martes, 5 de abril de 2011

Datos Históricos sobre el Tratado Bilateral suscrito entre Bolivia y Chile en el año 1904


Datos históricos sobre el
Tratado Bilateral suscrito entre Bolivia y Chile en el año 1904

Por: Luis Reynaldo Gómez Z.

Bolivia ingresa al siglo XX con amplios augurios de desarrollo y crecimiento económico, las relaciones diplomáticas caracterizadas por el contacto internacional generan la firma de tratados, convenios de paz, amistad y comerciales como parte de una política de modernización para introducir al país en el mercado mundial. A la vez, los problemas suscitados con las repúblicas vecinas, planteaban la necesidad de realizar una política basada en la negociación diplomática dirigida a solucionar los asuntos internacionales pendientes por las guerras.

Posteriormente al conflicto del Pacífico las Repúblicas de Bolivia y Chile inician el proceso de negociación encaminada a resolver los conflictos, discrepancias y la nueva demarcación de fronteras. En ese contexto, producen documentos, tratados, pactos y convenios, que culminan con la firma del “Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile” el año de 1904. De esa manera, se resuelven temporalmente varios asuntos entre los que se destaca la construcción del ferrocarril Arica a El Alto de La Paz, línea férrea a la que hizo referencia el ex presidente de Chile Eduardo Lagos.

Escuchando el discurso político del presidente Lagos, y la referencia de que Chile siempre ayudó a Bolivia en todos sus males, y que más bien los problemas limítrofes de fines del XIX, sirvieron para la construcción de un “ferrocarril” que fue exclusivamente trabajo chileno. Efectivamente Bolivia con el tratado de 1904, obtiene el beneficio de que se construya una línea férrea entre la costa y el interior de la nueva línea geográfica y fronteriza de la República de Bolivia.

La política liberal aplicada por los gobernantes de la época en Bolivia a principios del siglo XX, plantea solucionar los problemas limítrofes trazando acciones diplomáticas basada en el canje de territorios a cambio de libras esterlinas, en un funesto suceso para la integridad y el interés económico del país. La política boliviana fundamentada en un liberalismo secante y ortodoxo, se entrega abiertamente al interés extranjero porque tiene que construir ferrocarriles, no importaba el costo, ni las consecuencias, esos políticos carecieron de visión, porque no tuvieron el cuidado de estudiar, ahorrar y esperar que la situación política y económica del país se estabilice. El deslumbramiento causado por los ferrocarriles ocasiono un simple resplandor de desarrollo y de industrialización. Con el transcurrir del tiempo estos se convirtieron en un dolor de cabeza para los gobernantes bolivianos, quiénes deberían resolver los problemas ocasionados por las empresas extranjeras especializadas en la administración de transporte que cuidaban sus intereses económicos y por el interés Chileno de administrar el comercio interno y extranjero de Bolivia.

Las guerras del Pacífico, del Acre y con la república del Paraguay tienen aún numerosos asuntos pendientes hasta el día de hoy, porque la entrega de territorios a cambio de ferrocarriles es la negociación más funesta en la que puede caer un país, sin editar ninguna recompensa. La penetración y consolidación del interés extranjero en las economías nacionales, generó el avance de los países vecinos hacia territorios bolivianos.

El ferrocarril de Arica a la ciudad de La Paz, se enmarca en la peculariedad de una vía férrea construida a cambio de territorio como consecuencia de la guerra del Pacífico, repitiendo la experiencia sucedida con el Brasil. El gobierno de Chile, indemniza al Estado Boliviano con la suma de 1.700.000 libras esterlinas, por el canje de los territorios del Pacífico y la nueva demarcación de fronteras.

El ferrocarril de Arica a El Alto de La Paz fue construido entre los años de 1904 a 1913. Es el resultado de la negociación bilateral con la república de Chile, para satisfacer los problemas creados por la guerra del año de 1879.

Para tratar este tema las Cancillerías de ambos países realizan reuniones bilaterales siendo el producto final el Tratado bilateral entre Bolivia y Chile del año de 1904. El documento tiene varios objetivos, entre los que destacamos, la nueva demarcación de fronteras y construcción de la vía férrea de Arica a El Alto de La Paz, literalmente sobre el del ferrocarril el artículo III del Tratado señala: "Con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales, ambas Repúblicas acuerdan unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz por medio de un ferrocarril cuya construcción estuvo a cargo del gobierno de Chile a partir de la ratificación del Tratado".

La propiedad de la sección boliviana del ferrocarril fue transferida a la administración boliviana al terminar el plazo de quince años contabilizados desde el día en que la obra está totalmente concluida; es decir, la negociación establece que Chile administrará la línea el tiempo suficiente como para recuperar la inversión utilizada en la construcción de la obra. Sin embargo, pese a los grandes augurios de ambos gobiernos, el funcionamiento de la línea tropieza con problemas originados por el control del comercio de importación y exportación, impuesto por el monopolio de la The Antofagasta and Bolivia Railway.

Chile, también, se compromete a garantizar la construcción de ferrocarriles con el cinco por ciento de garantía de los capitales utilizados en la construcción de los siguientes ferrocarriles: Uyuni a Potosí; Oruro a La Paz; Oruro a Cochabamba y Santa Cruz; De La Paz a la región del Beni; Potosí, Sucre a Lagunillas…Obras que podían ser emprendidas en el plazo de treinta años.

El gobierno de Chile estableció no desembolsar sumas de dinero mayores a las cien mil libras esterlinas anuales, ni se excedería en el gasto de un millón setecientas mil libras esterlinas fijadas como máximo de lo destinado a la construcción de la sección boliviana del ferrocarril de Arica a El Alto de La Paz.

