EL PUNTO SOBRE LA I
Colapso judicial ante las elecciones de octubre
Un repaso a la situación del tercer órgano
La Razón – 22 de mayo de 2011
En números, ese colapso de la justicia se explica de la siguiente manera: La gestión 2009 se cerró con 272.000 causas pendientes que sumadas a las 335.000 ingresadas el año pasado hacen un total de 636.000, de las cuales se resolvieron 279.000, apenas un 45%.
La convocatoria a las elecciones de octubre encuentra al Órgano Judicial sumido en un colapso jurídico por el fracaso de las leyes y códigos que no responden a la realidad boliviana y, además, con muchas interrogantes que deberán absolver las autoridades que resultarán elegidas en un proceso electoral inédito en el país.
Por mandato constitucional, los bolivianos volverán a las urnas el 16 de octubre para elegir las nuevas autoridades judiciales.
Previamente, la Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará por dos tercios de voto a 125 postulantes, de los que 56 ocuparán los cargos dispuestos en el Órgano Judicial Plurinacional.
Para el Tribunal Supremo de Justicia se requieren dos magistrados por departamento, nueve titulares y nueve suplentes. Para el Tribunal Agroambiental, siete titulares y siete suplentes. Para el Consejo de la Magistratura, cinco titulares y cinco suplentes, y para el Tribunal Constitucional Plurinacional, siete titulares y siete suplentes.
Si bien con esas justas electorales los órganos Ejecutivo y Legislativo, en coordinación con el Electoral, pretenden renovar el sistema judicial en el país, aquéllas coincidirán con un Poder Judicial sumido en una profunda crisis estructural.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge von Borries, considera que el sistema judicial ha colapsado, principalmente por la acumulación de las causas debido al fracaso de las leyes y códigos vigentes en el país. Dice, por ejemplo, que se pensaba que con la reforma penal los juicios orales podrían ser una solución, pero en la práctica no resultaron.
En su criterio, existen causas que están esperando por más de ocho meses para ingresar a juicio oral en los tribunales de sentencia. No se las puede desarrollar porque, previamente, hay otros procesos haciendo cola con ese mismo fin. “Entonces ha colapsado el sistema judicial en materia penal y en todas las materias”.
De acuerdo con datos obtenidos por La Razón en el Consejo de la Judicatura, en números, ese colapso de la justicia se explica de la siguiente manera: La gestión 2009 se cerró con 272.000 causas pendientes que sumadas a las 335.000 ingresadas el año pasado hacen un total de 636.000, de las cuales se resolvieron 279.000, apenas un 45%.
Es decir, el 2011 comenzó con 356.000 procesos, la mayoría de ellos relacionados con juicios en materia penal y civil.
Claro, hay necesidad de cambios. Para el presidente del Tribunal Constitucional, Juan Lanchipa, ese colapso del sistema judicial tiene su origen en su separación de la realidad, debido a procedencia foránea. En su criterio, de todos los poderes públicos, el Órgano Judicial fue el único que nunca ha sufrido cambios.
Ya en el análisis más operativo, considera que en el país todavía existen poblaciones que no tienen acceso a la justicia. También hay jueces en provincias que no asisten a sus fuentes de trabajo, en las capitales todo el sistema ha colapsado y ese hecho ha dado lugar al surgimiento de la justicia indígena originaria.
La desconfianza en el sistema por la retardación de justicia es una de las grandes preocupaciones y a ella se suman los niveles de corrupción y la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración de justicia.
En Bolivia existen 776 juzgados, incluidos los agrarios, y distribuidos en las nueve cortes superiores. Para atender la demanda de la ciudadanía se requiere de la creación de otros 100 juzgados, particularmente cautelares, por el incremento de los procesos a raíz de las reformas penales.
El Poder Judicial tiene un presupuesto que alcanza a 528 millones de bolivianos anuales, de los que 238 millones son cubiertos por el Tesoro General de la Nación (TGN), 278 millones por ingresos propios y el resto proviene de créditos y donaciones.
