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Una
de las consignas del motín policial recientemente apaciguado por el Gobierno
pedía que se igualen los salarios de los policías con los de los militares.
Esta exigencia, que finalmente no fue satisfecha, es el síntoma de que en la Policía
Boliviana se siente que el trato a las Fuerzas Armadas no es igualitario en
relación a los salarios y otros puntos en su institución.
En
todo caso, el sentimiento de estos efectivos hace preguntarse si los militares
tienen privilegios, desde la instauración de la democracia en 1982, por encima
de otros sectores del Estado como educación, salud... Y si el presidente Evo
Morales suele valorar el papel de aquellos al recordar de manera recurrente que
también fue soldado, también implica un poder político, más allá de que éste
sea necesario o no en la situación actual, en la que el Gobierno goza de un
respaldo popular derivado de las últimas elecciones generales.
Según
el experto en temas de seguridad Samuel Montaño, los beneficios a las Fuerzas
Armadas no comenzaron con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP),
sino en la administración de Víctor Paz Estenssoro en 1985, cuando comenzó a
otorgarles una serie de “dádivas y prerrogativas” sobre todo en relación a
“cierto beneficio económico”.
“Esto
sucedió por una simple y llana razón: el Decreto 21060 no habría podido ser
aplicado si no habría habido un apoyo militar incondicional. De ahí en
adelante, todos los gobiernos que hemos tenido, sea o quien sea, han
privilegiado a las Fuerzas Armadas porque necesitan el apoyo de éstas, por un
antiguo temor”, dice.
Montaño
considera que uno de los peores errores lo cometió Gonzalo Sánchez de Lozada
después de los enfrentamientos entre policías y militares. El desacierto de
éste fue haber otorgado a todos los oficiales, incluidos los agregados
militares fuera del país, una especie de recompensa en dinero por las acciones
de 2003.
“Esta
acción convirtió a las Fuerzas Armadas en unos chantajistas, ‘usted me paga y
no hay problema... me enfrento a la Policía, salgo a los caminos, combato a los
campesinos, pero usted tiene que pagar o dar algún privilegio’”, dice Montaño,
a modo de ficción sobre una eventual respuesta de un mando militar a cualquier
gobernante de turno.
Loreta
Tellería, politóloga e investigadora del Observatorio de Democracia y
Seguridad, asegura que no se han dado privilegios a las Fuerzas Armadas (con el
argumento que puede leerse en su recuadro), aunque sí ciertas facilidades.
“Hablar de remuneraciones, entrega de equipos, ampliación de capacidades en el
manejo de empresas, construcción de caminos, etc., no significa favoritismo, ni
un proceso de modernización, ya que tal cosa implicaría ámbitos mucho más
complejos y profundos”, interpreta.
Montaño,
en cambio, afirma tajantemente que los militares no sólo han recibido
prerrogativas de este Gobierno sino de todos los demás. “Poco a poco, las
Fuerzas Armadas se están convirtiendo en empresarias”.
Según
el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación “Comandantes
de la Independencia de Bolivia”, la función es: “a) preservar el mandato
constitucional, la paz y la unidad nacional y la estabilidad de las
instituciones democráticas del Estado. b) Ser integrador de la nacionalidad,
fiel expresión de civismo, el honor y la grandeza de la Patria, de sus
tradiciones y de sus glorias (...). d) Constituir el baluarte de la seguridad
nacional y de la defensa soberana de la Patria, contribuyen al bienestar
general del pueblo boliviano, son el sostén de la vigencia de la Constitución
Política del Estado, de la democracia y de los derechos y garantías
ciudadanas”.
