Existen al menos 150 desaparecidos por las dictaduras
Los restos de Marcelo Quiroga…, la deuda pendiente del Estado Plurinacional
La Razón – ANIMAL POLÍTICO – 17 de julio de 2011
En el gobierno del socialismo comunitario, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz aún permanecen desaparecidos. Si bien hay razones de uno y otro lado para que esto siga así, la deuda con la historia y la democracia sigue como una herida abierta en la conciencia nacional
A 31 años del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, 29 de vigencia de la democracia y seis del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), este 17 de julio del 2011 nuevamente se plantea la pregunta: ¿Por qué todavía no se han encontrado los restos del líder socialista y de otros desaparecidos en los años de las dictaduras? ¿Por qué en el actual gobierno, del socialismo comunitario (esto es, del mejor momento político para la izquierda) aún no hay pistas ciertas sobre dichos restos?
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales (dependiente del Ministerio de Justicia), Nelson Cox, afirma que la dilación sobre todo se debe a la retardación de justicia en el Órgano Judicial y, en parte, en el Ministerio Público.
Por su lado, los familiares de los desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos coinciden en que el obstáculo de fondo más bien es, todavía, la renuencia de las Fuerzas Armadas a colaborar en el esclarecimiento de los casos.
NORMATIVA. Sobre los desaparecidos políticos, el Gobierno se ha impuesto una “lucha integral” contra la impunidad, señala el viceministro Cox. Para esto, han sido necesarios —dice— el acompañamiento de los procesos judiciales llevados adelante por los familiares de las víctimas y todo un cambio en la normativa jurídica con la cual se pueda encausar adecuadamente a los autores de los delitos.
Debido a eso surgió —destaca— el Plan Nacional de Derechos Humanos, que básicamente busca promover el derecho a la verdad, a la vida y a la integridad personal.
Dice que hasta ahora hay un expediente de al menos 150 desaparecidos, pendiente de atención. En los procesos judiciales mismos —no obstante, aclara Cox, los actores activos, que deben iniciar y llevar adelante los juicios, son los familiares; lo que hace el Estado es acompañar o apoyar el proceso.
El mecanismo que se creó para este apoyo es el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas (CIEDEF), conformado por el Ministerio de Justicia (y eventualmente los de Defensa, de Gobierno y de Relaciones Exteriores) y las organizaciones de familiares y de derechos humanos del país.
Para el Gobierno, el mayor obstáculo que hasta hoy tuvo la lucha contra la impunidad y el enjuiciamiento efectivo de los responsables de la violación de los derechos humanos en las dictaduras es el Órgano Judicial, específicamente por retardación de justicia.
En el caso de Quiroga Santa Cruz, por ejemplo —afirma Cox—, hubo “muchos incidentes, muchas suspensiones de audiencia, causales de suspensión propiciadas por la propia defensa de los imputados, que buscaban retardar la justicia”.
El Gobierno denunció a jueces y fiscales que iban frenando los procesos. El retraso “no tiene que ver con la voluntad política del Poder Ejecutivo. Nos ha tocado lidiar con estos arbitrarios actores que vulneran el acceso a la justicia. Hemos acompañado el reclamo de los familiares, buscando la reparación”.
Para los familiares de los desaparecidos, en cambio, la dilación en los procesos y en la búsqueda de las víctimas, sobre todo se debe al práctico silencio institucional que al respecto han guardado las Fuerzas Armadas.
Para el caso del gobierno del MAS, señala Rodrigo Quiroga Trigo, el hijo de Quiroga Santa Cruz, no se puede dejar de mencionar “la dependencia que tiene el Ejecutivo del poder militar”. Precisa que “ésta es la explicación para que no se haya podido avanzar o no haya habido voluntad de avanzar en las investigaciones”.
A 31 años de distancia de los hechos, toda una generación de por medio y con unas Fuerzas Armadas del nuevo Estado Plurinacional, ¿no es posible ver un cambio de actitud, incluso por el sólo hecho de ser otra la generación de los mandos?, pregunta el suplemento Animal Político. Quiroga Trigo expresa su escepticismo: “Creo que el espíritu de cuerpo de la institución se mantiene, independiente de que hayan cambiado generaciones; se mantiene el compromiso del silencio sobre hechos en los que tienen una responsabilidad inocultable en las Fuerzas Armadas”.
