En los alegatos de la primera semana de mayo en La
Haya, los abogados bolivianos mencionaron varios actos unilaterales que no
figuran de manera directa o central en el documento de la Solicitud presentado
en 2013. A continuación se desarrollan siete actos unilaterales de Chile que no
fueron objeto de mucha atención.
La Razón (Edición Impresa) / Ricardo
Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 17 de mayo de 2015
Los alegatos bolivianos de la
anterior semana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sacaron a colación
no pocos actos unilaterales de Chile que no figuran en la “Solicitud para
instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia”. Estos actos
muestran otros compromisos adicionales de ese país que expresan su disposición
a negociar con Bolivia una salida al mar o, en un caso particular (Tratado de
Lima), de dejar por escrito el estado pendiente de un corredor para Bolivia en
el área del territorio peruano cautivo.
Pueden identificarse seis actos de
esta naturaleza realizados por Chile, más allá de los que se desarrollaron en
abundancia en este suplemento y que constan en el documento de la “Solicitud”:
el Tratado de Transferencia de Territorios (1895), el Acta Protocolizada de
1920, el intercambio de notas de 1950, las negociaciones de Charaña y sus
correspondientes declaraciones conjuntas (1975-1978), y la Resolución de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (1983).
Los seis momentos que ahora serán
desarrollados fueron aludidos por los abogados de Bolivia durante los alegatos
de la primera semana de mayo. Son: la declaración de Domingo Santa María
(primero como Canciller y luego como Presidente); las nota de 1923, la
respuesta de 1926 a la Propuesta Kellogg; el artículo 1 del Protocolo de Lima;
la declaración del presidente Gabriel González Videla en 1948; la nota “Trucco”
de 1961; y la mención chilena en el juicio de Perú contra Chile en 2012. Las
manifestaciones expresas de ese país, sin embargo, son aún más.
1. SANTA MARÍA.
“No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia... Privada de
Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos
proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le
permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos
matar a Bolivia”, dijo el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
Domingo Santa María, el 26 de noviembre de 1879. Ya como presidente, pocos años
después, reiteró ese mismo pedido también poniendo énfasis en el verbo “deber”.
Si bien esta declaración estuvo resaltada por la abogada de Bolivia
Chemillier-Gendreau en su intervención del viernes 8 de mayo, hay que recordar
que declaraciones de este tipo fueron reiteradas a lo largo de la historia por
otros presidentes chilenos y sus autoridades competentes en temas relacionados
con las relaciones exteriores, como cancilleres y embajadores.
Así, no solo la declaración de Santa
María (que podría dar reparos por haber sido dicha muchos años atrás), sino
también las posteriores pueden ser consideradas como actos unilaterales que
crean una obligación. Esto podría darse por descontado si se considera el
juicio en la CIJ de Australia y Nueva Zelanda contra Francia (1974) para que
éste último cese de realizar ensayos con armas nucleares en la atmósfera del
archipiélago de Mururoa porque la contaminación radiactiva se iba elevando en
los países demandantes al estar más o menos cerca de Mururoa.
El Ministro de Defensa francés, en el
curso de una entrevista para la televisión francesa, declaró el 16 de agosto de
1974: “El Gobierno francés ha asegurado que las pruebas nucleares de 1974 serán
las últimas que se desarrollen en la atmósfera”.
Esto bastó a la CIJ para fallar a
favor de Australia y Nueva Zelanda, pues una autoridad competente en el tema en
disputa (el ministro de Defensa de Francia) había hecho público un compromiso
unilateral. Si bien se puede decir que la declaración de Santa María es del
siglo XIX, Bolivia tiene numerosas declaraciones y documentos firmados por
autoridades chilenas competentes que se manifestaron en el sentido de que se
debía dar una salida a la costa propia a Bolivia más allá del Tratado de 1904.
2. LAS NOTAS DE IZQUIERDO. Otro acto de Chile que fue mencionado (también por
Chemillier) fue la nota de canciller chileno Luis Izquierdo en febrero de 1923.
