martes, 31 de mayo de 2011
¿cuál es el sendero que nos señala la Nueva Constitución boliviana…? · la-razon.com
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¿cuál es el sendero que nos señala la Nueva Constitución boliviana…? · la-razon.com
Artículo elaborado por el Abog. Alan E. Vargas Lima, y publicado en LA GACETA JURÍDICA (05/04/2011).
¿cuál es el sendero que nos señala la Nueva Constitución boliviana…? · la-razon.com
Artículo elaborado por el Abog. Alan E. Vargas Lima, y publicado en LA GACETA JURÍDICA (05/04/2011).
LA OTRA CARA DE LA MONEDA: Chile dice que sus FFAA harán respetar los Tratados Internacionales
CANCILLER BOLIVIANO PLANTEA RENEGOCIAR EL TRATADO DE 1904 FIRMADO CON CHILE
La revisión del Tratado se basa en el artículo 9 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución. En junio, el Gobierno hará conocer a la OEA su demanda internacional
La Razón - Miguel A. Melendres - La Paz, 30 de mayo de 2011
En el marco de la Carta Magna, el canciller David Choquehuanca planteó renegociar el Tratado de Paz y Amistad que Bolivia firmó con Chile en 1904; de no hacerlo, advirtió que se deberá denunciar su incumplimiento por parte del país vecino.
Agregó que “tenemos que sentarnos ambos países para revisar la historia, para ver el tratado, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, como hermanos. Y encontrar una salida que beneficie a Bolivia y Chile y que pueda garantizar esta integración mayor”.
La declaración fue recogida por el diario La Tercera de Chile de una entrevista que la autoridad boliviana otorgó al canal de televisión RT durante su visita a Rusia. El medio informativo titula la nota periodística en sentido de que el canciller “amenaza con desahuciar el tratado limítrofe”.
El Tratado de 1904 puso fin al estado de guerra entre Bolivia y Chile, reconociendo el dominio perpetuo de Chile sobre los territorios bolivianos que hasta ese entonces ya administraba el país vecino, de acuerdo con lo estipulado en el Pacto de Tregua de 1884.
Con el propósito de suplir de alguna manera la carencia de una salida propia al mar por parte de Bolivia, Chile se obliga a construir un ferrocarril de Arica a La Paz, conceder a Bolivia créditos de hasta 5% para la construcción de otras líneas férreas en tierras bolivianas, concederle un derecho de libre tránsito por su territorio y puertos en el Pacífico, y entregarle 300 mil libras esterlinas.
Renegociación. El canciller David Choquehuanca añadió que el próximo año entra en vigencia un artículo de la Constitución que obligará a renegociar el tratado limítrofe con Chile.
La novena disposición transitoria de la Carta Magna describe que los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley.
Establece también que “en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución Política del Estado”.
OEA. Por su parte, el director de la oficina de Reivindicación Marítima, Rubén Saavedra, aseguró que para el 41avo periodo de sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrollará en El Salvador entre el 5 y 7 de junio, Bolivia hará conocer su nueva política de Estado sobre su demanda marítima y su decisión de recurrir a un tribunal internacional al respecto.
“El informe anual que presenta Bolivia a las sesiones de la OEA es un trabajo de la Cancillería. Allí se hará conocer la nueva postura que se adoptó a partir del 23 de marzo (del 2011). Es decir, que ya tenemos una política de Estado que además de privilegiar el diálogo bilateral, Bolivia también acudirá a tribunales internacionales para buscar solución al tema marítimo”, aseguró.
En la referida sesión de la OEA, además se presentará el informe anual sobre el estado de las recomendaciones de este organismo sobre la demanda marítima boliviana, a fin de evaluar si efectivamente han sido cumplidas.
Saavedra dijo, en el programa televisivo y radial El Pueblo es Noticia, que la asamblea de la OEA reunida en La Paz en 1979 emitió una resolución que declara de “interés hemisférico permanente” el enclaustramiento marítimo boliviano; la cual, sin embargo —dijo — Chile incumplió, además de sucesivos pronunciamientos del organismo internacional.
