CN) y las organizaciones indígenas CIDOB y APG presentaron una denuncia en contra del Mandatario y otras autoridades por delitos como genocidio cometidos por fuerzas policiales en contra de los indígenas.
El Defensor presentó el miércoles un informe en el que, entre otros aspectos, apunta al exministro de Gobierno Sacha Llorenti como la persona que planificó y ordenó el operativo policial en Yucumo, Beni, contra indígenas que marchaban en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Las conclusiones a las que haya arribado el Defensor del Pueblo en el ejercicio de las funciones que le otorga la ley y la Constitución Política del Estado, para el Ministerio Público son solamente elementos de convicción, un elemento más de convicción, todavía ni siquiera es un medio de prueba”, sostuvo la autoridad.
POSICIÓN. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, comunicó el jueves que la investigación de la institución que preside establece “indicios de prueba” sobre la violación de los derechos humanos. Consideró que sería un nefasto precedente que la Fiscalía no tome en cuenta en su trabajo el documento.
Uribe sostuvo que la investigación iniciada por las denuncias en contra del Mandatario tiene un avance del 90%. Las conclusiones determinarán si se da curso o no al juicio planteado contra Morales y otras autoridades del Gobierno.
“En el transcurso de esta semana podríamos tener todo concluido. Inmediatamente después, mi autoridad se pronunciará”, dijo. En La Paz, también está en curso un juicio penal contra Llorenti y otras autoridades y jefes policiales, planteado por el líder de los sin miedo, Juan del Granado.
Vargas dice que marcha la alienta Evo
El dirigente indígena Fernando Vargas acusó al presidente Evo Morales de impulsar la marcha que perfilan diferentes sectores a favor de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por el TIPNIS. El senador oficialista y dirigente cocalero, Julio Salazar, rechazó la acusación.
En Cochabamba formaron un Comité impulsor de la carretera, que prepara movilizaciones para exigir la construcción de la vía por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los empresarios cochabambinos plantean despolitizar el tema y respetar la ley corta que protege el territorio indígena.
“Le pedimos al Presidente que sea coherente con lo que dice y hace. Debe respetar su investidura”, cuestionó Vargas, mientras que Salazar aseguró que las movilizaciones a favor de la infraestructural vial son iniciativa de los movimientos sociales. “Acá no existe injerencia política”, afirmó.
Fiscal Ponce valorará el informe del Defensor
El fiscal José Ponce informó que valorará el contenido del informe defensorial sobre los hechos de violencia en contra de los indígenas en Yucumo para ver si lo tomará o no en cuenta en la investigación.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó el miércoles un informe en el que, entre otros aspectos, apunta al exministro de Gobierno Sacha Llorenti como quien planificó y ordenó el operativo policial del 25 de septiembre en Yucumo.
Ponce explicó que toda información que contribuya a la investigación puede ser tomada en cuenta. “En todas las investigaciones todos los elementos que sean útiles y conducentes al establecimiento de la verdad histórica de los hechos pueden ser tomados en cuenta; vamos a valorar el informe defensorial”, afirmó.
Llorenti cuestionó el reporte defensorial y aseguró que vulnera el derecho a la defensa de las personas citadas en el documento, porque no escuchó su versión sobre los hechos.
Ponce informó que convocará a varias personas a declarar y aseguró que el trabajo que efectúa está enmarcado en los plazos procesales. “Las declaraciones se realizarán a partir de la siguiente semana, en el marco de la etapa preparatoria de los seis meses”, sostuvo.
No cerró la posibilidad de citar a los dirigentes de los colonizadores que bloquearon el camino para evitar que los indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS pasen por Yucumo a La Paz.
