A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DEL 21 DE AGOSTO DE 1971
La ‘herencia’ de Banzer se expresa en la penalización de la protesta política y social
La Razón – 21 de agosto de 2011
Este 2011 se cumplen 40 años del golpe de Estado del entonces coronel Banzer. Aun a esa distancia de tiempo, todavía persiste una herencia normativa e institucional de aquel gobierno de facto, señalan abogados y analistas. Persisten, dicen, algunas formas de represión política legalizadas con el tiempo.
Este domingo 21 de agosto del 2011 se cumplen 40 años del golpe de Estado dirigido por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez. Hoy persiste una “herencia” de aquel régimen: buena parte de los llamados Códigos Banzer, aunque modificados en gran medida. Así, dentro del Código Penal todavía subsisten figuras delictivas que criminalizan la protesta política y social, y lo que era propio de una dictadura aún se aplica en democracia. El mayor ejemplo es el denominado “desacato”.
Si bien esos códigos en su momento implicaron la modernización de la legislación boliviana, las figuras de desacato, instigación pública a delinquir y apología del delito fueron introducidas en el Código Penal con la clara intención de reprimir “legalmente” a opositores sociales y políticos, recuerda el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín.
La idea, aquel tiempo, era que la oposición no sea vista como “política”, sino como delincuencial. “Le permitía al régimen tener el argumento de que en Bolivia no existían presos políticos, sino sólo delincuentes”, dice.
“Estamos en una herencia no solamente colonial del derecho, sino también en una herencia de esa normativa dictatorial, porque siguen vigentes los Códigos Banzer”, ratifica, por su lado, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox.
Con todo, el desacato, la apología del delito o la instigación a delinquir, en primer lugar, fueron concebidas en la dictadura para “cuidar al Estado dictatorial que estaban construyendo entonces”, asegura la autoridad dependiente del Ministerio de Justicia.
En este debate, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, recuerda que a los tres tipos penales prodictadura hay que añadir la figura de los “contratos lesivos al Estado y el incumplimiento de contratos”.
Era “la manera de crear un régimen penal, un régimen de sanciones para darle estabilidad a un gobierno que en ese momento no era legítimo. Lamentablemente estos tipos penales han quedado vigentes en gobiernos democráticos y se están aplicando hoy”.
El desacato (Artículo 162 del Código Penal) básicamente consiste en la calumnia, injuria o difamación “a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas”, y es sancionable con la privación de libertad de un mes a dos años.
Tiene, por lo común, dos objetivos: por un lado, proteger a las autoridades para que desempeñen adecuadamente sus funciones, y, dos, precautelar el orden público, pues se entiende que la crítica a los funcionarios públicos puede tener un efecto desestabilizador para el Gobierno.
Aparte de la posibilidad de que con esta figura se esté “criminalizando” la protesta o el disenso, como apunta Albarracín, el problema está en el carácter “intimidatorio” que puede adquirir frente a la libertad de expresión.
Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Por lo demás, el punto está —plantea Wayar— en que con la vigencia del delito de desacato se distorsiona la relación que debería haber entre el funcionario y la ciudadanía. “Quien asume una función pública está sujeto al examen del público, del pueblo, y a que obviamente se critique, a veces de manera injuriosa o calumniosa, pero esos son los riesgos que debe soportar un gobernante. En regímenes democráticos estos tipos penales no existen”, insiste.
La “instigación pública a delinquir” (Artículo 130), por su parte, “se refiere a un delito contra la seguridad del Estado, la función pública o la economía nacional”. La “apología del delito” consiste a la defensa de un delito o de una persona condenada.
Consultado acerca de la persistencia de las polémicas figuras legales hasta la fecha, Albarracín destaca que en todos los gobiernos éstas fueron una suerte de comodín frente a los adversarios políticos, “siempre estaban viendo la alternativa de someter a la cárcel a personas que les pudieran resultar incómodas”.
Por su parte, el viceministro Cox reconoce que las reformas judiciales efectuadas hasta hoy a lo sumo han sido sólo para generar nuevas instituciones, como el Defensor del Pueblo o el Consejo de la Magistratura.
De hecho, la autoridad anuncia que hasta diciembre de este año se terminará de diseñar la reforma procesal, el cambio de los actuales procedimientos judiciales, como la gratuidad de todo trámite judicial, de las notificaciones.
Será el 2012 que se planteará a la Asamblea Legislativa Plurinacional los nuevos códigos jurídicos.
Wayar dice que en el nuevo Código de Procedimiento Penal se debió introducir más reformas.
Se ha pasado, por ejemplo, del carácter inquisitorio del antiguo Código Banzer a un sistema acusatorio, que otorga garantías a los procesados, la presunción de inocencia. Con la Ley de Fianza Juratoria se estableció plazos máximos de la detención preventiva y de la duración de los procesos.
Es urgente una reforma del Código Penal, dentro del marco democrático, en consonancia con al actual Constitución Política del Estado y los tratados y convenciones de derechos humanos, insiste Wayar. Tras la dictadura de siete años, Banzer fundó Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido con el que participó en varias elecciones.