La reivindicación marítima boliviana ha sido planteada en distintos foros; el actual gobierno continuará con esta estrategia.
Por último, el dignatario resaltó que el Gobierno está utilizando todos los medios pacíficos para solucionar este diferendo internacional y, como lo establece el mismo Tratado de 1904, se está acudiendo a organismos internacionales para resolverlo, y que de manera complementaria “estamos abiertos al diálogo bilateral”.
“Todos los canales que está utilizando Bolivia son canales que van por la vía pacífica para solucionar nuestros conflictos”, finalizó Rubén Saavedra.
Saavedra ve incumplimiento
El responsable de la Dirección de Reivindicación Marítima, Rubén Saavedra, destacó al menos dos obligaciones que están establecidas en el Tratado de 1904 y que son incumplidas por Chile.
“Chile dice que prima el Tratado de 1904. Chile señala que está cumpliendo y siempre lo ha cumplido. Sin embargo, los hechos nos demuestran que no es así”, aseguró. Refirió que en ese Tratado se establece a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y el acceso a los puertos en el océano Pacífico.
“Ese libre tránsito lastimosamente se ve cotidianamente obstaculizado por una serie de argumentos por parte de autoridades y agentes de Chile”, dijo. Otro elemento incumplido es la obligación que tiene Chile de mantener de manera permanente el ferrocarril Arica-La Paz.
“Nosotros podemos constatar que hace unos 15 a 20 años que ese ferrocarril no existe más”, remarcó. “No hay un cumplimiento efectivo de lo que se pactó en el Tratado de 1904. Eso es clarísimo a pesar de lo que puedan informar las autoridades de Chile”, afirmó Saavedra.
Con estos argumentos, respondió a la exigencia del mandatario chileno, Sebastián Piñera, para con Bolivia, de respetar ese acuerdo que logró la paz entre ambos países después de una guerra.
La anterior semana, Piñera afirmó desde Italia, a un diario de su país, que el primer requisito para mantener un diálogo sólido con Bolivia es “el pleno y total respeto” del tratado de 1904, el cual delimitó la actual frontera entre ambos países; aseguró, además, que ese acuerdo es “un tratado de límites que fue válidamente celebrado y está plenamente vigente”.
Consulta a gobernadores y alcaldes
En la necesidad de “cohesionar todo lo que implica la opinión nacional” sobre la demanda por el mar, en las siguientes semanas también serán convocados gobernadores y alcaldes, informó el responsable de la Dirección Estratégica Marítima, Rubén Saavedra.
El director añadió que en la preparación de la estrategia boliviana por un acceso soberano al Pacífico, es de primera importancia el “trabajo interno” que se haga entre los propios bolivianos.
Campaña. La labor a nivel internacional, reveló Saavedra, se la realiza a través de las embajadas bolivianas en el exterior. Estamos con tareas previas de coordinación con los embajadores que tenemos en distintos países para que ellos también transmitan la posición boliviana respecto al tema marítimo, dijo.
“Estamos trabajando en diferentes flancos, lo que permitirá en el futuro, una vez que terminemos de diseñar la demanda, poder recibir el apoyo no sólo de bolivianos, sino también de ciudadanos de otros países, lo cual reforzará nuestra posición a nivel internacional”.
Bolivia perdió su acceso soberano al mar en la denominada Guerra del Pacífico con Chile, en 1879. Desde entonces, el país ha reclamado en diversos foros internacionales por la solución de este problema que a la fecha ya lleva 132 años.
En el año 2006 se reavivaron los acercamientos con Chile para dialogar y solucionar los problemas pendientes. A raíz de dicho acercamiento, se elaboró una agenda de diálogo de 13 puntos, la cual por primera vez incluyó la demanda marítima de Bolivia.
Calcularán el daño económico del encierro
Entre las tareas que se impuso la Dirección Estratégica Marítima está el “dimensionamiento de lo que Bolivia dejó de percibir como utilidad” por su falta de acceso soberno al oceano Pacífico, señaló su titular Rubén Saavedra.
