La relación de los políticos
en Bolivia con las redes sociales está marcada por la incomprensión. Su
desconcierto se caracteriza por una oscilación del poder político que pulula
entre insinuar el control de estas plataformas digitales y aprender a usarlas.
La Razón
(Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 07 de
marzo de 2016
Es difícil decir con precisión cuáles son las
potencialidades comunicacionales (su efectividad) de las redes sociales (RRSS).
En todo caso, al menos al principio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) atribuyó
su derrota en el referéndum del 21 de febrero al uso de estas herramientas por
parte de la oposición y habló de la necesidad de debatir su regulación. ¿Cómo
son las redes y cómo se fueron convirtiendo en uno de los escenarios de las
pugnas y reivindicaciones políticas en Bolivia?
Dentro de sus rasgos generales, hay que convenir
que las redes sociales permiten a sus usuarios expresarse e interactuar casi
sin limitaciones de contenido ni forma (las propias redes tienen sus normas
específicas que prohíben por ejemplo la publicación de posts racistas, entre
otros). Si bien son los usuarios quienes se autorregulan unos a otros, los
mensajes que se publican muchísimas veces escapan incluso al mismo control del
servicio que da una específica red.
Sin embargo, por esta potencialidad de expresión,
frente a otras formas de comunicación, las RRSS devienen una herramienta
comunicacional privilegiada y, salvo las excepciones mencionadas, libre
(incluso considerando a las restricciones a la visibilidad de un post no
pagado).
FENÓMENO. El investigador en el tema
Pablo Rivero explica el fenómeno comunicacional de las redes sociales en
internet: “No son medios convencionales, no son medios unidireccionales”, sino
que se crean y popularizan a partir de expresiones sociales (“de ahí el
‘préstamo’ de la categoría sociológica “redes sociales”) a través de la
tecnología y el contexto histórico y social, los cuales “convergen en la
posibilidad de reproducir —esto es lo importante— las relaciones sociales,
ideas, prácticas, creencias y manifestaciones culturales en la web”.
Es decir que son un mecanismo comunicacional que
puede ser descrito como multidireccional, que además hace que cohabiten
diversidad de códigos, formatos y lenguajes.
En cambio, la política en su sentido más
restrictivo y convencional, el que se refiere al ejercicio del poder, es en
esencia unidireccional, por tanto, opuesta a la dinámica más bien heterogénea
de las redes sociales. Por supuesto, la política en su sentido amplio, de la
preocupación y acción por lo público, excede aquella referencia inmediata y
tiende a sobrepasar lo que una autoridad dice o hace, ‘invadiendo’ los
intersticios cotidianos de la vida; aunque los políticos en ejercicio del poder
o pugnando por ejercerlo quieran de una y otra forma monopolizar la práctica de
la política. Es en esa forma restrictiva de entender la política que hay una
inclinación por lo vertical, lo que en el ámbito comunicacional se expresa en
la vocación por controlar los mensajes.
Esta afición del ejercicio del poder es
perturbada por herramientas como las redes sociales. Así lo explica Rivero:
“Las plataformas en internet (llamadas o mal llamadas ‘redes sociales’) son
innovaciones sociales con tecnología de principios del siglo XXI que
explosionan las formas controladas de comunicación uni o bidireccional, (que)
‘descontrolan’ las relaciones por canales distribuidos y desconcentrados”.
En efecto, la estructura convencional de las
instituciones políticas (partidos e instituciones de Gobierno y Estado) se
inclina hacia la centralización de todo, incluidos los mensajes, por lo que la
lógica heteróclita de las redes sociales parece haber dejado perpleja a una
mayoría de los políticos.
Así lo dice el comunicador Tonny López: “(En las
RRSS) el tema es entrar en la interacción entre usuarios. Tanto oficialismo
como oposición no tienen mucha idea de cómo se manejan las redes sociales, pero
con tanta práctica se están dando cuenta de la dinámica: actuar e interactuar”.
Siguiendo esta misma tesis de la incomprensión
política de la lógica de las RRSS, la ciberactivista Eliana Quiroz va aún más
lejos, pues señala que los políticos para decodificar o entender las redes requieren
de una mediación (que deviene de una autonomía todavía en formación de las
mismas redes): las RRSS “aún no pueden ser protagonistas sin ayudas, tienen la
necesidad de generar una dupla con los medios de comunicación masivos. Sin
éstos, las redes no podrían ser relevantes en la vida política, porque el
sistema político aún no entiende el mundo virtual, le es ajeno, lo que más
entiende hoy es el lenguaje de los medios. De modo que los medios funcionan
como traductores y amplificadores cuando la noticia se genera en internet, o
buscan legitimidad de sus contenidos en las redes sociales, donde se cree que
la ciudadanía habita”.