Para los familiares de los desaparecidos, un hecho que ilustra la renuencia de la institución militar es la demorada desclasificación de los archivos de las dictaduras, especialmente la de Luis García Meza. Lo que se hizo hasta ahora es por demás insuficiente.
Pero Cox insiste en que ya el 2009, cuando Walker San Miguel era ministro de Defensa, se abrieron los archivos existentes. “Se permite concretamente que los familiares puedan tener acceso a todos los registros públicos y documentos existentes en las Fuerzas Armadas”.
ARCHIVOS. La medida hace “que las puertas están abiertas de parte del Ministerio de Defensa, de parte de las Fuerzas Armadas. Nuestro propio Presidente ha señalado que no hay nada que desclasificar”, aclara.
Ahora, también cabe la posibilidad de que efectivamente ya no existan dichos archivos, que hayan sido destruidos, “desaparecidos”. De hecho, en abril del 2009, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, afirmó que lo más probable es que muchos de los archivos, incluso los de las Fuerzas Armadas, hayan sido destruidos, acaso con una última copia de todo eso en la Embajada de Estados Unidos en La Paz.
Incluso en este caso, de la pérdida o destrucción de los archivos, debería darse con los responsables, pues de todas formas se trata de un bien del Estado por el cual deben responder sus custodios, observa Quiroga Trigo.
Al respecto, Animal Político debe señalar que a través del Ministerio de Defensa se buscó la versión del Órgano Ejecutivo; lo que no se pudo lograr hasta el cierre de la presente edición.
Otro tema en controversia es la búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Mientras el viceministro Cox señala que la hipótesis más fuerte hasta ahora es que los restos están en la hacienda San Javier (Santa Cruz) del expresidente Hugo Banzer Suárez, los familiares y las organizaciones de derechos humanos ponen en duda esta línea de investigación.
Cox reconoce que la hipótesis se basa fundamentalmente en las últimas declaraciones que hizo el ex coronel Luis Arce Gómez. Como se sabe, ésta es una de las pocas personas que de manera directa tuvo que ver con la disposición de los restos del líder socialista en los días del golpe del 80. Por eso, la máxima importancia que el Gobierno asigna a este testimonio.
SAN JAVIER. Tanto es así, que —anuncia Cox— en agosto se iniciará la búsqueda de los restos en la hacienda San Javier. Ya se cuenta con los recursos suficientes, además de que se contratará el personal especializado necesario para el caso. Se espera que hasta fin de año hayan algunos resultados.
Ante la interrogante de si no se consideran otras hipótesis, como aquélla de que los restos estén en el Gran Cuartel de Miraflores, Cox señala que ésta y otras pistas, por ahora, sólo son versiones más o menos especulativas. Lo más firme que se tiene es la pista proporcionada por Arce Gómez.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos por la Democracia (ASOFAMD), Alberto Aparicio, y Quiroga Trigo cuestionan la demasiada importancia que se da a las declaraciones del exministro Arce Gómez. Se trata de “un reo que nada tiene que perder y que puede decir cualquier cosa”, sentencia el primero. Un hecho objetivo es que Arce Gómez efectivamente sabe qué es lo que pasó con los restos —apunta el segundo— “lo que no sabemos es si podemos fiarnos de su palabra”.
Si bien será el tiempo el que dé la razón a cada cual, Quiroga Trigo demanda que el Estado considere como válidas todas las hipótesis, incluso aquélla según la cual los restos de Quiroga Santa Cruz están enterrados en el Gran Cuartel del barrio de Miraflores.
Ya en julio del 2010 (La Razón, 22 de julio de ese año) activistas de derechos humanos protestaron en las puertas del Estado Mayor pidiendo que los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz también sean buscados en el interior del Gran Cuartel de Miraflores, específicamente debajo del mástil mayor de su patio de honor.
CONFESIÓN. La base de esta hipótesis es la confesión que habría hecho el coronel Édgar Franco Montenegro, “un oficial y pariente político del dictador de 1980”, al escritor Hugo Rodas Morales (ver Marcelo Quiroga Santa Cruz, el socialismo vivido, Tomo III, Plural, 2010).
