Un encuentro en Santa Cruz esbozó un proyecto a mediano plazo para mejorar la situación de los reclusos. El presidente Morales ve ausencia de Estado en los penales
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El encuentro “Por una reestructuración Integral del Régimen Penitenciario” decidió ayer trabajar en un proyecto de decreto para complementar el indulto, como un mecanismo para alivianar la crisis en las cárceles del país. No se descarta que también se aplique una amnistía selectiva.
Tras la mayor tragedia del sistema penitenciario ocurrida en Palmasola el 23 de agosto, en la que murieron 35 internos y 63 sufrieron heridas, más de 300 delegados del Gobierno, de las gobernaciones y de nueve municipios —siete capitales de departamento y El Alto, Cochabamba y Tarija no asistieron—, además de organizaciones sociales se reunieron en la capital cruceña.
El planteamiento también sería una respuesta a la retardación de justicia que mantiene a cerca del 84% de la población carcelaria sin sentencia ejecutoriada, medida cuestionada por el presidente Evo Morales durante la inauguración.
Fue el propio Mandatario quien planteó para el debate el indulto y la amnistía para casos menores, además del uso de tecnología y la creación de políticas duras, pero a la vez humanitarias y sensibles.
El proyecto además de resolver el hacinamiento en las cárceles espera ofrecer a los reos una segunda oportunidad. El planteamiento fue elaborado en la Mesa 2, de las tres instaladas, que trató la retardación de justicia. El texto final dispone “elaborar, presentar y gestionar la aprobación de un decreto presidencial del indulto complementario, con más contenido y tomando como referencia la Ley del Indulto del Ecuador”.
Paralelamente, el titular de la Comisión de Gobierno, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Aparicio, sugirió una segunda amnistía pero más amplia con relación a la primera a fin de beneficiar a una mayor cantidad de privados de libertad.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ponderó la participación y el compromiso de las autoridades en la búsqueda de solución a la crisis del sistema penitenciario. “Se estableció un plan de trabajo con determinaciones muy concretas en materia de infraestructura, tecnología, prestación de servicios básicos y sociales”.
“Es imposible alcanzar seguridad ciudadana y una transformación estructural del Régimen Penitenciario, si no está acompañado de una reforma judicial”, agregó para luego señalar que habrá un antes y un después del 23 de agosto de 2013.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien llegó tarde al acto inaugural, porque abrió el mes de festejos de esa región, destacó que fue una reunión despolitizada en la que primó la búsqueda de soluciones. En su criterio, la tragedia ocurrida en la cárcel cruceña no puede volver a repetirse nunca más en ninguna cárcel del país. Al final del encuentro, los asistentes honraron con un minuto de silencio a los 35 fallecidos en Palmasola.
Acuerdos asumidos en Santa Cruz
Los participantes debatieron en tres mesas: Infraestructura, tecnología y servicios; Retardación de Justicia y Legislación Penitenciaria.
Gobierno, gobernaciones y municipios se comprometieron a mejorar la infraestructura carcelaria y destinar presupuestos para prediarios y adquisición de tecnología.
Los gobiernos departamentales se harán cargo de los de energía eléctrica, agua, teléfono y alimentación hospitalaria, además del pago de prediarios con base en las proyecciones del crecimiento vegetativo de la población carcelaria.
Se aprobará una nueva Ley de Régimen Penitenciario Integral.
No se suspenderán las audiencias conclusivas ni de casación, éstas deberán llevarse a cabo en las cárceles.
Morales apunta a la Justicia
A 12 días de la masacre de- satada en el pabellón de Chonchocorito del penal de Palmasola, que derivó en la muerte de 35 personas y 63 heridos, el presidente Evo Morales apuntó a la Justicia como la responsable de la crisis en el sistema carcelario del país.
En el encuentro nacional por la Reestructuración Integral del Régimen Penitenciario, desarrollado ayer en Santa Cruz, el Mandatario dijo que el problema está en la Justicia, hecho que, según explicó, se refleja en el 84% de la población carcelaria que no cuenta con sentencia ejecutoriada.
Identificó la falta de tecnología y el hacinamiento como los problemas centrales del sistema penitenciario, pero aseguró que el tema central está en la Justicia boliviana. “Si sólo el 16% cuenta con sentencia y el otro 84% está con detención preventiva, ¿dónde está la justicia boliviana?”, cuestionó Morales. El Presidente coincidió con su ministro de Gobierno, Carlos Romero, al señalar que existe ausencia del Estado en las cárceles del país, debido a que son comandadas por grupos organizados.
“Me contaron que en las cárceles no hay Dios ni ley, el Estado no tiene presencia y los que mandan ahí son las personas que tienen plata, aquellos grupos bien organizados”, mencionó la primera autoridad del Estado. Adelantó que se pueden construir “lindas cárceles”, “pero si el número de detenidos con sentencia preventiva no disminuye, entonces no habrá una solución estructural”.
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Decreto de indulto beneficiará a 2.000 detenidos preventivos
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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que en una semana, luego de una reunión de gabinete, el Ejecutivo pondrá en vigencia el nuevo decreto presidencial de indulto que beneficiará a cerca de 2.000 reclusos preventivos en el país.
Romero remarcó que para aplicar el indulto, como normativa jurídica, no es necesaria una ley cuya iniciativa corresponde a la Asamblea Legislativa, sino que es una medida presidencial; sin embargo, dijo que será interesante conocer los aportes que puedan dar los parlamentarios a la norma.