Como
diciendo que en esta normativa no se dice nada sobre manejo de “empresas
comerciales”, Montaño enumera y comenta las que en su opinión opera la institución
castrense: Transporte Aéreo Militar (TAM) (“el Estado desvió un enorme F-10
para que el TAM haga vuelos de comercio; además se encuentra compitiendo con
las aerolíneas civiles”); el Hotel Aeronáutico en La Paz (“está en la avenida
Montes, donde era el comando de la Fuerza Aérea. Ese inmueble, en vez de
devolverlo al Estado para que se haga un hospital, un colegio o se vaya un
ministerio —se necesita mucha infraestructura para ministerios— se ha permitido
que se convierta en un hotel”); la Empresa Militar de Ingeniería SA (“se les da
40 millones de dólares en equipos para que hagan caminos, lo que está muy bien,
sin embargo, la empresa también presta asistencia de manera comercial”).
El
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, rechaza totalmente
la alusión de Montaño. Nuestra institución “cuenta con unidades de bienestar
social como ser hoteles de paso, círculos, granjas y otras, cuyas actividades
benefician principalmente al personal de las Fuerzas Armadas”, asegura la
autoridad militar.
El
TAM —explica— es una unidad de transporte de pasajeros y carga que fue creada
en 1950 con fines solidarios. Llega donde otras empresas comerciales no, por
ser destinos poco atrayentes y rentables. Esta unidad de la Fuerza Aérea
Boliviana —continúa Gandarillas— presta un servicio público de transporte a un
costo accesible que beneficia a la población que no puede cubrir los elevados
costos de empresas aéreas que tienen fines de lucro; asimismo, cuenta con
tarifas de solidaridad que benefician a personas de escasos recursos, dice.
Las
Fuerzas Armadas, “como institución fundamental del Estado boliviano”, defienden
la seguridad y soberanía del país, además “cumplen otros fines sociales”, razón
por la que están siendo fortalecidas en todos sus campos de acción gracias al
apoyo del Gobierno, dice el oficial. En su explicación, esa modernización se
refleja con el equipamiento en motorizados, aeronaves, infraestructura y
profesionalización del personal.
Montaño,
sin embargo, no queda convencido en absoluto por estos argumentos y dice que el
privilegio que se les concede de “operar empresas” va en detrimento del buen
desempeño de la institución. Y pone un ejemplo: “nuestras Fuerzas Armadas están
especializadas en hacer vuelos comerciales al exterior e interior del país, en
administrar hoteles, pero no hay una unidad militar de ingenieros
especializados en limpiar las minas de nuestra frontera con Chile”.
Para
Carlos Romero, ministro de Gobierno, no existen privilegios en la institución
castrense. Dice que la dotación de tecnología e infraestructura no es una
prerrogativa sino un mecanismo para el cumplimiento de sus funciones.
“El
único elemento que puede ser sujeto a consideración es el tema de su jubilación
al 100%, lo cual ha sido una concesión de los gobiernos neoliberales. Es el
único sector de Bolivia que se jubila con el 100% de su sueldo. Es muy
sugestivo que el decreto supremo de Sánchez de Lozada, que posibilita esto,
haya sido dictado en marzo de 2003, precisamente después de ‘febrero negro’”,
explica la autoridad.
Tellería
afirma que dar facilidades a las fuerzas públicas, policías y militares, es una
tendencia a nivel mundial porque siempre existe un temor de sufrir un
amotinamiento, en el caso de los primeros, o un golpe de Estado, en el caso de
los segundos, porque son instituciones que manejan armas.
Una
cosa es cierta en referencia a que los aspectos mencionados sean o no
considerados como prerrogativas hacia las Fuerzas Armadas, y es que es una de
las pocas instituciones que ha sido mantenida intacta, estructuralmente, desde
el inicio de la democracia.
Es
notorio que tampoco ha sufrido una reforma desde el comienzo del llamado
proceso de cambio, cuando este último periodo incluso ha reformado la
Constitución Política del Estado. En contraposición, debido a cuestionamientos
a algunos de sus miembros, la Policía Boliviana fue sujeto de constantes
cambios (por ejemplo, ya no manejan los sistemas de identificación personal y
de otorgación de licencias de conducir), aunque sin mucho éxito.
