La defensa de los Derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS
La Gaceta Jurídica – 16/08/2011
La determinación del gobierno de construir la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ha desatado una polémica y las organizaciones indígenas, CIDOB y CONAMAQ, han resuelto marchar para evitar que la carretera pase por el núcleo del Parque Isiboro-Sécure, exigiendo la consulta a los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución, y la reversión de tierras. La propuesta presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) consta de ocho artículos.
El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) está protegido por leyes y la Constitución Política del Estado (CPE). Además de ser parque, área protegida, es territorio indígena y exige el respeto establecido constitucionalmente en los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Por otra parte el TIPNIS tiene que ver con las Resoluciones de Tiquipaya en la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), que prohíben la explotación en bosques y plantean la defensa de ecosistemas y ciclos vitales integrados.
En esa perspectiva, la Ley Marco de la Madre Tierra, que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concibe la defensa de los ciclos reproductivos de la vida, del agua, de las cuencas, del suelo, de los bosques, del aire, de los seres concebidos como componentes de la Madre Terra. Por esto, es inconcebible, desde el punto de vista de la CPE, de la perspectiva del Vivir Bien, del enfoque de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, la determinación de construir la carretera que atraviese el TIPNIS.
El debate
El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, ¿por dónde va? ¿Desarrollismo o Vivir Bien? ¿Extractivismo o alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían estar resueltas desde la aprobación de la Constitución; no lo están, pues el gobierno y sectores interesados en el “desarrollo” parecen no comprender los contenidos y alcances de la Constitución y el sentido del proceso constituyente.
Una visión nacionalista restaura el Estado-nación, encaminando esta regresión hacia la ampliación del modelo extractivista, fortaleciendo las cadenas de la dependencia instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo.
Este debate debe ser tomado en cuenta, considerando que el proceso se encuentra en crisis, el contexto del proceso, su propia genealogía, el despliegue mismo del proceso, con sus contradicciones y dinámicas moleculares. El debate debe traer profunda reflexión sobre los procesos en curso y sus enredos con los mapas institucionales y la arquitectura estatal liberal, buscando evaluar las perspectivas de las emancipaciones y las posibilidades de la descolonización.
Antecedentes legales
La historia legal data de 1965, cuando la Ley Nº7401 crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure, por la “necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde del piedemonte y por la colonización”.
Después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce el Parque como Territorio Indígena, donde se asientan los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán, de ahí se conoce como TIPNIS. El decreto amplía la superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure; así se incorporan las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, conformando una franja de amortiguamiento.
Ese año se reconoce el espacio del TIPNIS con 1.225.347 hectáreas; sin embargo, el 2009, debido a la presión de colonizadores, el presidente Evo Morales entrega a los pueblos originarios un título ejecutorial sobre el TIPNIS, reduciendo la superficie del territorio indígena y del parque a 1.091.656 hectáreas. Como compensación, se define una línea roja que prohíbe nuevos asentamientos. No hay que olvidar que el TIPNIS no deja de ser área protegida.
Expansión
La historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), originado en la primera Cumbre de Presidentes de América del Sur, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2000, en Brasilia, por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso. Los jefes de Estado observaron que el impulso de la integración transfronteriza se vigoriza por la proximidad geográfica, la identidad cultural y la consolidación de valores comunes.
IIRSA contempla los corredores transoceánicos que vincularían el Atlántico con el Pacífico, posibilitando el transporte de mercaderías entre ambos océanos. Si bien la justificación del proyecto habla de integración, desde el comienzo hay voces que acusan al proyecto como parte de la estrategia de dominación de Estados Unidos de América, también hay críticas que lo califican como parte de la expansión de la potencia emergente de Brasil.
La carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y del proyecto IIRSA. El gobierno de Morales llegó a un acuerdo con el entonces presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva para la construcción de la carretera, comprometiéndose un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Por lo complicado de la situación al afectar el área protegida, al parque y al territorio indígena se decide hacer tres tramos para facilitar la aprobación de la ficha ambiental.