La situación del Ministerio Público no es distinta. Cuenta con un total de 425 fiscales de materia para atender una población de más de casi 10 millones de habitantes; es decir, uno para atender las causas de 21.117 ciudadanos.
La intención de sus autoridades es lograr que en 328 municipios del país haya un fiscal. Sin embargo, los recursos son insuficientes. Para este año, por ejemplo, se solicitó un presupuesto de 208 millones de bolivianos, pero el Estado no otorgó ni la mitad de ese monto.
En el 2010, el Ministerio Público recibió en los nueve distritos 50.340 causas, de las que sólo 736 terminaron con sentencia ejecutoriada. Este dato también se refleja en las cárceles del país, ya que el 75% de los privados de libertad no tienen sentencia ejecutoria fruto del sistema judicial vigente en el país.
A este panorama se suman otros desafíos que deberán asumir y resolver las futuras autoridades judiciales.
Von Borries dice que el mayor reto es tener una justicia pronta, pluricultural y plurinacional. Su colega Ramiro Guerrero afirma que se deberá trabajar en la incorporación plena de la justicia indígena, además de lograr conciliación dentro de la nueva justicia y encontrar una salida ante la gratuidad de la justicia.
En tanto, Lanchipa cree que la tarea fundamental será poner en práctica y consolidar los derechos, los valores y las garantías establecidos en la Constitución Política del Estado; es decir, constituir la legitimación del Estado a través de sentencias del Tribunal Constitucional. “Esto es trabajar en materializar toda la Constitución y ponerla en práctica”, dice.
En el análisis externo, la presidente electa del Colegio de Abogados de Bolivia, Silva Salame, considera favorable la elección de magistrados, aunque discrepa en la forma cómo los candidatos serán preseleccionados. Así, pide a la Asamblea Legislativa que este proceso sea totalmente transparente y, además, expresa que el reto mayor de los futuros magistrados será administrar la justicia de manera independiente, pronta, justa y eficaz.
Quien más autoridad tiene en el asunto es el ex presidente de la República y ex presidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez Veltzé, por su experiencia en la administración de dos poderes del Estado.
En una entrevista anterior con Animal Político planteó dos desafíos para el nuevo Órgano Electoral: el primero, asumir que su desempeño sea más importante que su sola elección. También manifestó que el control social y la participación ciudadana sobre la función judicial deben ser efectivos a través del monitoreo sobre la predictibilidad e integridad de los fallos. En segundo término, agregó que se debe abrir una reflexión sobre una próxima reforma constitucional que discurra sobre la consistencia del diseño del Órgano Judicial y todo lo que comprenda para su mejor funcionamiento.
De cualquier manera, en el criterio de Von Borries, aparentemente este cambio de las estructuras del tercer órgano de poder del Estado comenzará por la conformación de los 56 cargos a través de elecciones populares, previstas para el 16 de octubre del 2011, sin una previsión que inicialmente plantee una reforma estructural, desde las reglas procedimentales, hasta la misma administración plural y urgente de administración de justicia.
“Por eso le digo que me parece un poco anticipado hacer las elecciones para esas nuevas autoridades, si primero no se dota a esas nuevas autoridades de los instrumentos que las hagan eficaces”, expresa. Las elecciones de octubre tienen sustento en la Ley 025 del Órgano Judicial Plurinacional, del 25 de junio del 2010.
La mayoría de sus 230 artículos entrará en vigencia cuando los 56 magistrados sean posesionados. Los comicios fueron convocados el 13 de mayo ante varios cuestionamientos por parte de sectores opositores al Gobierno y algunos gremios de periodistas.
Riesgos de más vacancias
El ministro de la Corte Suprema José Luis Baptista advierte que se puede registrar nuevas vacancias en el Órgano Judicial, que pueden generar mayor retardación de justicia debido a que la convocatoria a elecciones judiciales exige la renuncia previa de los candidatos, muchos de ellos jueces, vocales e, incluso, magistrados.
