EL TSE BUSCARÁ FLEXIBILIZAR SANCIONES A LOS MEDIOS EN LA ELECCIÓN JUDICIAL
Elecciones Judiciales. Ve complejo abrir paso a las entrevistas a candidatos
La Razón – 9 de mayo de 2011
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizará fijar sanciones intermedias a la inhabilitación de medios para difundir propaganda electoral, por infracciones en las judiciales, pero ve difícil autorizar entrevistas para candidatos, como sugirió el Legislativo.
La información la proporcionó el presidente del Poder (Órgano) Electoral, Wilfredo Ovando, quien explicó que estos temas serán parte del análisis de la Sala Plena que aprobará los reglamentos que regirán el inédito proceso eleccionario judicial previsto para octubre.
Uno de los temas que se deberá reglamentar está referido a las sanciones contra los medios que infrinjan las prohibiciones como el dar espacios de opinión o participación, difundir información distinta a la que emita el TSE y referirse positiva o negativamente a uno de los postulantes.
Según el artículo 84 de la Ley del Régimen Electoral, la sanción para los medios infractores es la “inhabilitación para emitir propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato”.
Ovando informó que se analizará la posibilidad de establecer sanciones intermedias. “Vamos a encontrar algunas particularidades nosotros, creo, porque las sanciones tienen que establecerse según el grado de culpa y responsabilidad.
Vamos a categorizar, creo, las sanciones”, adelantó la autoridad, aunque evitó detallar sobre las posibles sanciones intermedias que podrían establecerse.
Los candidatos están prohibidos de efectuar campañas o propagandas sobre su postulación, emitir opiniones, dirigir o participar de programas en medios de comunicación y de acceder a entrevistas periodísticas.
El plenario de la Asamblea Legislativa, a través de una resolución, sugirió al Tribunal Electoral "permitir a los candidatos estar en televisión y acceder a entrevistas que tengan que ver con su carrera y trayectoria, para que todos los candidatos tengan la misma oportunidad de darse a conocer a la opinión pública", reporto ANF
El presidente de Diputados, Héctor Arce, afirmó ayer, en una entrevista en la red Patria Nueva, que, evidentemente, la reglamentación sobre el tema de los medios es atribución del Tribunal Electoral, sin embargo consideró válida la recomendación.
“Se puede reglamentar tranquilamente, por ejemplo, de que en los programas de entrevistas, si se van a hacer entrevistas a candidatos al Tribunal Constitucional participen por sorteo cuatro entrevistados, mientras otros cuatro en un programa siguiente y así sucesivamente”, propuso.
Para Ovando es complejo pretender abrir esta posibilidad porque la Constitución y la Ley del Régimen Electoral ponen límites y dejan al Tribunal la responsabilidad de difundir los méritos de los candidatos. Sin embargo, explicó que analizarán la sugerencia de Arce y del Legislativo.
El presidente Evo Morales sostuvo en entrevista en la red Patria Nueva que si se habilitan entrevistas deben ser por igual para todos los futuros candidatos.
“Dicen que se está coartando la libertad de expresión en la campaña, pero saben los medios de comunicación que las campañas electorales son un beneficio económico”, expresó Morales.
¿Qué hay detrás de las elecciones judiciales?
El desafío de los comicios judiciales
La Razón – 8 de mayo de 2011
Voy a empezar recordando que en todos los talleres, reuniones y asambleas a los que asistí en la etapa preconstituyente, cada vez que se hablaba de Poder Judicial (hoy Órgano), habían tres elementos que la gente (hombres, mujeres, urbanos y rurales, mestizas o indígenas) repetía una y otra vez:
1. Las autoridades judiciales se eternizan en sus puestos y en el poder, al menos diez años.
2. Las autoridades judiciales están ahí por favores políticos, y esas deudas se cobran tarde o temprano.
3. No hay justicia para las mayorías en Bolivia; el que no tiene plata, no tiene justicia.
Yo no digo que estas condiciones contra las cuales la gente se reveló ya hayan sido modificadas en la realidad, luego de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) y las cinco leyes orgánicas.