PERPLEJIDAD. Rivero afirma que esa
perplejidad de los políticos ante las redes tiene varias causas; pero aunque
hay excepciones, una mayoría “no logra adoptar una lógica digital y se queda en
la práctica analógica, porque aún las prácticas políticas son dominadas por
estructuras jerárquicas, centralizadas y con poca presión (jurídica y social)
para transparentarse o al menos abrirse a través de recursos digitales,
tecnologías (incluso emails o SMS, que ya no son tan nuevas) y ejercicios
presenciales. Tenemos además una concentración de mensajes, casi un monopolio,
a través de conferencias de prensa y programas de Tv tipo de infotainment
[programas que ofrecen información bajo fórmulas de entretenimiento; el término
procede de unir information y entertainment]”.
El resultado es el desconcierto de una mayoría de
los políticos —desorientación que se transfiere al modo en que las instituciones
de la política tradicional se expresan en las redes— los cuales se mueven
oscilantes entre un extremo y otro, esto es: intentar comprender estas
herramientas usándolas, o proponer controlarlas (como en el caso del
oficialismo) o utilizarlas desde una lógica de centralización del mensaje en el
caso de las oposiciones. Ese movimiento oscilante está bien descrito por López,
cuando se refiere a cuatro hitos de la relación entre el poder político y las
redes sociales.
Estos cuatro momentos son: 1) la escaramuza de
posts en Twitter entre Carlos Mesa y Sacha Llorenti. “Ésta fue la primera vez
que los medios tomaron un post de redes como fuente”; 2) en octubre de 2012, el
vicepresidente Álvaro García Linera dijo que se encuentra anotando los nombres
y apellidos de quienes insultan al Presidente en RRSS; 3) en 2015, Evo Morales
ve debilidad de su campaña en redes sociales e instruye a sus seguidores a
utilizar la herramienta y hacer proselitismo en ese espacio (recientemente,
García Linera llamó a jóvenes del área rural a hacer lo propio: utilizar las
redes para desmentir lo que considera falsedades que se difunden en las
plataformas digitales); y 4) en febrero de 2016, luego del referéndum
constitucional, cuando Morales dijo que las redes “tumban” gobiernos y hay que
debatir su regulación.
Como se ve, en estos hitos está la oscilación
entre la repulsión por las redes sociales, y la necesidad por parte de los
políticos de acudir a ellas. Tal vez, la traslación de la política a la
web (originada en el no planificado choque entre Llorenti y Mesa) es, “como
mucho (de lo que sucede) en la web, espontáneo e intuitivo”, describe Rivero.
En todo caso, frente a la tentación de regular las redes están los ensayos,
tanto de políticos como de las instituciones públicas (partidos y sus
variaciones), que buscan utilizar las redes sociales y comprender sus
mecanismos.
El acercamiento a las redes por parte de los
políticos vinculados al ejercicio del poder es relatado por Quiroz por
oposición a esa otra política del activismo (ciberactivismo) relacionada a temas de interés público como los
derechos de las mujeres, acceso a la información, etc.
Antes del referéndum de 2016 —da cuenta Quiroz—,
en Bolivia la internet era reconocida como un “espacio político en disputa”
solo por algunos ciudadanos y otros tantos periodistas. “Las organizaciones
políticas, los políticos y las entidades de Gobierno tenían escasa actividad en
espacios virtuales”. Entonces, la política en la web boliviana sucedía “sobre
todo del lado de la ciudadanía con expresiones activistas con las más diversas
causas”: derechos de los animales, mejora del servicio de internet, violencia
de género, promoción del uso de software libre, temas medioambientales, entre
otras.
CAMPAÑAS. El sistema político había
frecuentado las redes sociales solo en la campaña de las elecciones generales
de 2014, cuenta Quiroz. Los partidos prácticamente no tuvieron presencia fuera
de esa época electoral. Mientras tanto, algunas personalidades políticas tenían
cuentas “medianamente bien administradas”, como Betty Tejada, Óscar Ortiz,
Manuel Canelas o Samuel Doria Medina. Aunque, “usualmente, carecían de la
interacción con la ciudadanía”. López midió que solo el 3% de los políticos
administran sus cuentas personales en RRSS, el resto lo delega a terceras
personas.