La deuda pendiente de los derechos humanos
A 40 años del golpe de Estado liderado por Hugo Banzer Suárez, un tema aún no resuelto es el de las personas desaparecidas.
Según el Informe sobre las Desapariciones Forzadas en Bolivia, elaborado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, (Asofamd; La Paz, diciembre del 2007), entre 1971 y 1978 se registró un total de 77 desaparecidos (identificados con nombre y apellido): “33 desapariciones forzadas en territorio boliviano, 35 en Argentina y 8 casos en Chile”.
A la fecha, los familiares y las propias víctimas de la represión política, se agrupan en la “Plataforma de luchadores sociales contra la impunidad por la justicia y la memoria histórica del pueblo boliviano”. Su presidente, Julio Llanos, señala que la principal demanda que hoy tienen frente al Estado es que se cumpla la Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en períodos de gobiernos inconstitucionales, del 11 de marzo del 2004.
Según Llanos, en esta ley estaba previsto concluir con el resarcimiento en tres años, esto es, hasta marzo del 2007. Hasta 2011, siete años después, todavía se espera su cumplimiento.
Un problema que tiene la aplicación de la ley, explica, es el proceso de calificación que se hizo de las víctimas de la violencia política. Mientras la Plataforma señala casi 7.000, a la fecha el Gobierno ha calificado sólo a 1.200, enfatiza Llanos.
El desarrollo de la burguesía nacional
Desde el punto de vista económico, el régimen de Hugo Banzer Suárez, entre 1971 y 1978, también marcó historia: su gobierno fue un parteaguas, un antes y un después, en la evolución económica del país. Las interpretaciones acerca de este hecho por supuesto que son igual de polémicas.
Para el analista político Róger Cortez, por ejemplo, el primer gobierno de Banzer básicamente significó “la consolidación de un bloque de poder, 20 años después de la Revolución del 52, que ya marcaba la fisonomía de una nueva oligarquía”.
Una nueva burguesía, “nacida del vientre de la Revolución Nacional y compuesta por los en ese entonces llamados mineros medianos, el nacimiento de los agroexportadores y la burguesía financiera”, destaca.
“El 71 marca los siguientes 20, 30 años de vigencia de esta nueva oligarquía, que recién empezará a sucumbir a partir del 2002 en adelante”. Se trataba, en todo caso, dice, de una oligarquía “incubada por el Estado”, que empezará a asentarse con el apadrinamiento del Gobierno.
Ante la imagen de que el primer mandato de Banzer fue el promotor del desarrollo de la clase empresarial boliviana, su exministro Manfredo Kempff Suárez, señala: “Soy un convencido de que existió fomento a la inversión, pero, además, garantías para la inversión extranjera. Los empresarios que trabajaron se beneficiaron, sin duda. Pero si la izquierda dice que Banzer sólo se ocupó del sector privado está equivocada; el Estado, entonces, seguía siendo tremendamente influyente y Banzer no lo ignoró”.
Políticamente, ese primer gobierno fue cívico y militar, destaca Kempff Suárez. “40 años después del golpe cívico-militar que encabezó Banzer con el Ejército, Falange Socialista Boliviana (FSB) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), gran parte del empresariado, además del respaldo de quienes estaban contra el gobierno de Juan José Torres, aparece esta acción como muy importante, porque se derrotó a una izquierda radical que se había constituido, a dedo, en una Asamblea Popular, tipo soviet, que amenazaba las libertades ciudadanas”.
Es Estado a partir de la dictadura de Banzer
Tanto para el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín como para el ex-parlamentario Róger Cortez, el primer gobierno de Hugo Banzer Suárez, a más de 33 años de distancia, aún tiene una secuela en el nivel del aparato estatal.
Cortez le llama el “secretismo” en la práctica de ejercicio del poder, tanto en gobiernos de derecha como de izquierda. Para Albarracín, más bien se trata de cierto “comportamiento autoritario” de los administradores del Estado.
Para el analista político, el secretismo “tan difícil de erradicar, inclusive en gobiernos populares, es la tendencia a mantener reservas y oscuridad en el manejo del poder, cuando el conjunto de los asuntos estatales tendría que ser absolutamente diáfano”.
“El secretismo, la clandestinidad de las operaciones encubiertas, los grupos paramilitares y parapoliciales” son una práctica de manejo del Estado que cada vez más se hace exclusiva de ciertos sectores.
El secretismo se consolidó con Banzer, que es el entrecruzamiento de dos fuerzas; una muy importante, significativa, es la mal llamada Doctrina de Seguridad Nacional; y, la consolidación del nuevo bloque de poder económico empresarial, destaca Cortez.
Para Albarracín, incluso en el actual Gobierno hay formas de “revivir a Banzer”: “La democracia no tuvo la capacidad para extinguir esos bolsones de violación de derechos humanos; esas formas de pensar y actuar en política”.
Iván Bustillos Zamorano.
MAYOR INFORMACIÓN, OPINIONES Y ANÁLISIS SOBRE ESTE TEMA EN:
No hay comentarios:
Publicar un comentario