Sin embargo, la CPE diseñó respuestas constitucionales a estas preocupaciones y se construyeron colectivamente, desde esos mismos espacios (asambleas, talleres, reuniones), no en el escritorio de algún iluminado:
1. Se acortaron los mandatos de las autoridades judiciales, beneficiando el recambio de las mismas.
2. Se elegirán por voto popular, por primera vez en la historia de nuestro país, y siendo la primera nación en el mundo, a las autoridades judiciales, en reemplazo del viejo cuoteo político del Órgano Judicial. La condición fundamental para este proceso es evitar la politización partidaria de estas elecciones.
3. No es posible pensar en la existencia real de justicia para todas y todos, sin cambios profundos en los operadores de justicia y en la estructura de un órgano del Estado tan lejano para la gente, además de los contenidos de las leyes, desde el tipo de lenguaje hasta la posibilidad de que éstas cambien la calidad de vida de la gente.
Ahora bien, pasemos al momento actual…
Ahora bien, pasemos al momento actual…
Evitar la politización partidaria de esta elección implica el desarrollo en las leyes y el reglamento de los principios constitucionales. No se trata sólo de buenas o malas intenciones. Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas no pueden postular ni respaldar en esta elección; las postulaciones se hacen desde la sociedad civil, organizada o no.
Éste es sólo el primer paso. La Asamblea Legislativa Plurinacional, como cuerpo fundamental de la democracia representativa, preseleccionará de entre las y los postulantes que cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes.
Esta preselección no se basa en los cuoteos políticos, como fue en 1999, sino en que las y los asambleístas, representantes legítimos del pueblo boliviano, tenemos la tarea de preseleccionar a las mejores personas para que luego el pueblo boliviano defina con su voto.
El cumplimiento de requisitos, por si alguna duda cabe, también es un mandato constitucional. Hemos escuchado voces detractoras de este proceso que dicen ‘esta preselección sería democrática, si los académicos y colegios de abogados participaran de ella’. ¿Son estos entes o sus directivas acaso elegidos de manera más democrática que las y los asambleístas? Pues, la respuesta es un NO rotundo. ¿Es la elección una cuestión fundamentalmente de académicos y abogados? Otra vez, NO; somos todos los y las ciudadanas y ciudadanos, los pueblos indígena originario campesino, los que sufrimos la falta de justicia y la insensibilidad de estos operadores de justicia.
El segundo mandato constitucional para garantizar la despolitización partidaria de este proceso es la prohibición expresa de campaña por parte de las y los postulantes. Esto no significa la prohibición de difusión de información.
Esto se garantiza habilitando al administrador del proceso, es decir, al Tribunal Supremo Electoral, para que sea la entidad neutral que haga conocer a la población la trayectoria de cada una o uno de las y los candidatos. Los filtros de construcción marquetinera del asunto se ven francamente limitados, pero, definitivamente, no la libertad de expresión y de pensamiento.
Se trata de candidaturas sui géneris, que no tienen que ofrecer un programa de gobierno, proyectos, obras, ni nada por el estilo. Su deber será cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Las diferencias fundamentales entre estas personas tienen que ver con su trayectoria, experiencia, pero por sobre todas las cosas su comprensión de las posibilidades reales de una revolución judicial en un país de tantas desigualdades a la hora de la “justicia”.
Garantías en una batalla larga
Voy a dar, además, un pequeño pincelazo de otra revolución dentro de ésta. Se garantiza por primera vez la presencia de mujeres y personas con autoidentificación indígena originaria campesina en las instancias máximas de toma de decisiones del Órgano Judicial.
¿Tendremos las grandes mayorías excluidas de nuestra Bolivia, mujeres y pueblos y naciones indígenas originarias, con esta política de Estado, garantizados nuestros derechos? Pues creo que es un gran avance, de cara a una región donde la participación en espacios de toma de decisiones de mujeres e indígenas es todavía escasa. Sin embargo, no es garantía… Esa batalla es todavía muy larga.
¿Se imaginan cuánto podría cambiar el Órgano Judicial con mujeres comprometidas con nuestros derechos humanos? ¿Se imaginan si las y los operadores de justicia tuvieran metidos en sus entrañas el Estado Plurinacional, la diversidad étnica y cultural, la realidad de pobreza y barreras que provocan la exclusión y el marginalismo? Ésa, creo yo, es la posibilidad que tenemos en las manos todas y todos en la elección de octubre.
Gabriela Montaño Viaña es senadora del Movimiento Al Socialismo
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