Por lo demás, estas herramientas usualmente eran
utilizadas para la difusión de sus actividades, vuelve Quiroz. Un ejemplo de
“buena administración” es Carlos Mesa. Por ejemplo, en la entrevista en PAT en
que este expresidente desmintió que tenga una intención de ser candidato a la
presidencia en 2019, se refirió al aspecto práctico de su cuenta en Twitter,
señalando que le permite dar una declaración pública sin la necesidad de llamar
a una conferencia de prensa, lo cual muestra la consciencia de la “dupla” entre
medios y redes, anotada por Quiroz. En cuanto a entidades de Gobierno, concluye
la ciberactivista, muy pocas “informaban y proponían interacción al público a
través de sus cuentas de Twitter o Facebook”.
Hoy una buena excepción es el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), que interactúa todo el tiempo con los usuarios. El resto de
instituciones estatales con presencia en RRSS todavía se queda en las buenas
intenciones, manteniendo sus cuentas inactivas a veces durante varios días y
reapareciendo solo cuando una coyuntura crítica les obliga a informar mediante
estas herramientas (por ejemplo el caso de YPFB y las lamentables muertes por
intoxicación de la semana que acaba). En el ínterin, cuando no existe una
situación de crisis, es posible que las cuentas de instituciones estatales
caminen con un exceso de cautela, que les hace preferir la inactividad.
Aunque cabe decir que esas cuentas, por más
activas que estén, informando de sus actividades, están lejos del manejo de
redes que hace el TSE.Rivero remarca esta falencia con ejemplos en que las
prácticas políticas se han “normalizado” en plataformas en internet, ya que
“allí es donde ‘está’ la gente y las esferas políticas sienten la necesidad de
aproximarse, de llevar su mensaje”. Pero, otra vez: “en Bolivia aún se mantiene
una lógica unidireccional o restringida de la práctica política en la web”.
En cuanto a la relación de usuarios con
instituciones de Gobierno, “no hay una legislación sobre transparencia, datos
abiertos y control social; tampoco hay una decisión política de generar
mecanismos de intercambio o generación colectiva de normas, políticas o
iniciativas ciudadanas por la web o con aprovechamiento de redes sociales en
internet”, cuestiona al mencionar que no hay que ir muy lejos para encontrar
buenos ejemplos de lo contrario a lo que sucede en Bolivia: “en Colombia hay
ejemplos muy interesantes de prácticas políticas abiertas, basadas en
plataformas tecnológicas, que buscan involucrar y acercarse a la gente”.
Después de todo este recorrido, volviendo al hito
cuatro que enumeraba López (Morales diciendo que las RRSS tumban gobiernos y
que hay que debatir su regulación), se puede decir con Quiroz que la novedad es
que, durante la campaña del referéndum hasta hoy, “la dinámica social en
internet ha logrado imponer agenda política y construir un relato social de una
manera vertiginosa y llena de emotividad, como son las redes sociales
digitales”.
Entonces, ¿servirá de algo regular las redes en
función de la conclusión del MAS de que fueron factor determinante en su
derrota (es claro que debe haber una regulación orientada exclusivamente a
permitir su uso en la lucha de delitos como la trata de personas, por ejemplo)
o sería mejor seguir intentando despojarse de la persistencia intrínseca pero
no fatal ni insuperable, de la vocación del ejercicio del poder?
Una conclusión oportuna es la de Quiroz al
contestar la pregunta ¿cómo pueden los políticos y organizaciones políticas
incluirse en la dinámica de las redes?: “Entendiendo y aprendiendo cómo
funcionan, convirtiéndose en actores relevantes del ciberespacio, generando
contenidos apreciados (esperemos que sanos, no farandulescos, ya que ambos son
aceptados), porque una de las características de las sociedades en internet es
que son meritocráticas, no vale hablar sino hacer”.
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Regular las redes
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Mucho se ha dicho en las últimas semanas
acerca de regular las —mal llamadas— redes sociales, herramientas acerca de las
cuales la mayoría de nosotros seguramente podría autoproclamarse como experto.
Sin embargo, nos inundan los lugares comunes y simplificaciones acerca de una
serie de debates complejos que absurdamente nos posicionarían en dos bandos
(onda plebiscito) acerca de si deberían o no ser reguladas.