La construcción de la sección boliviana del ferrocarril de Arica a El Alto de La Paz, y de los que pudieran construir con garantía del gobierno de Chile fue materia de acuerdos especiales entre ambos gobiernos, para determinar las facilidades del intercambio comercial entre ambos países. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia. Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile concluido y firmado en Santiago, el 20 de octubre de 1904).

El 27 de junio de 1905, los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile Beltrán Mathieu y de Bolivia Claudio Pinilla en uso de la facultad concedida por el "artículo III del Tratado de 1904", acuerdan reglamentar la concesión, construcción y explotación del ferrocarril de Arica a El Alto de La Paz. (Aramayo, 1959: p. 131. Decombe. 1913: p.101)

La convención de Cancilleres también establece que el ferrocarril debe ser construido por secciones, es decir, los trabajos debían comenzar simultáneamente en Arica como en Viacha y el gobierno de Chile invertir 150.000 pesos chilenos en los gastos que demande el estudio de construcción de la obra.

El 21 de febrero de 1906, ambos gobiernos promulgan las leyes Nº 1813 y 1843; la primera, autoriza al gobierno de Chile a contratar un empréstito de dos millones de libras esterlinas destinadas a la construcción de la vía. La otra "declara de utilidad pública los terrenos por donde construyen el ferrocarril y libres de impuesto fiscal o municipal todos los materiales y equipos importados para su ejecución". (Decombe, 1913: 102)

El gobierno de Chile el 14 de agosto del año de 1905, a través del Decreto Nª 1496, convoca a la primera "Licitación Pública" para construir un ferrocarril de un metro de trocha, entre el puerto de Arica y El Alto de La Paz, además, de los ramales a las sulfateras de Tacora, al centro minero de Corocoro y al puerto sobre el río Desaguadero.

La administración chilena determino cual es la ruta por donde tienen que construir la vía férrea, cuáles son las condiciones económicas, la garantía que debía ser cancelada por el contratista, el uso libre y gratuito de terrenos y aguas fiscales. Asimismo, ambos gobiernos declaran de utilidad pública los terrenos de propiedad particular o municipal. (Aramayo, 1959: 131-132)

Los contratistas también tuvieron la obligación de respetar las determinaciones tomadas por la convención de Cancilleres de ambos gobiernos y fijar su domicilio civil en Santiago de Chile, quedando sujetos a las leyes de ese país. (Decombe, 1913: 103 y Aramayo, 1959: 133). La dirección de Obras Públicas de Chile es la repartición responsable de vigilar la construcción de la línea férrea.

Los últimos artículos del Tratado de 1904, señalan cuales son las condiciones que deben ser tomadas en cuenta para aceptar las propuestas, la administración Chilena elige al ganador de la convocatoria. Los trabajos de construcción se debían iniciar antes del 1 de marzo de 1906, (Decombe, 1913: 104) queda claro que el gobierno chileno maneja los hilos y la estrategia para desarrollar el trabajo de construcción, administración y controlar el financiamiento y las obras de construcción, determinando las reglas del juego. Bolivia tiene un papel pasivo de simple espectador sin capacidad de decisión alguna. La misma situación se vivió con el tratado de Petrópolis y el ferrocarril Madera - Mamoré.

Cuatro son las empresas que se presentaron a la primera convocatoria y al concurso de propuestas:

La empresa de Manuel Ossa propone construir la línea por Tacna a un costo de 2.397.000 libras esterlinas.

La Deutsche Bank de Berlín y la casa Philipp Holzmann y Cía. de Franckfort, representadas por el Banco Alemán Trasatlántico proponen construir el ferrocarril por el precio de 2.490.000 libras esterlinas.

La compañía Anónima (Chile and Bolivia Railway Construction Limited) de Londres representada por Mateo Clark propone construir la obra a un costo de 2.619.000 libras esterlinas.

El Sindicato de Obras Públicas de Chile, representado por Napoleón Peró hace dos propuestas, una por el Valle de Lluta y la otra por Tacna, por la suma de 2.152.000 libras esterlinas.

Al principio los trabajos de construcción enfrentan dificultades, porque la ruta trazada en la convocatoria no era la más adecuada debido a la falta de estudios complementarios. El 16 de agosto del año de 1906 sucede un terremoto, que produce la caída de los jornales de trabajo, afectando a las obras que ya no tienen el mismo desempeño. (Decombe, 1913: 17)

Cuando los trabajos empiezan a fallar y no marchan como se espera, el gobierno de Chile liquida el contrato de construcción con el Sindicato de Obras Públicas que construye sólo treinta kilómetros de vía, algunos caminos cortos, edificaciones e instalaciones, por las que el gobierno de Chile cancela la suma de 306.701 libras esterlinas. Inmediatamente, y por las obligaciones contraídas ante el gobierno de Bolivia, convoca nuevamente a las empresas interesadas en presentar propuestas hasta el 31 de agosto de 1907. (Aramayo, 1959: 133. Decombe, 1913: 104)

A la nueva convocatoria, se presentaron las siguientes compañías:

La Deutsche Bank de Berlín y Phillipp Holzmann y Compañía que propone construir el ferrocarril por la suma alzada de 3.000.000.00 de libras esterlinas sin incluir ramales.

La Compañía Inglesa S. Pearson and Son Ltd. de Londres.

El gobierno de Chile a través del Decreto Nº 3465 de diciembre del año de 1907 acepta la propuesta Alemana. Empero, debido a las altas exigencias del Deutsche Bank en la forma de pago, deja sin efecto la propuesta de la casa bancaria. Al mismo tiempo dicta el Decreto Nº 1355 solicitando nuevas propuestas, para ser abiertas el 1 de marzo de 1909. (Aramayo, 1959: 154)

Sin lugar a dudas, decidirse por una empresa determinada era una labor bastante difícil porque no se puede confirmar la solvencia y seriedad de la empresa.