La Constitución Política del Estado, en uno de los incisos del artículo 238, establece que quienes postulan a algún cargo deben renunciar tres meses antes. Baptista manifiesta que esa disposición es adecuada cuando se trata de puestos los órganos Ejecutivo o Legislativo y no en el Judicial.
El espíritu de esa disposición fue para evitar que quien está en el ejercicio del poder pudiera utilizar sus influencias a su favor, pero en el caso de ministros de la Corte, vocales o jueces que están en la función jurisdiccional no tienen ningún poder.
Arguye que en el marco del derecho que tiene cualquier ciudadano a postularse a un cargo, como jueces, vocales o magistrados, la aplicación de la renuncia previa va a generar vacancias durante varios meses “y eso irá en perjuicio de la correcta administración de la justicia”. A ello se suma el hecho de que en el país ya existen juzgados vacantes.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan Lanchipa, no descarta en participar de las elecciones, aunque dice que todavía no ha analizado su postulación. Similar criterio tiene la presidenta electa del Colegio de Abogados de Bolivia, Silvia Salame.
Otras autoridades judiciales consultadas por este medio de comunicación expresan que están analizando si se postulan o no.
La gratuidad de la justicia, en espera
De acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial la gratuidad de la justicia comenzará a aplicarse de manera paulatina, una vez que las autoridades elegidas por voto popular asuman sus funciones y el Tesoro General de la Nación (TGN) cubra todos los costos que demanda la administración de la justicia en Bolivia.
Sin embargo, este tema se constituirá en un gran problema para el Estado, toda vez que actualmente el Órgano Judicial tiene un presupuesto de 530 millones de bolivianos, de los que 216 son financiados por el TGN y los restantes 314 millones son generados por ingresos propios.
Esos 314 millones se recaudan en todo el país por el cobro de los trámites en Derechos Reales, la venta de diferentes valores judiciales, como formularios notariales, carátulas judiciales, timbres, documentos expedidos por el Registro Judicial de Antecedentes Penales, además de cobros de cuantías.
El ministro de la Corte Suprema, Ramiro Guerrero, expresa su preocupación por el tema y dice que el problema es analizado por sus colegas, toda vez que la responsabilidad económica pasará a depender del próximo Tribunal Supremo de Justicia.
Actualmente, la administración de los recursos económicos está en manos del Consejo de la Judicatura, pero ahora la Constitución Política del Estado determina que el control de los recursos económicos y financieros pase nuevamente a la Corte Suprema. “Para ello, se requiere de toda una estructura financiera y una reingeniería organizacional del nuevo tribunal, y son estos elementos que estamos trabajando”, afirma.
La Ley 025 también ratifica la gratuidad de la justicia y señala: “El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo boliviano, siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La situación económica de las partes, no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación”.
La presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, Silvia Salame, considera que será muy difícil que el TGN asuma la responsabilidad de cubrir todos los gastos que demanda la gratuidad de la justicia en Bolivia.
EL PUNTO SOBRE LA I
‘Es precipitado hacer elecciones en este momento’
Jorge Von Borries
La Razón – 22 de mayo de 2011
El presidente de la Corte Suprema de Justicia considera que antes de las elecciones judiciales, el Estado debería propiciar la modificación del sistema judicial en Bolivia, de manera que los magistrados elegidos en octubre no se asienten en una estructura que tiene serias deficiencias, al punto del colapso institucional por la dificultad en la atención de miles de casos judiciales. No será posible hacer reformas hasta octubre debido a la falta de tiempo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries, percibe que las elecciones de octubre son apresuradas y que previamente a ese proceso debería realizarse la modificación de los códigos de procedimiento en todas las ramas.
Así, considera que los comicios no solucionarán o mejorarán la justicia y los futuros magistrados “no vendrán con una varita mágica”.