Asumiendo con entusiasmo el riesgo de decir
cosas que a muchos no les agradará leer, en los siguientes tres puntos
argumentaré que las redes en definitiva son objeto legítimo de regulación, pero
quizá no como se está planteando desde una falsa dicotomía entre control y
libertad a secas.
ASIMETRÍAS. El
paraíso perdido del ciberespacio: el primer punto tiene que ver con la
naturaleza ostensiblemente libre y democrática de este plano digital. En
nuestro ciberutopismo, a veces intentamos creer que las redes son espacios
extraterritoriales donde reinan las voluntades de millones de ciudadanos
soberanos, quienes con sus opiniones y debate constituyen una especie de ágora
virtual libre de todo dominio.
Pero la mayoría del tiempo ignoramos que se
vienen acrecentando las asimetrías en este plano: desde los términos y
condiciones a los que estamos sujetos, pasando por la territorialización de
nuestros datos (que no se encuentran en la “nube”, sino en enormes granjas de
servidores, generalmente en Estados Unidos), y el acceso sigiloso que tienen a
nuestra información personal agencias como la NSA (Agencia de Seguridad Nacional,
por sus siglas en inglés, National Security Agency).
Es decir, le negamos fervientemente a un
Estado lo que sin siquiera percibirlo le concedemos a las grandes
corporaciones, e incluso a gobiernos de otros países. Nuestras redes ya están
profundamente reguladas, y la más clara evidencia que tenemos de ello es
nuestra pedestre ignorancia de este hecho.
Tampoco es cierto que internet es un plano
horizontal donde todos (al fin, aleluya) somos “iguales”, basándose esta
ilusión en un libertarismo profundamente conservador en la que la igualdad es
meramente una potencialidad. Si bien es cierto que cualquier ciudadano puede
crear una cuenta, compartir contenido y llegar a miles de personas, existen
desequilibrios monstruosos en el alcance de las publicaciones debido al pauteo,
o difusión pagada. El volumen de nuestra voz digital está cada vez más
condicionada por nuestra capacidad de pago.
ANONIMATO. Los
rostros camaleónicos de la anonimidad: el segundo punto de este análisis tiene
que ver con el anonimato, que en la corta pero extensa historia del internet ha
servido para que ciudadanos revelen información de interés público sin correr
riesgos sobre su seguridad personal.
Sin embargo, a diferencia de los medios
tradicionales (donde los medios y periodistas son responsables de la
información que presentan), las redes permiten la difusión masiva de
información de todo tipo de manera anónima, haciéndose cuando menos dificultosa
una rendición de cuentas razonable.
Existen leyes vigentes en nuestro país
respecto a la calumnia, el acoso político, la violencia de género, la
protección de menores, así como en relación al racismo y toda forma de
discriminación. Pero la mayoría de las veces no existen personas jurídicas o
naturales a quienes se les puedan atribuir muchas de estas ofensas.
El mismo Facebook está consciente de los
problemas que genera el no poder vincular a personas naturales con cuentas
específicas y por ello ha impuesto la condición (no siempre cumplida) de que
las cuentas deben llevar nombres y apellidos reales.
La policía en distintas partes del mundo
hace pedidos de información a ésta y otras corporaciones con el fin de
investigar y resolver crímenes de toda índole. La validez jurídica de estas
evidencias es cada vez más reconocida por cortes y sistemas legales. La razón
es que la preocupación por regular las redes no solo surge entre políticos,
sino entre quienes son objeto de acoso sexual, político o víctimas de violencia
digital.
El pasado martes, la Policía federal
brasileña arrestó al vicepresidente de Facebook para América Latina porque la
empresa se rehusó a revelar datos de WhatsApp (adquirida por Facebook en 2014)
ligados a un caso acerca del tráfico de cocaína.
Pero ésta y otras empresas globales en
algunos casos ofrecen mecanismos para la liberación de información: en la
primera mitad de 2015 (último periodo para el cual se dispone de datos), 91
países realizaron pedidos de información a Facebook un total de 38.946 veces;
casi la mitad por Estados Unidos. Al mismo tiempo, 20.568 contenidos han sido
restringidos a pedido de gobiernos en base a sus leyes locales (por ejemplo en
Francia, donde se han restringido contenidos 295 veces, es ilegal cuestionar la
existencia de crímenes contra la humanidad como el Holocausto).
Bolivia no se encuentra en esa lista. Y no
es necesariamente un motivo para celebrar. Si el Estado boliviano no ha
solicitado este tipo de información hasta el momento, quizá sea por inoperancia
investigativa o por deficiencias en nuestras leyes al no poder hacer uso
judicial efectivo de evidencias de esa naturaleza.