‘Las FFAA ahora operan empresas’: Samuel Montaño es experto en
temas de seguridad
El
Gobierno permite que las Fuerzas Armadas operen empresas comerciales, pero
nadie dice nada. El problema es que aparte de que esto está totalmente fuera de
lugar, cuando tienen que hacer el control de las fronteras, que es una de sus
funciones, son ineficientes; ni siquiera lograron frenar el contrabando de
combustibles, sin embargo, administran un hotel.
‘Las FFAA no gozan de ningún privilegio’: Tito Gandarillas
es comandante de las FFAA
Los
militares no gozan de ningún privilegio, pues, es obligación de cualquier
gobierno legalmente constituido fortalecer a las Fuerzas Armadas en
equipamiento, infraestructura y educación de su personal a nivel técnico y
licenciatura. Los anteriores gobiernos se olvidaron de las Fuerzas Armadas y
además hicieron una mala utilización de ellas en contra de su pueblo.
‘El Gobierno hace uso político de las FFAA’: Gral. (r) Marcelo
Antezana es senador de Convergencia
El
actual Gobierno hace uso de las Fuerzas Armadas de una manera política, pues,
éstas son su apoyo y resguardo. El problema es que se hace un abuso del hecho
de que el ejército tenga el juramento de cumplir la misión constitucional de
respetar el poder legalmente constituido y se aprovechan de eso. El oficialismo
tiene el poder legal de hacerlo aunque no les guste a las FFAA.
‘Fueron relegadas de cambios democráticos’: Loreta Tellería es
politóloga e investigadora
Las
Fuerzas Armadas fueron relegadas, como también la Policía, de los grandes cambios
institucionales de la democracia. Ninguno de los dos organismos ha sido parte
de una reforma que abarque sus ámbitos normativos, educativos, de su
funcionamiento, ni en cuanto a su economía o doctrina. Por eso no se puede
decir que este Gobierno haya favorecido a las FFAA.
‘Se trata de empresas de servicios sociales’: Carlos Romero es
ministro de Gobierno
Se
permite a las Fuerzas Armadas operar empresas de servicios sociales y
solidarios, esto no es ningún privilegio. Yo lo veo como algo positivo, como por
ejemplo el caso de Transporte Aéreo Militar (TAM). Creo que esta función que
cumplen es consustancial a una inserción funcional de las Fuerzas Armadas a una
lógica de desarrollo en la democracia.
Policías
y militares, una vieja rivalidad
En
tiempos de la democracia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han
trabajado en operativos conjuntos muchas veces, sin embargo, es algo conocido
que existe una rivalidad que va en ambos sentidos, aunque muy posiblemente este
antagonismo no sea cierto en los altos mandos, pero sí en las tropas.
Según
el experto en temas de seguridad Samuel Montaño, la rivalidad comenzó a ser
fomentada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) durante su
primera etapa de gobierno. “Uno de los grandes daños del MNR ha sido politizar
a la Policía y a las Fuerzas Armadas de tal modo que cuando el ejército
recuperó el poder con Barrientos se consideró a la Policía como un enemigo
político”, dice.
De
acuerdo con este analista, esa doctrina se mantuvo e incluso fue alimentada por
la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Tal cosa se agravó durante la
crisis de febrero de 2003, y se evidenció en el último motín policial, en el
que sus actores señalaron ser relegados por el Estado mientras que las Fuerzas
Armadas eran favorecidas.
La
investigadora Loreta Tellería rechaza de plano hablar de una preferencia por
las Fuerzas Armadas en detrimento de la Policía “tomando en cuenta que esta
última es una institución con un amplio margen de autonomía”, en la cual el
Gobierno tampoco ha intervenido con reformas institucionales.
Por
su parte, Carlos Romero piensa que no se puede hablar de privilegios de una de
las dos instituciones por encima de la otra. “La comparación no es admisible
porque son dos instancias con naturaleza y roles diferentes”, afirma.