Para este y otros temas estratégicos de la demanda boliviana por el mar, se conformaron equipos de trabajo, tanto de historiadores como de profesionales bolivianos “internacionalistas” expertos en temas económicos. Para el país, enfatizó Saavedra, el enclaustramiento marítimo ha sido una de las mayores limitantes en su desarrollo económico.
Si bien básicamente los equipos de trabajo de la Dirección están constituidos por profesionales bolivianos, también se está teniendo contacto con expertos internacionales, informó. “Todos los expertos internacionales a que se ha acudido han expresado su simpatía e identificación con la causa boliviana”.
Militares. Saavedra también reveló que, en días recientes, el propio presidente Evo Morales convocó a ex almirantes y ex comandantes de la Armada Boliviana para colaborar en la Dirección.
Las ex autoridades militares expresaron su total apoyo a la política de Estado de acudir a los tribunales internacionales. “Han expresado su deseo de ser parte de los equipios de trabajo de la Direccion”, remarcó Saavedra, añadiendo que los estudios y la experiencia de los ex comandantes en el tema es de especial valor.
CHILE DICE QUE SUS FFAA HARÁN RESPETAR LA VIGENCIA DE LOS TRATADOS
Santiago. Ministro llamó a sus nacionales seguir con tranquilidad posición boliviana
La Razón - Iván Paredes – 31 de mayo de 2011
Un día después de que Bolivia planteara la renegociación del Tratado de 1904, el ministro de Defensa y canciller en ejercicio de Chile, Andrés Allamand, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país están en condiciones de hacer respetar la vigencia de tratados internacionales.
“Quiero hacer ver que la ciudadanía y los chilenos en particular deben seguir estas iniciativas bolivianas con total tranquilidad. (...) En primer lugar, es un país que en esta materia actúa unido, es un país que tiene en su posición todo el amparo del derecho internacional y, por último, tiene Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la integridad territorial de Chile”, advirtió el ministro, según reportó La Tercera de Santiago.
La postura del gobierno de Sebastián Piñera surge horas después de que el canciller David Choquehuanca planteara en Moscú renegociar el Tratado de Paz y Amistad que se firmó con Chile en 1904. “Si no logramos renegociar, tenemos que denunciar los tratados internacionales”, advirtió.
Paralelamente, el titular de la Dirección Estratégica Marítima, Rubén Saavedra, anunció el domingo que el gobierno de Evo Morales denunciará a Chile en la 41 sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará del 5 al 7 de junio en El Salvador, por incumplir el Tratado.
La OEA emitió entre 1979 y 1989 11 resoluciones a favor de la resolución de la reivindicación nacional.
Allamand aseguró que la nueva estrategia boliviana no tendrá resultados positivos. “Si Bolivia insiste en judicializar su aspiración marítima, Chile hará ver oportunamente en las instancias que corresponda cuál es su posición apegada al derecho internacional. Jamás el derecho internacional avalará que un país pueda violar unilateralmente o desconocer un tratado válidamente emitido".
El ex canciller Armando Loaiza calificó como “un mensaje duro” la última postura chilena. “Esto muestra la inflexibilidad de Chile en cuanto al Tratado de 1904”, afirmó.
Para el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Edwin Tupa, las reacciones responden al nerviosismo por el viraje que asumió Bolivia en el tema marítimo. “¿Por qué cuando había un diálogo bilateral, Chile no se pronunciaba?”, cuestionó el legislador.
Allamand, el 27 de mayo, mediante comunicado, ya hizo conocer que Chile se declara “amante de la paz” y “respetuoso de los tratados internacionales y del derecho internacional”, pero además capaz de resguardar mediante sus Fuerzas Armadas la soberanía e integridad territorial de su país.
El 23 de marzo, Día del Mar, la administración de Morales anunció la decisión de llevar el diferendo marítimo a tribunales internacionales ante la falta de propuestas de solución concretas por parte de Santiago. Tupa informó que la Cancillería hará conocer una posición oficial sobre el tema.
