Una nueva trampa
Quien elige, escoge, prefiere a alguien para un fin, como reza el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. De esa acción básica, se derivan una serie de condiciones indispensables para que una persona pueda elegir a otra para un fin. Debe conocer a todos aquellos que quieren ser elegidos. Normalmente un candidato se presenta a un cargo electivo porque considera que es el adecuado para ocupar ese cargo. La única manera de que los electores puedan escoger a uno y no a otros, es a partir del conocimiento de lo que esos candidatos proponen. La idea básica es: "Yo te ofrezco el mejor programa para el cargo que está en juego".
Todo proceso electoral en una nación democrática se basa en la seguridad de que los electores estarán adecuadamente informados de los cargos por los que votarán y, por supuesto, conocerán a los candidatos y las propuestas que ofrecen para ser elegidos. Para ello se garantiza el libre acceso de los candidatos a los medios y la difusión irrestricta de sus propuestas.
¿Cómo encaja está lógica en la elección que se llevará a cabo en los próximos meses? Simplemente no encaja. El problema fundamental es el sentido mismo de una elección por voto popular para los diferentes tribunales del Poder Judicial.
Los bolivianos votaremos por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura. Entre titulares y suplentes suman más de medio centenar de personas. ¿Por qué razón un ciudadano de a pie debiera tener elementos de juicio suficientes (aún con una ideal plena difusión de candidatos) para saber quiénes son las personas más idóneas para ocupar tribunales de esa naturaleza y, ni digamos, instancias tan especializadas como la agroambiental o como el manejo administrativo de los jueces? Por ninguna razón, como no puede tener elementos de juicio para saber quiénes son los ciudadanos mejor calificados para ocupar la presidencia de YPFB, el Banco Central o la Contraloría General. Se trata de cargos cuyas características requieren de conocimientos y experiencias específicas de carácter técnico que no pueden ser sometidas al voto popular.
La prueba del sinsentido de llevar al voto estos cargos está en el debate que se ha planteado. Un debate que demuestra que no existe posibilidad alguna de lograr que quienes elegimos tengamos los instrumentos básicos que nos permitan elegir adecuadamente ¿Cómo puedo saber si el candidato A es mejor que el B para ocupar el Tribunal Constitucional? ¿Leyendo su currículum? ¿Escuchando su oferta electoral? ¿Qué oferta? ¿Basada en qué? ¿Es qué acaso se puede presentar un programa electoral para la magistratura? "Le garantizo que yo administraré la justicia mejor que el candidato del frente". "Yo soy mejor juez". "Sé más que este otro de leyes y códigos". "Tenga la seguridad de que a la hora de interpretar leyes, no hay quien me gane". ¡Por favor!
¿Cuál es el problema de fondo? Que, una vez más se pone en evidencia que la Constitución vigente ha contrabandeado un sin fin de incongruencias y de falencias que el 62 por ciento (una gran mayoría de ese porcentaje impulsado por consignas) que la aprobó tiene ahora que sufrir.
No nos engañemos, la discusión sobre el absurdo es lo que el Gobierno esperaba, porque conceptualmente el voto popular para llenar el Órgano Judicial fue pensado para que el Gobierno controle un poder por la vía "incuestionable" de su "legitimidad" expresada en el voto directo. La Asamblea está controlada por el MAS, el Órgano Electoral está controlado por el MAS, dos instrumentos indispensables. Por si las dudas, las reglas de selección de candidatos se medirán con la vara impuesta por el MAS.
Sería ridículo discutir si los candidatos pueden o no moverse libremente en los medios de comunicación si no fuera cierto que sin ruborizarse, las autoridades quieren que -ya en el contexto sui generis de este proceso- elijamos con los ojos vendados, los oídos tapados y la boca cerrada, coartándonos un derecho esencial sin el que no se puede hablar de democracia.
El rodillo de la Asamblea impone sus condiciones, la calificación subjetiva de méritos, por ejemplo pero eso no es lo relevante.
Lo relevante es que cuando se termine el debate, el Gobierno dirá que lamentablemente no se pudo consensuar y la oposición dirá que el Gobierno siempre impone sus condiciones sin opción alguna que no sea el pataleo. Cuando llegue el día de la elección la gente irá a votar. Al día siguiente, el Gobierno habrá instalado cómodamente a sus candidatos como jueces y, como ha ocurrido con la forma espuria, ilegal, irregular y violenta en la que el texto constitucional llegó para ser votado en referendo, ya nadie que no sea por razones históricas, podrá alegar todo el sinsentido de este proceso para invalidarlo. Los jueces de los diversos tribunales serán legales. Si cometen abusos no se podrá hacer nada porque el Órgano Judicial fue elegido por voto popular.