Esta autoridad escribió una nota al canciller boliviano Ricardo Jaimes Freyre
en la que señaló que el Gobierno de Chile “mantiene el propósito de oír con el
más elevado espíritu de conciliación y equidad, las proposiciones que quiera
someterle el Gobierno boliviano para celebrar un nuevo Pacto que consulte la
situación de Bolivia, sin modificar el Tratado de Paz y sin interrumpir la
continuidad del territorio chileno”. Esta nota es otra prueba de que, como dijo
la defensa boliviana en La Haya, el mundo no comienza y acaba con el Tratado de
1904.
“La letra del Canciller de Chile, de
23 de febrero de 1923, ¿debe dejarse de lado como sugiere la otra parte (la
defensa chilena)?”, cuestionó la jurista el viernes 8 de mayo. Esto se dio poco
después del juicio que intentó iniciar Bolivia en la Corte Permanente de
Justicia de la Liga de las Naciones (1920). Ya existía en curso un arbitraje
internacional conducido por Estados Unidos respecto de la soberanía de Arica y
Tacna, territorios que aún no estaban definidos ni para el Perú ni para Chile.
3. PROPUESTA KELLOGG.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mediaba a inicios de los años 20
del siglo pasado la definición por Perú o Chile de Arica y Tacna mediante el
plebiscito que debía realizarse de acuerdo con el Tratado de Ancón (1883). El
arbitraje definió que no habían condiciones para realizar un plebiscito. En efecto,
Chile amedrentaba a los pobladores peruanos de esos territorios para buscar
desplazarlos y, además, trasladaba a chilenos para que así, en la votación,
ganase su país, por lo que luego del fallo que desechaba el procedimiento
democrático, los Estados Unidos presentó varias propuestas a Chile y Perú. El
secretario de Estado, Frank Billings Kellogg, sin paciencia por el rechazo a
sus planteamientos de división territorial, decidió presentar su última
propuesta: que Perú y Chile cedan a perpetuidad en favor de Bolivia los
territorios de Tacna y Arica.
Sobre este hecho de la historia,
Chemillier recordó en su alegato una parte de la respuesta chilena: “En su
memorando de respuesta, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, el señor
Jorge Matte, recordó que no había jamás rechazado la idea de conceder a Bolivia
una banda de territorio y un puerto, sin embargo él constata que la cuestión
queda pendiente hasta el presente. Así, el Tratado de 1904 no resolvió todo y
la solución propuesta por el mediador dejó intactas las disposiciones del
Tratado.”
Sin embargo, en los alegatos no se
señaló que en el memorando de respuesta a Kellogg, párrafos más abajo, Chile
dice: “En este sentido, el Gobierno de Chile accede a considerar, en principio,
la proposición, dando con ello una nueva y elocuente demostración de sus
propósitos de paz y cordialidad”. Es decir que Chile accedió a considerar la
cesión en favor de Bolivia.
4. TRATADO DE LIMA. Tras el fracaso de la mediación estadounidense
para definir los territorios de Tacna y Arica de acuerdo con lo establecido en
Ancón, en 1929, Chile y Perú firmaron el Tratado de Lima. El artículo uno del
protocolo complementario de este pacto siempre fue visto como negativo al
derecho boliviano a un acceso soberano al mar, pues delega a un tercero (Perú)
la futura posible decisión de un acceso boliviano a la costa: “Los gobiernos
del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una
tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al
Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán,
sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas
internacionales”, dice dicho artículo.
De lo negativo de la llamada “llave”
que tendría Perú para el acceso de Bolivia al mar, los abogados de Bolivia
sacaron lo pertinente para el objeto de la demanda: se trata de una aceptación
directa, unilateral, de Chile de que tiene asuntos pendientes con Bolivia.
“Ésta (el artículo 1 del Protocolo
Complementario del Tratado de Lima) es una cláusula muy poco frecuente y no
compromete más que a los Estados signatarios y se considera justificada por las
negociaciones ya iniciadas entre Bolivia y Chile para la transferencia a
Bolivia de toda o parte del territorio que en aquel entonces correspondía a
Chile, es decir, que confirma la existencia de una cuestión pendiente, así como
la necesidad de resolver esta cuestión fuera de los términos del Tratado de
1904”, dijo Chemillier sobre este punto.