Paraguay se pronuncia
El canciller de Paraguay, Jorge Lara, de visita en La Paz, afirmó ayer que el gobierno de Fernando Lugo comprende la aspiración de Bolivia de lograr una salida soberana al Pacífico.
Ofensiva diplomática chilena en la OEA
A cinco días de la reunión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en El Salvador, la Cancillería de Chile instruyó a su servicio exterior desarticular cualquier pronunciamiento, en proceso de trámite en el ente multilateral, sobre la demanda marítima boliviana, reportó el periódico La Tercera.
Citando fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, el rotativo informó que las embajadas en la región investigarán si Bolivia realizó una queja ante la OEA y, de ser así, deberán “desarticular” un pronunciamiento favorable de la OEA hacia Bolivia.
El responsable de la Dirección Estratégica Marítima, Rubén Saavedra, anunció el domingo que se denunciará en la cita multilateral el incumplimiento chileno del Tratado de 1904 y hará conocer la decisión de llevar el diferendo a instancias internacionales.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados de Chile, Marcelo Díaz, afirmó que el gobierno de Sebastián Piñera “debe prepararse para la próxima cita de la OEA y realizar una ofensiva para explicar su posición”.
Señaló, además, que “Chile debe revisar su diseño de relaciones privilegiadas en la región y reponer los ejes construidos en la era de Michelle Bachelet”.
Asimismo, el senador chileno Jorge Pizarro afirmó que “mil veces Chile ha dicho que el tema es bilateral y que no se puede tratar en ninguna instancia, ni en la OEA ni en otros organismos”. El ex canciller Armando Loaiza calificó como “normal” la arremetida diplomática chilena.
Las posiciones
23 de marzo
El presidente Evo Morales anunció que recurrirá a organismos y tribunales internacionales para recuperar la soberanía marítima. Horas después, su homólogo chileno, Sebastián Piñera, afirmó que “Chile no tiene problemas limítrofes con Bolivia”.
25 de marzo
El canciller de Chile, Alfredo Moreno, planteó a Bolivia elegir entre “litigio o diálogo”. En La Paz, David Choquehuanca respondió que “Bolivia no esperará otros 100 años más para volver al Pacífico”.
5 de abril
El presidente Evo Morales posesionó a Rubén Saavedra como titular de la Dirección Estratégica Marítima. En su discurso, el Mandatario afirmó que también hará “valer los derechos” sobre el manantial Silala y el río Lauca.
11 de abril
El Mandatario se reunió con los exjefes de Estado Guido Vildoso, Jaime Paz, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez para informar sobre la nueva estrategia. Los expresidentes formaron el Consejo Consultivo Marítimo.
17 de abril
El gobierno de Sebastián Piñera instruyó al abogado chileno Enrique Barros reunir elementos jurídicos para contrarrestar la demanda boliviana. Un día después, la Cancillería chilena invitó a los exministros de Relaciones Exteriores para analizar la relación con Bolivia.
21 de mayo
El presidente Sebastián Piñera reiteró que no revisará los tratados internacionales con Bolivia. Evo Morales, en La Paz, dijo que el Tratado de 1904 “no trajo paz” entre ambas naciones.
lunes, 30 de mayo de 2011
Los Derechos Humanos Emergentes...
DERECHOS HUMANOS EMERGENTES
Los derechos humanos emergentes son reivindicaciones legítimas de la sociedad civil dirigidas a la formulación de nuevos o renovados derechos humanos.
Hace sesenta años que se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, tanto las sociedades nacionales como la sociedad internacional, han sufrido profundas transformaciones a medida que se intensificaba la globalización, apareciendo como resultado nuevas y apremiantes necesidades humanas. Los derechos humanos emergentes pretenden traducir estas nuevas necesidades en nuevos derechos.
Pero no todos los derechos humanos emergentes son estrictamente nuevos. La globalización plantea nuevos retos y recuerda los aún pendientes en materia de derechos humanos. Por ello, los derechos humanos emergentes son, por una parte, aquellos derechos que surgen ante la rápida y constante evolución de las sociedades globalizadas y, por otra parte, un conjunto de derechos que emergen tras haber permanecido “sumergidos” en el olvido o en la indiferencia de los estados y del conjunto del sistema internacional.