Estamos yendo una vez más al matadero. ¿Será imposible, una vez más, lograr una conciencia y una acción colectiva que se enfrente a esta aberración?
Fuente: Los Tiempos
Fecha: 08-Mayo-2011
Campesinos e indígenas perfilan el voto consigna en las judiciales
Posición. La CIDOB advirtió que no participará de las justas si no tiene candidatos
La Razón – 10 de mayo de 2011
Las organizaciones de indígenas y campesinos, aliados del MAS, promoverán candidaturas para las elecciones judiciales e instruirán voto consigna a favor de sus candidatos a uno de los 56 cargos que estarán en disputa en las justas de octubre.
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, y el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, informaron que elegirán a sus candidatos en asambleas.
En las normas del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura se prevé que las naciones o pueblos indígena originario campesinos puedan presentar postulaciones, mientras en el caso del Tribunal Supremo de Justicia se habilita a organizaciones sociales para promover postulaciones.
Machaca informó que aún no definieron si presentarán candidatos, pero adelantó que si no lo hacen analizarán apoyar a aquellos de origen aymara. “Puede haber consigna (a favor de los elegidos), mucho depende de las decisiones que se tomen”, sostuvo.
Informó que se realizarán ampliados nacionales y departamentales para analizar lo que se hará en el corto plazo. “Si hay de manera orgánica un candidato definido, justo y que tenga capacidad, podemos respaldarlo”, anticipó.
Chávez informó que consultarán entre sus bases si existen indígenas que cuenten con los requisitos que se exigen para postular a uno de los cargos en el Órgano Judicial. “Vamos a sacar convocatoria para que los o alguno de los 34 pueblos presente a un hermano, si cumple con los requisitos”, afirmó el dirigente.
En caso, sin embargo, de no consolidar alguna candidatura, se instruirá no participar de las elecciones de octubre. “No daremos nuestro voto a nadie”, advirtió.
Para el Tribunal Agroambiental, no se prevé, ni en la ley ni en el reglamento para la preselección legislativa de candidatos, la posibilidad de que instancias como campesinos o indígenas presenten postulaciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé para octubre las elecciones en las que se elegirán 56 autoridades, entre suplentes y titulares, de 125 candidatos que habilitará la Asamblea Legislativa.
Norma de preselección
La Asamblea Legislativa tiene la misión de preseleccionar a los candidatos a uno de los 56 cargos en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
Un reglamento interno, aprobado el viernes, fija los procedimientos y tiempos para este trabajo que se deberá desarrollar en 60 de los 150 días previstos para las elecciones. Se habilitó 28 días para la presentación de candidatos, quienes pasarán por un proceso de verificación de cumplimiento de requisitos y evaluaciones.
La lista de candidatos se aprobará con dos tercios de votos de la Asamblea, que tiene el oficialismo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la misión de difundir los méritos de los candidatos, porque está prohibida la propaganda y la entrevista a quienes pugnarán por un cargo.
En octubre será el verificativo, aunque aún no se fijó la fecha. El senador opositor Bernard Gutiérrez afirmó que el oficialismo cuoteará los cargos judiciales y el diputado del MSM Fabián Yaksic dijo que se postularán abogados que trabajan para el oficialismo.
TSE ve difícil control de la propaganda por internet
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, reconoció ayer a Erbol que no existen los mecanismos adecuados para controlar la propaganda de los candidatos a las judiciales por internet o vía mensajes de texto a los teléfonos móviles.
“Hasta el momento no hay mecanismos de control de la utilización de estos medios alternativos de comunicación, tecnológicamente hablando. Nosotros nos movemos en función a la realidad, a lo que tenemos y a lo que podemos hacer, pero siempre (es necesario) ajustar nuestros pasos en lo establecido en la norma”, afirmó.
Señaló que no se debe hacer una lectura mecánica o dogmática de los instrumentos normativos, sino adecuarlos a la lógica porque las elecciones judiciales están motivando a cambiar el derecho electoral tradicional.
“Con esta elección estamos entrando a una nueva definición del derecho electoral desde el punto de vista ampliado. Se están cambiando conceptos, hasta el concepto de candidato, porque bajo la lógica del derecho tradicional era aquella persona que representa a un partido y tiene que expresar todas las propuestas del partido”, sostuvo el vocal.
Ni en los países con mayor tecnología hay mecanismos de control efectivo de la propaganda, añadió.
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