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| Revista disponible para lectura en: https://bo.ijeditores.com/index.php?option=publicacion&idpublicacion=211 |
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viernes, 31 de mayo de 2019
REVISTA BOLIVIANA DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES - Mayo 2019
viernes, 24 de mayo de 2019
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - Comentario 2019
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| Texto disponible para lectura en: https://drive.google.com/file/d/1DTyjhZgO8Tcmnz72fPwDixhKAcr_yZg1/view |
DE LA PRESENTACIÓN
“(…)
Los editores, y todo el Programa Estado de Derecho para
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer –y nos atrevemos a incluir también
a los autores de esta obra– apuestan por la democracia liberal y el Estado de
derecho, reconociendo sus imperfecciones, pero confiando en que libres
tendremos más probabilidades que sometidos, para encontrar soluciones a los
desafíos de hoy y mañana. Estamos convencidos de que esta forma de gobierno es
la única en la que los derechos humanos pueden prosperar en terreno fértil pues
solo en democracia se acepta, o más bien se busca un pluralismo de opiniones y
se respetan los derechos de las minorías de cualquier índole.
El esfuerzo en la elaboración de la obra es el producto de un
arduo trabajo de actualización de la jurisprudencia interamericana en los
últimos años desde la pluma de diversos autores y expertos del continente que
continúan con la iniciativa adelantada desde 2011, cuando el Programa Estado de
Derecho seleccionó al grupo de destacados juristas para producir este Comentario en español como material inédito.
La obra que se presenta ofrece sobre todo un resumen de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a cada artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), pero también la jurisprudencia de otras cortes e interpretaciones detalladas, elaboradas con referencias y opiniones académicas para cada artículo de la Convención con importantes vínculos al sistema internacional de derechos humanos y adicionalmente de derecho comparado.
La obra que se presenta ofrece sobre todo un resumen de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a cada artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), pero también la jurisprudencia de otras cortes e interpretaciones detalladas, elaboradas con referencias y opiniones académicas para cada artículo de la Convención con importantes vínculos al sistema internacional de derechos humanos y adicionalmente de derecho comparado.
La publicación responde y sirve como un radar y bitácora de monitoreo
para algunos fenómenos relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, la situación jurídico-política de los países y las nuevas tendencias
arriba mencionadas que sacuden a las democracias en la región.
Los editores y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica
de la Fundación Konrad Adenauer deben un especial agradecimiento y
reconocimiento al trabajo y la dedicación voluntaria de los autores por sus
valiosas contribuciones cumpliendo con excelentes estándares de calidad, a Patricia
Uribe Granados por su importante labor de coordinadora académica de esta obra,
a Daniel Alejandro Pinilla por su incansable apoyo en la coordinación de la
misma y el proceso editorial, a Anne Ilinca y Josephine Kerkhoff por su apoyo,
a Marta Rojas por su constante respaldo en la culminación de este proceso no
solamente respecto a la corrección de estilo, y a todos quienes de alguna
manera han contribuido con este valioso material.
El Comentario
representa una pieza en el mosaico del Estado democrático y social de Derecho,
al facilitar la aplicación efectiva de los derechos humanos consagrados en la
CADH y más allá, labor que está en las manos de cada uno de nosotros, como
operadores jurídicos, siendo juez, abogado, defensor o profesor. Pero también como
político y empresario, como ciudadano común y los muchos otros papeles que
jugamos en nuestras sociedades y nuestros Estados. Y al final del día como ser
humano. La defensa de los derechos humanos significa una responsabilidad y un
reto que trascienden al mundo jurídico. Se trata de tomar una actitud
democrática y asumir responsabilidad. Los derechos humanos son de todos y para
todos, son universales. Esperamos que este Comentario
haga un humilde aporte a que actuemos de manera correspondiente.”
CHRISTIAN STEINER
MARIE-CHRISTINE FUCHS
Editores
martes, 21 de mayo de 2019
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA JUSTICIA EN BOLIVIA 2018
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Texto disponible
en:
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Informe sobre estado de la Justicia concluye que no existe independencia judicial en Bolivia
El
Gobierno otorga el 0,49% del Presupuesto General de la Nación a todo el sistema
judicial, Fundación Construir considera que no existe voluntad política para
impulsar las reformas.