Para el país, insisten los familiares y activistas de derechos humanos, el problema no se reduce a la búsqueda y hallazgo de los restos de los desaparecidos. Además de este objetivo humanitario, lo que en últimas se busca, señala Quiroga Trigo, “es el esclarecimiento de la verdad histórica, de la recuperación de la memoria y obviamente, la sanción de los responsables. Se busca justicia, lo menos que puede pretender el país”.
Son 31 años desde aquel fatídico 17 de julio de 1980.
APUNTES SOBRE LA MUERTE Y LOS RESTOS DE MARCELO
En los hechos del 17 de julio de 1980, en la muerte del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y en el destino de sus restos, no hay muchas certezas. La razón de esto es que el asunto aún es objeto de investigación a través del testimonio de testigos.
En una de las obras recientes más completas sobre la vida de Quiroga Santa Cruz (El socialismo vivido, de Hugo Rodas Morales) se descarta, por ejemplo, la “teoría” de que los restos habrían sido incinerados y entregadas las cenizas a los familiares: éstas consistían en unos 200 gramos de cenizas y dos huesos semicalcinados; cuando las cenizas de un cuerpo humano llegan a casi dos kilos y se obtienen en hornos especiales con temperaturas de 1.200 a 1.500 grados centígrados.
En 1982 también hubo dos paramilitares que afirmaron que ellos enterraron el cuerpo en una quebrada en El Alto.
También hubo la versión de que el cadáver de Quiroga Santa Cruz habría intentado ser incinerado en el patio del Gran Cuartel de Miraflores durante toda la noche del 17 de julio de 1980.
En el texto de Hugo Rodas Morales, asimismo, se recuerda que según una lista entregada por Rodrigo Quiroga serían al menos 58 los implicados en la manipulación del cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
En el curso de posteriores investigaciones, una constante era que los implicados en los hechos daban “pistas” que casi siempre derivaban en personas fallecidas. Los periodistas de la época empezaron a sospechar de la existencia de un “libreto oficial” para hacer frente a cualquier indagación de los hechos.
JUICIO AL ESTADO ANTE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
En marzo del 2010, la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz finalmente presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), una demanda contra el Estado boliviano, “por la falta de voluntad de sus autoridades para encontrar los restos del líder socialista”, según declaró a La Razón el 22 de octubre del 2010 María Soledad Quiroga Trigo, hija del malogrado político.
Rodrigo Quiroga Trigo afirma que esta demanda sigue en curso. Se la hizo principalmente “ante el agotamiento, después de 30 años de recursos para el esclarecimiento de la verdad”. Como toda acusación, se debe esperar a la presentación de informes de ambos lados.
La demanda de la familia de Quiroga Santa Cruz se suma a la presentada el 2009 por Olga Flores Bedregal, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente político asesinado en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB), el 17 de julio de 1980, cuando hirieron a Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La demanda de Flores Bedregal, la Petición 616-06, fue admitida por la CIDH el 4 de agosto del año 2009; había sido presentada el 14 de junio del 2006.
Si bien se trata de un proceso que todavía está en curso (el respectivo informe habla sólo de “admisibilidad”), es importante destacar que la demanda fue admitida porque la Comisión encuentra que en el país se han “intentado y agotado los recursos internos” para encontrar justicia respecto al asesinato y la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal.
Aparte de recordar que en el caso Flores Bedregal hubo cuatro investigaciones desde el asesinato del dirigente político en 1980, la Comisión señala que “de acuerdo a la información disponible, pasados 29 años desde los hechos (el 2009) y desde la primera denuncia interpuesta por los familiares de la presunta víctima, aún no han sido esclarecidas las circunstancias de su desaparición, no se ha determinado su paradero o el de sus restos mortales, ni todos los responsables tanto intelectuales como materiales han sido sancionados”.
El viceministro de Justicia, Nelson Cox, dice que a la fecha el Gobierno boliviano debe cumplir tres sentencias de la CIDH, aparte de atender las demandas de Flores Bedregal y de Quiroga Trigo.
Periodista: Iván Bustillos - La Paz
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