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La Justicia se modernizará en 2014. Poco a poco se retirarán de los tribunales los papeles y se digitalizarán los expedientes para acortar plazos procesales y combatir a la retardación de justicia. El satélite Túpac Katari conectará a los 876 juzgados del país.
El Consejo de la Magistratura, en aplicación de los nuevos códigos, desarrolló toda una infraestructura técnica para utilizarla al servicio de la Justicia en el país. Con este nuevo plan se trazó el objetivo de reducir los plazos y tiempos procesales, transparentar la información y digitalizar los documentos hasta eliminar paulatinamente el uso del papel.
El consejero de la Magistratura Freddy Sanabria explicó que con este nuevo plan se creó la Red Integrada de Tecnología Judicial, que permitirá la transmisión de voz y datos y también conectará a todos los juzgados del país.
Seguimiento. A partir de esa base de datos, se comenzará a aplicar el Sistema Integrado Multimateria. Este instrumento permitirá el control y seguimiento de las causas que ingresen por plataforma, en cada uno de los departamentos del país.
Paralelamente se aplicará el Sistema Nacional de Registro Público, soporte que estará destinado a la atención de Derechos Reales y, además, dará el servicio de biblioteca virtual y la labores de teleeducación que permitirán al juez, que atienda en cualquier parte del país, acceder a cursos de capacitación en línea.
Todas estas herramientas tecnológicas van a facilitar la transición del sistema escritural al oral y, además, resolver las causas en menor tiempo. Sanabria explicó que uno de los problemas identificados en la actualidad es la elaboración de las actas. Con el nuevo sistema, esta labor será más rápida porque todo estará en un sistema interconectado entre los operadores de justicia, adelantó.
Hasta ahora, la causa ingresaba y se llenaba en el libro de registro a mano, en cada juzgado, y luego era trasladado ante un juez para su conocimiento.
Se prevé que con el uso de la tecnología, una causa ingresará por plataforma y automáticamente se dará el sorteo del proceso. Después se enviará toda la documentación digitalizada a la computadora del juez para que ya conozca del proceso.
Cada decisión judicial será comunicada a los abogados, fiscales y litigantes mediante un mensaje a sus teléfonos celulares y al correo electrónico. Con el número único asignado al proceso, el abogado podrá ingresar a un buzón electrónico que estará en la página web del Consejo de la Magistratura para conocer la determinación del juzgado.
Código. Este procedimiento ya está reconocido por el nuevo Código Procesal Civil, aprobado y sancionado, que entrará en vigencia en agosto de este año. Se podrá notificar a las partes por emails o mensajes de texto (SMS) a los celulares de los litigantes. Así se prevé ahorrar un 70% del tiempo para las notificaciones.
Según Sanabria, con estas herramientas, el ciudadano y su abogado conocerán cuándo ingresó su causa al juzgado, qué acciones asumió el juez y en qué tiempo deberá conocerse una condena, con base en plazos procesales. Además, el juzgador podrá programar sus audiencias.
Con toda la información que se genere en los juzgados, se podrá elaborar un mapa judicial. Es decir, que se tendrá información inmediata sobre qué tipo de delitos se cometen, si hay más asesinatos o robos en un determinado departamento, con lo cual permitirá planificar políticas públicas para combatir los delitos penales.
Según lo planificado por el Consejo de la Magistratura, toda la infraestructura tecnológica estará lista hasta julio del presente año y su aplicación está prevista para el 6 de agosto, ya que se tiene contemplado que en esa fecha entren en plena vigencia todos los nuevos códigos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La ciudadanía está esperando cambios, vamos a demostrar que con proyectos y utilizando la tecnología vamos a contribuir a reducir la mora y la retardación de la justicia, paulatinamente”, expresó el consejero Sanabria.
Se podrá capacitar a funcionarios judiciales
Yuvert Donoso
El Órgano Judicial será otro usuario del satélite Túpac Katari porque a través de su señal se podrá conectar a todos los juzgados del país, además lo utilizará para el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales y se capacitará a los funcionarios judiciales, con el sistema de teleeducación, afirmó el consejero Freddy Sanabria.