La
Paz, 21 de mayo (ANF).- El Informe sobre el estado de
situación de la Justicia elaborado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a
la Justicia y los Derechos Humanos concluyó que no existe independencia en el
Órgano Judicial de Bolivia, y advierte que el Gobierno asigna un 0,49% de
presupuesto para todo el sistema judicial.
La Plataforma aborda en el informe
cinco temáticas: El estado actual de la
administración de justicia, la administración de justicia penal, el acceso a la
justicia de mujeres que sufren violencia, la situación de la independencia de
justicia y la transparencia y acceso a la información pública, para cerrar con
recomendaciones de la sociedad civil.
Uno de los temas fundamentales es si
existe o no independencia judicial en Bolivia, la directora de la Fundación
Construir, Susana Saavedra, dijo a ANF que “No.
La independencia está plasmada en la norma, en el informe hacemos un análisis
de los estándares y se está incumpliendo, no existen garantías prácticas que
faciliten esta independencia”, sostuvo.
martes, 23 de abril de 2019
ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA (1999 – 2019)
Presentación a
los Estudios sobre Justicia Constitucional en Bolivia (1999 – 2019)
En
principio, debemos comenzar señalando que el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) al haber sido instituido por la Constitución Política del
Estado (CPE) como el único órgano encargado de realizar el control de la
constitucionalidad en nuestro país, ejerce lo que se denomina “Jurisdicción Constitucional”, concepto
éste que difiere en su esencia, de lo que se llama “Justicia Constitucional”, y para comprender ésta diferencia
conceptual, consideramos necesario acudir a la doctrina del Derecho Procesal
Constitucional, uno de cuyos máximos exponentes es el profesor mexicano Héctor Fix-Zamudio, quien hace tiempo atrás
realizó una adecuada diferenciación teórico-práctica de ambos conceptos.
En
este sentido, para el jurista mexicano, la Justicia Constitucional
se concibe como “el conjunto de
procedimientos de carácter procesal por medio de los cuales se encomienda a
determinados órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos
jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que han
desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma Carta
Fundamental
Entonces,
a nivel doctrinal, ha quedado establecido que existe Justicia Constitucional cuando los órganos judiciales ordinarios se
dedican a resolver problemas de carácter constitucional, y, en cambio, se habla
de Jurisdicción Constitucional
propiamente dicha, cuando existen órganos especiales y calificados, creados
específicamente para realizar esos fines; es decir, cuando la labor de control
de la constitucionalidad se halla encargada a los Tribunales o Cortes Constitucionales, que generalmente se
configuran de la siguiente manera:
a)
Como un órgano único, en el que se concentra la interpretación definitivamente
vinculante de la Constitución; b)
Como un órgano jurisdiccional independiente, aunque no necesariamente integrado
al Órgano Judicial; c) Su
composición generalmente refleja el compromiso entre la mayoría y la minoría
que estuvo presente en la aprobación de la Constitución; d) Su competencia básica consiste en el control de
constitucionalidad de las leyes y, por tanto, en imponer a la mayoría
parlamentaria que la aprueba, el respeto y la observancia del pacto
constituyente; e) Sus competencias
adicionales están destinadas a la protección de los derechos fundamentales,
vale decir, la defensa del individuo y de la sociedad en su conjunto, frente al
ejercicio arbitrario del poder político y/o la concentración indebida del poder
del Estado en cualquiera de sus Órganos, a fin de preservar la separación de
funciones[2].
Por
su parte, el jurista español Manuel Aragón
Reyes, a tiempo de explicar el concepto de justicia constitucional, señala que éste término es plurívoco, por lo que ha sido entendido
de diversas maneras, siendo que para unos, justicia
constitucional es equivalente a jurisdicción especializada encargada de
controlar la constitucionalidad de las leyes (así lo usaba por ejemplo el
jurista austríaco Hans Kelsen); para otros, se corresponde con una jurisdicción
especializada encargada de aplicar la Constitución (que es el sentido que le
atribuye por ejemplo, Cappelletti en algunas ocasiones); para otros, en fin, se
identifica con una jurisdicción especializada en conocer determinados procesos
constitucionales (así lo usa por ejemplo Zagrebelsky)[3].
