El Derecho a la intimidad o privacidad en la Constitución Boliviana

Derecho a la intimidad o privacidad en la Constitución

Antecedentes

Hace algunas semanas, los medios de comunicación informaron que el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, había presentado la grabación de una conversación telefónica de la diputada del Movimiento Sin Miedo (msm) Marcela Revollo con dirigentes indígenas de la IX Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (Tipnis).

El Ministro hizo conocer la grabación de audio que anónimamente habría llegado a su despacho en donde se identifica la voz de la diputada de ese partido político de oposición al Gobierno, conversando sobre los costos y gastos que implicaría la mencionada marcha que, a fines de abril, partió de Trinidad, Beni, hacia La Paz.Esta situación, de claros matices políticos por los sujetos que involucra, provocó la reacción de la diputada, quien anunció la interposición de una acción penal en contra del Ministro, por haber hecho público un audio grabado sin conocimiento suyo.

Por otro lado, y como respuesta a la diputada Revollo, quien acusó al Ministro de Gobierno de espionaje; la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que el derecho a la privacidad de una persona que ocupa un cargo público, “sólo es válido en su hogar”(sic), cuando, según Revollo, el Órgano Ejecutivo violó su privacidad como persona, acusando la existencia de un acto de espionaje, además de sostener que la difusión de dicha grabación, habría vulnerado el artículo 151 de la Constitución Política del Estado (cpe), que establece: “I. Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente. II. El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y a las oficinas de uso legislativo”; por lo que, solicitó al Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes.

Como se puede ver, en este caso se ha puesto en discusión la inviolabilidad de las comunicaciones, lo que está estrechamente relacionado al Derecho a la Intimidad o Privacidad, consagrado y garantizado por la misma cpe, lo que obliga a realizar un análisis acerca de la naturaleza y los alcances de éste derecho en el sistema constitucional boliviano, en relación a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).

Nociones Generales

De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de la vida personal de un individuo, que (según su voluntad) se desarrolla en un espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial.

Por otro lado, y según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, privacidad se define como “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión” e intimidad se define como “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”.

En este sentido, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano, y que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Asimismo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagra, al respecto, lo siguiente: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

En el ámbito regional, el artículo 11 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica establece una norma de protección de la honra y dignidad, al señalar: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Entonces, el derecho a la intimidad o privacidad consiste en la potestad o facultad que tiene toda persona para mantener en reserva, determinadas facetas de su personalidad, teniendo como uno de sus elementos esenciales la inviolabilidad de la vida privada, referida al escenario o espacio físico en el que se desenvuelve, como es el domicilio, los medios relacionales de comunicación y correspondencia, así como los objetos que contienen manifestaciones de voluntad o de conocimiento, no destinadas originalmente al acceso de personas ajenas o extrañas, lo que involucra escritos, fotografías u otros documentos.

En ese marco, debe entenderse que el  derecho a la inviolabilidad de correspondencia no se reduce únicamente al ámbito de la correspondencia escrita (es decir, la carta postal), sino que también se extiende a cualquier medio o sistema de comunicación privada de las personas, dado que con el desarrollo y avance de la tecnología, actualmente se cuenta con múltiples formas y sistemas de comunicación privada como son la telefonía fija, telefonía móvil y el correo electrónico.

De ahí que, la inviolabilidad de correspondencia y de todas las formas de comunicación privada que garantiza la Constitución está destinada a resguardar esencialmente los siguientes bienes jurídicos:

1) La libertad de toda persona para comunicarse con otras, sin que se produzcan interrupciones o interferencias ilegales o arbitrarias; y,

2) La reserva o el secreto de aquello que se escribe o habla entre quienes se hayan comunicado.

El Derecho a la Intimidad o Privacidad en la Constitución boliviana

Un aspecto relevante en este tema es que, actualmente, la cpe, aprobada en enero de 2009, además de declarar que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. (…)”, dedica su Capítulo Segundo a establecer expresamente los  “Principios, Valores y Fines del Estado”, a cuyo efecto el artículo 8 constitucional declara que el Estado Plurinacional de Bolivia “asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, los siguientes: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble)”.

Asimismo, señala que nuestro Estado “se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

De la norma citada, se extrae con claridad que uno de los valores supremos consagrados en el sistema constitucional es precisamente la dignidad humana, de donde emanan los demás derechos humanos; es decir, que su afectación implica también dañar el contenido esencial de los demás derechos, que tienen su fundamento y finalidad en resguardar la dignidad.

Todo ello se desprende de una interpretación sistemática y finalista de las normas contenidas en el texto constitucional, en armonía con los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos (DUDH, PIDCP y CADH), que constituyen en su conjunto el bloque de constitucionalidad en Bolivia.

Por su parte, el artículo 9 constitucional, en forma innovadora también dispone expresamente que “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2.Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4.Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”

En este sentido, la misma Constitución de Bolivia, en su Capítulo dedicado a los Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 21, numeral 2, que las bolivianas y bolivianos tenemos derecho: “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”.

