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Tal indeterminación, sin duda, es del todo admisible dentro de la disciplina de la retórica; sin embargo, hay una certeza: hilvánese una red de afirmaciones coherentes que de manera sustentable atribuya los laureles del triunfo ya sea al Gobierno o a los marchistas, no cabe duda de que se tratará, en cualquiera de los dos casos, de una victoria pírrica.
El belicoso general Pirro de Epiro ganó muchas batallas a los romanos, aunque la cantidad de bajas para sus huestes “triunfantes” eran tantas que la victoria realmente distaba mucho de serlo. Fue así que tras recibir una felicitación por su éxito en un combate, Pirro lanzó su famosa máxima antitética: “Otra victoria de estas y estamos perdidos”, cosa que muy bien podría ser dicha tanto por el Gobierno como por los marchistas, en el caso de que cada una de estas partes se sienta la ganadora del tire y afloje de la IX marcha indígena que duró 62 días, además de 14 días de estadía en La Paz.
La politóloga María Teresa Zegada expresa muy bien esto mediante la omisión. “Si se hace un balance de lo sucedido, se evidencia que los saldos más negativos los llevó el Gobierno”, asegura. (Se puede deducir, por ausencia, que los saldos “menos negativos” fueron para los indígenas movilizados, lo que no es algo digno de ser reivindicado como un triunfo. “La victoria de los indígenas fue pírrica”, dice Zegada).
De acuerdo a esta analista, el Gobierno se llevó la peor parte al derrumbarse el universo simbólico que sostenía discursivamente al oficialismo, el cual estaba asentado en los originarios. “Simbólicamente, los indígenas eran fundamentales para el sustento ideológico del Gobierno, el conflicto por el TIPNIS erosionó esta base”, dice Zegada, quien añade que esta “perforación” es la más complicada y se vio en la negativa al diálogo.
En este sentido, argumentar que el Gobierno es el victorioso, pues los marchistas retornaron a sus poblaciones sin que el oficialismo haya cedido en ningún punto de su pliego, es afirmar, de igual forma, una victoria pírrica a costa de los cimientos simbólico-discursivos del Movimiento Al Socialismo (MAS); lo que no es poca cosa, en cuanto a postura o impostura de una discursividad.
Afirmar que los triunfantes fueron los indígenas lleva a la misma conclusión: hubo un costo alto, humano literalmente; es decir, en vidas y deterioro de la salud. Decir que los marchistas ganaron, entonces, será como poner en evidencia una posible impostura ideológica del Gobierno a costa de las vidas y salud de los movilizados. Sin embargo, ni un punto de su pliego tuvo éxito. Una vez más, la victoria está muy lejos de serlo en realidad.
El politólogo Fernando Mayorga hace una evaluación de cómo ambas partes manejaron su discurso. El Gobierno —dice el analista— tenía la ventaja discursiva de interpelar a las subcentrales del TIPNIS en la medida en que aceptó, como no lo hiciera en la VIII marcha, la consulta previa. “Por esto podían hablar del mecanismo como un procedimiento democrático”. En contraste —continúa—, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) tenían una limitación discursiva, pues la marcha fue planteada en contra de la Ley 222, que convoca a la consulta, lo que hacía parecer que se estaba en contra de un proceso democrático (a esto mismo Zegada llama “una demanda ambigua”).
Este último pedido fue aprovechado por el Gobierno para tachar a la marcha de antidemocrática. Según afirma el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, a esa falencia hay que añadir que “la marcha partió sin pliego petitorio”, el mismo que llegó a manos del Gobierno cinco días después de haberse iniciado la movilización desde Trinidad.
Como siguiendo con el motivo de la victoria a un elevado costo, Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras y marchista de las dos últimas movilizaciones de la Cidob, dice que, a consecuencia de la estrategia estatal de dividir al movimiento indígena (maniobra que también perciben Zegada y Mayorga), el Gobierno “ha perdido por completo al departamento de La Paz”.
“El día de la llegada a la ciudad (La Paz), la convocatoria oficialista contra el supuesto ‘golpe de Estado’ y la defensa del proceso sólo llegó a 4.000 personas, lo que tal vez es mucho decir: 2.500 campesinos y 1.500 funcionarios públicos”.
En cuanto a errores de los dirigentes vinculados al éxito o fracaso de la medida de presión, Almaraz señala uno que prefiere no llamar “error”. “No diría que los marchistas se hayan equivocado, sino algunos de sus líderes, como el caso de Justa Cabrera que se vinculó, de una manera desconsiderada hacia su movimiento, con los políticos de la derecha; eso tuvo alguna influencia negativa en la opinión pública a partir de la instrumentación mediática que de ello hizo el Gobierno”, evalúa.
En esta misma dirección, Navarro señala que lo que demostró la movilización es “una falta de identidad ideológica de los dirigentes al haberse aliado Adolfo Chávez con Rubén Costas.” Para esta autoridad, también quedó develado que los cabecillas indígenas tenían vínculos con “intereses empresariales, como Fernando Vargas, que recibió dinero de Bingo Bahití”.
Por su parte, Adolfo Mendoza, senador por Cochabamba del Movimiento Al Socialismo (MAS), cree que la enseñanza fue una consecuencia de la puesta en evidencia de una “visión de confusión sobre los alcances de los derechos indígenas”, pues, en su criterio, los dirigentes de la Cidob no supieron activar los mecanismos adecuados, por lo que la lección final de este encadenamiento de ideas es “que los derechos indígenas no pueden estar subordinados a temas ambientales”.