El tramo uno y el tres se aprueba rápido y no atraviesan el parque, quedando pendiente el dos, que sí lo atraviesa. Esta maniobra adelanta partes de un trazo comprometido, condicionando la aprobación del tramo II. Pero, ante la inminente construcción de la carretera, los pueblos indígenas, comunidades indígenas asentadas en ese territorio y las organizaciones indígenas del país reaccionan exigiendo consulta previa a los pueblos y comunidades, además de un tramo que no atraviese el Parque.
En junio de 2011, en una concentración cocalera en Eterazama (Cochabamba), Evo Morales Aima dio por iniciada la construcción de la carretera, que tiene una longitud de 306 kilómetros y sería construida en tres años por la empresa brasileña OAS, observada en Brasil por conflictos ambientales ocasionados. El Presidente expresó que esta obra promoverá el desarrollo, la vertebración de Bolivia y la integración del país con Sudamérica. La construcción de esa vía y obras complementarias demandará una inversión de 442 millones de dólares, de los que 332 provienen de un crédito blando del BNDES.
Este conflicto se muestra como síntoma de una problemática más amplia, compleja y estructural. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? ¿Por qué se enfrenta sistemáticamente a los pueblos y organizaciones indígenas? ¿Por qué se aleja del cumplimiento de la Constitución y la perspectiva del Vivir Bien? ¿Por qué se mantiene obsecuentemente en un proyecto desarrollista y extractivista? ¿Por qué no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico? ¿Por qué no se hace las transformaciones institucionales y estructurales que requiere esta construcción? ¿Por qué no se efectúa la transición transformadora y se opta por proyectos con estereotipos nacionalistas, desarrollistas y extractivistas? El debate compromete la estructura y la dirección del proceso. Por eso, es indispensable analizar y hacer inteligible lo que está en juego en torno al TIPNIS.
Hipótesis
En el debate se han planteado explicaciones del comportamiento del gobierno. La primera tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola y las consecuencias de la desforestación; esta ampliación está conectada con la expansión de cultivos de coca. Ya se dio antes un avasallamiento del territorio indígena por parte de cocaleros; esta expansión era conocida el 2004. La contención de este avance se estableció con una línea roja el 2009, prohibiendo toda nueva expansión. Sin embargo, por la construcción de la carretera habrá nuevos avasallamientos, desforestaciones, expansiones de la frontera agrícola y de la coca.
Otra explicación es la supeditación del gobierno boliviano y de su proyecto desarrollista-extractivista al proyecto emergente brasileño, en un momento de urgencia energética de ese país como potencia regional. Esta supeditación explicaría el papel condicionante de PETROBRAS en la explotación hidrocarburífera, la presencia de empresas brasileñas constructoras de caminos y de infraestructura, así como la participación de una empresa brasileña en el proyecto de San Buenaventura.
Este condicionamiento explicaría analogías entre los gobiernos “progresistas” de Bolivia y Brasil, que tienen que ver con combinaciones barrocas de pretensiones de Estado de Bienestar con políticas extractivistas y neoextractivistas, así como con prácticas monetaristas y neoliberales.
La otra hipótesis tiene que ver con las nuevas alianzas del gobierno con banqueros, empresa privada, agroindustriales de Santa Cruz y soyeros. Estas alianzas muestran el proyecto del gobierno, pasar de la estabilidad económica y la acumulación del ahorro a un modelo asentado en los grupos económicos que supuestamente “saben” producir y pueden “garantizar” la “seguridad alimentaria”, ratificada por los propios agroindustriales.
Estas alianzas dejan en segundo plano y al margen a las comunidades campesinas. Estas alianzas pueden explicar un proyecto de poder ventilado a largo plazo, evitando conflictos e incorporando a la burguesía agraria al proyecto gubernamental. Esto termina siendo coherente con la restauración del Estado-nación y explica el dejar de lado la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se ha ventilado la hipótesis de la existencia de reservas hidrocarburíferas en el TIPNIS. El propio Ministro de Hidrocarburos y Energía ha manifestado esta posibilidad que pone en más grave peligro al TIPNIS.