Según el ingeniero Carlos Montellano, responsable del área de administración de Sistemas Informáticos y Base de Datos del Consejo de la Magistratura, todos los juzgados del país estarán interconectados a través de una red de voz y datos que proporciona el satélite Túpac Katari y, aprovechando esa tecnología, se aplicará el sistema IP para la comunicación entre todos los operadores de justicia.
En las oficinas de Derechos Reales actualmente se utiliza un servicio satelital por el que paga mensualmente 20.000 dólares. Ahora, el Órgano Judicial reducirá sus costos al recurrir al satélite boliviano para mejorar la prestación de este servicio.
Montellano afirmó que gracias a la conexión de internet y al sistema propio del Órgano Judicial, cualquier juez podrá acceder a su computadora y beneficiarse de los cursos de capacitación que ofrecerá el Consejo de la Magistratura. También podrá ingresar a la biblioteca virtual donde tendrá información que genere el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia.
Renán Luis Layme, del Consejo de la Magistratura, afirmó que la tecnología a la que accederá el Órgano Judicial, a través del satélite, además de interconectar a todos los juzgados, podrá hacer un seguimiento al ingreso, registro y sorteo de las causas en el país. También podrá generar un sorteo de juicios de manera virtual y facilitará las citaciones y notificaciones.
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La utilidad de un Satélite para la digitalización de los juicios
Es hora de analizar posibilidades, prever posibles eventualidades y riesgos imprevistos, así como también medir consecuencias con serenidad y objetividad sobre la digitalización de los juicios, siempre en resguardo de los derechos e intereses de los justiciables…
La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima*
00:00 / 07 de enero de 2014
Un saludo cordial a todos/as los lectores/as de esta columna, a quienes agradezco por su gentil atención con los mejores deseos de éxito para este nuevo año.
Desde aquí anuncio la reanudación de mis actividades para comentar y opinar reflexivamente con visión crítica y constructiva sobre ciertos aspectos de la vida política, institucional y jurídica de nuestro país, atento a las constantes innovaciones legales que está atravesando el mundo jurídico.
Como es bien conocido, el lanzamiento del Satélite boliviano Túpac Katari (bajo el lema “volveré y costaré millones”) fue la noticia feliz con la que cerramos con broche de oro el pasado año, ingresando así con pie derecho a la “era espacial”, dado que ciertamente importa un avance tecnológico necesario para un país como el nuestro, que ahora se ha convertido en la quinta nación latinoamericana (de un total de veinte) que tiene su propio satélite, después de México, Brasil, Argentina y Venezuela; aunque, claro, la millonaria inversión económica que supuso este artefacto espacial bien hubiera servido para otro tipo de políticas mucho más urgentes que se necesita encarar en el país.
En todo caso, el satélite ya está en órbita y ahora el mundo judicial también será beneficiado de sus enormes utilidades, dado que el Consejo de la Magistratura ha anunciado la digitalización de los juicios en Bolivia, habiendo creado la Red Integrada de Tecnología Judicial que permitirá la transmisión de voz y datos de los usuarios del sistema judicial, logrando también conectar a todos los juzgados del país, lo cual supone una modernización de la administración de justicia.
Esto obedece a que el Consejo de la Magistratura, para dar una mejor aplicación a los nuevos “Códigos Morales”, ha desarrollado una infraestructura técnica para utilizarla en la administración de justicia en el país, con el objetivo principal de reducir los plazos y tiempos procesales, transparentar la información y digitalizar los documentos hasta eliminar paulatinamente el uso del papel.
En este sentido, y sobre la base de datos de todos los usuarios/as del sistema judicial en el país, se pretende aplicar un Sistema Integrado Multimateria que permitirá el control y seguimiento de las causas que ingresen por plataforma, en cada uno de los tribunales departamentales.
Asimismo, se prevé también la implementación de un Sistema Nacional de Registro Público destinado a la atención de Derechos Reales, además de un servicio de Biblioteca Virtual relacionada a las labores de teleeducación que permitirán al juez, en cualquier parte del país, acceder a cursos de capacitación en línea.