5. GONZÁLEZ VIDELA.
Antes del intercambio de notas diplomáticas entre Bolivia y Chile, desde 1946
el presidente del país vecino, Gabriel González Videla, se manifestó a favor de
la cesión de una franja boliviana al Pacífico y comenzó una negociación. Este
presidente quería que se vincule su nombre a una solución histórica definitiva.
Las notas del 50 (que figuran en el documento de la “solicitud” boliviana) son
el resultado de la favorable disposición de González desde 1946.
“Consecuente con la tradición de la
Cancillería chilena, y ratificando mi profundo espíritu americanista, nunca me
he negado a conversar sobre la aspiración portuaria de Bolivia. Así lo expresé
en San Francisco, en nombre del Gobierno chileno, cuando fui delegado
gubernamental a esa Conferencia. Al asumir el mando, en 1946 el Presidente
(Enrique) Hertzog, de Bolivia, me recordó la promesa, y yo, de acuerdo con una
norma nunca desmentida por la Cancillería de la República, respondí al
Mandatario boliviano que estaba acorde en abrir conversaciones sobre el punto
propuesto”, dijo González a la Revista Vea en 1950.
Asimismo, en su Memoria el
expresidente escribe que la negociación consistía en “ceder a Bolivia, al norte
de Arica, una faja de terreno de un ancho de diez kilómetros, contigua a la
frontera peruana y que correría del litoral hasta el límite, para que Bolivia
se pudiera comunicar con el océano Pacífico, a través de su propio territorio y
pudiera construir su puerto. A cambio de ello, porque esta cesión requería una
compensación, Bolivia permitiría que se aprovecharan las aguas del lago
Titicaca para generar energía hidroeléctrica que pudiera ser utilizada en las
provincias de Tarapacá y Antofagasta”. Lo destacable acá es la negociación, si
bien lo que pedía Chile era inviable dado a que no se puede hacer uso de las aguas
del Titicaca, por ser binacionales.
6. MEMORANDO TRUCCO.
Otro documento mencionado en los alegatos fue el Memorando Trucco (llamado así
en referencia a su signatario, el embajador chileno en La Paz Manuel Trucco).
Mediante ese memorando, Chile, el 10 de julio de 1961, ratifica las notas
intercambiadas en 1950 y reitera su decisión de negociar con Bolivia una salida
soberana al mar.
El punto 1 de este documento dice:
“Chile ha estado siempre llano, junto con resguardar la situación de derecho
establecido en el Tratado de Paz de 1904, a estudiar, en gestiones directas con
Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta y los intereses
de Chile.” Otra vez, hay un reconocimiento chileno de que una solución puede
ser llevada a cabo por fuera del Tratado de 1904.
7. JUICIO PERÚ-CHILE.
Recientemente, Chile y Perú sostuvieron un litigio fronterizo marítimo en la
CIJ. Durante las argumentaciones, fue Chile el que mencionó que en el área en
disputa había un ofrecimiento de cesión en favor de Bolivia. En diciembre de
2012, en los alegatos preliminares, Chile recordó su intención de ceder a
Bolivia un corredor al norte de Arica. La declaración se constituye en un
reconocimiento explícito y sin contraste de ese país ante la Corte de la
existencia de un tema pendiente con Bolivia.
“Trataron la delimitación marítima
entre Chile y Perú, y ahí Chile se refirió de manera explícita a las
negociaciones (de Charaña), en las cuales durante distintas épocas había
reconocido la necesidad de cederle a Bolivia un corredor al mar”, recordó
Chemillier y afirmó que la CIJ hizo una declaración en su fallo sobre la
situación boliviano-chilena.
En efecto, Chemillier citó a la
Corte: “En 1975, 1976, Chile inició una negociación con Bolivia sobre un
proyecto de intercambio de territorios destinado a asegurarle a Bolivia un
acceso al mar y un espacio marítimo adyacente”. Por esto concluyó que: “ustedes
mismos, ustedes, miembros de la Corte, tomaron nota de que la cuestión del
acceso soberano de Bolivia al mar permanecía como una cuestión abierta entre
Bolivia y Chile”. Estos fueron algunos de los comportamientos chilenos —que
también pueden ser considerados actos unilaterales— que fueron mencionados,
entre otros más, durante los alegatos preliminares.