Asimismo, y reforzando el alcance de este derecho, el artículo 25 constitucional, establece que: “I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal”. Esta disposición constitucional, contiene distintas normas que regulan básicamente lo siguiente:

a) El derecho a la inviolabilidad del domicilio, que básicamente significa que nadie puede introducirse o ingresar en él, sin consentimiento del propietario o habitante, excepto en los casos expresamente previstos por la misma Constitución.

Asimismo, debe considerarse que el carácter domiciliario de un recinto se da por el hecho de que en su interior, una o más personas desarrollan actividades pertenecientes a la esfera de la vida privada, es decir, ese ámbito de la existencia de la persona, en donde los demás no pueden introducirse ilícitamente.

b) El carácter inviolable de la correspondencia y los papeles privados, determinando la prohibición de su incautación, excepto en los casos expresamente establecidos por Ley, y previa orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.

Esto, implica, que toda persona tiene el derecho de mantener en reserva su correspondencia y sus papeles privados, y este derecho extiende su aplicación a toda forma de comunicación, por vía escrita, oral o audiovisual, considerando que, de acuerdo al avance de la tecnología, ahora existen medios sofisticados para una comunicación pronta y oportuna, como la telefonía fija, fax, telefonía móvil y otros.

c) La invalidez como medio probatorio, de los documentos privados violados o sustraídos, lo que implica que la persona que sustraiga o se apodere ilegítimamente, y/o el funcionario público que incaute un documento privado sin el consentimiento o conocimiento del dueño, o sin una orden judicial expresa, no podrá presentar como prueba dicha documentación y, en caso de ser presentada, la misma no podrá surtir efectos probatorios válidos en el proceso.

d) La prohibición de interceptar conversaciones o comunicaciones privadas implica que ninguna persona particular o funcionario público –cualquiera sea su rango de autoridad–, puede ni debe interceptar, conversaciones o comunicaciones privadas, bajo pena de incurrir en delito sancionado por la Ley Penal. Esto, significa también que ninguna autoridad judicial puede ordenar la intercepción de este tipo de conversaciones.

El Derecho a la Intimidad o Privacidad en la Constitución de Bolivia - 2012

Resolución de 1979 de la OEA, una victoria sólo en papel

Resolución de 1979 de la OEA, una victoria sólo en papel

Chile sin voluntad política desde hace 30 años

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:05 / 03 de junio de 2012

Mientras el pleno aprueba la Resolución 426 con un total de 25 votos a favor y ni uno solo en contra, a modo de repudio, el diplomático chileno y presidente de la delegación de ese país, Pedro Daza Valenzuela, abandona con signos de indignación el salón del viejo hotel Sheraton de La Paz en el que se realiza la sesión de la duodécima plenaria de la IX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es el 31 de octubre de 1979, año en que se recuerdan los 100 años de despojo de la costa nacional por parte de los chilenos y Bolivia es la sede del encuentro.

Esta declaración del organismo internacional es el mayor logro diplomático del país en el tema marítimo, pues, señala que el conflicto sobre el mar entre Bolivia y Chile “es de interés hemisférico”. Además, indica que se inicien negociaciones “encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Por último, plantea la inclusión de una zona portuaria sin que Bolivia tenga que dar una compensación territorial a Chile, país que nunca reconoció esta resolución.

Ya se preparaban celebraciones por la victoria diplomática para el día siguiente; sin embargo, la madrugada del 1 de noviembre, Alberto  Natusch Busch desplegaba sus tropas leales para un golpe de Estado contra el presidente Wálter Guevara Arce. Las delegaciones de los países visitantes debieron ser evacuadas hacia el Perú en un operativo de emergencia.

Por supuesto, el representante de la misión chilena no desaprovechó las circunstancias. “Ya en Lima señaló que ‘eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido’. Se aprueba la resolución y se derriba el proceso democrático, el hecho disminuyó la credibilidad del país”, cuenta el excanciller boliviano Armando Loayza.

Aunque bien podría haberse replicado que no se trataba sino de “un burro hablando de orejas”, pues, en Chile se vivía la antítesis del orden democrático con una de las dictaduras más brutales de Latinoamérica.

Es muy probable que con o sin el inicio del régimen totalitario de Natusch Busch, Chile censurara de igual forma la resolución, sin embargo, nunca se había obtenido un apoyo orgánico de las naciones miembros de la OEA y el éxito quedó degradado.

Según un artículo de Juan Lanchipa, titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), publicado el 15 de abril en Animal Político y titulado La verdad sobre el Tratado de 1904, la firma de dicho pacto, desfavorable para el país, fue realizada por la influencia de un “barón del estaño”, Félix Avelino Aramayo, la complicidad de ciertos políticos bolivianos y capitales extranjeros, quienes estaban más interesados en un ferrocarril que en un puerto para el país.