Mientras se resuelve la situación de la nueva empresa constructora, los trabajos de la vía continúan bajo la administración del ingeniero Benjamín Vivanco quien construye hasta el kilómetro sesenta y cinco invirtiendo la suma de 1.616.242. pesos chilenos.

El 1 de febrero de 1908, el gobierno de Chile autoriza la inversión de tres millones de libras esterlinas para continuar con los trabajos del ferrocarril de Arica a El Alto de La Paz, el 2 de mayo de ese mismo año, el decreto Nº 1348, deja sin efecto la propuesta de la Deutsche Bank por las grandes exigencias en la forma de pago ya mencionada.

Los trabajos pasan a ser administrados por Manuel Ossa, quien se desempeña como constructor de ferrocarriles. Benjamin Vivanco, el antiguo administrador, es designado inspector técnico de los trabajos a ser ejecutados por el nuevo Administrador. Ossa invierte la suma de 5.702.757 pesos chilenos en la construcción de la obra. (Aramayo, 1959: 134).

El 1 de mayo de 1909 son abiertas las propuestas para continuar con las obras de construcción a la misma se presentan:

Mateo Clark, por la Sociedad Sir John Jackson (Chile) Limited, por la suma de 2.950.000, libras esterlinas, sin incluir ramales y en tres años de plazo.

El Banco Alemán Transatlántico, en representación de la Deutsche Bank de Berlín y Casa Phillips Holzman de Franckfort, propone construir por el precio de 3.100.000 libras esterlinas.

El Gobierno de Chile por Decreto N° 754 acepta la propuesta Sir John Jackson por la suma de 2.750.000 libras esterlinas de la cual descuentan la suma de 300.000 libras gastadas en las obras de construcción. (Aramayo, 1959: 134).

La nueva empresa se hace cargo de las obras el 28 de junio de 1909 y el 1 de julio reinicia los trabajos de enrieladura de la sección chilena. Tres años después de lo acordado, el 8 de agosto de 1909, recién son inaugurados en Viacha los trabajos de la sección Boliviana, bajo la dirección de Wynne Edwards y Whytley. Cuando los trabajos se realizaban normalmente a comienzos del año de 1911, un aluvión casi destruye parte de la línea en la sección del Valle y varios puentes de la región de Lluta. Sin embargo, los trabajos continúan de manera normal.

Ante estas dificultades el gobierno de Chile aplaza la entrega de la línea que vencía el 1 de mayo de 1912. El gobierno boliviano, por su parte, tenía que resolver el problema suscitado entre la The Antofagasta and Bolivia Railway y la Peruvian Corporation en la población de Viacha, punto estratégico donde había llegado la punta de riel de ambas empresas. La Peruvian Corporation había construido el tramo de bajada, y la estación de Challapampa en la ciudad de La Paz, en cambio la empresa inglesa tenía la urgente necesidad de conectarse con la ciudad de La Paz. Pese a esta situación la empresa responsable del ferrocarril de Arica a La Paz encarga al ingeniero B. Vivanco realizar el estudio del tramo de
bajada a la ciudad. El mismo presenta un proyecto de construcción de la línea por el precio de 1.155.392. libras esterlinas. Las tratativas fracasan porque la línea no puede pasar de El Alto de La Paz.

Por su lado, la empresa inglesa The Antofagasta and Bolivia Railway opone tenaz resistencia para no permitir el cruce de líneas entre las empresas, pese a las autorizaciones del gobierno boliviano para que el ferrocarril de Arica pueda llegar a La Paz. (Aramayo, 1959: 134). Lo que sucede es que la empresa inglesa tiene que dejar establecido el poder económico y político con el que cuenta.

El gobierno de Chile el 17 de enero de 1913, por Decreto N° 52, nombra una comisión formada por los ingenieros, Alberto Decombe, Filidor Fernández y Augusto Knudsen para asesorar al Ingeniero Vivanco, quien debía recibir las obras entregadas por los representantes de la empresa constructora, los ingenieros Wynne Edwards y Hernán Gana Edwards. El 5 de febrero, los representantes de la empresa constructora entregan los inventarios y firman las actas de recepción. El 13 de mayo en presencia de los presidentes de Bolivia Eliodoro Villazón y de Chile Ramón Barros Luco oficialmente entregan el ferrocarril Arica - El Alto de La Paz (Aramayo, 1959: 135) a la administración chilena que debía cumplir el convenio de administración de la línea férrea por el lapso de quince años. Ese mismo día, los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países suscriben en la población de Arica un Protocolo, estableciendo que la sección del ferrocarril perteneciente a Bolivia debía ser entregada el 13 de mayo de 1928 (Aramayo, 1959: 133 y Decombe, 1913: 103) y en cumplimiento del Tratado de Paz de 1904.

El ferrocarril de Arica a El Alto de La Paz, en sus primeros quince años de vida funcionó, como mencionamos, bajo la administración del gobierno de Chile. Por su parte, la empresa The Antofagasta and Bolivia Railway inicio un proceso de obstaculización de la construcción de otras vías férreas, además continuaba obstinada poniendo todo tipo de dificultades para cruzar las líneas de la empresa inglesa y del ferrocarril de Arica.

Brevemente se describe algo de la larga historia de este ferrocarril que hoy está casi desaparecido, y sus resultados son desastrosos para la economía del país.

Bibliografía.

