Preocupante tráfico de niños hacia Argentina
Bolivia Democrática – Miércoles, 13 de Julio, 2011
Opinión, Cochabamba, 13-Jul-2011: Respuestas. Semejante situación pasa casi desapercibida, como si se tratara de hechos secundarios. El Estado y las autoridades deben dar respuesta ante la impunidad.
Un informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ha revelado que en la ciudad de Potosí se compran niños y niñas "por 3 a 7 dólares" y que hay sospechas de que 15 mil menores son llevados a la Argentina en condiciones irregulares cada año. Es la palabra del Defensor del Pueblo y parte del análisis en un reciente Foro Internacional sobre la Trata y Tráfico de Personas.
Esta revelación oficial pone en el tapete de discusión, con caracteres de alarma, una situación que desgraciadamente no ha sido considerada con la oportunidad del caso ni con la responsabilidad, que un asunto tan grave, debe merecer.
El informe sostiene que los menores viajan con "supuesta autorización" de los padres pero los controles oficiales son ineficientes para realizar un control estricto en este sentido. Los destinos de estos niños son los trabajos de alto riesgo y las redes de prostitución.
Bolivia enfrenta situaciones donde concurren el delito casi de manera estructural y que hasta el momento no han sido superadas, por ejemplo el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas con fines de prostitución en las principales capitales del país, las bandas delictivas del crimen organizado y otras que esperan soluciones concretas dentro de los planes de seguridad ciudadana. Pero a estas problemáticas ahora se añade el tráfico de niños y niñas mediante un comercio que configura una situación que va más allá del simple delito porque en todas partes del mundo el tráfico de niños, niñas y de adolescentes se considera un problema de derechos humanos, que afecta la mayoría de las veces a personas que tienen escasos ingresos económicos o que están en la pobreza extrema.
A partir del tráfico de menores que se presenta en el país y en zonas deprimidas económicamente como las que existen en el norte de Potosí, no se puede pasar por alto que la intervención del Estado en estos hechos es deficiente, como ha hecho notar el informe de referencia, y por otra parte, la falta de políticas internacionales binacionales, en este caso con Argentina, para extremar esfuerzos que controlen el ingreso ilegal o en condiciones irregulares de niños bolivianos a ese territorio. Está claro que el tráfico de menores, siendo una violación a los derechos humanos, se realiza con fines de explotación laboral a los menores e incluso con fines de compra-venta de órganos, hechos de violencia sexual, pornografía, prostitución y hasta turismo sexual. Estudios que se han realizado sobre este problema, coinciden en sostener que el tema del tráfico de menores aún es invisible en determinadas sociedades y que en realidad también denota actitudes de insensibilidad social.
Y es cierto, porque el tráfico de menores no ha merecido como respuesta una participación decidida de parte del Estado, de la sociedad y de los medios de comunicación social y por todo ello, semejante situación pasa casi desapercibida, lo que a su vez registra una especie de insensibilidad, como si se tratara de hechos secundarios en la problemática nacional.
A partir del informe que ha brindado el Defensor del Pueblo, la reacción de las autoridades gubernamentales correspondientes tiene que ser clara y decisiva. Por un lado debe merecer una explicación a la población y por otro, y quizá lo más importante, es conocer qué es lo que se debe hacer para evitar que el tráfico y comercio de niños y niñas bolivianas continúe en medio de una especie de impunidad nacional.
Fuente: Opinión
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