Opinión, Cochabamba, 17-Jun-2011: Existen resoluciones y decretos en vigencia con normas que precautelan la seguridad de los usuarios, pero casi ninguna se cumple. Las autoridades deben una explicación a la gente.
Los accidentes de tránsito en las carreteras interdepartamentales y en las principales ciudades del país siguen cobrando la vida de decenas de personas y dejando heridos con secuelas que representan traumas de por vida.
Las estadísticas corroboran que las acciones que se anunciaron adoptar para disminuir estos hechos, que representan luto y dolor en las familias bolivianas, no han servido para nada, porque no fueron ejercitadas de manera seria o simplemente quedaron en anuncios.
Un reciente informe señala que de enero a mayo de este año en La Paz, 107 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en el radio urbano y en las carreteras y este número representa el 64 por ciento del total de hechos que se registró el año pasado. Los accidentes tienen que ver con atropellos, colisiones, vuelcos, embarrancamientos y otras causas, aunque un dato importante es que en las carreteras uno de los principales motivos está en el exceso de velocidad.
En Cochabamba, los partes del Comando de Tránsito informan casi a diario sobre la comisión de accidentes en carreteras y durante los últimos días en calles y avenidas de la ciudad, siendo la Blanco Galindo una de las más peligrosas.
Ante esta situación lo más grave está en la negligencia de las autoridades que no han adoptado acciones eficientes para disminuir lo que ya se conoce como las estadísticas de la muerte. Cuando ocurre un hecho donde el resultado del accidente arroja muchos muertos y heridos, como ha ocurrido en algunos buses interdepartamentales, el problema ocupa los espacios mediáticos y despierta el interés momentáneo de las autoridades que anuncian controles, pero pasado el momento de la conmoción ciudadana el problema sigue sin soluciones.
Y para enfrentar este problema existen normas legales, pero ninguna de ellas ha sido aplicada, es decir, que las mismas quedan en el papel y obsoletas. Ni las resoluciones de la Superintendencia de Transportes ni un decreto de Gobierno que fueron aprobadas en septiembre del año 2008 han logrado evitar los accidentes trágicos.
Por ejemplo, la Resolución 153/2007 expedida por la Superintendencia de Transportes, exigía que los buses que realizan viajes interdepartamentales otorguen a sus pasajeros desde cinturones de seguridad hasta frazadas y almohadas limpias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio del usuario.
También existe un decreto supremo que dispone que la cabina del conductor no podía estar aislada, ni cerrada a fin de que el pasajero observe lo que ocurre al interior, o sea se percate si el chofer conduce en estado de ebriedad. Asimismo, en los buses se debía instalar un velocímetro con alarma, que alertaría al pasajero que el conductor sobrepasa los límites de velocidad y de ese modo el pasajero podría hacer su reclamo al chofer y dar parte a los funcionarios de las trancas.
Entre otras medidas, se prohibía que los conductores estén al mando por más de cuatro horas continuas y para ello contarían con tarjetas personales de registro para presentar en cada tranca a fin de verificar el relevo del chofer. Otra medida señalaba que en las terminales se exhibirían paneles con el ránking de la seguridad que brindan las empresas así como vídeos de orientación al usuario sobre sus derechos. Tampoco se instalaron los tacómetros, una especie de caja negra, en cada bus.
Que digan las autoridades de Transportes, de Tránsito y los mismos dirigentes de los choferes si se cumplen estas medidas para preservar la vida de los usuarios.
Fuente: Opinión
Bolivia Democrática
Viernes, 17 de Junio, 2011
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