Prepotencia
de las mayorías y abusivas políticas antiterroristas avasallan derechos
21
de Enero de 2014
(Berlin) – La política del
gobierno sirio de ejecutar su ofensiva bélica cobrando la vida de civiles y los
progresivos abusos cometidos por grupos rebeldes causaron horror durante 2013,
pero no movilizaron a los líderes mundiales a ejercer presión para que cesen
las atrocidades y se juzgue a los responsables, señaló hoy Human Rights Watch
al presentar su Informe Mundial 2014. La respuesta internacional inicial
fue más efectiva en el caso de varios países africanos que se enfrentaron a
atrocidades en masa.
En el informe de 667 páginas, que
representa la 24.° evaluación anual de prácticas de derechos humanos en todo el
mundo, Human Rights Watch ofrece un resumen de las principales cuestiones a
destacar en más de 90 países. En numerosos países, una equivocada equiparación
de la democracia con la presunta voluntad de la mayoría impulsó a los gobernantes
a reprimir
opiniones y grupos minoritarios, particularmente
en Egipto, según Human Rights Watch. También llevó a que algunos gobiernos
plantearan una perspectiva acotada acerca de qué resulta culturalmente
apropiado, y enfocaran su estrategia especialmente contra mujeres, gais y
lesbianas.
Las revelaciones del informante
Edward Snowden mostraron que la vigilancia masiva ejercida por el gobierno
estadounidense ha barrido con gran parte de la privacidad en un mundo que prácticamente depende de las
comunicaciones electrónicas. Sin embargo, la indignación mundial ante este
atropello del derecho a la privacidad permite vislumbrar una posibilidad de
cambio.
“A pesar del acelerado aumento en
las cifras de muertos y abusos aberrantes, Rusia y China lograron neutralizar
al Consejo de Seguridad de la ONU y permitieron que ambas facciones provocaran
muertes de civiles entre la población siria”, aseveró Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “A medida que
comienzan las negociaciones de paz en la conferencia de Ginebra II, con
inciertas perspectivas de éxito, estas no deberían transformarse en una nueva
excusa para evitar concretar acciones que protejan a la población civil de
Siria. Ello exige ejercer presiones efectivas para detener las muertes y
permitir que llegue la asistencia humanitaria que necesitan para sobrevivir”.
Rusia, con el apoyo de China, ha
protegido sistemáticamente al gobierno sirio de la posibilidad de acciones
internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas, ya sean actos expresos de
repudio, embargo de armas o remisión a la Corte Penal Internacional (CPI),
indicó Human Rights Watch. Sin embargo, por sus propios motivos, Estados Unidos
también se ha mostrado renuente a promover medidas de justicia a través de la
CPI. Según ha trascendido en los medios, distintos países y personas en el
Golfo estarían aportando armas y financiamiento a grupos extremistas de
oposición responsables de actos atroces, en tanto Irán y Hezbollah han dado su
apoyo al abusivo gobierno de Bashar Al-Assad.
A pesar de esta inacción en Siria,
la doctrina que sostiene la existencia, a nivel global, de una “responsabilidad
de proteger” a personas vulnerables frente a atrocidades masivas, y que fue
avalada por los gobiernos de las distintas regiones del mundo en 2005, se vio
fortalecida por la reacción ante la posibilidad de que se cometieran este tipo
de atrocidades en varios países africanos, aunque aún queda mucho por hacer y
son necesarias acciones mucho más enérgicas para prevenir asesinatos a gran
escala en esta región, observó Human Rights Watch. La Unión Africana, Francia,
Estados Unidos y la ONUfortalecieron las misiones internacionales a la
República Centroafricana y Sudán del Sur, en un esfuerzo por prevenir la
matanza de civiles. La presión de los aliados y una mayor presencia de las
acciones de mantenimiento de la paz de la ONU lograron convencer a Ruanda de
que retirara su apoyo militar al último eslabón de una sucesión de grupos
rebeldes que han cometido atrocidades en la República Democrática del Congo, al
este de ese país.