Fuentes Primarias. Manuscritos:

Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile concluido y firmado en Santiago el 20 de octubre de 1904. (Archivo y Biblioteca Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto)

Informes y Memorias Institucionales:

Informe del Reconocimiento sobre el Proyectado Sistema de Ferrocarriles
Bolivianos por W. Lee. Sisson, Ingeniero Civil. Traducido por J. E. Zalles. Julio de 1905.
Informes de la Comisión ferroviaria. Creada por Decreto Supremo de 25 de noviembre de 1940. Tomos 1 y 2 La Paz.
Informe de la Comisión Ferroviaria, de junio de 1941, firmada por el Dr. Eduardo Fernández de Córdoba y el Dr. Ramón Salinas M.
Decombe Alberto. Historia del Ferrocarril de Arica a El Alto de La Paz. Santiago de Chile, librería e imprenta de Artes i letras, 1913

Fuentes Secundarias:

Aramayo, A. Cesáreo Ferrocarriles Bolivianos. Pasado, presente y futuro. La Paz, Imprenta Nacional. 1959
Contreras, Manuel Causas y consecuencias del desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia: 1900 - 1930. Inédito. La Paz, 1991
Langer, Erick "Espacios coloniales y economías nacionales; Bolivia y el Norte Argentino (1810-1930)". México. Revista de Historia No 2, 1987.

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EL DIARIO... en la historia nacional


EL DIARIO en la historia nacional


El Decano de la Prensa Nacional, independiente, paladín de la bolivianidad y ejemplo de insobornable consecuencia periodística, límpido en su existencia sacrificada porque sufrió los rigores de las dictaduras, por ser un medio de consulta para toda clase de lectores se ha convertido en uno de los periódicos más influyentes no sólo para la educación y la cultura, ya que un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma, sino también por su trayectoria y respeto bien ganado.

Su poder sugestivo es extraordinario, ya que no sólo comunica lo que ocurre en el mundo, sino que da un extracto de la opinión nacional, con veracidad y responsabilidad, sobre los problemas trascendentales del momento que se vive, predisponiéndonos a participar de dicha opinión. Somos aprisionados por lo que leemos con agrado. Con razón se ha podido afirmar que el que lee todos los días un solo periódico, llega a identificarse con la manera de pensar de este diario -nuestro diario- con presencia nacional e internacional, que ha escrito las páginas gloriosas de la historia de Bolivia, y forma parte de esa historia nacional que nos enorgullece.

Con el correr del tiempo esa importancia y esa influencia se han acrecentado tanto que la prensa está considerada como el cuarto poder del Estado. Esta casa periodística, tribuna del pensamiento nacional, no sólo es instrumento del saber y forjadora de la opinión pública, sino que se ha convertido para el gobernante de turno en una brújula que le indica las orientaciones por el bien de la nación. Un sondeo de opinión pública a través de este matutino sobre cualquier asunto puede servir al administrador, al hombre de Estado, para seguir con nuevos bríos la obra iniciada, para detenerse, recapacitar y orientarse de nuevo, o bien, para retroceder hasta donde la población le muestre su insatisfacción y desencanto.

EL DIARIO primero con la dirección de su fundador, el ilustre patricio don José Carrasco, luego bajo el mando de literatos cuyo prestigio ha vencido al tiempo, como Casto Rojas, Franz Tamayo, Benigno Lara, Fabián Vaca Chávez, Luis Espinoza y Saravia, David Alvestegui y otros personajes de reconocido prestigio y solvencia moral, se había constituido en un vocero que no sólo informaba eficientemente, sino que dirigía la opinión pública nacional y satisfacía plenamente sus requerimientos y necesidades.

Mucho se puede escribir sobre este prestigioso matutino, insobornable, cuya trayectoria resulta inseparable de la historia del periodismo boliviano, que desde los ya lejanos tiempos de su fundación, ha tenido una línea bien definida que podría calificarse de institucional, porque si bien en muchas ocasiones se ha puesto al frente de algunos gobiernos, orientándolos, criticando sus acciones, censurando determinadas posiciones, combatiéndolos leal y legalmente, su trayectoria, por supuesto, ha sido especialmente rígida con algunos gobernantes de tinte dictatorial, autoritario, sobre todo con aquel gobierno socialista castro-comunista que se apoderó de EL DIARIO en 1970. Los diversos atentados que ha sufrido, el terrorismo, las bombas, los chantajes, el amedrentamiento no han podido acallar su firme voz en defensa de los derechos humanos y la libre expresión, ya que mejor se sirve diciendo la verdad que exagerando el mérito de los conductores.

Esta posición principista lo llevó a combatir a regímenes espurios y ha sufrir en carne propia la familia de don Jorge Carrasco Villalobos y doña Elena Jahnsen de Carrasco las graves consecuencias por su actitud de apego a la Constitución Política del Estado, la legalidad, el orden y los derechos ciudadanos. En el plano de la política jamás ha izado banderas absolutistas, por el contrario, ha respetado el pluralismo ideológico, apoyando siempre las buenas causas, la institucionalidad del país, el afianzamiento de un clima de paz, respeto y trabajo, imprescindible para nuestro desarrollo nacional. EL DIARIO está y estará siempre atento a defender y escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios.

Fuente:
El Diario
Fecha: 05-Abril-2011

Es notable la importancia de la prensa nacional en nuestros días y su influencia social. Las palabras se las olvida; los escritos permanecen. EL DIARIO se honra en cumplir 107 años de vida institucional al servicio de los intereses del pueblo, enmarcada en la defensa de los recursos naturales, la constante lucha por preservar la democracia, el destierro de la corrupción, el contrabando, el narcotráfico que desacreditan al país, la reivindicación de una salida con soberanía a las costas del océano Pacífico, las deudas por las aguas del Silala y el río Lauca que Chile usufructúa sin pagar y otros casos.

lunes, 4 de abril de 2011

LA OTRA CARA DE LA MONEDA: Piñera dice que salida soberana al mar boliviano es algo imposible...

