La
reforma judicial
William
Herrera Áñez
Página
Siete – lunes, 09 de enero de 2023 - 04:05
El gobierno
del MAS no quiere reformar el sistema judicial porque (como está) le permite no
solo la vulneración sistemática de los derechos y garantías de los ciudadanos,
sino también “legalizar” los abusos de poder y el terrorismo de Estado. En la
detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se han cometido
por ejemplo una serie de ilegalidades como ejecutar un mandamiento
“inhabilitado” por la vacación judicial y el juez instructor tenía que
invalidar esa detención; sin embargo, hizo exactamente todo lo contrario:
convalidó y legalizó el secuestro de Camacho.
El caso del
gobernador cruceño (no es el primero ni será el último), viene a desnudar
porqué los gobiernos del MAS (de Evo Morales y Luis Arce) se resisten a
emprender una profunda reforma judicial que restablezca la independencia
judicial y el Estado Constitucional de Derecho. Sin embargo, el grupo de
juristas independientes comienza la recolección de firmas que pretende la
reforma constitucional, vía referéndum. El documento de los juristas luce
completo e impecable y contiene la exposición de motivos, el contenido y el
posible texto constitucional.
Los juristas
quieren cambiar la perversa injerencia política en la justicia que permite la
persecución política; aumentar el presupuesto judicial; resolver la falta de
acceso a la justicia; la secundarización de la justicia indígena originaria
campesina; el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario;
establecer la carrera judicial; erradicar la politización del nombramiento de
las Altas Cortes, entre otros.
La propuesta
de los juristas coincide con las conclusiones del relator de la Organización de
las Naciones Unidas, Diego García-Sayan, en el sentido de que una justicia
independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los
derechos humanos. Y Bolivia es parte de instrumentos internacionales que
contienen y apuntalan las obligaciones de contar con una administración de
justicia independiente, imparcial y accesible.
La idea
fundamental es despojar a la Asamblea Legislativa de la potestad que tiene de
hacer la preselección de candidatos, mecanismo que ha permitido al partido azul
controlar a las autoridades judiciales. La reforma de la Constitución busca
introducir una “Comisión Nacional de Postulaciones”, que tenga carácter
permanente, integrada por nueve (9) personalidades independientes, cuya
designación por 10 años correspondería realizar a la Asamblea Legislativa, y
proponer candidatos al sistema universitario; a las organizaciones de la
prensa; al Colegio Nacional de Abogados; a la Asociación Nacional de jueces y
magistrados y al Sistema Indígena Originario.
La referida
Comisión Nacional sería un órgano constitucional, con autonomía orgánica,
administrativa y funcional de funcionamiento permanente, que desempeñaría las
funciones de convocatoria y selección de postulantes previa comprobación
pública y transparente de probidad e idoneidades y de elaborar las ternas de
postulantes para la designación de las Altas Cortes. Las ternas que confeccione
la Comisión Nacional (que serían vinculantes), se enviarían a la Asamblea
Legislativa para que este Órgano del Estado proceda a la designación
respectiva, por 2/3 de votos del total de los miembros. Y en la eventualidad de
que los legisladores intenten bloquear o boicotear las designaciones contenidas
en las ternas independientes, se tenga por designado y elegido al candidato más
y mejor calificado de cada una de las ternas.
El cambio
constitucional busca no sólo restituir y garantizar la independencia, imparcialidad
y competencia a las máximas autoridades judiciales, sino fundamentalmente
fortalecer al Órgano Judicial. Este fortalecimiento institucional debe comenzar
no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los
cargos vitalicios de los jueces y juezas, imponiendo exámenes de competencia y
oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la
evaluación periódica de forma que se instituya, con carácter obligatorio y
permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces. Por cierto,
la seguridad jurídica y ciudadana, depende del fortalecimiento institucional, y
la meritocracia del cuerpo de jueces y juezas.
La falta de
independencia, imparcialidad y competencia del cuerpo de jueces y juezas
degrada al poder judicial, genera corrupción, pobreza, y termina poniendo en
riesgo la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Si en este 2023 no
recuperamos la justicia, podemos perder la democracia.
Fuente: https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/la-reforma-judicial-YM5952010
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