Otra tendencia importante ha sido
la de algunos gobiernos que expresaron, tan solo en apariencia, su compromiso
con la democracia, mientras avasallaron derechos elementales de cualquier
estado democrático. Algunos nuevos gobiernos, que incluyen a los de Egipto y
Birmania, adujeron estar actuando según la voluntad de la mayoría, sin tomar en
cuenta los límites a las mayorías fundamentales para el respeto de los derechos
de disidentes y minorías, que son esenciales en cualquier democracia genuina.
Aun así, la población no se quedó de brazos cruzados ante este embate a la
democracia, y se organizaron protestas masivas en numerosos países, como
Turquía, Tailandia y Ucrania. En Egipto, tanto el gobierno de la Hermandad
Musulmana como el gobierno militar hicieron caso omiso de los límites al poder
gubernamental, y el derrocamiento del gobierno anterior por fuerzas militares
derivó en una mayor opresión y los más cruentos asesinatos en masa en la
historia reciente del país.
“Los gobiernos autoritarios
adoptaron las formalidades de la democracia sin respetar su esencia, como si lo
único verdaderamente importante fuera el voto en el día de los comicios, y no
el debate público durante el resto del año”, opinó Roth. “Esta democracia
ficticia no reconocen principios básicos, como los que determinan que las leyes
también se aplican a quienes están en el poder, y que los gobiernos deben
respetar la libertad de expresión y reconocer los derechos de las minorías
segregadas”.
Las revelaciones de Snowden y las
noticias sobre las consecuencias de ejecuciones selectivas llevadas a cabo en
Yemen y Pakistán han debilitado los esfuerzos estadounidenses por ocultar las
violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la lucha contra el
terrorismo. Esto ha provocado un intenso escrutinio público de la vigilancia
electrónica masiva a nivel global y las ejecuciones selectivas perpetradas
mediante el uso de aeronaves no tripuladas. Si bien la revelación de las
prácticas antiterroristas abusivas de Estados Unidos no logró frenarlas, se ha
manifestado una renovada presión internacional que reclama cambios, señaló
Human Rights Watch.
El presidente Barack Obama
interrumpió algunos de los programas de la era Bush, como la desaparición forzada
de personas presuntamente implicadas en delitos con el fin de torturarlas
en centros de detención secretos de la CIA, pero a la vez ha obstaculizado
acciones tendientes a juzgar a las personas que ordenaron las torturas o
incluso investigar tales delitos. En mayo, Obama sugirió que en un futuro
próximo los ataques con aeronaves no tripuladas no se considerarían un
componente de la guerra global contra Al-Qaeda y sus fuerzas asociadas, e hizo
alusión a rigurosas políticas que permitirían evitar víctimas civiles. Sin
embargo, no resulta en absoluto claro si estas políticas están siendo
cumplidas.
La indignación global suscitada
tras las divulgaciones de Snowden llevó a que la Asamblea General de la ONU
dictara una resolución por la cual calificó a la vigilancia global
indiscriminada como una práctica que implica una grave afrenta a los derechos
humanos. Un panel de reforma creado en el ámbito de la presidencia de Estados
Unidos instó a que cesara la obtención masiva de metadatos, a implementar un
control judicial más efectivo, a una protección más rigurosa de la privacidad
de quienes no son estadounidenses y a una mayor transparencia. Algunos
gobiernos que tradicionalmente no han garantizado la libertad de expresión
podrían reaccionar exigiendo que los datos de los usuarios permanezcan dentro
de sus propias fronteras, e incrementarían así las posibilidades de una censura
más grave en Internet.
Durante 2013 se produjeron
importantes avances en el sistema internacional que contribuye a la defensa de
los derechos humanos, manifestó Human Rights Watch. El Consejo de Derechos
Humanos de la ONU ha tenido un desempeño cada vez más eficaz, al presionar
considerablemente a quienes cometen graves violaciones de derechos, como se
advierte en las nuevas resoluciones relativas a Corea del Norte y Sri Lanka.
Asimismo, dos nuevos tratados ofrecen esperanza para algunos de los sectores
más marginados en todo el mundo: los trabajadores del hogar, que históricamente
han quedado excluidos de la legislación sobre derechos laborales, y los
trabajadores de la minería artesanal afectados por la toxicidad del uso de
mercurio no reglamentado.