Tal como ocurriera en 1904, una vez más, serían bolivianos ligados al poder quienes se encargarían de boicotear las aspiraciones nacionales de una salida al mar tras la victoria diplomática. Se dice que quien instigó la acción de facto de Natusch Busch fue Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a causa de que el presidente de ese entonces, Wálter Guevara Arce, manifestó que necesitaba quedarse un año en la presidencia antes de llamar a elecciones, tiempo que Paz Estenssoro no estaba dispuesto a esperar. Sin embargo, no es necesario hacer caso de “rumores” cuando el nombramiento del hombre fuerte del MNR institucional, Guillermo Bedregal, como canciller del dictador, evidencia a “gritos” quién promovió las balaceras.

La inestabilidad política, aprovechada por Chile, sin duda disminuyó irremediablemente el impacto que habría podido tener la Resolución 426, que quedó como la mayor victoria de papel del país respecto de la causa marítima.

“Chile sostiene que las resoluciones de la OEA no tienen el carácter vinculante de un tratado, y ésa es verdad de alguna manera; sin embargo, la Asamblea General es el órgano supremo de la OEA y todas sus manifestaciones tienen un elevado nivel político-diplomático”, dice Loayza.

No obstante, según Lanchipa, negar la obligatoriedad de las resoluciones de este organismo en el caso marítimo boliviano “es sostener, por contraparte, que la Resolución 765 del caso Malvinas es igualmente inexigible e inoperante o que las demás resoluciones de la organización carecen de vigor y son simples mensajes a la conciencia de los gobernantes”.

Lanchipa expresó el martes al diario La Razón que con la Resolución 426 la OEA entendió que el enclaustramiento forzoso de Bolivia no es sólo un problema boliviano ni tampoco únicamente chileno. “El organismo tomó la cuestión como suya y resolvió que su solución “es de interés hemisférico permanente”. Esto no significa otra cosa que la expresión libre, espontánea y categórica de la voluntad de todo el continente para que Bolivia recupere, lo antes posible, un acceso soberano al océano. Postergar esta solución significa una afrenta al pueblo boliviano, una agresión que por conciencia de la OEA, representa un ataque a todo el hemisferio”, asegura.

Según dice, la importancia de las resoluciones radica en “la obligatoriedad jurídica y política de su cumplimiento por los países que las aprobaron y ratificaron (como sucedió con Chile en las resoluciones de 1980, 1981 y 1983)”. Añade que ser miembro de la OEA significa ser titular de un conjunto de derechos y obligaciones, cumplir sus resoluciones es uno de los deberes de quienes forman parte de la institución interamericana.

Para el excanciller Javier Murillo de la Rocha, la Resolución de 1979 es la más importante que se logró, pues Bolivia recibió el apoyo más contundente que haya obtenido sobre la causa marítima. “Lamentablemente se quedó en el papel y no se reflejó en acciones concretas ni de la organización, ni tampoco de los interesados directos, porque Chile siempre ha evadido los compromisos bilaterales y multilaterales que pudieran estar encaminados a resolver el enclaustramiento boliviano, ésa es la razón por la que esta resolución y las otras diez no tuvieron mayor proyección”, analiza.

Coincidente con el embajador, el canciller David Choquehuanca dijo en Animal Político del domingo 27 de mayo que no habrá mejor Resolución de 1979 referida al diferendo. Queda considerar si es pertinente acusar a Chile de incumplir una declaración que nunca aceptó; sin embargo, puede resultar coherente una recriminación moral a Chile por contravenir también la Resolución de 1983, considerando que ese país participó en la redacción y promoción del escrito.

Loayza dice comprender que el Gobierno quiera aprovechar la reunión de Cochabamba y hacer una fuerte crítica a la postura chilena. Este país “no ha querido una negociación desde hace 30 años (negociaciones de Charaña)”. Se puede hablar de las 11 resoluciones que tocan el tema marítimo, pero más allá de los términos de éstas, la voluntad Chilena ha sido nula, critica Murillo. “La actitud del organismo interamericano es muy débil, lo que hace que los esfuerzos sean totalmente infructuosos”.

“El desafío es sacar del papel estos documentos para transferirlos a acciones concretas, cosa que es difícil, porque los organismos son lo que los países que los conforman quieren que sean, si no se le da a la OEA el apoyo político de sus estados miembros, entonces va a tener muy poca eficacia en el manejo de estos problemas. El no cumplimiento de estas resoluciones muestra un debilitamiento de la OEA”, añade Murillo.

Sin embargo, complementa, la debilidad no es culpa de la misma organización, sino de los estados que son parte de ella al no haber querido darle la fortaleza necesaria para que cumpla una función más destacada y decisiva en una serie de conflictos de distinto orden que se han venido produciendo desde que la OEA nació en 1948 con la Carta de Bogotá.