En
ese contexto, para una mejor comprensión terminológica del referido vocablo, es
útil consultar las ideas del profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá, quien en su momento estableció que la
defensa de la Constitución se concretiza a través de un conjunto de
instrumentos jurídicos y procesales establecidos por el constituyente para
mantener a los órganos y agentes del Estado dentro del marco de competencias
trazado por la Carta Fundamental, y asimismo, dentro del respeto de los
derechos fundamentales, con el objeto de prevenir y eventualmente reprimir y
sancionar su incumplimiento, restableciendo la fuerza normativa y la supremacía
de la Constitución (como sucede en el caso de Bolivia, que se ha configurado
constitucionalmente como Estado Plurinacional con Autonomías, y que ahora
consagra Acciones de Defensa para la protección efectiva de los derechos). En
consecuencia, la defensa de la Constitución se realiza a través de la Justicia
Constitucional.
En
esa perspectiva, Nogueira Alcalá señala
lo siguiente:
“(…) En un sentido
estricto o restringido, con el vocablo justicia constitucional se alude a la
actividad desarrollada por un órgano jurisdiccional, que actúa como tercero
imparcial, confrontando normas jurídicas y actos con la Constitución en sentido
formal y material, determinando la posible inconstitucionalidad de dichas
normas o actos, determinando su inaplicabilidad, su anulación o su nulidad.
La justicia
constitucional es aquella desarrollada por los diversos tribunales y jueces de
todos los órdenes con competencia en materia constitucional y de protección de
los derechos fundamentales, mediante las acciones y recursos previstos en la
respectiva Constitución y leyes que aseguran la integridad de la Constitución. La
jurisdicción constitucional es una forma de justicia constitucional ejercida
con la finalidad específica de actuar el derecho de la Constitución como tal, a
través de procedimientos y órganos especializados”.[4]
Por
su parte, el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr.
Pablo Dermizaky, hacía énfasis en
un aspecto importante, al señalar que entre los conceptos de Justicia
Constitucional y Jurisdicción Constitucional, parece existir una indisoluble
relación de género a especie; de ahí que, se ha llegado a entender por Justicia
Constitucional, “un sistema de
legislación, doctrina y jurisprudencia aplicables al control, defensa e
interpretación de la Constitución Política del Estado. La justicia
constitucional se realiza a través de la jurisdicción constitucional, conjunto
de normas sustantivas y adjetivas, y de órganos encargados de administrar la
justicia constitucional”.[5]
Ahora bien, en el caso de Bolivia –y siguiendo el
razonamiento expresado en la SCP Nº0300/2012 de 18 de junio–, la Constitución
Política del Estado se sustenta sobre la base del carácter plurinacional del
Estado y el principio de interculturalidad, y en ese contexto ha diseñado a la
justicia constitucional cuyo máximo exponente es el Tribunal Constitucional
Plurinacional, que se erige como una institución encargada de ejercer el
control sobre todas las jurisdicciones y, en general sobre todos los órganos
del poder público; en este entendido, la referida Sentencia Constitucional
Plurinacional, estableció que:
“…el pluralismo jurídico cobra un nuevo sentido y
extensión, pues se reconceptualiza a partir del relacionamiento e influencia
permanente de ambos sistemas, a partir de la coordinación y cooperación que
debe existir entre las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano
Judicial (ordinaria, indígena originaria campesina, agroambiental y
especializadas); el principio de unidad de la función judicial (art. 179 de la
CPE), por el cual todas las
jurisdicciones tienen como denominador común el respeto a los derechos
fundamentales, a las garantías constitucionales y la obediencia a la Constitución
Política del Estado, encontrando la unidad en la interpretación final
que efectúe el Tribunal Constitucional Plurinacional tanto de los derechos y
garantías como de las propias normas constitucionales, pues, por el carácter
vinculante de sus resoluciones, todos los jueces y autoridades, están
vinculados a la interpretación efectuada por este órgano”.
