Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando reclaman más diputados, las otras regiones advierten que defenderán sus espacios. Según la CPE, el asunto está en manos del TSE.
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A una semana del plazo para la entrega oficial de los resultados del Censo 2012, líderes de cuatro departamentos anticiparon que buscarán sumar escaños en la Cámara de Diputados. En los otros cinco la decisión es impedir que se reduzcan sus cupos. El plazo para la entrega vence este 30 de junio y los resultados del censo serán la base referencial para la redistribución de escaños en esa cámara legislativa.
Los departamentos que están decididos a batallar por elevar su número de representantes son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando, mientras que en Chuquisaca, Tarija, Oruro, Potosí y Beni la decisión es impedir que se toque su actual representación.
Datos. Actualmente existen 130 espacios: 29 escaños están asignados a La Paz, 25 a Santa Cruz, 19 a Cochabamba, 14 a Potosí, 11 a Chuquisaca, 9 a Oruro, 9 a Tarija, 9 a Beni y 5 a Pando.
La Razón entrevistó a líderes cívicos de las regiones para conocer la posición que tomarán frente a la redistribución de escaños y todos anticiparon que este asunto desatará un conflicto nacional en los próximos meses. El último jueves, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió a los legisladores combinar “sentimientos regionales y nacionales” cuando se debata el tema.
En el caso de Santa Cruz, la prioridad es lograr mayor representación, ya que los datos parciales del censo concluyen que este departamento fue uno de los que más creció poblacionalmente. “Vamos a luchar porque se le dé a Santa Cruz lo que le corresponde. Se debe redistribuir los escaños en función a la población”, anunció el presidente del Comité Cívico de esa región, Fernando Castedo.
En esa misma línea están Cochabamba y La Paz. El presidente del Comité Cívico cochabambino, Gunter Paz, afirmó que les corresponde aumentar sus escaños debido a la elevada migración y pidió acatar lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resuelva en este tema.
“Qué tal si 50.000 potosinos viven en Cochabamba, esos 50.000 necesitan tener un representante. Lo mismo sucede con otros departamentos como Santa Cruz que recibe mucha migración”, afirmó.
El gobernador de La Paz, César Cocarico, dijo en enero que los resultados del censo no obligan al departamento a reducir escaños y, por el contrario, se debería aumentar la cantidad de curules.
Ese criterio fue ratificado el 19 de junio durante la clausura del acto “Pacto por La Paz”, donde el Gobernador planteó una redistribución equilibrada, ya que el departamento “arrastra históricamente una subrepresentación”. El presidente Evo Morales reveló en enero resultados parciales del censo, según los cuales Bolivia tiene 10.389.913 habitantes, 2.115.588 más que en 2001.
En el otro frente anticipan que no permitirán que se toque su representación. “Nosotros rechazamos el censo y más aún cuando nos afectará en nuestra representación política”, anunció David Coca, presidente cívico del Beni. Milton Barón, cívico de Chuquisaca, anticipó: “Vamos a cuidar nuestra representación política, algún acuerdo tendremos que generar sobre los escaños”.
El cívico potosinista Jhonny Llally coincidió: “No vamos a permitir (perder diputados), pero no quiero adelantarme, esperaremos los datos finales del censo”. La presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Alabé, opinó que el censo no es una verdadera radiografía del país y dijo que no permitirán perder escaños. “Vamos a pelear nuestra representación. Queremos una distribución igualitaria”.
Para el cívico tarijeño Wálter Mogro, el censo fue “un show bien montado y oneroso para el país”. Por lo tanto, aseguró que esa región tampoco permitirá la disminución de su representación política en la Asamblea.
Calma. “Lo único que yo pido es tener paciencia, que el Órgano Electoral haga su trabajo técnico y una vez que lo presente debatamos de una manera sana, no exhibicionista”, opinó. Según los datos preliminares del censo, Pando aumentó su población en 108%. En orden descendente, le siguen Santa Cruz (37%), Cochabamba (33%), Tarija (30%), Oruro (25%), Beni y La Paz (17), y Chuquisaca y Potosí (13%).
El 17 de junio, Morales dijo que el Gobierno no se inmiscuirá en el tema y dejó el asunto en manos del TSE, que según el artículo 146 de la Constitución es el responsable de realizar la redistribución de acuerdo con el último censo, equidad y desarrollo económico.
Pando se apoya en su crecimiento
Pando exige mayor representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) amparada en los resultados del último censo, según el cual habría aumentado su población en 108% respecto a 2002. Así lo hizo saber el vicepresidente del Comité Cívico de ese departamento, Silvestre Lozano.
“Pando siempre se ha conformado con nada, pero esta vez tenemos que hablar un solo idioma y hacer de una vez que se le dé lo que verdaderamente le corresponde”, manifestó Lozano desde Pando, vía teléfono.
Esa región cuenta actualmente con cinco representantes en la Cámara de Diputados y cuatro en la Cámara de Senadores; es decir, un total de nueve asambleístas nacionales.Pando tiene la cifra más baja de diputados en la Cámara Baja en relación con los otros ocho departamentos y por ello Lozano advirtió que se hará el esfuerzo por unir a opositores y oficialistas en una misma demanda: la de conseguir para esa región más diputaciones.
Según los datos preliminares del censo, la población de Pando subió de 52.525 (2002) a 109.173 (2012) habitantes, es decir, un 108%. “El Gobierno tiene que respetar lo que nosotros pidamos”, dijo Lozano.