‘No habrá mejor resolución que la del 79’: David Choquehuanca, canciller

No habrá otra mejor resolución que ésta. La resolución dice que nosotros debemos tener acceso soberano y útil al océano Pacífico sin compensación territorial. No es necesario ratificarla, pues está vigente. Nosotros tenemos una Constitución Política del Estado y no es necesario hacer lobby en el Congreso para que se ratifique;  ésta es una resolución de la OEA.

‘Cien años tardó una respuesta de América’: Juan Lanchipa, director de Diremar

Pasaron 100 años para que la respuesta internacional sea categórica y contundente. Se necesitó un siglo para que América, a través de la Resolución de 1979, exprese su preocupación y solidaridad absoluta porque se haga justicia al reclamo boliviano. La resolución hizo que los estados de la OEA entiendan de manera unánime que el problema de la ocupación del Litoral boliviano no se ha resuelto.

‘Se trata de la falta de voluntad chilena’: Javier Murillo de la Rocha, excanciller

El asunto no va por las resoluciones, sino por la falta de voluntad política de Chile, siempre ausente desde hace 133 años. No hay que cifrar esperanzas en éstas, aunque son muy importantes para mantener viva la demanda en la conciencia continental. Las soluciones serán posibles cuando Chile muestre voluntad real para terminar con el enclaustramiento boliviano.

‘Es un patrimonio jurídico diplomático’: Armando Loayza, excanciller

Es un patrimonio jurídico diplomático muy importante, es gravitante, pero, a diferencia de la Resolución 686 de 1983, no es una que sea aceptada por Chile. Diría que todas las resoluciones de la OEA son significativas porque representan la demostración de que la comunidad interamericana ha aceptado esta temática (el conflicto) y le ha dado un gran relieve.

‘Las resoluciones sólo dan obligación moral’: Ramiro Prudencio,  historiador y diplomático

Las resoluciones sólo tienen obligatoriedad moral, no, sin embargo, jurídica; por lo tanto, tienen el valor de promover un movimiento a favor del reconocimiento del problema que tratan, no obligan a ninguna de las partes involucradas; sólo una sentencia de la Corte de La Haya es obligatoria. Lo importante de la Resolución de 1979 es que fue la primera, aunque Chile la rechazó.

Resolución 426 de la Asamblea de la OEA de 1979

La Asamblea General declara:

Que es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil   al Océano Pacífico.

Considerando:

Que es necesario conseguir, con espíritu de fraternidad e integración americana, el objetivo señalado en el punto anterior y consolidar una paz estable, que estimule el progreso económico y social en el área de América directamente afectada por las consecuencias del enclaustramiento de Bolivia.

Resuelve:

1. Recomendar a los Estados a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las Partes involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.

2. Continuar la consideración del tema “informe sobre el problema marítimo de Bolivia” en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General.

(Resolución aprobada en la duodécima sesión plenaria del 31 de octubre de 1979).

IX Marcha: en medio de tropiezos políticos y naturales...

IX marcha, en medio de tropiezos políticos y naturales

 

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:05 / 20 de mayo de 2012

En artículo de La Razón de 2006 recuerda cuando se inauguró la oficina del Pacto de Unidad en Sucre. A la nueva infraestructura entraban del brazo —según la noticia— indígenas, originarios, campesinos, colonizadores y Bartolinas (mujeres campesinas). Hoy, puede decirse, sin temor a exagerar, que este pacto, que respaldó incondicionalmente al proceso de cambio, ha muerto a causa de insalvables diferencias respecto de la polémica por la construcción de la carretera por el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).

La Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) rompieron la alianza cuando se opusieron al “proyecto desarrollista”. Aunque el Pacto de Unidad sigue bajo tal denominación, puede afirmarse que del nombre completo con que se lo bautizó, únicamente queda, como fiel a la verdad, la primera palabra de las tres que lo componen.

Sin embargo, las fracturas que ha producido el proyecto de la carretera por el parque nacional no terminan ahí, sino que también se vieron en el tiempo previo al inicio de la IX marcha y en la actualidad dentro del mismo del movimiento indígena que agrupa la Cidob. La escisión entre los indígenas de tierras bajas ha tenido como consecuencia indudable una movilización numéricamente reducida (aproximadamente 300 marchistas; el año pasado, cuando la VIII marcha se encaminaba a San Borja, tal como lo hace la actual movilización, habían cerca de 800) y con falencias logísticas.

A esto se suma la objeción de buena parte de la población del municipio de San Ignacio de Moxos, que quiere carretera, que presionó para que la marcha no cruce por el centro de la capital provincial. El año pasado, la movilización no tuvo este problema. En cuanto a la causa del debilitamiento de la medida de presión, hay discrepancia de opiniones

Según el Gobierno, la división, que devino en una marcha diezmada se debe a que se puso en evidencia que en el parque se realizan actividades extractivas con el consentimiento de los dirigentes de la Cidob y además de que hicieron alianzas con la derecha boliviana. “Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen vínculos y convenios firmados con la derecha boliviana, como con Rubén Costas. También se ha logrado poner en evidencia que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas. Una tercera característica es que muchos de sus líderes han recibido recursos económicos de la Gobernación de Beni (en la gestión de Ernesto Suárez) para proyectos fantasma. Eso muestra y desnuda los intereses políticos que están detrás”, afirma el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, César Navarro.