En esa línea de entendimiento, el artículo 179.III de
la CPE, establece que la justicia
constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que
refiriendo principalmente a la labor de control de constitucionalidad que debe
ejercer el TCP en sus dos roles esenciales: el
cuidado del principio de supremacía constitucional y la protección y vigencia
de los derechos y garantías fundamentales, determina implícitamente que el
control plural de constitucionalidad, en todas sus fases (jurisdiccional y
constitucional), debe ejercerse en franca defensa de los valores plurales
supremos descritos en el artículo 8 de la CPE, mismos que se constituyen en
guías y pautas de interpretación del ordenamiento jurídico y a partir de las
cuales, se perfila la materialización del nuevo modelo de Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, sustentado en la
plurinacionalidad, la interculturalidad y el pluralismo en sus diversas
facetas, como ejes fundacionales que permitan consolidar una sociedad
inclusiva, justa y armoniosa, con base en la justicia social y por medio de la
cual se pueda consolidar las identidades plurinacionales reconocidas como una
unidad.
En consecuencia, y como resultado de este proceso
unificador e integrador, la materialización de los principios, valores y fines
del Estado, conllevará la práctica efectivización de los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental, lo que a su vez, implica la
defensa del carácter supremo de la Constitución como primer instrumento legal
del ordenamiento jurídico, cuya fuerza normativa obliga a su optimización.
Es así que, la aplicación de toda norma o precepto
legal, debe estar sujeta a la interpretación de su contenido en base a
criterios de ponderación entre los bienes jurídicos en disputa, debiendo el
juzgador tender a una interpretación favorable que garantice la efectivización
de los derechos; por ello, la justicia constitucional no sólo abarca el
ejercicio de la jurisdicción a través de los diferentes procesos y
procedimientos constitucionales y con los especiales órganos que la
caracterizan, sino que se perfila fundamentalmente hacia la búsqueda de hacer
justicia (SCP Nº0278/2016-S2, de 23 de
marzo).
Desde esa perspectiva, y
considerando los postulados axiomáticos establecidos por la Constitución,
resulta muy importante e indispensable el estudio de la justicia constitucional
en Bolivia, no sólo por la cualidad del TCP como máximo guardián y supremo
intérprete de la Ley Fundamental, sino por la configuración constitucional sui generis del modelo de control
concentrado y plural de constitucionalidad en el país, así como la naturaleza y
alcance de las atribuciones del órgano encargado de realizar dicho control en
el contexto del Estado Plurinacional (tema de análisis que se ha abordado en el
libro de mi autoría: La Justicia
Constitucional en el Estado Plurinacional).
Estructura y justificación de la obra conmemorativa
En esa perspectiva, la
iniciativa de brindar al lector esta nueva publicación, surge en ocasión de
celebrarse veinte años de vigencia de la Justicia Constitucional en Bolivia
(desde que el primer Tribunal Constitucional creado en el país, comenzara sus funciones
jurisdiccionales en 1999), con el propósito esencial de rescatar el pensamiento
constitucional de los notables juristas bolivianos que integraron aquel
Tribunal en su primera época, así como destacar las principales líneas
jurisprudenciales creadas con bastante acierto por el máximo órgano contralor
de la constitucionalidad durante aquel tiempo; debiendo resaltarse que muchas
de ellas se han mantenido incólumes hasta el día de hoy, aunque
ciertamente, muchas otras han sido moduladas y superadas en la búsqueda de una
mejor protección efectiva de los derechos humanos y fundamentales en
Bolivia.
Para lograr alcanzar el
propósito señalado, esta nueva publicación –elaborada sobre la base de mis
anteriores trabajos publicados en los últimos años– se ha reestructurado en dos
tomos:
En el primer tomo, se ha
visto por conveniente incluir los homenajes que de manera póstuma se han
escrito en memoria de dos de los presidentes más notables que ha tenido el
Tribunal Constitucional boliviano: el Dr. Pablo Dermizaky Peredo, y el Dr.