“En el año que pasó se produjeron numerosas atrocidades en Siria y otros sitios, y se profundizó la represión en varios países”, indicó Roth. “Pero también hemos visto que los pueblos de distintas partes del mundo han hecho frente a los regímenes abusivos, y esto refuerza la esperanza de que las acciones que buscan suprimir los derechos tendrán, en definitiva, un efecto contraproducente para los opresores”.
Capítulos
en español ▼
Las pugnas por los
derechos en 2013
Un desarrollo en consonancia con los derechos humanos
La privacidad en la era de la vigilancia
Por qué el respeto a los derechos humanos exige reformas a las políticas de drogas
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Honduras
Marruecos/Sáhara Occidental
México
Perú
Unión Europea
Venezuela
Un desarrollo en consonancia con los derechos humanos
La privacidad en la era de la vigilancia
Por qué el respeto a los derechos humanos exige reformas a las políticas de drogas
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Honduras
Marruecos/Sáhara Occidental
México
Perú
Unión Europea
Venezuela
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Informe Mundial 2014: Bolivia
Eventos de 2013
Los problemas que han afectado históricamente al sistema de
justicia penal de Bolivia, como el uso arbitrario y extendido de la prisión
preventiva y largas demoras en los procesos, socavan los derechos de los
acusados y profundizan la grave sobrepoblación que existe en las cárceles.
Persiste la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos
cometidas durante el régimen autoritario que gobernó al país de 1964 a 1982.
El gobierno del Presidente Evo Morales continuó profiriendo
agresiones verbales contra la prensa, y acusó a periodistas de tendencia
crítica de faltar a la verdad motivados por intereses políticos.
Tras las protestas públicas que se produjeron luego del resonado
asesinato de varias mujeres, el gobierno sancionó en marzo de 2013 una ley
integral para combatir la violencia de género.
Juicios por abusos del pasado
Bolivia ha conseguido escasos avances en la investigación y el
juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos
autoritarios entre 1964 y 1982. Una de las causas ha sido la renuencia de
las fuerzas armadas a brindar información que podría esclarecer el destino o
paradero de personas asesinadas o desaparecidas durante este período.
Los planes para crear una comisión de la verdad anunciados por
el gobierno de Morales en 2008 no se han concretado en la práctica. Bolivia no
ha cumplido su compromiso de indemnizar a las víctimas de violencia política de
ese período. Una ley de 2004 previó un presupuesto de fondos gubernamentales
por US$ 3,6 millones para este fin, que alcanzarían para cubrir solamente el 20
por ciento de los costos propuestos. El resto de los fondos debían ser
aportados por donantes privados, pero nunca fueron recaudados.
En abril de 2012, el Congreso sancionó una ley en la cual
anunciaba pagos por única vez equivalentes a cerca del 20 por ciento de las
cantidades aprobadas en 2004. En diciembre de 2012, 1.418 de los 1.714
beneficiarios aprobados habían recibido uno de estos pagos reducidos, según
indicó el gobierno. Muchos otros potenciales beneficiarios indicaron que fueron
rechazados debido a las evidencias documentales excesivamente rigurosas
exigidas por la comisión gubernamental para evaluar las solicitudes.
Las demoras en los juicios contra líderes de oposición y
funcionarios gubernamentales han obstaculizado la posibilidad de justicia para
víctimas de los violentos enfrentamientos ocurridos en 2008 entre partidarios y
opositores del Presidente Morales. Los reiterados cambios de jurisdicción y la
ineficacia fiscal también han socavado el derecho de los acusados al debido
proceso y a un juicio sin dilaciones. Hasta agosto de 2013, un tribunal de La
Paz aún estaba examinando la prueba en un caso vinculado con Leopoldo
Fernández, ex prefecto de policía del departamento de Pando, y cinco
funcionarios locales, acusados en 2008 por su rol en una masacre ocurrida en
septiembre de 2008 y durante la cual perdieron la vida 13 personas. El juez
suspendió el proceso reiteradas veces, ante la incomparecencia de los acusados.
A pesar de la consternación expresada a nivel internacional, el
gobierno no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos ciudadanos
húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en 2009, a quienes el
gobierno señaló como mercenarios implicados en una conspiración separatista.