Por ejemplo, la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Justa Cabrera, juró como subalcaldesa de Paurito, previo acuerdo con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. Hace dos semanas, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, fue sindicado de haber propiciado la venta de madera hace diez años. Aunque admitió que sí hubo ese negocio, del que participó su comunidad, negó haber recibido dinero por la transacción, como lo denunciaron.

Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), tiene otra percepción de la situación de los liderazgos de la marcha y considera que no es de “buena fe” dividir un movimiento para luego afirmar que el mismo se encuentra debilitado. “Me parece una actitud hipócrita y cínica actuar con el objetivo de dividir para después decir que los indígenas están divididos”, dice el activista.

En efecto, el Gobierno comenzó una campaña de información para la consulta previa en el territorio del TIPNIS, sin embargo, ésta fue cuestionada de propagandista e inclusive de tener matices prebendales al ofrecerse una serie de regalos como antenas de telefonía móvil, postas de salud y motores de generación de electricidad.

De acuerdo con Navarro, los acuerdos firmados entre comunidades del parque y el Estado no han debilitado la marcha. “De hecho, la campaña se trata de impulsar la consulta previa y también de informar sobre ella. Lo que han hecho los dirigentes es descalificarla, entonces nosotros respondimos informando en qué consiste este proceso”, dice.  Según Navarro, muchas autoridades del TIPNIS se “desbautizaron” de la conducta de sus propios dirigentes con la información que se les dio.

En contraste, Tamburini opina que estas incursiones del Gobierno en el parque nacional son una manera de usar la pobreza. “Juegan con la necesidad de una manera cruel; no entiendo cómo no hay una condena pública de esto. Lo que el oficialismo resalta de estos hechos es que los indígenas están divididos y debilitados porque algunos, en su pobreza, fueron chantajeados ante la indefensión en que se los pone”, juzga.

Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, concuerda en que la marcha está débil. “Eso se nota en el número de personas que están participando y también en las dificultades que tienen algunas regionales para incorporarse a la movilización tras haber firmado acuerdos productivos y de servicios básicos con la condición de que no sean parte de las protestas”, analiza Colque.

El viceministro expresa, duramente, cuestionamientos a la dirigencia indígena, la cual sería la única causa de la división interna. “Para la sociedad boliviana, la VIII marcha representó a dirigentes indígenas que interpelaban a un presidente indígena que defiende la Madre Tierra: En síntesis, estaban defendiendo un territorio ‘celestial’ y los dirigentes se presentaban como ‘angelicales’. Termina la VIII y resulta que eran aliados fundamentales de la derecha boliviana; también se verificó que en el territorio ‘celestial’ se realizaban actividades privadas, estos hechos desnudaron la realidad del TIPNIS”, dice con ironía Navarro.

Tamburini insiste en la existencia de “mala fe” por parte del Gobierno y hace una inversión del sentido cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una marcha debilitada. “En términos de seguridad, es débil; pues, el Gobierno tiene militarizado el TIPNIS y en Beni está articulado con los sectores de choque provocando zozobra y miedo. Si de esa debilidad habla el propio oficialismo, entonces, claro, ahí si coincido, la movilización es vulnerable”, dice.

Según Tamburini, muchas personas que debían haberse sumado no lo hicieron por miedo a sufrir una represión igual a la de Chaparina el año pasado, “algunos han prometido no volver a marchar nunca más para no sufrir lo mismo que el año pasado. Sin embargo, la marcha tiene otras fortalezas que van más allá del número, que parece que es lo único que le preocupa al Gobierno”.

En todo caso, a los dirigentes de la marcha también parece que les interesa la cantidad, pues, el miércoles anunciaron a la prensa que al menos seis sectores organizados —“las bases” de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), el Pueblo Guarayo, la comunidad Chiquitana, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Departamental (COD) del Beni y universitarios de Cochabamba, según la presidenta del comité de movilización, Bertha Bejarano— se sumarán a la marcha indígena. Esperan que estas incorporaciones se den antes de ingresar al departamento de La Paz y lograr así el mismo efecto de la VIII marcha. Ésto demuestra que, a ambos lados del conflicto, los números harán la diferencia.

Iniciada el 27 de abril, en Trinidad, la IX marcha no tiene el mismo efecto que la del año pasado, que, a 24 días, por lo menos tuvo un intento frustrado de diálogo indígenas-Gobierno en San Borja. Esto puede verse también en la cobertura periodística.