Willman Durán Ribera. Asimismo, se ha visto necesario revisar y corregir todo
lo que se tenía ya desarrollado en: “La
Justicia Constitucional en el Estado Plurinacional” (2017), habiendo
ampliado algunos capítulos con mayores referencias doctrinales que sustenten adecuadamente
las temáticas expuestas, complementando la diversidad de temas abordados con la
jurisprudencia constitucional más relevante que se ha podido encontrar, a fin
de no descuidar sus avances.
En el segundo tomo, se
ha revisado y corregido en la medida de lo posible, todo el contenido de temas
desarrollados en: “Estudios de
Jurisprudencia Constitucional en Bolivia” (2016), ante la evidente
necesidad de sistematizar el desarrollo
jurisprudencial que han tenido determinadas materias e institutos jurídicos en
el ámbito de la jurisdicción constitucional, vale decir, seleccionando los principales
pronunciamientos emitidos desde la perspectiva del control, defensa e
interpretación de la Constitución; tarea que con pocos aciertos y algunos
lamentables retrocesos, está desarrollando el Tribunal Constitucional
Plurinacional.
En ese entendido –y considerando el tiempo
transcurrido desde la publicación de la primera edición de aquellas obras hasta
la fecha–, es indudable que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha
continuado estableciendo nuevas líneas jurisprudenciales que coadyuvan a
enriquecer la doctrina constitucional, a través de la construcción de las
subreglas que ha creído necesarias para dar concreción normativa a las
cláusulas generales y abstractas contenidas en la Constitución, y así
desarrollar el contenido esencial de los derechos humanos y fundamentales; por
ello, esta nueva publicación recoge distintos ensayos escritos por el autor, en
ocasión de su participación en diferentes cursos de capacitación y eventos
académicos a nivel nacional, así como en Congresos Internacionales a donde muy
gentilmente ha sido invitado por diversas instituciones académicas como
Conferencista y Expositor en representación del país.
Asimismo, siendo que muchos de los trabajos que
ahora se presentan, han sido publicados durante estos últimos años en
diferentes revistas jurídicas especializadas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela, se imponía la necesidad
de corregir y actualizar dichos textos, ampliando su contenido con los más
recientes entendimientos jurisprudenciales que se han visto pertinentes, para
así presentar una edición boliviana actualizada, con ensayos que abarcan temas
referidos al Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho
Procesal Administrativo, a fin de que sean de utilidad para Estudiantes,
Docentes dedicados a la enseñanza de la materia constitucional, y también para los
operadores de justicia, Magistrados, Jueces y Abogados en ejercicio libre de la
profesión, a fin de contribuir a su capacitación constante.
En definitiva –y
considerando la necesidad de condensar lo más importante de la jurisprudencia
constitucional, a fin de coadyuvar a su mejor conocimiento y comprensión–,
abrigamos la esperanza de que esta obra conmemorativa de los Veinte años de Justicia Constitucional en
Bolivia, pueda colmar las expectativas de los amables lectores, y así pronto
se constituya en una de indispensable consulta para conocer el origen, evolución
y desarrollo actual de la justicia constitucional en el país.
He ahí la especial
trascendencia de este nuevo aporte bibliográfico, que se presenta a
consideración de los amables lectores de Latinoamérica y el mundo.
La Paz, Ciudad Maravilla, 7 de febrero de 2019.
Abog. Alan E.
Vargas Lima
Miembro de la
Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) y del Instituto
Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica – LATIN IURIS
(Bolivia)
[1] Héctor Fix-Zamudio. Veinticinco años de evolución de la Justicia Constitucional. México
D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 1968, Pág. 15.
[2] Gerardo Monroy Cabra. Necesidad e importancia de los Tribunales Constitucionales en un Estado
Social de Derecho. En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – 2004.
Tomo I. Montevideo - Uruguay: Fundación Konrad Adenauer, 2004. Pág. 19.