La posibilidad del anonimato ciertamente
tiene usos loables en las redes, pero también abre la puerta a una serie de
problemas. Partiendo de una acepción básica del bien común, el anonimato en la
red no es valioso porque nos permite decirle ‘chusma’ al vecino sin ser
descubiertos, sino más bien porque puede salvaguardar o promover otros derechos
que sí son de interés público, como la filtración a WikiLeaks por parte de
Chelsea (née Bradley) Manning de documentos clasificados acerca de las guerras
en Irak y Afganistán en 2010.
REGULACIÓN.
Nuestra realidad es virtual: esto me lleva al tercer punto, que trata de la
inevitabilidad de la regulación de las redes. Una regulación extrema, como la
que existe en China, sería inviable sin un sistema de vigilancia masivo que
atente contra la libertad de expresión y asociación garantizados, no solo por
nuestra Constitución, sino por una serie de tratados y convenciones a los que
estamos sujetos como país.
Considero que la ofuscación conceptual
parte de que este plano no termina de definirse entre la esfera pública (como
los medios tradicionales) y la privada (como las conversaciones entre amigos en
un café). Pero caer en este debate sería una distracción.
Es mentira que las redes no estén reguladas
hoy en Bolivia, stricto sensu. Todo acto que tiene lugar en la esfera pública
(y muchos actos, como la violencia doméstica, que a veces se pensaría
pertenecen a la esfera privada) son objeto de las leyes de nuestro Estado. Solo
sucede que en 2016 no existen los mecanismos para efectivizar un cumplimiento
de las leyes cuando los hechos suceden en internet. Es decir, la recolección y
validez de evidencias obtenidas en las redes hoy por hoy no están normadas.
El posibilitar esta tarea en mi opinión no
requiere tipificar nuevos tipos penales con sus respectivas sanciones; el
proyecto de ley presentado nos haría pensar que las redes son una dimensión
paralela con sus propios delitos. Seguir en esta lógica nos llevaría a duplicar
el Código Penal, reinventando cada ley para adecuarse a esta cosa (para nada)
misteriosa a la que llamamos internet.
Las redes no pertenecen a una esfera etérea
y desterritorializada en la que a veces, en nuestro ciberutopismo, quisiéramos
creer. ¿Por qué debería ser legal difamar a alguien en la red mientras que
hacerlo offline es una ofensa penada por ley? La pregunta de fondo es si estos
espacios digitales pueden ser regulados de forma razonable y proporcionada, de
tal manera que no se infrinja sobre la privacidad, libertades de expresión,
asociación y (en algunos casos) el anonimato de los usuarios. Ningún país en el
mundo ha encontrado aún una respuesta convincente a esta pregunta.
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‘Memetización’ de la política
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Dudas, vendettas, obsesiones. ¿Es posible
regular las redes sociales digitales? ¿Es deseable hacerlo? En otra lógica:
¿qué hacer para “controlar” o al menos atenuar su demostrado potencial como
escenario/instrumento de guerra sucia? O mejor: ¿de qué modo alentar su energía
creadora, dialógica, movilizadora, participativa? En nuestra democracia
electoral, las redes sociales llegaron para quedarse, como ha quedado
sobradamente demostrado en el referendo constitucional. Y bien haremos en
darles la bienvenida con debate y multitud de preguntas.
Regular o no regular. Cuando en el equipo
técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), del
Tribunal Supremo Electoral, elaborábamos la propuesta de Reglamento de Campaña
y Propaganda Electoral en Referendo, asumimos por principio que, en materia
electoral, no es posible ni deseable regular las redes sociales digitales.
Coincidimos más bien en que el desafío radica en impulsar en ellas el ejercicio
del derecho constitucional a la libertad de expresión, en el horizonte de la
democracia intercultural.
La premisa es que las redes sociales
digitales, ora escenario, ora protagonistas, son espacios públicos (virtuales)
donde difícilmente un órgano del poder público puede intervenir para normar,
vigilar, castigar… Así, al igual que en la agenda informativa y de opinión en
los medios de difusión masiva, reafirmamos que las ideas, opiniones y debates
en las redes sociales en torno a procesos electorales y referendarios en el
país deben manifestarse libremente, sin restricciones, ni controles, ni censura
previa.