Murieron abatidos por disparos policiales luego de que esta fuerza irrumpiera
en las habitaciones de un hotel de Santa Cruz donde estaban alojados. Los
informes periciales de un patólogo del gobierno irlandés y un consultor forense
independiente sugieren que al menos dos de ellos habrían sido víctimas de
ejecución extrajudicial.
Jurisdicción militar
En una decisión emblemática dictada en diciembre de 2012, el Tribunal
Constitucional determinó que el caso sobre la muerte de un conscripto ocurrida
en 2011 tras un ejercicio de entrenamiento, aparentemente a causa de que los
instructores lo golpearon en la cabeza y el tórax, debía tramitar en la
justicia penal ordinaria. El tribunal instó a los legisladores a reformar el
Código Penal Militar para adecuarlo a lo establecido en las normas
internacionales de derechos humanos, que disponen que todas las violaciones de
derechos humanos deben ser juzgadas por tribunales de la justicia penal
ordinaria.
Violaciones del debido proceso
La amplia discrecionalidad de los jueces para disponer la
prisión preventiva y la falta de acceso a defensores de oficio han debilitado
considerablemente los derechos de debido proceso de personas acusadas de
delitos, especialmente entre los sectores pobres de Bolivia.Según un informe
publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH),en septiembre de 2012 el 84 por ciento de los presos
en Bolivia aún estaban a la espera de un juicio. El derecho boliviano contempla
hasta tres años de prisión preventiva, si bien este límite muchas veces se
transgrede en la práctica.
Algunos acusados que cobraron notoriedad también han sufrido
violaciones al debido proceso y persecución judicial. En octubre de 2013, José
María Bakovic, ex director del Sistema Nacional de Carreteras (SNC), murió de
un ataque cardíaco a los 74 años y luego de que la fiscalía lo obligara a
asistir a una audiencia en La Paz, a pesar de las advertencias de los médicos
de que, debido a la altitud, el traslado hasta allí podía poner en riesgo su
vida. Bakovic, quien trabajó enérgicamente para erradicar la corrupción en el
SNC mientras ejerció como director, se convirtió él mismo en objeto de una
investigación de corrupción luego de que el Presidente Morales asumiera en
2006. Antes de su muerte, afirmó que había tenido que defenderse en 72 causas
iniciadas en distintas regiones de Bolivia, y finalmente en agosto de 2013 fue
condenado a tres años de prisión por daño económico al Estado.
Condiciones en centros de detención
La ampliación de los períodos de prisión preventiva y las
dilaciones en los juicios han agravado la sobrepoblación en las cárceles de
Bolivia. Hasta septiembre de 2013, el gobierno informó que había 14.770
internos alojados en cárceles con capacidad para menos de 5.000. El 80 por
ciento de estos presos, según fue señalado entonces por el Presidente Morales,
se encontraban detenidos debido a “demoras en el sistema judicial”.
Las condiciones en los centros de detención son deficientes: la
infraestructura es precaria, la alimentación y la atención médica son
insuficientes y el control interno a menudo lo ejercen los mismos presos. Al
menos 35 internos fueron asesinados, y más de 50 resultaron heridos en un
incendio provocado durante un enfrentamiento entre bandas rivales ocurrido en
agosto de 2013 en la cárcel de Palmasola. Entre los muertos había un bebé de 18
meses que estaba pasando la noche en prisión con su padre, quien presuntamente
falleció mientras intentaba protegerlo de las llamas.
En septiembre, el Presidente Morales firmó un decreto por el
cual conmutó la pena de presos que cumplían condenas de hasta ocho años por
otras menores, y estableció la posibilidad de liberar a quienes cumplían
prisión preventiva por delitos que acarrean penas de cuatro años de prisión o
menores y concederles una amnistía gubernamental. Si bien el gobierno estimó
que esto afectaría a cerca de 2.000 presos, la Iglesia Católica de Bolivia
consideró que solamente cerca de 600 internos en prisión preventiva reunirían
los requisitos para la liberación, debido a las rigurosas condiciones de
elegibilidad.