Estas herramientas tecnológicas podrían facilitar enormemente la transición del sistema escriturado hacia la oralidad, además de permitir la resolución de causas en menor tiempo. Esto es algo muy favorable, sin embargo, no parece sensato pensar que los sistemas electrónicos sean infalibles, porque, como toda obra humana, pueden ser afectados por errores electrónicos de conectividad no previstos al momento de su implementación.
Y la digitalización de los juicios también tiene que ver con la forma en que se realizarán las diligencias judiciales para dar inicio a un proceso judicial, dado que con el uso de la tecnología se prevé que una causa ingresará por plataforma y automáticamente se procederá al sorteo del proceso para después enviar toda la documentación digitalizada a la computadora del juez para que ya conozca del proceso.
Y, exactamente, ¿en qué momento la autoridad jurisdiccional asumirá competencia sobre un caso?, ¿desde que tenga conocimiento “virtual” de los antecedentes y de la demanda o desde el momento en que tenga que emitir un pronunciamiento escrito de admisión o rechazo de la demanda?.
Cabe hacer notar que es difícil medir la confiabilidad de esta digitalización de documentos, dado que hay algunos escritos (antiguos) que muchas veces las partes adjuntan a su demanda en calidad de prueba preconstituida y, sin embargo, no es posible establecer su autenticidad (exenta de posibles adulteraciones), sino por medio de la verificación directa (visual) y constatación real (táctil), para admitirlo como medio de prueba idóneo que pueda surtir efectos dentro del proceso previa valoración judicial.
También se prevé que cada decisión judicial sea comunicada a los abogados, fiscales y litigantes, mediante un mensaje a sus teléfonos celulares y/o al correo electrónico que hubieren señalado en sus memoriales; siempre y cuando las partes no hubieren cambiado (voluntaria o forzosamente) de número telefónico o de correo electrónico o que el mismo no esté saturado de mensajes e e-mails y que no hubieran dado a conocer oportunamente esta situación a la autoridad jurisdiccional.
Asimismo, con el número específico asignado a cada proceso, se dice que el abogado podrá ingresar a un buzón electrónico que estará en la página web del Consejo de la Magistratura para conocer la determinación del juzgado; siempre y cuando dicha página no hubiera sido “hackeada” o afectada por un virus que pueda afectar tan gravemente el sistema, que omita ciertos datos o que tergiverse los mismos en sentido contrario a lo que son en la realidad, todo ello debido a la (nula) infalibilidad de los sistemas electrónicos, aquí o en cualquier parte del mundo, más aún si se considera la pésima velocidad de conexión a internet con la cual lidiamos diariamente todos los internautas en el país.
Con los reparos y las objeciones que apunto de manera sencilla pretendo poner en evidencia que en Bolivia aún no estamos preparados para una digitalización completa y desarrollo netamente virtual de los procesos judiciales, lo cual no es malo, sino loable, pero que debe realizarse de manera progresiva.
Con lo que debería iniciarse es con una prueba piloto de transmisión virtual en directo de los juicios orales o de las sesiones de Sala Plena que se realizan tanto en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el Tribunal Agro- ambiental, en el Tribunal Supremo de Justicia y también en los tribunales departamentales a fin de medir el funcionamiento real y continuo de las páginas web de cada una de estas instituciones y su capacidad de transmisión virtual ininterrumpida en todos los departamentos del país.
Entonces, es absolutamente plausible la iniciativa de modernizar la justicia y digitalizar los juicios, no obstante, previamente debe analizarse el impacto que tendrán estos mecanismos en los procesos judiciales y, asimismo, debe pensarse en prever consecuencias e imprevistos debido al enorme grado de falibilidad y riesgo de los sistemas electrónicos, a fin de no perjudicar los intereses de las partes en un proceso y, sobre todo, el derecho a la privacidad que implica la posibilidad de que algunas o muchas personas no quieran dar a conocer la “faceta litigiosa” de su vida personal o familiar, lo cual debe preservarse y quedar sujeto a la voluntad de cada individuo.
Es hora de analizar posibilidades, prever posibles eventualidades y riesgos imprevistos, así como también medir consecuencias con serenidad y objetividad sobre la digitalización de los juicios, siempre en resguardo de los derechos e intereses de los justiciables que acuden al sistema de administración de justicia en el país.
* Es abogado diplomado en Derecho Procesal Civil y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.
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