“Es una atribución del presidente Evo Morales y supongo que en el próximo gabinete del miércoles ya tendremos aprobado el decreto presidencial de indulto, que, a diferencia del que se puso en vigencia a fin del año pasado, va a tener como elemento innovador el estar dirigido fundamentalmente a los detenidos preventivos”, explicó Romero en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno.
Argumentó que el indulto no procede para gente que no ha recibido una sentencia, sin embargo, en el caso de los detenidos preventivos, explicó que su despacho está trabajando la idea de que ellos puedan acogerse a un procedimiento abreviado y que cuenten con la asistencia jurídica, medida que de aplicarse ayudaría a reducir la retardación de justicia.
Las acciones que se están asumiendo para mejorar la situación en las cárceles, como la norma, la construcción de centros o el mejoramiento de la vigilancia penitenciaria ocurre luego de la reunión “Por una estructuración integral del Régimen Penitenciario”, realizada el lunes en Santa Cruz, días después de la masacre en Palmasola en la que murieron 35 personas tras un incendio que se desató tras un ataque de los reos del pabellón B de Chonchocorito.
El miércoles, el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, anunció que un decreto complementará la aplicación del indulto. En el caso de quienes tengan sentencias ejecutoriadas con condenas menores a los ocho años de prisión, la medida podría beneficiar a cerca de 1.500 presos. Llanos informó también que trabajarán en el nuevo indulto que emitirá el Gobierno nacional.
“El Presidente dio una muestra de amor este año y habrá un nuevo indulto, por lo que seguramente vamos a trabajar técnicamente estos días para luego presentar el proyecto de decreto presidencial al mandatario Evo Morales”, dijo Llanos ayer en la sede de gobierno. También consideró que esa medida debe aplicarse con más tiempo, hasta fin de año.
Egresados darán asistencia
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que firmará convenios interinstitucionales con universidades públicas y privadas para que los estudiantes egresados de las facultades de Derecho puedan asesorar jurídicamente a los reos.
“Una asistencia jurídica dependerá de que las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas del país se sumen a esta movilización y nos proporcionen egresados de esta carrera, que en función de un convenio interinstitucional con el Ministerio de Gobierno puedan hacer un trabajo dirigido que les sirva para validar su titulación y al mismo tiempo cumplan su rol social de liberar a unos 1.500 o 2.000 detenidos preventivos actuando en procesos abreviados”, explicó.
Emular en las nueve regiones
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió públicamente ayer a las nueve gobernaciones del país y municipios a “emular” las decisiones que asumieron las autoridades de Santa Cruz, a dotar de medios para resolver el complicado problema penal de Palmasola y para mejorar la seguridad ciudadana.
Se trabaja con La Paz y Cochabamba
Asimismo, en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se estaría coordinando de la misma forma, con La Paz y Cochabamba, en el primero ya existen avances con la construcción de un nuevo penal. En el segundo se dialoga con la Gobernación paraun terreno.
Construirán siete cárceles en el país
Iván Condori
La construcción de siete cárceles en seis departamentos y nueve centros de rehabilitación son dos de las acciones inmediatas que asumen diferentes instancias del Estado para revertir la crisis en el sistema penitenciario nacional.
El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, aseguró ayer que después de la tragedia ocurrida en Palmasola se vive una revolución en el sistema penitenciario a partir de los compromisos pactados con las autoridades regionales y municipales.
“Hay gozo y alegría en los privados de libertad a partir del anuncio de nuevas políticas penitenciarias que buscarán frenar el hacinamiento a través de la construcción de nuevos recintos y el indulto para las personas con delitos menores a ocho años, y en caso de narcotráfico se beneficiará a los primerizos”, subrayó Llanos.
En el encuentro nacional denominado “Por una estructuración integral del Régimen Penitenciario” se alcanzaron acuerdos con las gobernaciones y municipios del país para canalizar la edificación de cárceles en Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, La Paz, El Alto, Pando y Santa Cruz. De acuerdo con la autoridad penitenciaria, las obras deberán ser ejecutadas durante los próximos dos años (2014-2015).
Dentro de los acuerdos también figuran la construcción de nueve centros de rehabilitación en cinco departamentos, Santa Cruz concentra la edificación de al menos cinco predios. En Cochabamba serán construidos centros de detención preventiva para varones y mujeres en áreas separadas, en los municipios de Sacaba y Quillacollo, además se proyecta la ampliación del centro penitenciario del Abra. También se acordó la venta de los penales de San Sebastián, varones y mujeres, además de la comercialización de la cárcel de San Antonio. En Chuquisaca se proyecta la edificación de una penal en la localidad de Duraznillos.
El secretario de gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, manifestó que en las 17 hectáreas entregadas el martes será construido un recinto de máxima seguridad y pabellones para varones y mujeres, los nuevos predios permitirán clasificar a los internos por la gravedad de los delitos que hayan cometido”. La inversión para la construcción estará a cargo del Ministerio de Gobierno y la autoridad local pondrá el equipamiento.
Llanos señalo que por respeto a los caídos en la sección Chonchocorito de Palmasola, “no se baila” de alegría por el cambio de timón en el sistema carcelario. “Por primer vez los gobernadores, los alcaldes y Evo Morales están juntos”, subrayó.
Las autoridades de Tarija, acordaron levantar una cárcel modelo de máxima seguridad, que cumpla con la clasificación al sistema progresivo, la infraestructura se edificará en una superficie de 30 hectáreas. En el caso de La Paz se construirán dos recintos penitenciarios, uno en el municipio de Palca y otro en la ciudad de El Alto, para la reclusión de detenidos preventivos remitidos por los juzgados.