Con el peso del modelo extractivista en las estrategias del gobierno, nos hemos alejado definitivamente del Vivir Bien, de la economía social y comunitaria, de la articulación integrada y complementaria de la economía plural.
Razones
¿Por qué estaría pasando esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación en el momento presente? La primera hipótesis es que no se ha resuelto la cuestión estatal, no se ha destruido el Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que es la forma de legitimación en la periferia del sistema-mundo capitalista del Estado colonial. Más bien se ha restaurado la maquinaria sedimentada por capas, estratificada por formas administrativas, dándose una acumulación geológica de las reformas institucionales modernas.
Lo que hace este Estado al ser restaurado es reproducir formas de dominación y reencaminar la continuidad de las estructuras de poder, de los diagramas de fuerza, que atraviesan los cuerpos induciendo comportamientos funcionales al sistema nacionalista, liberal y colonial. Se reproducen las relaciones de dependencia y de supeditación del Estado-nación subalterno al orden mundial de la dominación global del sistema-mundo capitalista. La pertenencia al sistema financiero, el sometimiento a sus reglas, el entregar el ahorro nacional a los bancos extranjeros hablan del sometimiento de la periferia al centro de la economía-mundo capitalista.
Lo mismo ocurre en las redes de las trasnacionales, el condicionamiento de sus monopolios tecnológicos, financieros, de mercados, sus mecanismos, procedimientos y agenciamientos de influencia imponen estrategias de enajenación de los recursos naturales y de acumulación ampliada de capital, convirtiéndolas de forma mediatizada en políticas de Estado del gobierno.
Es sabido que los Estados, sus instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con actividades económicas, se encuentran atravesados por circuitos de influencias, cuoteo, participaciones ilícitas, prebendas, doble información, sobreprecios, lo que llamaremos el mundo de la economía paralela, economía que corroe las prácticas administrativas. En otras palabras, el Estado se convierte en botín para grupos de poder.
Cuando no se resuelve la cuestión estatal, también se deja que estas prácticas aviesas vuelvan a articularse y desplegarse, aunque sea con nuevos personajes, una nueva élite en el poder. El panorama se complica cuando ampliamos la perspectiva a los circuitos del narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y tráfico de tierras que acompañan a la lógica del enriquecimiento fácil e ilícito.
Hay que explicar y entender las razones que conducen a un gobierno popular a repetir la historia del otoño del patriarca. Debemos identificar prácticas sintomáticas en esta reproducción de la maquinaria estatal. Sobresalen las relaciones de subordinación y cooptación de las organizaciones sociales, sobre todo de la dirigencia ejecutiva. No se permite la vida autónoma de las organizaciones, mucho menos la reaparición de movimientos sociales de envergadura, como los del periodo 2000-2005, no se permite entonces la participación y la construcción colectiva de las decisiones, de la dirección del proceso y de las estrategias políticas. Las organizaciones, sobre todo sus bases, se han convertido en referentes de legitimación de las decisiones cupulares.
Esta subordinación de las organizaciones sociales termina en relaciones prebendales, comprometiendo a la dirigencia en beneficios compartidos y controlados por las instituciones gubernamentales. Estas prácticas se parecen a las prácticas de gobiernos y partidos populistas, a las prácticas del MNR en los 12 años del nacionalismo revolucionario (1952-1964).
Las organizaciones sociales y sindicatos terminan participando del lucro del poder, aunque lo hagan en una proporción y participación secundaria, marginal, menos estratégica. Lo que cuenta es la extensión de los engranajes y los mecanismos de poder, no sólo para la legitimación sino como potencia y como aprovechamiento, aunque solo terminen haciéndolo las dirigencias. Así se trabó y quebró la posibilidad de participación y control, de conducción colectiva por parte de las organizaciones sociales, afectando a las fuerzas sociales, al poder constituyente de los movimientos sociales, que son el sostén y la defensa misma del proceso.
Raúl Prada Alcoreza, es demógrafo, fue constituyente y viceministro de la gestión Evo Morales.
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