Violencia de género y derechos reproductivos
Numerosas mujeres y jóvenes de Bolivia están expuestas a un alto
riesgo de violencia de género. Según estadísticas policiales informadas por la
prensa, en 2012 hubo más de 140 asesinatos de mujeres en episodios de violencia
de género, y se presentaron miles de denuncias vinculadas con estos hechos. A
raíz de las protestas públicas organizadas tras los resonados homicidios de
varias mujeres a comienzos de 2013, incluido el asesinato de la periodista
Hanalí Huaycho, que fue apuñalada por su esposo —un ex policía— en febrero, el
gobierno sancionó en marzo una ley integral contra la violencia de género.
Antes del asesinato, Huaycho había denunciado abusos por parte de su esposo a
las autoridades.
La nueva ley añade el término “feminicidio” al Código Penal
(para el cual prevé una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto), crea
un equipo de trabajo para combatir la violencia doméstica y exige la
construcción de centros de acogida para mujeres, entre otras reformas.
En Bolivia, las víctimas de violencia sexual deben recibir
autorización judicial para poder acceder a servicios de aborto legal. De lo
contrario, podrían ser procesadas penalmente. Por ejemplo, una mujer indígena
cumplió ocho meses de prisión en 2012 por someterse a un aborto sin
autorización luego de haber quedado embarazada durante una violación.
Libertad de expresión
Si bien existe un dinámico debate público, algunas veces el
Presidente Morales o sus ministros han expresado críticas agresivas contra la
prensa, al acusar a periodistas de mentir y distorsionar la realidad impulsados
por intereses políticos. En agosto de 2013, el ministro de la presidencia
calificó al periódico Página
Siete de La Paz de “indecoroso, malicioso, engañoso y mendaz” y de
mantener vínculos con políticos de la derecha chilena. Los comentarios del
ministro fueron vertidos luego de que, ese mismo mes, en un discurso
conmemorativo del Día de la Independencia, el Presidente Morales acusara a
ciertos periódicos —que no identificó— de posicionarse a favor de Chile
(Bolivia mantiene históricamente una controversia marítima con Chile). En
agosto de 2012, el gobierno presentó una denuncia penal contra Página Siete y otros dos
medios por “incitación al racismo” luego de la publicación de un titular que
supuestamente distorsionaba los dichos del presidente con respecto a la escasez
de alimentos. En septiembre de 2013, la causa aún estaba abierta.
En octubre de 2013, la Asamblea Legislativa estaba debatiendo un
proyecto de ley presentado por el gobierno sobre transparencia y acceso a
información pública. La Asociación Nacional de Prensa criticó varias de las
causas de confidencialidad previstas en el proyecto, que concede a un amplio
espectro de autoridades gubernamentales la potestad de establecer excepciones
al acceso.
Actores internacionales clave
Bolivia apoyó una campaña de Ecuador destinada a debilitar la
independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y limitar el
financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial sobre libertad de
expresión. Si bien no lograron conseguir apoyo para este propósito durante
la sesión de marzo de 2013 de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, ambos gobiernos, al igual que otros miembros de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), manifestaron claramente
su intención de continuar impulsando estos cambios en el futuro.
En junio de 2013, el Comité contra la Tortura exhortó a Bolivia
a adoptar legislación que tipificara a la tortura como un delito con entidad
propia conforme a la definición del Comité contra la Tortura, y manifestó
consternación por las demoras en la investigación de presuntos casos de
tortura.
En octubre de 2013, en una versión preliminar de sus
observaciones finales con respecto al tercer informe periódico de Bolivia, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al país a implementar alternativas a
la detención preventiva y a limitar rigurosamente la duración de estas medidas,
así como a eliminar el requisito de autorización judicial previa para el aborto
terapéutico y el aborto en casos de violación e incesto, entre otras
recomendaciones.
En abril de 2013, el Comité de Protección de los Trabajadores
Migratorios de la ONU expresó preocupación ante
la persistencia de actos de discriminación contra trabajadores migrantes y
refugiados en Bolivia, y la falta de constancias de que los trabajadores
migrantes cuyos derechos habían sido violados hubieran recibido algún tipo de
reparación.
También en abril, Bolivia se convirtió en el segundo estado
miembro de la Organización Internacional del Trabajo en América Latina en
ratificar el Convenio sobre Trabajadores Domésticos, que reconoce garantías
fundamentales a millones de trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres y
jóvenes, que realizan tareas básicas del hogar en casas particulares.
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