Entre los derechos humanos emergentes nos encontramos desde formulaciones estrictamente novedosas, como el derecho a una renta básica, hasta nuevas interpretaciones de derechos clásicos, como por ejemplo el derecho a acceder a los medicamentos, una prolongación del clásico derecho a la salud.
A pesar de esta dualidad entre nuevos derechos y actualizaciones de los clásicos, el concepto de derechos humanos emergentes nace de una visión integradora de los derechos humanos. Pretende acabar con la dicotomía histórica en la que se han dividido los derechos humanos: civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Y pretende superar las contradicciones entre los derechos colectivos y los individuales.
Los derechos emergentes suponen una nueva concepción de la participación ciudadana, dando voz a actores nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas jurídicas nacionales, como las ONG, los movimientos sociales y las ciudades. Son, por lo tanto, reivindicaciones de la sociedad civil que aspira un mundo más justo y solidario.
Estas reivindicaciones han adoptado distintas formulaciones, entre las que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, elaborada en el marco del Forum Universal de las Culturas de Barcelona en septiembre de 2004, y aprobada en el Forum de Monterrey (México) en noviembre de 2007.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EMERGENTES
La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) es un instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio.
La DUDHE surge de un proceso de discusión que tiene como origen un diálogo organizado por el IDHC en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, titulado “Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos”.
El punto de partida de la Declaración es la idea de que la sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora de afrontar los retos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la sociedad global contemporánea. Para ello se dota de la DUDHE, un instrumento adicional para facilitar el conocimiento y el debate entorno de los derechos humanos.
La DUDHE no pretende sustituir ni cuestionar los instrumentos nacionales o internacionales de protección de los derechos humanos existentes en la actualidad. No pretende negar ni descalificar la vigencia general de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más bien, pretende actualizarla y complementarla desde una nueva perspectiva, la de la ciudadanía participativa.
ESTRUCTURA
La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes contiene dos partes muy diferenciadas entre ellas.
1º Marco general: Valores y principios
En la primera parte se explica el marco general en el que encontramos la fundamentación (o la fundamentación o el porqué) de esta Declaración y una enumeración de los valores y principios en los que está basada su redacción.
Uno de los puntos de partida la Declaración es que los valores no son estáticos, en cada época tienen matices distintos y por este motivo resulta vital enumerarlos y definirlos. Estos valores son
También se enumeran los principios en los que está basada, que han de ser entendidos desde una perspectiva transversal. Así pues, estos principios son:
2º Catálogo de derechos
La segunda parte de la DUDHE incorpora un catálogo de más de cuarenta derechos humanos emergentes, divididos en seis títulos que tienen como hilo conductor la democracia.
En los inicios de este siglo XXI parece demostrada la necesidad de profundización de nuestros sistemas democráticos haciendo incidencia en la mejora de su calidad y en la garantía de sus preceptos. Por ello, el articulado está estructurado a través de la división de los siguientes títulos, que ilustran seis características distintas que el sistema democrático debería cumplir:
ORÍGENES: EL FORUM DE BARCELONA 2004
El Institut de Drets Humans de Catalunya constituyó en 2003 un Comité Científico formado por académicos, activistas, políticos y miembros de organizaciones internacionales de reconocido prestigio. Durante un año debatieron y redactaron los anteproyectos que sirvieron de base para presentar un texto provisional de la entonces llamada “Carta de Derechos Humanos Emergentes” (CDHE).
El proyecto de la CDHE fue elaborado por un Comité de Redacción a partir de los anteproyectos realizados por el Comité Científico.
En el marco del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), como organizador del diálogo “Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos”, presentó el proyecto de la CDHE con el objetivo de debatir el texto y conseguir su aprobación en el Plenario del Diálogo.
Durante 4 días se debatió el texto y se incorporaron las ideas y sugerencias que emanaron de los 6 seminarios, donde debatieron más de 100 expertos, y que contó con la participación de unas 1000 personas. El Comité Científico que había redactado los anteproyectos también participó activamente durante el Diálogo.