Ahora bien. Sostenida la
convicción/principio en torno a la no regulación de las redes sociales
digitales, resulta necesario considerar, a beneficio de inventario, algunos
matices y atenuantes. ¿Se pueden adoptar ciertas reglas mínimas para los sitios
web y las redes sociales en materia electoral? La respuesta es que no solo es
posible, sino necesario. Con las cuentas oficiales de entidades públicas y de
organizaciones políticas, por ejemplo. Veamos el más reciente, probatorio
ejercicio.
En el mencionado Reglamento de Campaña y
Propaganda Electoral en Referendo se estableció una innovadora prohibición para
las entidades públicas del nivel central del Estado y de las entidades territoriales
autónomas: “no podrán hacer uso de sus páginas web y sus redes sociales
digitales oficiales, dependientes o de subdominio, para la difusión de
propaganda electoral durante todo el periodo electoral”, establecía el artículo
35. Con algunos enojos, se hizo cumplir. Y se reconoció como avance.
También fue necesario dar cuenta del
carácter esencial pero no absoluto de la libertad de expresión. ¿Cómo se hizo
desde la normativa electoral? Señalando que las informaciones, opiniones y
debates en las redes sociales digitales, como en cualquier espacio público,
deben ejercerse “tomando en cuenta las limitaciones vigentes en la Constitución
Política del Estado, y en otras leyes, que tengan por finalidad la preservación
de los derechos fundamentales de las personas”. Parece obvio. En la práctica no
lo es tanto.
¿Y la guerra sucia? ¿Qué hacer? ¿Es posible
evitarla en las redes sociales? En el reciente estudio Comicios Mediáticos II
se evidenció que la propaganda negativa, cuyo espacio privilegiado en el pasado
fueron los spots televisivos de propaganda pagada, se había traslado ya en las
elecciones generales de 2014 a la agenda informativa y, en especial, a las
redes sociales digitales. La tendencia se acentuó en el reciente referendo. Y
aquí la intervención del Órgano Electoral se limitó a una exhortación que se
(de)mostró insuficiente e inútil.
Memes, memes, memes. Ahora bien, más allá
del debate, todavía rudimentario, acerca de la (no) regulación en las redes
sociales digitales, quizás lo más relevante en este campo, en torno al
referendo constitucional 2016, tiene que ver con la entrada en escena de un
fenómeno que, en clave exploratoria, identifico como “memetización” de la
política. ¿Qué significa? Planteo dos hipótesis. La primera es que los memes y
su veloz propagación en las redes adquieren centralidad en el debate
público-político como unidad de contenido/difusión en las comunidades
virtuales.
La segunda hipótesis es que hoy la
competencia electoral, con creciente presencia de los medios interactivos que
tienden a competir con los aún dominantes medios masivos (en especial la
televisión), tiene en los memes un eficaz instrumento de campaña y de
propaganda. La viralización de los llamados “sucesos de campaña” a través de
memes compartidos, reconocidos, vinculados con otros memes, (re)interpretados
y, en su caso, “exportados” a la agenda mediática, construye asociaciones de
pertenencia política en torno a una candidatura o, en referendos, una opción.
Claro que, como ocurre con la todavía
existente “spotización” de la política, el recurso a los memes privilegia las
imágenes más que las propuestas, subordina el qué se dice al cómo se dice,
debilita la deliberación pública con mensajes simpáticos y creativos pero
usualmente efímeros, resalta las consignas por encima de los argumentos… Demás
está decir que resultaría ingenuo pedirle otra cosa a la política “memetizada”.
Su naturaleza es precisamente ésa. Y debemos asumirla como dato.
Así, tras esta breve exploración, replanteo
la pregunta de origen. ¿Es posible/deseable regular las redes sociales
digitales, habida cuenta de su enorme potencial expresado en la “memetización”
de la política? Sostengo que antes de pensar en regular las redes, el reto
mayor es democratizarlas. Al menos en dos sentidos: de acceso, hoy restringido
para una parte sustantiva de la población; y de participación, como espacio no
de guerra sucia, no de insulto anónimo, sino para el diálogo plural y la
deliberación informada.
Concluyo subrayando, como ventanita, tres
buenas noticias. La primera, para la comunicación, es que hay mucha
comunicación más allá de los medios de difusión y las redes sociales digitales.
La segunda buena noticia, para la democracia, es que hay mucha democracia más
allá del sufragio individual y las organizaciones políticas. Y la tercera, en
fin, para la política, es que hay mucha política más allá de su “spotización” y
su “memetización”. Corren tiempos intensos e interesantes en nuestro complejo
proceso de refundación estatal.