Sin embargo, hay muchos más ejemplos
de la apertura de Chile a una negociación que solucione el enclaustramiento
marítimo de otras autoridades de ese país que probablemente figuran en la
Memoria boliviana como del presidente Aníbal Pinto (1876-1881); Jorge Montt,
presidente (1891-1896); Luis Barros, ministro de Relaciones Exteriores (1894
-1895); Juan Luis Sanfuentes, presidente (1915-1920); Emilio Bello, ministro
plenipotenciario en La Paz (1920); Emiliano Figueroa, presidente (1925-1927);
Beltrán Mathieu, ministro de Relaciones Exteriores (1925-1926); Horacio Walker,
ministro de Relaciones Exteriores (1950-1951); Jorge Alessandri, presidente
(1958-964); Augusto Pinochet, presidente (1973-990); Patricio Carvajal,
ministro de Relaciones Exteriores (1974-1978); y, Miguel Schweitzer, ministro
de Relaciones Exteriores (1983).
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Autoridades chilenas crearon obligaciones a su Estado
/ /
/
Determinadas
actuaciones de los Estados, hechas por funcionarios o personeros con
determinado nivel de autoridad o de representación pública y que se emiten de
buena fe, comprometen los contenidos y la conducta de ese Estado. Es decir que
son una suerte de garantía de que las declaraciones o promesas también pueden
tener un efecto jurídico vinculante. Éste es un desarrollo que procura que los
Estados sean serios cuando tienen relaciones que comprometen su disponibilidad
sobre un asunto, es esa seriedad la que procura garantizar el Derecho
Internacional”, señaló el agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez
Veltzé, para definir la noción de “acto unilateral” durante la última
entrevista que dio a la prensa antes de los alegatos preliminares y que fue
publicada en Animal Político.
Entonces,
una declaración o un documento firmado por una autoridad de un Estado sobre un
tema en el que tiene competencia crea una obligación jurídica. En la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) existe jurisprudencia de casos en que ese
tribunal obligó a países a cumplir sus compromisos adquiridos mediante actos
unilaterales.
Para
mostrar este hecho en relación con el tema marítimo, a continuación se pondrá
en evidencia otros actos unilaterales llevados a cabo por diferentes autoridades
chilenas con relación a su abierta disponibilidad a negociar una salida
soberana al mar para Bolivia. Que se cumplan esos compromisos es el fallo que
el país busca en la CIJ.
Aníbal
Pinto, presidente de Chile (1876-1881), fue posiblemente la primera autoridad
chilena en pronunciarse en favor de la cesión de una salida soberana al mar
para Bolivia. En una carta dirigida a Eusebio Lillo (escritor chileno), el 2 de
julio de 1880, manifestó: “Las bases para la paz serían por parte de Bolivia:
renuncia de sus derechos en Antofagasta y Litoral hasta el Loa, y en
compensación cederíamos los derechos que las armas nos han dado sobre los
departamentos de Tacna y Moquegua”.
El
canciller de Pinto, Domingo Santa María (luego también presidente), se
pronunció en ese mismo sentido: “No olvidemos por un instante que no podemos
ahogar a Bolivia… Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía
hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una
puerta de calle. (...) No podemos ni debemos matar a Bolivia…”.
Ricardo
Lagos, expresidente de Chile, dio la razón, en 2011, a Santa María, si bien hoy
fue arrastrado a la posición más conservadora: “el ministro Santa María tenía
razón cuando le señaló al presidente Pinto que había que resolver el tema,
porque no podía haber un Estado que no tuviera acceso al Pacífico como le había
sucedido a Bolivia. En consecuencia, hay que buscar una solución...”
(presentación del libro “Un futuro común. Chile, Bolivia, Perú”, Libro del
Mar).
Jorge
Montt, presidente de Chile de 1891 a 1896, también estuvo a favor de la cesión.