Finalmente, se aprobó el texto provisional de la CDHE en el Plenario del Diálogo. Desde ese momento se abrió un periodo de consultas con la sociedad civil, con el objetivo de discutir y enriquecer el texto con diferentes perspectivas, para aprobarlo en el siguiente Forum Internacional de las Culturas, que tendría lugar en Monterrey en 2007.
DE BARCELONA A MONTERREY: DE LA CARTA A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EMERGENTES
En el Forum de las Culturas Monterrey 2007, celebrado del 30 de octubre al 4 de noviembre, se aprobó el texto definitivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes.
En los tres años que van desde el Forum de Barcelona hasta el Forum de Monterrey, el IDHC inició un proceso de promoción de la CDHE y de consultas con la sociedad civil. El objetivo era involucrar en la discusión de la CDHE a los agentes sociales, políticos, culturales y económicos que estaban directamente implicados.
Por una parte, el IDHC inició un proceso de apoyo al texto por medio de un manifiesto.
Por otra parte, se organizaron siete seminarios participativos sobre cinco derechos humanos emergentes.
• El derecho al agua y al saneamiento,
• El derecho humano al medio ambiente,
• Los derechos relativos a la orientación sexual y a la identidad de género,
• Los derechos relacionados con la bioética y
• El derecho a la renta básica.
El objetivo de estos seminarios era presentar una serie de derechos reconocidos en la CDHE que necesitaban una reflexión más profunda, pero también involucrar a la sociedad civil organizada en el proceso de redacción de la CDHE.
Su metodología era participativa: se trataban de mesas redondas en las que se invitaba activamente a los asistentes a la participación directa y a la discusión con los ponentes invitados. Para dejar constancia, las conclusiones de estos seminarios, y en algunos casos los artículos de los ponentes, han sido publicados por el IDHC. Podéis encontrar documentación sobre estos seminarios en la sección Derechos humanos emergentes en profundidad.
Después de tres años de consultas y búsqueda de apoyos a la Carta, a finales de 2007, el IDHC participó en el Forum de las Culturas de Monterrey (México) en el marco del diálogo “Gobernabilidad y participación. Derechos Humanos y justicia”.
En el Forum de Monterrey se realizaron algunos cambios sencillos pero sustantivos en la CDHE, incorporando las conclusiones de las consultas realizadas con la sociedad civil. El más importante es el cambio de nombre de Carta de los Derechos Humanos Emergentes a Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes.
En Monterrey se aprobó el texto definitivo de la Declaración. No obstante, hay que destacar que la DUDHE es solo un punto de partida en un proceso normativo amplio que todavía no ha culminado. Su valor es el de constituirse como hoja de ruta o guía reivindicativa de una sociedad civil comprometida con el objetivo de alcanzar un mundo más justo y solidario.
NOTA: Mayor información respecto a éste tema puede encontrarse en: http://www.idhc.org/esp/1241_ddhe.asp
ELECCIONES JUDICIALES: La Justicia al servicio del poder político...
La Justicia al servicio del poder político
Los males de la administración de justicia en el país no se resolverán con la sola elección por voto popular de unos magistrados previamente seleccionados por el partido de gobierno.
Por el contrario, el procedimiento de elección prefigura una mayor subordinación de la justicia al poder político, vulnerando el principio de independencia e idoneidad que deberían guiar una auténtica reforma del sistema judicial.
En esas condiciones, crece la opción por el voto nulo como un acto de rechazo ciudadano al procedimiento de elección impuesto por el gobierno.
Que no se banalice la función judicial
Cumpliendo con un itinerario establecido por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ahora la organización del poder Judicial mediante un procedimiento poco frecuente en la experiencia internacional, cual es el de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y de las diferentes Cortes mediante voto popular.
La introducción de una innovación de tal envergadura en el método de designación del poder Judicial responde en el discurso a los objetivos de superar las anteriores prácticas de cuoteo entre los partidos políticos y aplicar la doctrina del pluralismo jurídico que coloca en igual jerarquía al sistema codificado de normas jurídicas que ha imperado hasta ahora en Bolivia, con las prácticas jurisdiccionales del derecho comunitario, que ni siquiera es idéntico entre los diversos pueblos y organizaciones comunitarias.