La marcha y sus deficiencias logísticas

A las debilidades que se perciben en la IX marcha, a causa de la división al interior de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), se suma una serie de dificultades logísticas ocurridas la semana que termina.

Los obstáculos se fueron manifestando a raíz de las persistentes lluvias que comenzaron el anterior fin de semana y sólo terminaron el miércoles 16 de mayo, que ocasionaron una emergencia de salud por resfríos. Se anunció que 20 marchistas, la mayoría de ellos infantes, fueron trasladados a centros de salud a San Borja (según declaraciones del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez).

Sin embargo, eso no fue lo único que causaron las precipitaciones, pues, el envió de aproximadamente una tonelada y media de ayuda —alimentos, ropa y medicamentos acumulada por una campaña de solidaridad realizada en Santa Cruz— quedó suspendido en Trinidad debido a que la carretera hasta San Borja estaba inhabilitada hasta el martes por anegamientos. Con el objetivo de esperar estas provisiones, la marcha tuvo que retrasarse y esperar la carga.

Hay que considerar adicionalmente que, hasta que se cerró la edición de este suplemento, se contaba con la información de que sólo una médica y una enfermera, dependientes de la Cidob, atendían a los aproximadamente 300 marchistas.

Las falencias logísticas mencionadas también pueden atribuirse y haberse agudizado a raíz de que la líder indígena Laida Humadai, precisamente encargada de la comisión de logística de la IX marcha, fuera trasladada a un hospital de Trinidad con el diagnóstico de peritonitis. Al principio de la movilización, el líder de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, también padeció dengue, lo que le privó de comandar la marcha.

‘Pocos marchistas indígenas del parque’: Reymi Ferreira, rector de la Universidad  Gabriel René Moreno

Hay pocos marchistas indígenas de la zona del parque Isiboro Sécure. La gran mayoría de los integrantes de la movilización son de otros lugares del país, ésa es una debilidad. Una demanda de un territorio específico en el que los marchistas no sean de ahí muestra debilitamiento. Esto se debe a un trabajo político del Gobierno para debilitar la movilización.

‘La división tendrá corto alcance’: Leonardo Tamburini, director del CEJIS

La división (de los indígenas) trajo inconvenientes, pero tendrá corto alcance. Las organizaciones que no creyeron en la marcha, revisaron su decisión y se están sumando a ella; es el caso de Central Indígena de La Paz (una de las que primero firmó convenios con el oficialismo). La OICH de la Chiquitanía, la CPIB del Beni y la CIRABO de la Amazonía hicieron lo mismo.

‘Los vínculos de sus líderes la debilitaron’: César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales

Los vínculos de sus líderes con la derecha boliviana debilitó y desprestigió la IX marcha. Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen lazos y convenios firmados con la derecha, además se evidenció que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas con el consentimiento de los dirigentes indígenas, restando así sus adeptos.

‘El Gobierno dividió a los indígenas’: Gonzalo Colque, Fundación Tierra

Los pueblos indígenas de las tierras bajas aglutinadas por la Cidob están efectivamente divididos. Ésto debilitó la IX marcha, aunque la división y el debilitamiento han sido propiciados por el Gobierno con el objetivo de que la movilización no progrese ni tampoco sus demandas. Las razones de las fracturas en este movimiento son totalmente atribuibles al Gobierno.

CASO ESPIONAJE: "No es pinchazo; entraron a grabar a mi oficina"

‘No es pinchazo; entraron a grabar a mi oficina’

Perfil

Nombre: Marcela Revollo Quiroga

Nació: 18-07-64

Profesión: Socióloga

Cargo: Diputada uninominal del MSM

Datos

Investigadora especializada en temas de género, democracia, descentralización y autonomía. Su trayectoria política se inicia en 1980 como dirigente universitaria. En 2006 fue elegida para representar al departamento de La Paz en la Asamblea Constituyente.

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ENTREVISTA
La Razón / Luis Mealla Gutiérrez / La Paz
00:03 / 20 de mayo de 2012

La diputada opositora asegura que se violó su derecho a la intimidad y a la libertad de expresión; presentó una querella penal contra Romero por el delito de espionaje. Dice que se solidariza con la IX marcha, igual que cuando respaldó la Marcha por la Vida, realizada hace 25 años. Pide al país solidarizarse con esta nueva movilización que inició en Trinidad el 27 de abril y ahora está en San Borja. En criterio del Gobierno, la marcha sólo tiene reivindicaciones políticas en favor de ciertos grupos de poder.

La diputada Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo (MSM), asegura que la grabación que mostró el ministro de Gobierno, Carlos Romero,  en la que se la oye hablando del envío de dinero a presuntos dirigentes indígenas de la IX marcha indígena, no fue un “pinchazo’” a su teléfono, sino la grabación de una jornada laboral que realiza en su oficina parlamentaria, aunque dice no saber de qué fecha data el audio.