[3] Finalmente el
citado autor español concluye señalando: “A
nuestro entender, el término justicia constitucional debe distinguirse del de
jurisdicción constitucional. El primero no está basado en una comprensión
formal, sino material, de tal manera que se refiere a la totalidad de la
actividad judicial de aplicación de la Constitución, ya sea realizada por
tribunales especializados o por tribunales ordinarios, ya sea practicada de
manera concentrada o difusa. El segundo en cambio, se corresponde con un
entendimiento formal, de tal modo que se identifica con un tribunal
especializado cuyo cometido es aplicar la Constitución (un tribunal o un orden
jurisdiccional, ya que no sería impensable la pluralidad orgánica y, de hecho,
la historia y el derecho comparado nos muestran algún caso de jurisdicción
constitucional especializada servida por más de un órgano, así por ejemplo, el
sistema previsto, aunque no llegó a ponerse enteramente en práctica, en la
Constitución española de 1931, o el vigente en la Unión Europea, donde existen
dos instancias que realizan la actividad del control de adecuación de los actos
y normas comunitarios a los tratados originarios o Constitución Europea)”.
Manuel Aragón Reyes. La Justicia Constitucional en el siglo XX.
Balance y perspectivas en el umbral del siglo XXI. En el Volumen: La Ciencia del Derecho durante el Siglo XX.
México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 1998. Pág. 166.
[4] Humberto Nogueira Alcalá. La jurisdicción constitucional y los Tribunales Constitucionales de Sudamérica
en la alborada del Siglo XXI. Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal
Constitucional Nº 2. México: Editorial Porrúa, 2004. Págs. 4-5.
[5] Pablo Dermizaky Peredo. La justicia constitucional. La Paz, Bolivia: Editorial Plural,
2010. Pág. 57.
viernes, 5 de abril de 2019
LA GACETA JURÍDICA - Congreso Boliviano de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional 2019
IV Congreso Boliviano de Derecho
Constitucional y Derecho Procesal Constitucional 2019
1. En el marco de la conocida importancia y
necesidad del Derecho Constitucional en los Estados modernos, ¿cuál es el
objetivo principal y los secundarios de este Congreso Internacional? ¿Por qué
se eligió estos propósitos para la discusión y aprendizaje?
La iniciativa de convocar al IV Congreso Boliviano de Derecho Constitucional
y Segundas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Constitucional, bajo el título: “Reflexiones necesarias a diez años de vigencia
de la Constitución y veinte de la Justicia Constitucional”; surgió con el propósito
principal de analizar y reflexionar, en un escenario eminentemente académico,
la realidad y perspectivas del Derecho
Constitucional y los avances del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia. Para
ello, tomamos como punto de partida, la aprobación de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, que fuera refrendada por voto popular en
el año 2009, y que al presente, desde su promulgación simbólica en la ciudad de
El Alto, ha cumplido diez años de vigencia.
En ese propósito, sin embargo, no
pretendemos agotar el análisis y el debate, sólo desde la literalidad y/o
normatividad de la Constitución vigente, sino también queremos indagar cuál es
la situación actual de Bolivia, y si cumple con los estándares de un Estado
Constitucional de Derecho. En efecto, otro de los objetivos es analizar la
estructura contemporánea del Estado constitucional de Derecho, y debatir sobre
el régimen democrático de gobierno y el respeto a los derechos humanos. Por
otro lado, se ha considerado importante también, analizar crítica y
valorativamente el estado de la jurisdicción constitucional en el país,
respecto a su diseño constitucional y el papel asignado por la Constitución,
para luego examinar, desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial, el
desarrollo jurisprudencial y los principales problemas en las acciones de
defensa previstas en el sistema constitucional boliviano.
Estas son algunas de las inquietudes que nos impulsan a
la realización de este importante evento nacional que se llevará a cabo en la
ciudad de La Paz – Bolivia, en las instalaciones del Hotel Europa, los días 11,
12 y 13 de abril de 2019.
2. De acuerdo a las características del
Estado boliviano en esta temática, ¿qué es lo que se espera de este encuentro
en cuanto al desarrollo constitucional y su aplicación en nuestro sistema
normativo y en el bloque de constitucionalidad?