No son las cuestiones sustantivas del pluralismo jurídico sin embargo las que han suscitado las mayores controversias. Los espíritus se han dividido hasta ahora –al igual que en otras leyes anteriores– en torno al rol de los medios de comunicación durante el proceso que antecede al acto electoral. El oficialismo se ha venido esforzando por impedir que los candidatos a los diferentes cargos judiciales realicen campañas proselitistas, con el argumento de la desigualdad de condiciones de los postulantes en razón de sus diferentes condiciones económicas. Se arguye además que los candidatos no pueden realizar ofertas políticas, puesto que lo que está sometido a la decisión ciudadana no son programas alternativos, sino capacidades individuales de los diferentes aspirantes. Y no obstante, no hay razón sustantiva para excluir a los medios de comunicación del proceso, y la equidad podría lograrse mediante una medida menos irritante.
Dicho esto, caben algunas consideraciones adicionales. En primer lugar, el propósito mayor de la reforma judicial debe consistir en superar los graves problemas que han aquejado a la administración de justicia en el pasado. Entre los más evidentes destacan las profundas desigualdades en materia de acceso a la justicia según la extracción social y los niveles de ingreso, la retardación de justicia, la corrupción endémica y el sometimiento del poder Judicial al poder político, entre muchos otros. Ante tal estado de cosas, las principales demandas ciudadanas se refieren al establecimiento de un sistema judicial caracterizado por la imparcialidad, la probidad y la idoneidad de los jueces, cuya selección debe asegurar que no se repitan las prácticas pasadas. Cabe recordar que la gran mayoría de las causas que debe atender el sistema judicial no consiste en transgresiones en el ejercicio de la función pública, que es a lo que se ha dedicado en el último tiempo el Ministerio Público, sino en demandas y litigios derivados de las relaciones entre particulares en su calidad de personas civiles o sujetos económicos.
La solidez de la formación jurídica, la experiencia profesional fehaciente y la ecuanimidad comprobada en la emisión de fallos y sentencias son los principales requisitos para una administración intachable de justicia, lo que difiere a todas luces del catálogo de requisitos y ponderaciones que se ha formulado hasta este momento para los postulantes.
La seguridad jurídica y la certeza de la justicia no dependen tanto de las normas vigentes como de la calidad del sistema de jueces que las administran. Las deplorables condiciones en que ha funcionado el poder Judicial en el pasado no mejorarán si se reducen los estándares de calificaciones de los jueces.
Por el contrario, lo que corresponde es colocar umbrales más altos todavía que en el pasado, sobre todo si se toma en cuenta la realidad insoslayable de la abrumadora mayoría que tiene el mas en la Asamblea Legislativa. Para asegurar un poder Judicial de mejor calidad que el pasado, sería por tanto imprescindible que se demuestre fehacientemente que los intereses políticos del presidente Morales y su partido no serán puestos por encima del objetivo superior de mejorar sustancialmente el desempeño de la administración de justicia. Algo difícil pero no imposible de poner en práctica si existe la voluntad y sabiduría política necesarias.
Es preciso dejar establecido, por último, que en el caso del Órgano Judicial el cambio no consiste en una medida sino en un proceso complejo de largo aliento que involucra normas y principios explícitos, valores y actitudes colectivas, así como un conjunto de prácticas que responden a actitudes culturales, cuya modificación en la buena dirección no se puede esperar de un día para el otro. El mayor riesgo está por consiguiente en la banalización de la función judicial al servicio de un proyecto de poder de corto aliento.
* Publicado en: Revista NUEVA CRÓNICA y BUEN GOBIERNO. Nº 85. Segunda quincena de mayo de 2011. Págs. 1-3.
Transcripción del texto: Abog. Alan E. Vargas Lima (Responsable del Blog Jurídico TREN FUGITIVO BOLIVIANO).
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