SEBASTIAN PIÑERA DICE QUE SALIDA SOBERANA AL MAR ES “IMPOSIBLE”

Postura. Piñera exige no confundir buenas relaciones con cesión de soberanía
La Razón – 2 de abril de 2011
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo ayer que la demanda boliviana de salida al mar con soberanía es “algo imposible” de atender. A su vez, el canciller de ese país, Alfredo Moreno, sugirió a la administración de Evo Morales retomar la vía del diálogo para solucionar los conflictos.
El Mandatario chileno expresó esta posición durante una entrevista con Televisión Nacional de Chile, donde habló sobre el giro diplomático que decidió dar el Gobierno boliviano y los avances que tuvo la negociación bilateral.  
“Siempre dijimos que Chile tiene la mejor disposición y hemos avanzado mucho. Por ejemplo, estamos construyendo el ferrocarril Arica-La Paz, habilitamos el puerto de Iquique, además del de Arica y Antofagasta para facilitar el comercio boliviano, hemos avanzado en el Tratado de Libre Comercio con Bolivia, pero ellos pretenden algo que es imposible”, señaló.
Aseveró que, no obstante la apertura con Bolivia, defendió con firmeza la posición chilena. “Yoescuché a Evo Morales decir: 'Atacama fue boliviana y va a volver a ser boliviana'. Y yo tuve que decirle Atacama es chilena y va a seguir siendo chilena. Los territorios del norte son chilenos y eso fue en base a tratados internacionales que están vigentes”, recordó. 
El Jefe de Estado complementó su posición reiterando que Chile “no tiene problemas limítrofes” con Bolivia. “Lo importante es que Chile tiene un Tratado de límites con Bolivia del año 1904. Ese Tratado fue válidamente suscrito y está plenamente vigente”, remarcó.
Al mismo tiempo, Piñera pidió a sus vecinos —Bolivia, Perú y Argentina— no confundir el clima de buenas relaciones con la intención de que Chile les pueda ceder un espacio soberano.
“Somos vecinos de Bolivia, somos vecinos de Perú, somos vecinos de Argentina y por eso buscamos las mejores relaciones, pero no confundamos esa actitud de buscar buenas relaciones con una debilidad en defender nuestro territorio, nuestro mar, nuestra soberanía”, anunció el Mandatario.
En la misma línea, el canciller de Chile, Alfredo Moreno, tras participar de una reunión en Santiago con su homólogo brasileño, Antonio Patriota, afirmó que “poner en cuestión tratados que han tenido más de 100 años no es el camino mejor” y dijo que Chile apuesta a “tener las mejores relaciones. Creemos que la manera para resolver cualquier aspiración que tenga Bolivia es el diálogo”.
Sobre el tema, el ex canciller del gobierno de Michelle Bachelet, Mariano Fernández, calificó como “ambigua” la política exterior de Piñera por tener relaciones diferentes con Perú y Bolivia. “Me parece ambiguo el cambio de posición de Chile frente al Perú, que envalentona a Evo Morales, ya que éste dice: si Sebastián Piñera considera que no hay ningún problema con el Perú, vamos adelante ¿por qué habrá problemas con nosotros?”.
No está descartado nadie
El senador del MAS Eugenio Rojas señaló que el nombramiento de la autoridad que dirigirá la demanda marítima se hará de entre varios profesionales experimentados. Recurriendo a versiones de prensa, explicó que se mencionan los nombres del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, del cónsul en Chile, Walker San Miguel, y del presidente de Diputados, Héctor Arce, para dirigir la instancia que liderará las acciones jurídicas.
“De haber otra persona de mucha más experiencia estará pues ahí, no hay que descartar esta posibilidad”.
Legisladores apoyan la vigencia del debate
Miembros del Legislativo chileno y boliviano expresaron este viernes su interés por continuar el diálogo bilateral para avanzar en el relacionamiento entre ambos países. 
Jorge Pizarro, senador por la Democracia Cristiana de Chile, tras calificar como un “error político garrafal” la decisión del presidente Evo Morales de acudir a instancias internacionales para resolver la demanda marítima, dijo estar dispuesto para un futuro encuentro con sus pares bolivianos.
“No tenemos problemas para conversar con el Senado boliviano. Tenemos un mecanismo que funciona para estos encuentros y por eso no es necesaria una invitación. Pero al margen de este encuentro, el Gobierno de Bolivia no puede pretender ir a tribunales internacionales y al mismo tiempo impulsar un diálogo”, dijo.    
Por su parte, el senador Adolfo Mendoza (MAS) afirmó que tanto Bolivia como Chile tienen posiciones distintas en el tema marítimo y abogó por continuar un diálogo entre legisladores de ambos países.
“Tenemos todo el derecho de acudir a otros mecanismos, ya que existen posiciones diferentes sobre el tema de soberanía. Sin embargo, esta posición que asumió el Gobierno no debe interrumpir el diálogo bilateral”, afirmó Mendoza.