Niega que algún “infiltrado” de su partido haya enviado este material al Gobierno. Sin embargo, admite que vende tarjetas para recaudar dinero con fines solidarios y cuenta que es parte de un colectivo ciudadano que se moviliza en defensa de los indígenas, aunque niega que ella sea la líder u organizadora del movimiento. Afirma que el intento del Movimiento Al Socialismo (MAS) —sigla con la que fue elegida— por quitarle el curul legislativo responde a un “chantaje” por su apoyo manifiesto a la movilización indígena que está rumbo a La Paz.

— ¿Cómo analiza su labor política? Se habla de expulsión y sedición.

— Es la actitud previsible de un gobierno que es intolerante a la crítica y al pluralismo político; es un gobierno que ha optado por una vía autoritaria y que busca escarmentar a quienes pensamos diferente, a quienes proponemos una opción diferente en el marco de la conducción del proceso de transformación. Hay que diferenciar nuestra relación con el MAS, entre la primera gestión y la segunda, en la que se rompió la alianza. En la primera, se estableció una alianza política en base a objetivos estratégicos, relacionados a cambios estructurales del país. Además de la propuesta política de cambio, la construcción misma del acuerdo político rompió todos los criterios tradicionales de los acuerdos políticos.

— Se habla de sedición.

— Sedicioso es aquel que se organiza para deponer autoridades constitucionalmente elegidas o se organiza para desconocer el orden constitucional establecido. Ellos tendrán que decir que la marcha pacífica, donde hay niños y ancianos que han optado por esta forma de expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos, es sediciosa. Es una marcha que ni siquiera bloquea a transeúntes ni vehículos; por eso conmueve y convoca al país. Son demasiadas heridas en el país que pensábamos que se iban a resolver con el respaldo de dos tercios, con un gobierno con todo el respaldo nacional y que sólo había que tener honestidad, sencillez y claridad para resolver estos conflictos. Lo que hemos encontrado es un gobierno que no ha tenido la decisión política de encarar conflictos profundos y que la respuesta es una arrogancia que ya no es aceptable a estas alturas.

— ¿Qué temas pendientes hay?

— En reiteradas ocasiones le hemos hecho conocer públicamente al Gobierno y al país nuestra posición sobre las tareas estratégicas: Construcción económica, la construcción autonómica, la construcción institucional y la plurinacional, y las tareas urgentes para encarar el proceso de transformación. Mientras, el país está concentrado en conflictos, inexplicablemente alargados, sin encontrar solución cuando más de la mitad de los problemas de las últimas semanas ha sido generada por el Gobierno. En el caso concreto del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), no tuvo el valor político de mantener su palabra al aprobar la Ley 180 e iniciar un proceso de transformación de vida de los pueblos indígenas. Insistir con la construcción de la carretera por el centro del TIPNIS es algo que nos llama la atención. ¿Qué tanto hay detrás para que un gobierno debilite su propio capital político, su propio  discurso en relación a los derechos de los pueblos indígenas y a la preservación del medio ambiente?

— ¿Corresponde la figura penal por sedición por venta de tarjetas?

— Éste no es un juicio jurídico, no es que yo haya alterado el orden o estoy apoyando a una marcha violenta, de terroristas, alzamiento armado, etc. Tenemos tantos años de democracia, que esas palabras que se las mencionaba con tanta facilidad en la época de la dictadura ya casi no se las encuentra en el lenguaje diario.

— Está bien hacer un acto de solidaridad, pero mezclarlo con la política...

— No se mezcló; ellos ingresaron  a mi oficina, que es una oficina parlamentaria, no es una oficina partidaria. Entraron a grabar a una oficina que todos los ciudadanos de mi circunscripción visitan con sus demandas, propuestas y preocupaciones. Entonces, no es ninguna actividad partidaria; es la iniciativa de un colectivo ciudadano. Lo que no hay  que confundir es un movimiento social que tiene una demanda política ante el Gobierno. En la historia de las sociedades modernas no hay nada más política que la demanda de los derechos con la política partidaria. Mi apoyo solidario personal a la marcha no es una actividad del MSM.

— Dice que ‘ellos ingresaron’. ¿A quiénes se refiere; al Gobierno, a la gente del MAS?

— El Ministerio de Gobierno presentó la grabación en mi oficina parlamentaria de la Circunscripción 10, ubicada en la plaza España. ¿Cómo consiguieron la información?, ¿quién les hizo llegar?, ¿a cambio de qué lograron la información? Es lo que debe esclarecerse en la investigación. Lo que es evidente es que no es un “pinchazo” a mi teléfono, es la grabación de un tiempo de las actividades mías en mi oficina, en la que recibo gente, hago y recibo llamadas, y claramente me estoy dirigiendo después a la Cámara de Diputados.

— ¿Hay desconocidos que ingresan a su oficina habitualmente?