— ¿Cuál será el rol de las nuevas autoridades sin reformas?
— Con la Ley 025, del Órgano Judicial, se están aumentado los vocales a las cortes superiores; entonces, las cortes servirán de tapón. Allá quedará la mayor cantidad de las causas y aquí llegarán las con relevancia. Sólo así la Corte Suprema podrá trabajar con causas y, además, con todo el funcionamiento de la cabeza del Órgano Judicial con una serie de connotaciones. Para mí es un poco precipitado hacer elección en este momento, si no se ha reformado el sistema procesal.
— ¿Primero reformas a los códigos y luego las elecciones?
— Primero hay que reformar, tener un nuevo paquete de funcionamiento de estructura de la Corte Suprema. La Ley 025 ya está diseñando una nueva forma de estructura del nuevo Órgano Judicial Ordinario, pero no lo tenemos en detalle, no sabemos cómo va a funcionar esa estructura y con qué elementos, con qué causas, con cuántos jueces y de qué. Desaparecen los jueces instructores, sólo quedan los cautelares en materia penal.
— ¿Qué podría provocar esta situación?
— El colapso del sistema judicial.
— ¿Se da dos años para que se reformen los códigos, mientras tanto se va a paralizar la justicia?
— Va a seguir funcionando así como está, con todos sus males y defectos, con todos sus problemas y más con la acumulación de causas sobre el acumulo que ya hay.
Es bastante difícil, nosotros hemos estado preparando para la transición, estudiando todos estos elementos y hemos llegado a la conclusión de que si no se modifica el sistema procesal en Bolivia, para que encaje en un nuevo esqueleto judicial, en una nueva estructura judicial, no va a solucionarse absolutamente nada.
— ¿La elección de las autoridades por voto popular no soluciona nada?
— Tampoco soluciona nada, porque esas autoridades ingresarían a sustituirnos a nosotros en lo mismo. No vienen con varita mágica para que las cosas se compongan automáticamente; son las normas, es el funcionamiento, es el esqueleto administrativo, el organigrama de funcionamiento que hay que revisar y apropiar para un sistema nuevo.
— Un colapso judicial. ¿Por qué?
— Porque seguimos con el anterior sistema y acumulando nuevas causas. ¿Qué hacemos o cerramos eso? ¿Cómo retiramos a jueces instructores si no hay procedimientos que guíen las acciones sin jueces instructores?
— ¿Estamos ante un panorama complicado para la justicia?
— Estamos en un momento coyuntural muy complicado si no se toman las cosas de una forma cierta y efectiva.
— ¿La responsabilidad recae en la Asamblea Plurinacional?
— La Asamblea Plurinacional es la que tiene que hacer, porque hay que modificar el sistema judicial para esta nueva estructura como señala la Constitución y la Ley 025.
— ¿Qué pasos concretos se tienen que dar para diseñar este nuevo sistema judicial?
— Como ejemplo, este nuevo Código de Procedimiento Penal que funciona por 12 años no ha dado mal resultado. En materia laboral, las salas laborales están colapsadas en este momento con causas retrasadas. Hay causas que están esperando ocho meses para entrar a juicio oral en tribunales de sentencia y no pueden entrar a juicio oral porque están anotados otros juicios; están haciendo cola. Entonces ha colapsado el sistema judicial en materia penal y en todas las materias.
Pensamos que esa nueva forma penal con juicio oral podría solucionar el problema, tener una justicia oportuna, pero no ha resultado, cada vez hay más acumulo, cada vez hay más problemática.
— ¿Y en qué tiempo podría elaborarse estos nuevos procedimientos?
— Ese nuevo procedimiento tiene que entrar en vigencia con las nuevas autoridades, para que esto funcione diferente. Por ejemplo, un proceso laboral en España dura tres meses como máximo y eso debemos tratar de alcanzar.
— ¿Cuáles son los retos y desafíos de las autoridades elegidas por voto popular?
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