EVO VE IGNORANCIA EN CIERRE DE DIÁLOGO SOBRE SOBERANÍA
Posición. Dijo que no se callará la demanda y aboga por el diálogo
La Razón – 3 de abril de 2011
En un encuentro con comunarios en la población de Charaña, fronteriza con Chile, el presidente Evo Morales calificó como ignorancia las posiciones en Santiago que hablan sobre la imposibilidad de incorporar la soberanía en el diálogo marítimo.
“Que nos digan desde Chile que es imposible hablar, dialogar sobre soberanía, se equivocan; eso se llama ignorancia en otras palabras, eso significa no tener sentimiento, eso se llama hay que enclaustrar a un pueblo, hay que cerrar a un pueblo, no comparto”, sostuvo el Mandatario.
Un día antes, el presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó que una salida boliviana con soberanía al Pacífico “es algo imposible” de atender e insistió en que no existen temas limítrofes pendientes porque fueron zanjados con la firma del Tratado de 1904.
Morales reveló que los presidentes del vecino país “nunca” se abrieron a sostener una reunión formal para abordar la demanda boliviana e insistió en que los pedidos de propuestas de solución no tuvieron respuestas.
“Por eso decidimos pasar a una demanda internacional, a los tribunales internacionales sobre el retorno al mar con soberanía”, explicó y añadió que la posición nacional no condice con planteamientos de “dar como prestado (territorios) por 50, por 99 años”.
Chile arrebató a Bolivia su litoral en la guerra de 1879. Desde entonces, el Estado boliviano reivindica el derecho de retornar al Pacífico. “Quien en este momento dice que es imposible debatir, discutir el retorno al mar con soberanía, ignora la historia de los dos países”, sostuvo y advirtió que “no callarán” la posición boliviana.
El 23 de marzo, el gobierno de Morales anunció la decisión de recurrir a instancias internacionales para resolver el diferendo con Santiago. “Vamos a seguir buscando diálogo bilateral, multilateral, pero también, por primera vez, vamos a apelar a la comunidad internacional, a los tribunales para que Chile nos devuelvan salida al mar con soberanía”, dijo.
Afirmó que ex gobernantes “hicieron callar” la reivindicación porque conoció que en la Academia Diplomática, dependiente de la Cancillería, “habían prohibido hacer investigación, estudios, tesis, sobre los tratados, límites, paralelos con Chile”.
Pobladores de Charaña enarbolaban carteles con frases como “el mar nos pertenece por derecho”. En 1975, los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet se reunieron en esta región.
Piñera habló sobre  Bolivia con Brasil
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, habló con el canciller de Brasil, Antonio Patriota, sobre la decisión boliviana de apelar ante tribunales internacionales por una salida soberana al océano Pacífico.
Según fuentes chilenas, citadas por La Tercera, Patriota expuso su visión del asunto y Piñera, por su parte, explicó la posición que ha sostenido Chile: pedirle a La Paz que elija entre la demanda o mantener el diálogo.
“Escuché con mucha atención lo que plantearon las autoridades chilenas, el presidente Piñera y, como sabe, nuestro deseo es contribuir a una Sudamérica de integración”, indicó Patriota.
Piñera, el viernes, aseguró que es imposible hablar de soberanía. “Siempre dijimos que Chile tiene la mejor posición y hemos avanzado mucho. Por ejemplo, estamos construyendo el ferrocarril Arica-La Paz, habilitamos el puerto de Iquique, además el de Arica y Antofagasta para facilitar el  comercio boliviano, hemos avanzado en el Tratado de Libre Comercio con Bolivia, pero ellos pretenden algo imposible”, afirmó. Ese mismo día sostuvo que no se debe confundir búsqueda de clima de buenas relaciones con debilidad.
Opinión – Perspectiva
Bolivia vs. Chile
La Razón – 3 de abril de 2011

El 20 de octubre del 2004, al cumplirse 100 años de la firma del Tratado que dejó a Bolivia jurídicamente enclaustrada, los hermanos Víctor Hugo y Wilfredo Chávez presentaron una propuesta de demanda judicial contra Chile al presidente Carlos Mesa, quien, a pesar de creer que el ámbito multilateral es un buen camino para llegar al mar, ignoró la referida propuesta, o al menos no la incluyó en su política de “gas por mar” que, cabe recordar, vino condimentada con un salado discurso antichileno. 14 meses después, el día que Evo Morales asumió la presidencia, los hermanos Chávez enviaron su propuesta al flamante Mandatario, quien hasta el momento no la utilizó y adiós al mar para siempre si decide hacerlo.
La demanda de los Chávez, que en los últimos días ha cobrado mayor actualidad, plantea someter el caso de la controversia que genera el enclaustramiento boliviano al Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya (TPA), basada en argumentos fácilmente rebatibles y planteados en la más insólita subestimación del profesionalismo de la diplomacia chilena, entre los cuales destaca el falso alegato de que Bolivia nunca reconoció el dominio de Chile sobre los territorios de Atacama, situados entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur; lo cual es una terrible equivocación, porque dicha entrega se formalizó en el Acta
Protocolizada del Tratado de 1904, firmada el 15 de noviembre de 1904 y ratificada por ambos países.
Pero los Chávez, no sólo desconocen la existencia de dicho acuerdo, sino también de la nota entregada a la Cancillería boliviana el 12 de febrero de 1879 por el encargado de Negocios de Chile, Pedro Nolasco Videla, luego de que Bolivia no contestara, en el plazo exigido por Chile, la propuesta de llevar el conflicto al arbitraje de Estados Unidos. En dicha nota, Chile desconoce unilateralmente el Tratado de Límites firmado el 6 de agosto de 1874, que, 132 años más tarde, los Chávez pretenden llevar al TPA para que éste determine su vigencia.
Y eso no es todo, los Chávez tampoco conocen los documentos que invalidaron el Tratado sobre Transferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, mediante el cual, Chile se comprometió a entregar a Bolivia una salida soberana al mar, es decir, que desconocen los Protocolos del 9 de diciembre de 1895 y del 30 de abril de 1896, que condicionaron la entrada en vigor de dicho Tratado a la aprobación de las reservas que el Congreso boliviano había opuesto a su ratificación, pero que Chile nunca aprobó. No obstante, la supuesta vigencia de dicho instrumento es otro de los cuestionables argumentos que sustenta a la demanda de los Chávez.
En conclusión, los Chávez creyeron haber descubierto algunos “descuidos chilenos” que nos darían los alegatos jurídicos suficientes como para interponer una demanda marítima que pudiese tener éxito, y por ello presentaron una propuesta como si nunca antes en la historia de la diplomacia boliviana se hubiese considerado esa posibilidad, creyendo que basta saber de leyes y muy poco de historia para diseñar una estrategia de política exterior y, lo peor de todo, asumiendo que los chilenos no conocen algunos conceptos básicos del Derecho Internacional. En pocas palabras, la demanda de los Chávez es una clara expresión de lo que se entiende por “viveza criolla”.