— Algunas personas sí, y me buscan  porque necesitan alguna información o gestión en mi función de parlamentaria; pero la mayoría de las veces son dirigentes o ciudadanos con quienes me reúno para trabajar. Son vecinas y vecinos, representantes de sectores y dirigentes que visitan mi oficina cuando no estoy en el pleno de la Cámara o en Comisión.

— ¿Pero los conoce a todos?

— En general, son gente que conozco, con los que tengo una relación de vista; sé de qué organización social son, de qué zona o mercado, etc.

— Entonces, ¿quién la grabó y cómo salió de su oficina?

— Ellos tienen que explicar quién fue; sería casi macabro que usen el argumento de que ‘entre ellos se han delatado’, que es el mismo argumento que los garciamecistas usaron para justificar la masacre de la calle Harrington.

— ¿Eso no ocurrió en este caso?

— No puedo decir a quién pidieron que hiciera ese trabajo o quiénes les entregaron esa grabación; yo no puedo sospechar de todos, tengo dos personas que trabajan conmigo, muy comprometidos con el trabajo a los que ratifico mi confianza.

— Este hecho ha debido generar susceptibilidad en su entorno.

— Obviamente, me da el temor de que ahora puedan entrar con una grabadora y mañana con un explosivo. Por supuesto que tengo temor.

— ¿Ahora revisa en su oficina que no haya grabadoras, micrófonos u otras cosas? ¿Se cuida más?

— Me ha generado mucha pena; es un hecho no sólo delictivo, sino uno que busca debilitar los lazos de confianza, de solidaridad, y busca penalizar el sentido de un trabajo que no tiene nada que ocultar. Por el contrario, esto fortalece mi espíritu de consecuencia y de coherencia con lo que pienso y por lo cual estoy en la política.

— Ha iniciado un proceso contra el Gobierno. ¿Prosperará?

— La figura por la que se ha iniciado es violación a mi privacidad, a mi libertad de expresión, y que tiene la forma de espionaje político. Esperemos que prospere, pese a que la administración de justicia está controlada por el MAS; pero pretendemos con la denuncia sentar precedente y lograr sanción a los responsables.

— ¿Corresponde decir ‘espionaje’?

— La palabra significa que se están haciendo escuchas no permitidas, no autorizadas, y usarlas luego para dañar la dignidad, la libertad y la autonomía de una persona. Han violado mi libertad de expresión, y si esto no está garantizado en nuestro Estado, entonces los principios mínimos del sistema democrático se han trastocado. Sería grave que el Gobierno nos esté transmitiendo el mensaje de que estamos viviendo bajo vigilancia. Esto se agrava, porque en mi condición de diputada, la Constitución Política del Estado nos indica que nuestros espacios de trabajo, nuestros vehículos para transportarnos y los lugares en los que trabajamos son inviolables.

— ¿Cuál es el mecanismo de distribución y venta de las tarjetas?

— Es un colectivo que se ha hecho en coordinación con la CPMBE (Confederación de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni). Yo me he comprometido a vender una cantidad (de tarjetas) como parte de la solidaridad, y ésa es mi responsabilidad como ciudadana, no como política, y como compañera en la lucha de pueblos indígenas.

— ¿El dinero va a cuentas bancarias o se compra víveres?

— A través de relaciones personales. Es una marcha de pleno conocimiento público, no hay nada que esconder. Se lo entrega a las personas que están coordinando, y ellos y ellas rendirán informes.

— Que venda tarjetas está bien, pero se usó a militantes del MSM. ¿No es una acción política?

— No se ha usado a ningún militante del MSM para eso. Las tarjetas han sido compradas por muchas personas, por personas que militan en diferentes partidos. Las tarjetas no tienen ninguna identidad política.

— ¿Por qué no rinde cuentas, por qué no tributa?

— Porque es un acto solidario y es por única  vez. Además, la CPMBE  no tiene fines de lucro; se comprarán medicamentos, agua, alimentos...

— ¿Cuánto recaudó usted?

— En total, 3.250 bolivianos por 650 unidades vendidas, cada una a cinco bolivianos.

— ¿Quiénes lideran esta red de solidaridad?

— La CPMBE y un colectivo ciudadano.

— ¿Con este hecho se siente vulnerable como persona, como política, como activista?

— Actualmente, me siento fortalecida en mis convicciones; me siento apenada por el contexto y la  intencionalidad política y los objetivos de esto (la grabación). No es ni Marcela Revollo, no es el MSM; el objetivo es en este caso acallar, afectar la IX marcha indígena por el TIPNIS, y eso es lo que me duele. Me considero una persona fuerte, pero no dura. Por supuesto que me ha afectado en lo humano, en lo personal; soy madre. En lo político, pensé que habíamos avanzado a etapas democráticas, de profundización y ampliación de la democracia. La tolerancia entre bolivianos y bolivianas y el respeto a la diferencia es la garantía de la paz, la prosperidad y la justicia.