La percepción de Mayorga sobre qué se concluye de la IX marcha es que ahora existe una nueva forma de negociación de conflictos entre indígenas y Estado, la cual es bien conocida por los bolivianos si se la compara con la demanda sobre el mar que Bolivia pretende hacer de manera multilateral mientras que Chile insiste en el diálogo bilateral: “el nuevo modo del Gobierno de lidiar con los indígenas se hará ahora de un modo digamos ‘bilateral’, pues puso en cuestión las organizaciones matrices de éstos, ignorándolas y pactando sólo con los habitantes del lugar en conflicto, es decir, con los afectados directos”.
Puede añadirse también que la marcha partió débil porque ya se había agotado su efectividad al “repetirse el repertorio”, según Zegada. Tal vez, otra estrategia habría sido menos desgastante y más práctica. Por otro lado, el Gobierno quedó desprestigiado por su negativa al diálogo, la gasificación derivada de la movilización del colectivo Mujeres Creando en La Paz, y la estrategia divisionista, la cual fue apuntada por los analistas consultados en este escrito.
‘Algunos compañeros regalaron su conciencia’: Nelly Romero, vicepresidenta de la Cidob
Lamentablemente, algunos de nuestros compañeros han regalado su conciencia, porque no se puede decir ni siquiera que la hayan vendido. Con el conflicto se vio que el Gobierno está intentando hacer una esclavitud encubierta. Somos indígenas, pero no somos ignorantes; ahora es el momento de defender nuestra causa en el territorio mismo del TIPNIS.
‘No se pudo impedir que se cumpla la CPE’: Adolfo Mendoza, senador por el MAS
Una de las lecciones que se saca de la IX marcha es que no se pueden efectuar acciones que tengan por objetivo impedir que la Constitución Política del Estado se cumpla; en este caso, el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. La segunda enseñanza es que se ha demostrado la fortaleza de esta nueva institución de la democracia, es decir, de la consulta previa.
‘El Gobierno debería revisar su postura’: María Teresa Zegada es politóloga
La lección es para el oficialismo, que debe revisar su postura, porque este conflicto no se limita a las pequeñas batallas que se han estado viendo, sino que toca un aspecto estructural de la gestión de Gobierno. Sin embargo, ambas partes hicieron una mala evaluación de sus estrategias. La marcha partió debilitada; el Gobierno, en cambio, erró al no querer negociar con los marchistas.
‘Movimiento indígena no es homogéneo’: César Navarro, viceministro de Movimientos Sociales
La lección que deja la IX marcha es que el movimiento indígena no es homogéneo y que en su interior existen, por un lado, los intereses de los pueblos indígenas y, por otro, los de los dirigentes. Esto la fractura interna de su movimiento. Una segunda enseñanza es que los territorios indígenas se han constituido en espacios de enriquecimiento de los dirigentes.
‘Se vio el fracaso de la estrategia del Estado’: Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras
La gran lección o revelación de la IX marcha es el fracaso de la estrategia estatal que combinó una carísima campaña mediática con una ofensiva divisionista del movimiento indígena que debía dar el resultado de que la marcha no parta o no llegue a La Paz o lo haga de manera intrascendente; sin embargo, eso no pasó, la movilización tuvo casi la misma dimensión que el año pasado.
‘Se forma una nueva institucionalidad’: Fernando Mayorga es analista político
Lo que se ve es la configuración de una nueva institucionalidad en la democracia intercultural y su compleja relación entre distintas instituciones: se tiene una ley de consulta, una marcha que protesta contra esa norma y pide se respete una anterior, y la sentencia del Tribunal Constitucional. Se ve la compleja relación entre poderes que orienta el accionar del Ejecutivo y del Órgano Electoral.
Carretera del TIPNIS, un conflicto de fondo
El debate sobre el conflicto acerca de la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se trata mucho más que de un camino, según los analistas y autoridades consultadas. La politóloga María Teresa Zegada considera que la pugna es sólo una entre muchas que pueden empezar a desencadenarse “por una contradicción no resuelta en el país, la que ha puesto en el tablero del escenario una confrontación de visiones distintas, no sólo respecto del desarrollo, sino también del concepto de plurinacionalidad”.
En su criterio, se puede encontrar elementos comunes entre el conflicto del TIPNIS, Mallku Khota y otros “que van a abrir un proceso de contradicciones que es necesario detener y encarar”.
Según el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, el conflicto no se trata de dos visiones de desarrollo, sino de bolivianos que quieren una mejor calidad de vida y otros que quieren seguir lucrando con el parque nacional.
En cambio, para Nelly Romero, vicepresidenta de la Cidob, fiel a Adolfo Chávez, el fondo del problema es el territorio. “Ahora será el del TIPNIS, pero mañana se puede vulnerar cualquier otra tierra comunitaria”.
Adolfo Mendoza, senador del MAS, dice que en realidad se trata de una búsqueda de equilibrio entre “el bien común y la legitimidad del derecho a la diferencia”. La opinión del exministro de Tierras Alejandro Almaraz dista de todas las opiniones anteriores. “El fondo del conflicto es claro, se trata de ampliar la producción de cocaína en el TIPNIS; no hay otra causa”, afirma.
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