Las temáticas referidas
al Bloque
de Constitucionalidad y la Doctrina Jurisprudencial del Control de Convencionalidad,
así como las perspectivas del Diálogo Jurisprudencial que es necesario en
Bolivia acorde al contexto interamericano, serán objeto de necesario debate y
reflexión en este Congreso Boliviano de Derecho Constitucional; y a este efecto será necesario
mostrar
el intenso desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este tema, partiendo de la
premisa esencial de que la actual configuración constitucional del Bloque de
Constitucionalidad, constituye una reivindicación de las líneas
jurisprudenciales establecidas con bastante anterioridad por el Tribunal
Constitucional boliviano desde 1999.
Ello, constituye el punto de partida necesario, para luego examinar el redimensionamiento del bloque de
constitucionalidad en el Estado Constitucional de Derecho, siempre a la luz del
pluralismo y la interculturalidad como nuevos paradigmas en la interpretación
constitucional que se realiza en nuestro país, a través de la inserción
de valores plurales y principios supremos rectores del orden constitucional
vigente, sin descuidar la especial referencia que merecen los principales
pronunciamientos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, ante su escaso conocimiento por parte de los administradores de
justicia, y su nula aplicación en la resolución de conflictos concretos que les
son planteados.
En consecuencia, se considera necesario abordar los principales avances
y problemas que se han presentado en este aspecto en particular, para poder
visibilizar las alternativas de solución más adecuadas que coadyuven a afianzar
la efectividad del Estado Constitucional de Derecho.
3. ¿Nuestro sistema constitucional y
nuestro derecho constitucional están en un nivel adecuado en comparación con
sus similares de la región? ¿Qué se puede decir en comparación con estos
sistemas a nivel latinoamericano? ¿Y (tomando sólo algunos ejemplos) a nivel
mundial?
Una
de las principales temáticas a ser abordadas en este Congreso, es precisamente revisar
las tendencias contemporáneas del Derecho Constitucional, lo que incluye por
supuesto el fenómeno del nuevo constitucionalismo
latinoamericano, que surge a partir de los procesos constituyentes llevados a cabo en
Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia
(2009), que derivaron en la elaboración de nuevos textos constitucionales aprobados en forma democrática en dichos
países, lo que nos lleva a la necesidad de nutrirnos de las experiencias
comparadas, a fin de someter al análisis y cotejo de la teoría y la práctica
del constitucionalismo nacional, y también rescatar los principales avances,
retos y desafíos del constitucionalismo latinoamericano. También hemos visto
necesario incluir en este Congreso, uno de los principales temas objeto de
análisis a nivel mundial, tanto en Latinoamérica como en Europa, como es el
referido al Dialogo Jurisprudencial entre la jurisdicción constitucional y la
jurisdicción supraestatal para la protección de los derechos humanos.
Para conocer los alcances
jurídicos de estos temas, se ha previsto contar con la presencia de importantes
juristas internacionales, que son pioneros en estas temáticas en Latinoamérica;
tal es el caso del actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México); asi tambien contaremos con la
presencia de Victor Bazan (Argentina), Carlos Ayala Corao y Jesus Maria Casal
(Venezuela), Reyler Rodriguez (Perú), Damian Armijos (Ecuador), Miriam
Henriquez (Chile), Juan Cianciardo (Argentina), Roberto Viciano Pastor
(España).
4. ¿Qué se espera para nuestro país
en estas materias a partir de las conclusiones que se logrará del Congreso?
De acuerdo a los alcances
del Estado Constitucional de Derecho, que es la temática central que dirige
este Congreso
Boliviano de Derecho Constitucional, y acorde a la variedad de ejes temáticos
que se ha visto por conveniente analizar en este evento, será de mucha utilidad
conocer las visiones no solo de los juristas internacionales que nos
acompañarán en estas jornadas para compartirnos sus experiencias, sino también
las reflexiones y aportes que realizarán todos los juristas nacionales que han
sido convocados expresamente para este Congreso, además de otros profesionales
y estudiantes de Derecho, que a través de las ponencias y comunicaciones que
han remitido, nos podrán dar a conocer la realidad y los verdaderos avances del Derecho Constitucional en el país, lo que es importante para analizar la
situación actual de la disciplina, y perfilar las principales aristas y
problemas por los que atraviesa, para su perfeccionamiento en el tiempo.