* Andrés Guzmán Escobari es economista y diplomático

domingo, 3 de abril de 2011

Repensando la Justicia... con Carlos D. Mesa

Justicia: tiempo de rectificar


Este escenario se revela con mayor crudeza cuando, como ocurre con monótona regularidad, se pone al descubierto que el Gobierno pierde autoridad moral para acusar a nadie, dado el interminable y sucesivo rosario de escándalos que van desde el caso Catler (contrato petrolero) hasta el caso Sanabria (narcotráfico), pasando por el caso Rózsa (manipulación de testigos).
Es tiempo de que se dé un giro de timón de 180 grados si se pretende contar con un mínimo de credibilidad en la administración de justicia, uno de los pilares esenciales de cualquier proceso democrático, más aún si recordamos que una de las grandes promesas de Morales en las elecciones de 2005 y 2009 fue llevar adelante una revolución ética.

Las tareas de rectificación que quienes gobiernan deben encarar si quieren salvar este proceso son pocas pero cruciales.

Las autoridades deben comenzar por someterse a la Constitución (CPE), que reza en su artículo 140: "I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni ningún otro órgano o institución podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución. II. No podrá acumularse el poder público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna".

La Asamblea al aprobar una ley que faculta al Presidente a nombrar a dedo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional ha violado la Constitución, pues ha concedido a un órgano (el Poder Ejecutivo) y a una persona (el Presidente) facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la CPE, con lo que ha subordinado a un Poder del Estado, el Judicial, y ha vulnerado los derechos y garantías reconocidas en la CPE, que han quedado a merced del Poder Ejecutivo y del presidente Morales. Para remediar este grave atentado es imperativo hacer la convocatoria inmediata a la elección popular de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

A su vez, el Vicepresidente ha prolongado inconstitucionalmente el mandato del fiscal general del Estado. Es imperativo que la Asamblea designe por dos tercios de votos a un fiscal general que sea legítimo.

La Asamblea al aprobar la Ley Marco de Autonomías ha violado la Constitución al establecer que una autoridad electa por voto popular puede ser suspendida ante simple acusación de un fiscal de materia, pues ha concedido a una persona (un fiscal ordinario) facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la CPE, con lo que se subordina a un poder del Estado, el Electoral, y –lo más grave– desconoce lo más importante: el pilar en el que se basa la democracia, el voto, que es la voluntad soberana del pueblo, inviolable y sagrada. Es imperativo derogar todo lo referido a este tema en la Ley de Autonomías.

El municipio de Tarija debate un proyecto denominado Ley Orgánica Municipal de Garantías Democráticas, que recoge la idea de que una autoridad municipal electa (lo que vale para una autoridad departamental electa) que haya sido acusada penalmente podrá (condicional, no obligatorio) pedir licencia provisional para ejercer su defensa sin perjuicio de volver al cargo en cualquier momento. El proyecto considera que sólo una sentencia obliga a esa persona a alejarse definitivamente del cargo. Si este instrumento se aprueba en Tarija, sentará un precedente de enorme importancia para la defensa de nuestra democracia.

De lo que se trata es de recuperar uno de los derechos básicos del ciudadano: la presunción de inocencia. Ese derecho ha sido negado de modo desconsiderado e ilegal –pues vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenciones internacionales sobre la materia– por la Constitución en su artículo 123, cuando establece la retroactividad de la ley en casos de corrupción. El bien buscado, el fin de la impunidad, da lugar a un mal mayor, la aplicación arbitraria de leyes y penas aprobadas después de la comisión del delito, o la tipificación de delito de una acción que en el momento de ejecutarse no lo era, además del establecimiento de penas mayores a las establecidas cuando el delito se cometió.

Si el Gobierno no rectifica esta ruta equivocada y perniciosa, acabará deslegitimando no sólo su discurso, sino aquellos avances que quiere consolidar en una transformación para bien de las instituciones y de la sociedad. Estamos en un pantano que amenaza con hundir a quienes lo crearon.

Fuente: Los Tiempos
Fecha: 03-Abril-2011


La oficina de Naciones Unidas en Bolivia ha puesto en evidencia que en el país la justicia está politizada. Es una afirmación que no hace sino ratificar lo que todos sabemos, lo que buena parte de la comunidad internacional le ha dicho en voz baja al Presidente y su Gobierno, lo que los asilos políticos y refugios otorgados a decenas de compatriotas en Paraguay, Perú, Brasil y otras naciones confirma, lo que sufrimos en carne propia quienes somos sometidos a acusaciones sin fundamento como parte de una política de amedrentamiento que hace el Poder Ejecutivo de modo sistemático contra sus adversarios.

viernes, 1 de abril de 2011

AMNISTÍA INTERNACIONAL: PENA DE MUERTE EN EL AÑO 2010

Pena De Muerte En El Año 2010:


Los países que llevan a cabo ejecuciones, aislados tras una década de avances


Según el informe sobre las condenas a muerte y ejecuciones en 2010, los países que siguen utilizando la pena de muerte se están quedando cada vez más aislados tras una década de avances en el camino hacia la abolición.

Un total de 31 países han abolido la pena de muerte en los últimos diez años, pero Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen siguen figurando entre los que llevan a cabo más ejecuciones, vulnerando en algunos casos de forma flagrante las normas internacionales de derechos humanos.

Las ejecuciones registradas oficialmente por Amnistía Internacional en 2010 se elevaron al menos a 527, lo que supone un descenso respecto al año pasado, en el que como mínimo fueron 714. Al parecer, China llevó a cabo miles de ejecuciones en 2010, pero este país sigue manteniendo su hermetismo habitual sobre el uso de la pena de muerte.