Surgen dos propuestas para la reasignación
Una reforma constitucional para ampliar el número de legisladores en la Cámara de Diputados o la asignación de cuatro diputados fijos por departamento como base para la reasignación de escaños, son las propuestas planteadas por los comités cívicos de Chuquisaca y Cochabamba como fórmulas para evitar que la redistribución de escaños derive en un conflicto nacional.
“La Constitución puede ser objeto de una reforma y se podría subir el número de representantes. Habrá también que ver otros tipos de criterios (para la redistribución de escaños) como históricos o de solidaridad”, dijo al respecto el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Milton Barón.
Diputados. Otra idea contra los posibles roces regionales por la reactivación de los escaños parlamentarios es la del Comité Cívico de Cochabamba. La misma —según su presidente, Gunter Paz— plantea una designación base de cuatro diputados fijos por departamento, al igual que en el Senado, donde cada región posee un número de cuatro asambleístas.
“Nosotros nos permitimos ensayar algunas fórmulas. Una de ellas, interesante y equilibrada, es que cada región tenga cuatro diputados y el resto (para alcanzar el número de 130 que fija la CPE) que se distribuya estrictamente en función de la población”, explicó.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, aseveró que esa instancia no recibió hasta el momento (jueves) ningún planteamiento de alguna instancia cívica o partido político con respecto a la redistribución de escaños parlamentarios.
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Cívicos de al menos cuatro departamentos expresaron su desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los resultados del Censo 2012, ante el inicio del debate sobre la redistribución de escaños. Ante ello, el TSE respondió que se limitará a cumplir el papel que le manda la Constitución Política del Estado (CPE) en este asunto.
“No hay confianza, no hay credibilidad en estos organismos”, opinó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Wálter Mogro. Su similar de Potosí, Jhonny Llally, dijo que la redistribución de escaños no debería ser atribución exclusiva del TSE.
“No puede ser que el Tribunal asuma esta decisión, aquí hay presencia del oficialismo; por el contrario, debería haber un diálogo nacional para resolver el tema de la redistribución”.
Ante las observaciones, el vocal y expresidente del TSE Wilfredo Ovando afirmó que el Órgano Electoral sólo aplicará lo que manda la Constitución al respecto y afirmó que en la redistribución de escaños no aflorará ningún sentimentalismo de los vocales hacia sus departamentos.
Susceptibilidad. “Entiendo que el tema genere susceptibilidades, pero la población debe estar segura de que nosotros vamos a actuar correctamente”, dijo Ovando. El Censo 2012 y sus resultados, aún no oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron también observados por los cívicos, que tildaron al proceso como ilegítimo y desorganizado. “No refleja el crecimiento demográfico real de Tarija”, dijo Mogro. “Para nosotros los datos finales del censo pueden ser oficiales, pero no legítimos. Muchas personas que viven en Santa Cruz no fueron registradas”, aseveró el cívico cruceño Fernando Castedo.
“Tenemos declaraciones de ciudadanos que dijeron que nunca pasaron por su casa”, reclamó a su turno el cívico beniano David Coca y recordó que pidieron a su Brigada Parlamentaria un pronunciamiento oficial rechazando los datos del censo.
Al contrario, Gunter Paz, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, afirmó que lo que dictamine el TSE debe ser acatado. El último miércoles el INE confirmó que los resultados finales serán presentados a fin de junio, aunque ya se revelaron datos preliminares.
Diálogo y consenso nacional
La apertura de un debate y diálogo nacional que incluya a políticos, organizaciones e instituciones, como la mejor ruta para resolver el tema de la redistribución de escaños, cuenta con el apoyo de casi la totalidad de los cívicos.
Pacto fiscal, el otro escenario de conflicto
Otro escenario con posibilidades de conflicto tras conocerse los resultados del censo es el del pacto fiscal, es decir la reasignación de recursos económicos, según coincidieron los cívicos entrevistados por La Razón. El tema fue abierto tras la promulgación de la Ley Marco de Autonomías en 2010. En enero, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que el Gobierno esperará los resultados del censo para analizar y debatir la nueva redistribución de los recursos por coparticipación tributaria.
Según el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Gunter Paz, el pacto fiscal es un “tema pendiente” que debe ser abordado por una serie de sectores. “Hoy, hay una distribución tremendamente asimétrica de los recursos económicos”, dijo.
“Necesitamos reglas claras, Tarija no puede continuar entregando sus recursos”, alertó por su parte el cívico tarijeño Wálter Mogro. “Es una pelea que va a tener que comenzar una vez que se conozcan los resultados finales del censo”, complementó David Coca, presidente del Comité Cívico de Beni.
La Ley autonómica, en su disposición transitoria décima sexta, señala que el Servicio Estatal de Autonomía (SEA) y el Ministerio de Economía elaborarán una propuesta técnica de diálogo de pacto fiscal, y que ésta deberá ser presentada en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados del censo.
Al respecto, la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Alabe, dijo que el tema debería ser abordado antes de la redistribución de escaños. Silvestre Lozano, vicepresidente cívico de Pando, afirmó que el tema debería ser tratado a través de un diálogo nacional para evitar “enfrentarnos entre bolivianos”. Arce advirtió en enero que el tema del pacto fiscal se está politizando.
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