5. ¿Cuál es el estado general de nuestro
Derecho Constitucional a 20 años de creación de Tribunal Constitucional, hoy
Plurinacional? ¿Cuál es la situación de esta especialidad a 10 años de la
Constitución de 2009?
Uno de los aspectos que conviene resaltar en la Constitución Política del
Estado, puesta en vigencia el año 2009, es precisamente el modelo sui generis de Estado que ha implantado
el constituyente, por lo que, y a modo de rescatar las disposiciones más
relevantes que contiene el nuevo texto normativo fundamental, debemos señalar
que respecto a la nueva configuración del Estado Boliviano, el artículo 1º
constitucional lo caracteriza como un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que se
funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural
y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Entonces, resulta necesario analizar algunos de los elementos que componen este
nuevo modelo de Estado en Bolivia, haciendo énfasis esta vez en el significado
del Estado Constitucional de Derecho, bajo la premisa establecida por la
jurisprudencia constitucional, en sentido de que el modelo de Estado asumido en
Bolivia, se constituye en un verdadero Estado
Constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el
principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de
soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio
de respeto y vigencia de los derechos humanos; pues se establece un amplio
catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y
valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el
garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes
reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan
como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir
la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos
reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que
proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también
consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía
constitucional en el art. 410.I de la CPE.
Por otro lado, además de ser un Estado Constitucional de Derecho, el Estado
boliviano también tiene carácter Plurinacional (art. 1 de la CPE), por el cual
se quiebran los fundamentos del Estado-nación caracterizado por el monoculturalismo
y el monismo jurídico, y se reconoce a los pueblos indígena originario
campesinos como naciones, con capacidad política para definir sus destinos,
aunque en el marco de la unidad del Estado, conforme lo determina el art. 2 de
la misma CPE. En consecuencia, la vigencia o no de estos aspectos y su forma de
plasmarse en la realidad, serán objeto de debate y reflexión en el Congreso
Boliviano de Derecho Constitucional.
Finalmente, habiendo transcurrido 20 años (1999-2019) de la existencia de
la jurisdicción constitucional en Bolivia, se ha visto como necesario e
indispensable, propiciar un
espacio de debate doctrinal y académico sobre la realidad, avances y
perspectivas del Derecho Constitucional boliviano y del Derecho Procesal
Constitucional; más aún si se considera que actualmente se ha
puesto en vigencia la Ley N°
1104 de 27 de septiembre de 2018, que tiene por objeto crear “Salas Constitucionales” dentro de la
estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, con dependencia
funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional; a cuyo efecto, y actuando como tribunales de garantías constitucionales,
son competentes para conocer y
resolver: a) Acción de Libertad; b) Acción de Amparo
Constitucional; c) Acción de Protección de Privacidad; d) Acción de
Cumplimiento; e) Acción Popular; f) Otras previstas en la Ley N°
254 que aprueba el Código Procesal Constitucional, para jueces y tribunales de
garantías.
6. ¿En qué ámbitos del Derecho
Constitucional y del Derecho Procesal Constitucional el país puede sentirse
orgulloso como para compartir en un evento internacional como éste? ¿En qué
otros debemos mejorar con urgencia?
Como se ha señalado, la Constitución
Política del Estado, puesta en vigencia el año 2009, tiene como una de sus
principales características, el haber establecido un amplio catálogo de
derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores;
además, señala como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el
cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), y señala como deberes de
los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución
y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la
Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la misma Constitución.
En consecuencia, es importante brindar un panorama general del texto
constitucional, para dar a conocer el desarrollo doctrinal y los avances de
carácter jurisprudencial, acerca de la aplicación práctica de los principios y
valores supremos establecidos en la Constitución, su influencia en la realidad
cotidiana, así como los mecanismos jurisdiccionales establecidos para la protección
efectiva de los derechos humanos y fundamentales en Bolivia. Estos aspectos
serán objeto de debate y reflexión en el Congreso Boliviano de Derecho
Constitucional, para verificar sus avances y retrocesos, así como plantear
alternativas para su mejoramiento.
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