Fue en su gobierno que se negoció y firmó el Tratado de Transferencia de
Territorios con el que se daría Tacna o Arica a Bolivia a perpetuidad. Su
canciller, Luis Barros, puso su firma en ese documento.
Luego
estuvieron las gestiones del presidente Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y su
embajador plenipotenciario en La Paz, Emilio Bello. Firmaron el Acta
Protocolizada de 1920, que habla de la necesidad de dar a Bolivia una salida
por fuera del Tratado de 1904.
Otro
caso es el del presidente Arturo Alessandri (1920-1924), quien dijo en 1923 a
la prensa: “Sí, señor. En caso de que el fallo arbitral (a cargo de los Estados
Unidos) que naturalmente se inspirará en la justicia y en el
derecho, lo permita, es mi resolución considerar generosamente las aspiraciones
de Bolivia, en la forma y en los términos clara y frecuentemente planificados…”
(Periódico El Mercurio, 4 de abril de 1923).
Pasando
a otro episodio, por la negociación llevada a cabo por el secretario de Estado
de los Estados Unidos, Frank Kellogg, se conoce las comunicaciones del
embajador estadounidense en Santiago, W. Miller Collier, con su país. Sobre el
canciller Beltrán Mathieu Andrews (administración del presidente Emiliano
Figueroa Larraín), Collier primero informó que “el canciller Mathieu
personalmente deseaba transferir toda la provincia de Arica a Bolivia, y que
necesitaría unos días para convencer al Presidente y a los Comités de
Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados sobre la citada
solución” (Estados Unidos y el Mar, Jorge Gumucio).
Asimismo,
en otra comunicación, Collier respondió a Kellogg que Mathieu había sugerido
que Chile podría aceptar ceder a Bolivia un corredor de cuatro kilómetros de
ancho que incluiría la parte norte de la ciudad de Arica. (Gumucio)
Por
último, Collier desde Santiago informó a su país su parecer sobre Mathieu: el
gran obstáculo a la solución del corredor para Bolivia era en realidad Mathieu,
quien sostenía que la mejor solución era entregar la totalidad de Tacna y Arica
a Bolivia y persistía en esa posición. (Gumucio)
Estos
últimos hechos apuntados no son ni declaración ni documentos; sin embargo, el
embajador de Estados Unidos da fe de la disposición de Mathieu en sus
conversaciones durante la mediación Kellogg.
Son
conocidas las posiciones a favor de una salida marítima para Bolivia de Gabriel
González (Presidente de Chile de 1946 a 1952) y su canciller Horacio Walker por
las notas de 1950; también de Jorge Alessandri (Presidente de 1958 a1964) y su
embajador en La Paz, Manuel Trucco, al ratificar en 1961 las notas del 50.
Asimismo, es conocida la posición de Augusto Pinochet al firmar la declaración
conjunta de Charaña en 1975. Lo mismo puede decirse de su canciller Patricio
Carvajal.
Luego
vino el Enfoque Fresco (1986) y la interrumpida conversación de Algarbe (2000)
durante la administración de Eduardo Frei, quien luego, en 2011, dijera: “Sé
que darle una salida al mar a Bolivia encuentra aún muchas resistencias en
nuestro país, pero sinceramente pienso que no podemos pasarnos toda la vida
discutiendo este tema” (presentación del libro “Un futuro común. Chile,
Bolivia”, Libro del Mar).
Luego
vino Michelle Bachelet y se inició la Agenda de los 13 puntos. El sexto es, en
rigor, una negociación para dar solución al enclaustramiento marítimo. Cuando
Bachelet fue sucedida por Sebastián Piñera, éste dio continuidad a la
negociación, sin embargo se dilató el tratamiento del punto seis. Bolivia vio
que no había intenciones de la contraparte de abordarlo por lo que se planteó
la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
El
patrón del comportamiento de Estado de Chile, que va del siglo XIX a la década
de los ochentas del XX, y que se caracteriza por la política de apertura y negociación,
dista del que comienza en los 90, cuando todas las negociaciones o se
interrumpen o son infructuosas.