“En 2010, los pocos Estados que siguen utilizando de manera sistemática la pena de muerte llevaron a cabo miles de ejecuciones, en contra de la tendencia global a la abolición de la pena capital”, señaló Salil Shetty, Secretario general de Amnistía Internacional.

“Las ejecuciones pueden estar disminuyendo, pero en varios países continúan imponiéndose penas de muerte por delitos como los relacionados con drogas, los económicos, el mantenimiento de relaciones sexuales entre adultos con consentimiento mutuo y la blasfemia, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos que, excepto en el caso de los delitos más graves, prohíben el uso de la pena de muerte”, agregó Salil Shetty.

Asia y Oriente Medio son las dos regiones en las que se llevan a cabo más ejecuciones.

En 2010, China siguió utilizando la pena de muerte contra millares de personas por una amplia variedad de delitos, entre ellos algunos no violentos, y tras procedimientos que no cumplían las normas internacionales sobre justicia procesal.

Un porcentaje notable de las ejecuciones o condenas a muerte registradas en 2010 en Arabia Saudí, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Laos, Libia, Malasia, Tailandia y Yemen tuvo que ver con delitos relacionados con drogas.

En 2010, haciendo caso omiso de las prohibiciones internacionales, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Pakistán condenaron a muerte a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.

En el informe de Amnistía Internacional se ponen de relieve que en 2010 se registraron también algunos retrocesos, pues en seis países y territorios se reanudaron las ejecuciones y en uno se amplió el ámbito de aplicación de la pena capital.

“Pese a algunos retrocesos, gracias a las novedades registradas en 2010 estamos más cerca de conseguir la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. El presidente de Mongolia anunció una suspensión del uso de la pena capital, un primer paso importante teniendo en cuenta que en ese país la pena de muerte sigue siendo secreto de Estado. Y por tercera vez, y con más apoyo que nunca, la Asamblea General de la ONU pidió una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo”, señaló el secretario general de Amnistía Internacional.

Desde 2003, menos de la mitad de los países retencionistas han llevado a cabo ejecuciones. Y se tiene noticia de que en menos de una tercera parte se han ejecutado penas de muerte en cada uno de los últimos cuatro años.

“Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones no tienen en cuenta el hecho de que tanto las normas internacionales de derechos humanos como los organismos de derechos humanos de la ONU han sostenido de manera sistemática que la abolición de la pena de muerte debe ser el objetivo último.”

“Un mundo sin pena de muerte no sólo es posible, sino inevitable –señaló Salil Shetty–. La cuestión es saber cuándo lo conseguiremos.”

Resúmenes regionales

América
·           En Estados Unidos, el único país de América en el que se llevan a cabo ejecuciones, se impusieron al menos 110 penas de muerte en 2010, es decir, aproximadamente un 70 por ciento menos que a mediados de la década de 1990. Y en marzo de 2011 Illinois se convirtió en el 16 º estado en abolir la pena capital.

Asia y Oceanía
·           En 2010, Amnistía Internacional no pudo confirmar ninguna cifra global respecto al uso de la pena de muerte en China, Corea del Norte, Malaisia, Singapur y Vietnam, pero tuvo noticia de que se habían llevado a cabo ejecuciones en todos estos países. Se recibió información según la cual se habían llevado a cabo al menos 82 ejecuciones en otros cinco países de la región.
·           En 2010, en 11 países (Afganistán, Brunéi, Corea del Sur, Indonesia, India, Laos, Maldivas, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia) se impusieron penas de muerte, pero siguieron sin llevarse a cabo ejecuciones.
·           En Oceanía siguieron sin imponerse penas de muerte ni llevarse a cabo ejecuciones.
·           En enero de 2010, el presidente de Mongolia anunció una suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.

Europa y Asia Central
·           Después de que en 2009, por primera vez en la historia, no se hubiera llevado a cabo ninguna ejecución en Europa ni en la ex Unión Soviética, las autoridades bielorrusas llevaron a cabo dos en marzo de 2010.  En Bielorrusia se impusieron tres nuevas penas de muerte en 2010.

Oriente Medio y el Norte de África
·           En 2010, el número de condenas a muerte y ejecuciones en Oriente Medio y el norte de África disminuyó respecto al año anterior. Sin embargo, cuando se aplicaba la pena de muerte, solía hacerse tras juicios injustos y por delitos que, como el narcotráfico o el adulterio, no estaban reconocidos como los “más graves”, en contra de lo dispuesto en  el derecho internacional.
·           Las autoridades de Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos y Sáhara Occidental y Túnez continuaron imponiendo penas de muerte, pero siguieron absteniéndose de ejecutarlas.
·           Las autoridades iraníes reconocieron que en 2010 se había ejecutado a 252 personas, entre ellas cinco mujeres y una condenada por delitos cometidos cuando era menor de edad. Amnistía Internacional recibió informes dignos de crédito según los cuales a estas ejecuciones habría que añadir las más de 300 no reconocidas oficialmente, la mayoría de ellas llevadas en cabo en la prisión de Vakilabad, en la localidad de Mashhad. La mayoría de éstas últimas lo fueron por delitos relacionados con drogas. En Irán se ejecutó a 14 personas en público y continuaron imponiéndose numerosas penas de muerte.

África Subsahariana
·           En 2010, un Estado africano más, Gabón, suprimió la pena de muerte, con lo que se elevó a 16 los países abolicionistas miembros de la Unión Africana.
·           Se tuvo noticia de que en 2010 se habían llevado a cabo ejecuciones en cuatro países del África Subsahariana: Botsuana (1), Guinea Ecuatorial (4), Somalia (al menos 8) y Sudán (al menos 6).

Fuente: Informe Anual 2010 de Amnistía Internacional, disponible en el sitio Web: http://www.amnesty.org/